QUEJA. SU PROCEDENCIA DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RECURRENTE PRECISE O NO LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO QUE CONSIDERE SE ACTUALIZA EN EL CASO.
QUEJA 50/2003. **********.
CONSIDERANDO:
CUARTO. En forma previa al estudio de los agravios planteados por el recurrente es pertinente precisar que, dada la especial naturaleza del recurso de queja establecido en el artículo 95 de la Ley de Amparo, corresponde al Tribunal Colegiado analizar de oficio su procedencia, especificando con base en qué fracción debe dársele trámite, y no limitarse exclusivamente a analizar el recurso acorde con la fracción que cite el inconforme, dado que el numeral 95 no condiciona el examen de su procedencia al hecho de que el recurrente señale específicamente la hipótesis que considere aplicable.
Resulta ilustrativa, por analogía con el análisis de un medio de impugnación que comprende varios supuestos en un solo artículo, la jurisprudencia 2a./J. 45/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 427, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:
"REVISIÓN FISCAL. SU PROCEDENCIA DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA AUTORIDAD INCONFORME PRECISE O NO LA O LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE CONSIDERE QUE SE ACTUALIZAN EN EL CASO. Si se toma en consideración, por un lado, que conforme a lo dispuesto en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las reglas establecidas en la Ley de Amparo para el trámite del recurso de revisión en amparo indirecto son aplicables al de la revisión prevista en el diverso 248 del Código Fiscal de la Federación en todo lo que no sea incompatible con su naturaleza y, por otro, que el examen oficioso de la procedencia de aquel recurso, en términos de lo dispuesto en los artículos 90, primer párrafo, en relación con el 73, in fine, de la citada ley, no lo es, resulta inconcuso que es válido que dicho estudio se haga en la revisión fiscal, pues el mencionado numeral 248 no condiciona el análisis de su procedencia, al hecho de que la autoridad recurrente señale específicamente la hipótesis que considere aplicable; sin embargo, debe destacarse que dicho estudio no puede hacerse de oficio en la hipótesis prevista en la fracción II del precepto citado, pues en este caso el legislador obliga a la autoridad recurrente a razonar la importancia y trascendencia del asunto, para efectos de la admisión del recurso."
Lo anterior se robustece con el examen de los artículos 82, 95, 98 y 99 de la ley reglamentaria en consulta, de los cuales se desprende que en el juicio de amparo no se admiten más recursos que los de revisión, queja y reclamación; así como que en tratándose de la queja existen once fracciones relativas a su procedencia, lo cual no desnaturaliza que se trate de un solo medio de impugnación, pero con diferente tramitación y resolución; sin que con ello se haga procedente conforme a su oportuna presentación si resultara extemporáneo como consecuencia de la indebida elección de la fracción, en caso de ser otro el trámite aplicable.
En ese orden de ideas, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, la queja que interpone no es procedente en términos de la fracción V del artículo 95 de la Ley de Amparo, sino que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción XI del mismo precepto legal; corrección oficiosa que se realiza, acorde con la facultad prevista por el artículo 79 de la propia Ley Reglamentaria; sin que ello implique suplir la deficiencia de la queja por tratarse de un recurso en materia administrativa, sino sólo el error en la cita de la fracción respectiva.
Es ilustrativa la jurisprudencia 423 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en las páginas 362-363, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto."
En el escrito signado por el representante legal de la empresa quejosa ********** se interpone el recurso de queja que prevé el artículo 95 de la Ley de Amparo, y se apoya en la fracción V de ese numeral; empero, la lectura íntegra del medio de impugnación permite constatar que el recurrente plantea su inconformidad en contra del acuerdo de nueve de julio de dos mil tres, que pronunció el Juez Segundo de Distrito B en el Estado de Puebla, con motivo del cumplimiento de la queja 45/2003 del índice de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, aduciendo que se cumplió en forma defectuosa y que con ello se generan daños y perjuicios irreparables a la empresa recurrente, porque si bien en el auto la designa como depositaria de los bienes embargados en fecha once de junio del año en curso, omite ordenar que los bienes sean entregados a la misma (fojas 2-8 del toca).
Ahora bien, es patente que el recurso de queja no sería admisible conforme a la fracción V del precepto legal invocado, porque aun cuando dicha hipótesis prevé en principio que el recurso de queja procede contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito entre otros, empero la parte final de dicha fracción es precisa al limitar aquellos casos respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98 del citado ordenamiento legal. Dicho numeral es del tenor siguiente:
"Artículo 98. En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 95, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo en los términos del artículo 37, o ante el Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente por escrito, acompañando una copia para cada una de las autoridades responsables contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el mismo juicio de amparo.
"Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda."
Como puede advertirse de dicho texto, en el primer párrafo hace referencia a los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 95 de la Ley de Amparo, las que a su vez a la letra dicen:
"Artículo 95. El recurso de queja es procedente: [...]
"II. Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado;
"III. Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta Ley;
"IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo; ..."
Ahora bien, la fracción II del artículo 95 de la ley de la materia se refiere a la queja que se interpone en contra de la actuación de la autoridad responsable por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; la fracción III se refiere a la falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución, y la fracción IV última transcrita se refiere al exceso o defecto en la ejecución de las sentencias dictadas en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución en que se haya concedido el amparo.
Por ende, la queja a que se refiere la fracción V del artículo 95 de la Ley de Amparo, es la considerada queja de queja, pero sólo procede en los casos específicamente señalados respecto de las autoridades responsables, sin que en éstos se comprenda el supuesto a que alude el quejoso pues si bien se cuestiona la resolución dictada por un Juez de Distrito, no se está en el caso de que la hubiera pronunciado como autoridad responsable en los supuestos previstos por las fracciones II, III y IV del artículo 95, sino se trata del auto que dictó el a quo como Juez de amparo al recibir la ejecutoria respecto del recurso de queja interpuesto contra la suspensión provisional.
Las tesis que cita el quejoso, cuyos rubros son: "RECURSO DE QUEJA QUE RECLAMA EL EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE OTRO DIVERSO RECURSO DE QUEJA. DEBE INTERPONERSE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS EL.", y "QUEJA, RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN EL RECURSO DE.", no son aplicables al acuerdo recurrido por el medio de impugnación intentado, pues la primera se refiere al término para la interposición del recurso de queja previsto por la fracción II del artículo 97 de la Ley de Amparo y la segunda a los casos de procedencia de la queja contra la resolución dictada por los Tribunales Colegiados en ejecución de una sentencia en amparo directo de la competencia de dichos colegiados.
En las anteriores circunstancias no se cumple con los requisitos del artículo 95, fracción V, de la Ley de Amparo; no es obstáculo que el quejoso se apoye en el artículo 99, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues ello se refiere a la forma en que se interpondrá el recurso ante la autoridad, no así a la procedencia del mismo.
Por tanto, debe ponderarse cuál es la fracción aplicable para impugnar el acuerdo del Juez de Distrito y para ello se analizan los antecedentes que dieron origen al proveído en contra del cual se inconforma la parte quejosa.
Es así que aparece que por acuerdo de treinta de junio de dos mil tres, el Juez Segundo de Distrito B en el Estado de Puebla concedió la suspensión provisional a la empresa quejosa para el único efecto de que hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no se lleve a cabo la extracción de bienes propiedad de la quejosa, con motivo del embargo decretado en su contra, constriñendo al quejoso a exhibir garantía ante la oficina exactora por la cantidad de novecientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y nueve pesos, con noventa y cuatro centavos, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo (fojas 110-111 del cuaderno incidental).
Inconforme, la impetrante de la tutela federal interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 95, fracción XI, de la Ley Reglamentaria, que fue resuelto por unanimidad de votos de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa bajo el número 45/2003, por acuerdo de siete de julio de mil novecientos noventa y tres, al ponderar los efectos para los cuales se otorgó la medida cautelar y la garantía en que se fijó para que surtiera los mismos. En esa ejecutoria se determinó:
"... que respecto del bien embargado el treinta de agosto de dos mil dos, por lo que hace al crédito Z-396430, y los bienes embargados el once de octubre de dos mil dos, por lo que hace a los diversos créditos Z-321422 y Z-321413, como se demuestra con las solicitudes de suspensión del procedimiento administrativo de ejecución hechas por la inconforme a la autoridad hacendaria, aquélla los ofreció en garantía y solicitó que quedaran en depósito de ella misma, sin que dichas solicitudes hubieran sido acordadas, según lo manifiesta la recurrente (foja 11 del toca), por tanto, al existir petición expresa de la propia contribuyente, hoy quejosa, a la autoridad hacendaria, en el sentido de que se le nombre depositaria de los bienes embargados y extraídos, pendiente aún de resolverse, este Tribunal Colegiado no puede sustituirse en las facultades exclusivas de la autoridad fiscal y ordenar que se tenga a la quejosa como depositaria de dichos bienes embargados, por lo que en este caso la suspensión provisional decretada al respecto, debe seguir siendo para los efectos precisados por el a quo, es decir, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; sin que en el presente asunto con motivo de los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pudiera concederse a la quejosa la suspensión provisional para el efecto que pretende, esto es, que se le restituyan los bienes embargados el treinta de agosto y el once de octubre, ambos de dos mil dos, como sin éxito lo solicitan, en razón de que tales principios no facultan a este órgano jurisdiccional a sustituirse en las facultades exclusivas de las autoridades responsables, a quienes corresponde dar respuesta a las peticiones de los gobernados. En cambio, es fundado lo aducido en relación con el embargo trabado con fecha once de junio de dos mil tres, respecto del crédito fiscal Z-321422, pues no obra en autos constancia alguna que acredite que la quejosa hubiera solicitado a la autoridad fiscalizadora que se le nombre depositaria del bien embargado, toda vez que las solicitudes formuladas son de fecha trece de noviembre de dos mil dos, y este diverso embargo se llevó a cabo en fecha posterior, esto es, hasta el once de junio de dos mil tres, de modo tal que por dicho aspecto este Tribunal Colegiado sí puede pronunciarse sin invadir las facultades exclusivas de la autoridad fiscal, y ya habiendo sido concedida la medida cautelar en cuestión, la misma debe ser para el efecto de que, subsistiendo el embargo así decretado, lo que constituye la materia del fondo del juicio de amparo, se designe a la quejosa depositaria del bien embargado, consistente en una ‘caja remolque, marca Fruehauf, con placa en la parte posterior con número ********** SPF remolque MEX, con número económico R36’, que se detalla en el acta de relación de bienes embargados de once de junio de dos mil tres (foja 41), sin que en la especie proceda la restitución plena que pretende la recurrente, en atención a que ello en todo caso sería una consecuencia de lo que se llegara a resolver en el fondo del amparo... En las relatadas condiciones, debe declararse parcialmente fundada la queja, en los términos precisados a lo largo de la presente ejecutoria, esto es, que habiendo sido otorgada a la quejosa la suspensión provisional solicitada, ello debe ser para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan respecto de los embargos trabados el treinta de agosto y once de octubre, ambos de dos mil dos, referentes a los créditos fiscales Z-396430, Z-321422 y Z-321423, así como para que se designe depositaria a la propia contribuyente, hoy impetrante, por lo que hace al bien embargado el once de junio de dos mil tres, en cuanto al crédito Z-321422; medida cautelar que se concede sin exigir a la quejosa que garantice el interés fiscal en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho interés ya se encuentra garantizado con los bienes embargados, y la cual surtirá sus efectos hasta que se decida sobre la suspensión definitiva ..." (fojas 169-171 del cuaderno incidental).
Al recibir la ejecutoria de queja, el Juez de Distrito dictó un acuerdo de fecha nueve de julio de dos mil tres, en los siguientes términos:
"Agréguese a los presentes autos el oficio número I-835/2003 de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en esta ciudad de Puebla, mediante el cual remite la ejecutoria pronunciada el siete de julio del año en curso, dentro de la queja número Q-45/2003, en la cual se declaró parcialmente fundada la queja interpuesta por la parte quejosa **********, a través de su representante legal **********, en contra del auto de treinta de junio del presente año, en los siguientes términos: (transcribe párrafo final de la parte considerativa de la queja). En tal virtud y en atención a que la superioridad declaró parcialmente fundada la queja de referencia en la que se concedió a la quejosa **********, la suspensión provisional solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, respecto de los embargos trabados el treinta de agosto y el once de octubre, ambos de dos mil dos, referentes a los créditos fiscales Z-396430, Z-321422 y Z-321423, y por lo que hace al bien embargado el once de junio del año en curso, en cuanto al crédito Z-321422, consistente en una caja remolque, marca Fruehauf, con placa en la parte posterior con número ********** del servicio público federal, remolque MEX, con número económico R36, medida cautelar que se concede sin exigir a la quejosa que garantice el interés fiscal en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, por haberse acreditado dicho interés fiscal en virtud de los bienes embargados, misma que surtirá efectos hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva; en esas condiciones y en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se designa a la quejosa a través de su representante legal como depositario judicial de los bienes embargados antes descritos; en esa virtud, requiérase al representante legal de **********, hoy quejosa, para que en el término de TRES DÍAS siguientes a la notificación de este proveído, comparezca ante este Juzgado debidamente identificado a efecto de que acepte, proteste y se le discierna el cargo conferido, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado dejará de surtir sus efectos la suspensión provisional solicitada, única y exclusivamente por lo que hace al crédito fiscal número Z-321422. Glósese a sus autos el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, háganse las anotaciones correspondientes y acúsese recibo a la superioridad. Notifíquese personalmente ..." (fojas 173-174).
Ese acuerdo se notificó por lista de diez de julio de dos mil tres; hecho lo cual el representante legal de la empresa quejosa acudió ante el secretario del Juzgado Segundo de Distrito B en el Estado de Puebla, levantándose la constancia que enseguida se transcribe:
"En la ciudad de Puebla, Puebla, siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día quince de julio de dos mil tres, ante el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito B en el Estado que autoriza y da fe, licenciado José Ricardo Suárez Espinoza, comparece **********, en su carácter de representante legal de la quejosa **********, quien se identifica con el pasaporte número ********** expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que aparece su fotografía, misma que coincide con sus rasgos fisonómicos, anexando copia de la misma. A continuación se exhorta a dicho representante para que se conduzca con la verdad y advirtiéndosele de las penas en que incurren los que declaran con falsedad en actuaciones judiciales por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito, ser originario y vecino de esta ciudad de Puebla, de estado civil casado, de cincuenta y dos años de edad, manifestando que en este momento se presenta a dar cumplimiento al auto de nueve de julio del año en curso, mediante el cual se le hizo de su conocimiento que ha sido designado depositario judicial del bien embargado consistente en caja remolque, marca Fruehauf, con placa en la parte posterior con número ********** del servicio público federal, remolque MEX, con número económico R36, relativo al crédito fiscal número Z-321422, por lo cual manifiesta que acepta y protesta su fiel desempeño. En atención a la comparecencia de **********, quien en virtud de haberse identificado plenamente y ser la persona designada para ocupar el cargo de depositario judicial, en este acto se tiene al compareciente aceptando y protestando el cargo conferido discerniéndole el mismo con las obligaciones inherentes al mismo, haciendo la aclaración que el bien embargado que se describe no lo tiene en posesión, en virtud de que el mismo con motivo del embargo lo tiene la Administración Local Sur de esta ciudad de Puebla. Con lo cual se da por terminada la presente diligencia firmando al calce para constancia los que en ella intervinieron. Doy fe ..." (foja 179 del cuaderno incidental).
Por escrito, presentado el cinco de agosto del año en curso ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, **********, en representación legal de la persona moral denominada "**********" interpuso el recurso de queja (fojas 2-8 del toca).
Como puede advertirse de los antecedentes transcritos, el recurso de queja se interpone en contra del acuerdo de fecha nueve de julio de dos mil tres, en que el Juez Segundo de Distrito B en el Estado de Puebla se pronunció respecto del cumplimiento de la ejecutoria de queja Q-45/2003 del índice de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, y en el que, en lo conducente, determinó que en atención a que la superioridad declaró parcialmente fundada la queja de referencia en la que se concedió a la quejosa **********, la suspensión provisional solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, respecto de los embargos trabados el treinta de agosto y el once de octubre, ambos de dos mil dos, referentes a los créditos fiscales Z-396430, Z-321422 y Z-321423, y por lo que hace al bien embargado el once de junio del año en curso, en cuanto al crédito Z-321422, consistente en una "caja remolque, marca Fruehauf, con placa en la parte posterior con número ********** del servicio público federal, remolque MEX, con número económico R36", medida cautelar que se concede sin exigir a la quejosa que garantice el interés fiscal en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, por haberse acreditado dicho interés fiscal en virtud de los bienes embargados, misma que surtirá efectos hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva; para enseguida determinar que también en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se designa a la quejosa a través de su representante legal como depositario judicial del bien embargado descrito, requiriendo a ese representante para que en el término de tres días siguientes a la notificación de ese proveído, comparezca ante ese juzgado debidamente identificado a efecto de que acepte, proteste y se le discierna el cargo conferido, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado dejará de surtir sus efectos la suspensión provisional solicitada, única y exclusivamente por lo que hace al crédito fiscal número Z-321422.
El análisis íntegro del escrito de queja permite constatar que el representante legal de la empresa quejosa se inconforma con el defectuoso cumplimiento que asevera realizó el Juez de Distrito, al acatar sólo parcialmente la ejecutoria de queja, generándole con ello daños y perjuicios irreparables a la empresa que representa como depositaria de los bienes por no ordenar que sean entregados a la misma; toda vez que el juzgador al ordenar que la empresa ahora recurrente sea designada depositaria respecto al bien embargado en fecha once de junio del año en curso, si bien requiere al representante para que comparezca ante la presencia judicial a efecto de que proteste el cargo conferido, en ningún momento ordena que los bienes de referencia sean entregados al representante, ni al momento de comparecer a aceptar el cargo conferido el quince de julio de este año, porque el a quo no considera que la ejecutoria de referencia haya sido concedida para tales efectos (fojas 2-8 del toca).
El recurso interpuesto encuadra en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, pues el acuerdo de nueve de julio de dos mil tres está relacionado con la suspensión provisional, siendo que todos los acuerdos vinculados con esa medida cautelar quedan comprendidos en la posibilidad de impugnación conforme a esa fracción.
En este sentido resultan ilustrativas las consideraciones de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 10/92, entre las sustentadas por el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 61, Tomo X, diciembre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que generó la jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL RECURSO DE QUEJA ES PROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA QUE SURTA EFECTOS.", en cuya parte conducente estableció:
"... Delimitada así la materia de la contradicción, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
"El artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, establece:
"‘Artículo 95. El recurso de queja es procedente:
"‘I. ...
"‘X.
"‘XI. Contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional.’
"Es conveniente mencionar que la fracción antes aludida se adicionó al artículo 95 de la Ley de Amparo, con motivo de la reforma efectuada a dicho ordenamiento legal, mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro.
"En la exposición de motivos relativa a la fracción en comento, se dijo lo siguiente:
"‘c) Otro supuesto en el cual se introduce el recurso de queja en la nueva fracción XI del citado artículo 95, se refiere a las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, que concedan o nieguen la suspensión provisional, las que en la actualidad no admiten medio de impugnación. Debido, por una parte, al enorme recargo de labores de los citados Jueces de Distrito, y por otra, al plazo tan breve en el cual deben resolver sobre dicha medida de urgencia regulada por el artículo 130 de la Ley de Amparo, resulta necesario que las partes tengan la posibilidad de acudir ante los Tribunales Colegiados para que éstos puedan corregir los errores en que incurran los juzgadores de primer grado.’
"El artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, al establecer, en lo que interesa al caso, que procede el recurso de queja en contra de las resoluciones pronunciadas por los Jueces de Distrito en las que concedan la suspensión provisional, debe entenderse que comprende los acuerdos dictados por el a quo que tengan relación con esa medida cautelar, por lo que también abarca las condiciones que se fijen al quejoso para que aquélla surta efectos.
"En efecto, el otorgamiento de dicha medida cautelar no sólo implica el hecho mismo de su ‘concesión’, sino también las condiciones que, en su caso, fije el a quo para que aquella surta efectos, porque estas premisas no pueden desvincularse una de la otra, pues su coexistencia se da al formar parte del acto en que se concede la suspensión de los actos reclamados.
"Por otra parte, si bien en dicho precepto no se expresa literalmente que el recurso proceda en contra de ‘la determinación o condición que emite el Juez de Distrito para que surta efectos la suspensión provisional otorgada’, lo cierto es que no era necesario que ello se especificara, pues, como ya se dijo, el término ‘conceder’ no sólo se refiere al acto mismo en que se otorgue la suspensión provisional, sino también a las condiciones para que surta efectos.
"Debe hacerse notar que si de la exposición de motivos se advierte que la intención de crear la fracción XI, obedece a la necesidad de que el gobernado cuente con un medio de defensa en contra de las resoluciones pronunciadas por los Jueces de Distrito en las que concedan la suspensión provisional; es evidente que la materia de ese recurso la constituye el acuerdo o acuerdos tomados por el Juez al otorgar la suspensión provisional. Por ello, si el a quo establece, al conceder esa medida, diversas condiciones para que surta efectos, es factible que el recurso también puede intentarse contra esos actos. En caso contrario, de no aceptarse su procedencia, sería hacer nugatoria la intención con la que fue creada la fracción en comento y, por ende, privar al quejoso de un medio de defensa que le otorga la ley ..."
Es así que si la adición de la fracción XI al artículo 95 de la Ley de Amparo tuvo como justificación, según la exposición de motivos, que las determinaciones de los Jueces de Distrito pudieran ser analizadas en cuanto a su legalidad, para que las partes tengan la posibilidad de acudir ante los Tribunales Colegiados para que éstos puedan corregir los errores en que incurran los juzgadores de primer grado, y aun cuando el precepto menciona sólo a las resoluciones pronunciadas por los juzgadores en las que conc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22766-d56f14ac/queja-su-procedencia-debe-estudiarse-de-oficio-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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