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Modo: Corpus Pro

VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. SI EXISTE CONFUSIÓN RESPECTO DE LOS MOTIVOS DE SU INCUMPLIMIENTO, EN VIRTUD DE QUE, POR UN LADO, EL QUEJOSO AFIRMA QUE LA RESPONSABLE NO HA DADO CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTELAR Y, POR EL OTRO, DICHA AUTORIDAD NIEGA LOS ACTOS QUE SE LE IMPUTAN, EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO, AL RESOLVER EL INCIDENTE RELATIVO, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DECLARAR LA APERTURA DEL TÉRMINO PROBATORIO CON NOTIFICACIÓN A LAS PARTES.

Tipo de asunto: QUEJA 60/2004. · Registro digital (IUS): 21301
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 2586.

QUEJA 60/2004.

CONSIDERANDO:

QUINTO. En el presente caso no se entrará al estudio de los agravios ni del fondo de la resolución impugnada, toda vez que debe ordenarse la reposición del procedimiento en el incidente de violación a la suspensión sujeto a revisión.

Previo a fijar el porqué debe de reponerse el procedimiento, se citarán los antecedentes del caso para su mejor comprensión.

a) El quejoso ********** acudió a promover demanda de garantías señalando, entre otras autoridades, al administrador de la Aduana Fronteriza de Tijuana y a diversas autoridades aduanales, y como actos reclamados, entre otros, el decreto de fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, por parte de empresas comerciales de autos usados destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los Estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en el Municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora.

b) El impetrante solicitó la suspensión del acto reclamado para que las cosas permanecieran en el estado que guardaban y en los términos que le fue expedido el permiso de importación en su época, así como para que no se aplicara el cupo de importación y no se limitara, suspendiera, revocara, cancelara o restringiera el registro expedido a su nombre para operar como empresa comercial ********** que le fue expedido con fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, ni se le prohíba o restrinja la autorización para importar vehículos usados en las zonas citadas en el inciso anterior.

c) El Juez de garantías le concedió la suspensión definitiva respecto del acto en mención y autoridad recurrente, mediante interlocutoria de fecha treinta y uno de mayo de dos mil cuatro (fojas 144 a 153), la cual fue notificada por lista el dos de junio del mismo año (foja 153), en los términos siguientes:

"... para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se le impida ejercer los derechos que, como empresa comercial de autos usados, tiene para gozar de los beneficios del decreto de veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, en el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza norte del país, en los Estados de Baja California, Baja California Sur, la región parcial de Sonora y en el Municipio fronterizo de Cananea, Sonora y no se le impida la importación de más de veinte vehículos por mes y, por ende, seguir desarrollando la actividad comercial que tiene debidamente autorizada.

"Medida suspensional que se otorga, en razón de que no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, y por el hecho que, de no concederse la suspensión, podrían causarse al promovente daños y perjuicios de difícil reparación, por lo que se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, además porque se actualizan, en la especie, los presupuestos previstos por el numeral 107 de la Constitución General de la República, en el sentido de que, con lo expuesto por ********** bajo protesta de decir verdad, aunado a las documentales que obran en autos, logra determinarse fundadamente que, el mismo tiene un derecho adquirido que ha venido ejerciendo, a saber, la importación de vehículos automotores usados para permanecer definitivamente en la franja fronteriza y en los Estados de Baja California, Baja California Sur, la región parcial de Sonora y el Municipio fronterizo de Cananea, Sonora, bajo los beneficios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, según el registro como empresa comercial de autos usados que le fue otorgado el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; sin que la suspensión que se concede implique un perjuicio a la sociedad en general, toda vez que el quejoso ya tenía el permiso referido y existe la presunción de que operaba al amparo de los beneficios contemplados en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación aludido.

"Así las cosas, se concede la suspensión definitiva en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, pues el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve que se reclama, el cual mediante su acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil tres, fija veinte vehículos por mes como cupo de importación de vehículos automotores para empresas comerciales de autos usados.

"Bajo ese contexto, es requisito para que surta efectos la suspensión definitiva concedida al impetrante del amparo, que éste garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora por la diferencia que pudiera resultar (en cada una de las importaciones) del cálculo del impuesto de importación a que se refiere el numeral antes citado, conforme a las reglas establecidas en el decreto reclamado; de manera tal, que en el caso de que se le niegue el amparo al quejoso, el interés del fisco quede protegido en términos del referido artículo 135 de la ley de la materia y, en caso contrario, de obtener la protección constitucional, el impetrante estaría en posibilidad de recuperar las cantidades que hubiera exhibido en garantía, dado que éstas no constituirían el pago del impuesto de importación, el cual se haría conforme a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro ..."

d) La referida suspensión definitiva fue notificada a la recurrente mediante oficio 19319 con fecha dos de junio de dos mil cuatro (foja 163), mediante oficios 326-SAT-816-III-5-8939 y 326-SAT-816-III-5-8812, ambos de fecha dieciséis de junio de dos mil cuatro; el administrador de la Aduana de Tijuana interpuso recurso de revisión en contra de la interlocutoria que concedió la suspensión definitiva, a la que recayó el auto de diecisiete de dicho mes y año, ordenando el a quo, su tramitación.

e) El quejoso mediante escrito presentado con fecha cinco de agosto de dos mil cuatro, denunció la violación a la suspensión definitiva (fojas 471 a 482), argumentando que la autoridad recurrente le negó, con fecha dos de agosto de dos mil cuatro, la importación de cinco vehículos que describe, acompañando los originales de los pedimentos de importación, con la leyenda "sin validación" (fojas 483 a 487).

f) Al escrito en cuestión le recayó el auto de fecha seis de agosto de dos mil cuatro, en el que el a quo ordenó la apertura del incidente de violación a la suspensión en la misma pieza de autos del incidente de suspensión, otorgándole el término de veinticuatro horas a las autoridades involucradas para que informaran sobre el cumplimiento a la suspensión definitiva concedida al quejoso incidentista y contestar acerca de los hechos denunciados por éste.

g) La autoridades a quien se les imputa la violación a la suspensión dieron respuesta mediante oficios 326-SAT-02-816-III-13212 y 326-SAT-02-816-III-13213 de fecha nueve de agosto de dos mil cuatro, en los que niegan que hayan impedido la importación de los vehículos que refiere el incidentista; oficios que les recayó el proveído de fecha once del mismo mes y año, en el que ordenó darse vista por el plazo de tres días a la parte quejosa incidentista y al fiscal adscrito al juzgado para que manifestaran lo que a su interés conviniera, pero sólo en cuanto al administrador de la Aduana de Tijuana, sin hacer mención del informe del subadministrador.

h) Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil cuatro, el incidentista ********** manifestó lo que a su interés convino y ofreció una prueba documental, consistente en un informe del agente aduanal ********** por su parte el a quo, dictó un auto con fecha dieciocho de agosto del mismo año, admitiendo dicha probanza; además advirtió que respecto al oficio de la subadministradora no había proveído, por lo que dio vista al quejoso incidentista y al fiscal adscrito por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniera.

i) Por auto de dos de septiembre de dos mil cuatro, el Juez de garantías determinó que al haber transcurrido los tres días otorgados a las partes por auto de fecha dieciocho de agosto del año en cita, con fundamento en el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, señaló fecha para celebrar la audiencia de alegatos, ordenando su notificación personal; y mediante interlocutoria de fecha seis, y terminada de engrosar el veinte de septiembre de dos mil cuatro, declaró fundado el incidente de violación a la suspensión.

Precisado lo anterior, pasaremos a exponer el porqué debe reponerse el procedimiento.

En principio, debemos dejar en claro que el artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede a cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo.

Por consiguiente, bajo el principio de que en donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, cuando se está en los casos de la denuncia de violación a la suspensión, la interlocutoria que concede la medida cautelar también es una resolución constitucional, de acatamiento obligatorio para las autoridades responsables, atento a lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo, que establece que para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones de los artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de dicho ordenamiento legal, por lo que el órgano de control constitucional debe resolver de oficio allegándose los elementos que estime convenientes, aunque se haya omitido expresar argumentos al respecto, suplir la deficiencia y analizar si se cumplió o no con la resolución que concedió la suspensión.

Cabe tal aplicación, toda vez que en uno y otro supuesto, lo que esencialmente se discute, es el respeto a una sentencia dictada en un juicio de amparo, dado el carácter de orden público que tiene su cumplimiento, por no haberse acatado, o bien, por haberse emitido un acto conculcatorio de la medida suspensiva para tratar de eludir su cumplimiento.

En consecuencia, si el quejoso incidentista sostuvo que el administrador y subadministrador de la Aduana de Tijuana violaron la suspensión definitiva que le fue concedida, exhibiendo como pruebas principales cinco pedimentos originales con la leyenda "sin validación", y por otra parte, dichas autoridades niegan tal evento, argumentando que no han prohibido la importación de vehículos al quejoso, sin que haya quedado acreditado plenamente en autos del incidente de violación a la suspensión, a quién le corresponde alimentar al sistema electrónico para la validación o no de los pedimentos de importación, así como a quién es imputable la no validación de los mismos y en dónde constan los motivos y causas por lo que no fueron validados, en el entendido de que sobre este último aspecto debe existir una hoja de errores; lo que sería materia de prueba y actuación oficiosa por parte del órgano de control constitucional de primera instancia, ya que deben de recepcionarse con conocimiento de las partes para que puedan objetarlas y aportar las que a su interés convengan, dada la naturaleza penal de la sanción prevista en el artículo 206 de la Ley de Amparo, que puede llegar a aplicarse a la autoridad que no obedezca un auto de suspensión, además, resulta indispensable que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, atento a lo dispuesto por los artículos 358, 360 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, acorde a lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley de Amparo.

Cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 33/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, abril de 2003, página 201, del rubro y texto siguientes:

"SUSPENSIÓN, LA DENUNCIA RELATIVA A SU VIOLACIÓN DEBE TRAMITARSE EN VÍA INCIDENTAL, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 358 Y 360 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en los artículos 104, 105, párrafo primero, 107, 111 y 143 de la Ley de Amparo, que regulan la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se desprende que no señalan el trámite que debe seguir la autoridad que conozca del juicio de amparo indirecto en relación con la denuncia de violación a la suspensión. Sin embargo, dada la naturaleza penal de la sanción prevista en el artículo 206 de la ley citada, que puede llegar a aplicarse a la autoridad que no obedezca un auto de suspensión, resulta indispensable que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa y, por ende, cuando se trate de aquella denuncia, debe ordenarse la apertura del incidente innominado a que se refieren los artículos 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el cual las partes podrán ofrecer los medios de prueba contenidos en los artículos 93, 94 y 361, del mencionado código, a fin de acreditar sus afirmaciones, sin que en el caso sea aplicable la limitación probatoria que establece el artículo 131 de la ley indicada, pues éste sólo regula el trámite del incidente de suspensión en el juicio de amparo indirecto."

En el entendido de que la prueba en mención no es la única que puede y debe desahogar de oficio el a quo, sino todas aquellas que lleven a dilucidar la participación o no de las autoridades obligadas a cumplir con la suspensión definitiva, dado que la falta de pruebas indubitables sobre la conducta atribuida a las autoridades hasta ahora involucradas, impide a este órgano colegiado resolver con atingencia y cabal cumplimiento lo que prevén los artículos 95, fracción VI, 97, fracción II, 98, 99, 143 y demás relativos de la Ley de Amparo; omisión que trasciende al resultado del fallo.

Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 65/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 336, del rubro y texto siguientes:

"PROCEDIMIENTO, REPOSICIÓN DEL. SÓLO CUANDO LA VIOLACIÓN TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA ES PROCEDENTE. Es cierto que conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciere una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o bien, que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, se deberá ordenar la reposición del procedimiento; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la reposición únicamente cabe decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico."

En esas condiciones, lo procedente es ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez de Distrito, acatando los lineamientos de esta ejecutoria, deje sin efecto lo actuado, única y exclusivamente en el incidente de violación a la suspensión de trato, a partir del auto de fecha dos de septiembre de dos mil cuatro y ordene la apertura del término probatorio con notificación a las partes, recabe la prueba o pruebas necesarias para determinar a quién es imputable la alimentación del sistema electrónico, a quién le corresponde asentar la leyenda que no valida los pedimentos de importación, así como los motivos y causas por los que no fueron validados, en estricto acatamiento a la jurisprudencia por contradicción de tesis invocada y, por ende, a lo que disponen los artículos 358, 360 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, respetando las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cobra aplicación por analogía la tesis aislada XI.2o.2 K del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, página 665, del rubro y texto siguientes:

"VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES PROCEDENTE SU REPOSICIÓN. La reposición del procedimiento contemplada en el numeral 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, se refiere a revisiones interpuestas en contra de sentencias definitivas; sin embargo, como los casos considerados como violaciones al procedimiento normadores del juicio de garantías, también pueden darse en el trámite incidental y, al no existir precepto específico en la Ley de Amparo, regulador de las violaciones al procedimiento incidental, las cuales no pueden ser soslayadas por los Jueces de Distrito en cuanto órganos tuteladores de los derechos públicos de los gobernados y, además, de acuerdo con el principio general de derecho, de que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, también es aplicable a los incidentes.

Asimismo, tiene aplicación por su espíritu, la jurisprudencia por reiteración IX.1o. J/14 del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 76, abril de 1994, página 61, del rubro y texto siguientes:

"INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL. Aun cuando el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone que en la revisión de una sentencia definitiva, los tribunales de amparo revocarán dicha sentencia y ordenarán la reposición del procedimiento cuando, entre otros casos, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo; que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva; tal disposición es aplicable tratándose de la revisión de una interlocutoria dictada en el incidente de suspensión, pues iguales supuestos pueden surtirse en éste, es decir, también pueden violarse las reglas fundamentales que norman el procedimiento; se puede incurrir en alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o que pudiere influir en la interlocutoria relativa y estos supuestos se actualizan cuando, entre otros casos, el resolutor celebró la audiencia incidental sin ordenar el desahogo de una probanza legalmente ofrecida y admitida; cuando omitió solicitar el informe a la responsable; cuando se omitió dar cuenta con el informe previo; cuando solicitó el informe respectivo a la responsable expresando diferente nombre del quejoso; o bien, cuando omitió acordar respecto de las pruebas ofrecidas siendo evidente que en estos casos, el recurrente quedó en estado de indefensión, lo que amerita la revocación de la resolución recurrida y ordenarse la reposición del procedimiento, con apoyo en lo preceptuado en la disposición de mérito, que por ello, resulta aplicable por analogía."

Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 77, 78, 91, fracción IV, 95, fracción VI, 97, fracción II, 98, 99, 143 y demás relativos de la Ley de Amparo, y el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia interlocutoria recurrida.

SEGUNDO.-Se ordena la reposición del procedimiento en el incidente de violación a la suspensión sustanciado en autos del incidente de suspensión derivado del juicio amparo indirecto 271/2004, promovido por ********** del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Tijuana, Baja California, para los efectos y términos contenidos en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese como corresponda; anótese y envíese testimonio de esta resolución al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado y, en su oportunidad, archívese el expediente como toca concluido.

Así lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Faustino Cervantes León, Inosencio del Prado Morales y José Encarnación Aguilar Moya, siendo ponente el segundo de los mencionados.

Conforme a lo previsto en los artículos 1 a 6, 8, 18 a 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21301-c56f9540/violacion-a-la-suspension-si-existe-confusion-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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