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Modo: Corpus Pro

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17363
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y LAS SOSTENIDAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, , Pág. 34.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y LAS SOSTENIDAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los criterios que se estiman en contradicción son los siguientes:

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el incidente en revisión 62/88, promovido por María Inés Álvarez Hernández, sostuvo la tesis siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988

"Página: 215

"COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL TERCERO EXTRAÑO EN LA SUSPENSIÓN. Las fotocopias simples exhibidas en la suspensión por el quejoso como tercero extraño al juicio de origen, no tienen valor probatorio suficiente para demostrar su interés en que se suspenda el acto reclamado por carecer de certificación alguna; sin que obste el hecho de que los originales corran agregados al principal si no se realiza su compulsa, puesto que el incidente de suspensión se tramita por cuerda separada y únicamente pueden y deben tomarse en cuenta las pruebas que en él se rindan.

"Amparo en revisión 62/88. María Inés Álvarez Hernández. 29 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Antonio Ríos. Secretaria: Leticia Ortiz González."

En ese mismo sentido, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito al resolver el incidente en revisión 213/91, promovido por Rosa Elva Medrano Orona, sostuvo el criterio siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: IX, abril de 1992

"Página: 467

"COPIAS FOTOSTÁTICAS, SU VALOR PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL TERCERO EXTRAÑO EN LA SUSPENSIÓN. Las fotocopias simples exhibidas en la suspensión por el quejoso como tercero extraño al juicio de origen, no tienen valor probatorio suficiente para demostrar su interés en que se suspenda el acto reclamado por carecer de certificación alguna; sin que obste el hecho de que los originales corran agregados al principal si no se realiza su compulsa, puesto que el incidente de suspensión se tramita por cuerda separada y únicamente pueden y deben tomarse en cuenta las pruebas que en él se rindan.

"Incidente en revisión 213/91. Rosa Elva Medrano Orona. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretaria: Gloria Flores Huerta."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver el incidente en revisión 117/96, promovido por José Maurilio Ochoa Romero, determinó (sin emitir tesis alguna), que la suspensión no es una providencia constitutiva, sino cautelar de una situación existente, evitando que ésta se altere con la ejecución, efectos o consecuencias de los actos reclamados; así pues, para que se otorgue tal medida suspensional, es menester que quien se ostente como tercero extraño al juicio del que deriva el acto reclamado acredite, cuando menos de manera presuncional, que tiene un interés legítimo para solicitarlo.

En esos términos, concluyó que si en autos obra copia fotostática simple del documento con el que el quejoso pretende acreditar su interés, dicho documento, aun cuando a manera de indicio, por constituir una copia fotostática no certificada, acredita presuntivamente el interés suspensional del quejoso.

QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."

De lo anterior se obtiene que para que exista la contradicción de tesis denunciada deben cumplirse los requisitos siguientes:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Establecido lo anterior, por razón de método, debe estudiarse en primer lugar si en el presente asunto concurren o no las hipótesis de contradicción.

De las sentencias pronunciadas por los tribunales contendientes se advierten como aspectos importantes del problema sometido a la consideración de esta Primera Sala, los siguientes:

1. Los tres criterios participantes emanan de recursos de revisión hechos valer en contra de la resolución del Juez de Distrito dictada en la audiencia incidental al pronunciarse sobre la procedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados.

2. En los tres casos el quejoso se ostentó como tercero extraño al juicio de donde emanan los actos reclamados.

3. Entre otros señalaron, como acto reclamado, el embargo trabado sobre diversos bienes de su propiedad.

4. Al momento en que los Jueces de Distrito que conocieron de los incidentes de suspensión se pronunciaron sobre la procedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados, obraba como única prueba en el incidente de suspensión, copia fotostática simple de documentos con los cuales el quejoso pretendía acreditar la propiedad de los bienes embargados en el procedimiento natural.

5. Dos de los tribunales cuyos criterios participan en la contradicción de mérito, sostienen que por falta de certificación de los documentos que obran en el incidente de suspensión, su valor indiciario no es suficiente para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa, porque no se corrobora con otra prueba. Por su parte, el restante tribunal concluyó que la copia simple del documento correspondiente al original que presentó el interesado con su demanda de amparo, resulta suficiente para presumir el interés que le asiste al quejoso para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados.

De lo relatado, procede concluir que sí existe la contradicción de tesis denunciada, principalmente, por las razones siguientes:

Al resolver los asuntos puestos a su consideración, los órganos colegiados contendientes examinaron la misma cuestión jurídica, esto es, si la copia simple de un documento con el que se pretende acreditar la propiedad o posesión de los bienes embargados en el procedimiento natural resulta suficiente para demostrar, en el incidente de suspensión que deriva de un juicio de amparo en el que el quejoso se ostenta como tercero extraño, el interés jurídico de éste para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados.

La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las sentencias y tesis respectivas, como se advierte de su contenido.

Los criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues ambos Tribunales Colegiados, atendiendo a las reglas previstas en la Ley de Amparo relativas a la suspensión definitiva de los actos reclamados, arribaron a diferentes conclusiones respecto del valor jurídico de las pruebas documentales sin certificación (simples), que se ofrecen en la audiencia incidental para acreditar el interés jurídico del quejoso para solicitar la medida suspensional.

Lo anterior permite concluir que, en este caso, sí existe contradicción de tesis en el punto medular, como quedó apuntado con anterioridad.

No es obstáculo para la existencia de la contradicción de tesis, el hecho de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen los requisitos de existencia de la contradicción de tesis, no imponen dicha condición.

Es aplicable al respecto, la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal, cuyo contenido es el siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Apéndice de 1995

"Tomo: VI, Parte SCJN

"Tesis: 187

"Página: 127

"CONTRADICCIÓN. PROCEDE LA DENUNCIA CUANDO EXISTEN TESIS OPUESTAS, SIN QUE SE REQUIERA QUE SEAN JURISPRUDENCIAS. Es inexacto que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma cuestión, en la materia de su exclusiva competencia, no constituyan jurisprudencia, ya que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero, de la Constitución General de la República y 195 Bis de la Ley de Amparo, para que dicha denuncia proceda, sólo se requiere, tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, que éstos sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pero no que las tesis denunciadas constituyan jurisprudencia.

"Contradicción de tesis 27/83. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 18 de febrero de 1985. Unanimidad de cuatro votos.

"Contradicción de tesis 24/83. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de julio de 1985. Cinco votos.

"Contradicción de tesis 19/83. Entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 16 de enero de 1986. Cinco votos.

"Contradicción de tesis 1/86. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito. 28 de enero de 1987. Cinco votos.

"Contradicción de tesis 3/85. Entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de cuatro votos."

SEXTO. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La materia de la contradicción versa en determinar si la copia simple de un documento con el que se pretende acreditar la propiedad de los bienes embargados en el procedimiento natural, resulta suficiente para demostrar en el incidente de suspensión que deriva de un juicio de amparo en el que el quejoso se ostenta como tercero extraño, el interés jurídico de éste para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados.

En principio, a fin de tener una mayor claridad del asunto, cabe precisar cual es la teleología de la suspensión del acto reclamado, y acto seguido determinar cuáles son los requisitos necesarios para que el quejoso acredite el "interés jurídico" que le asiste para solicitar que se suspendan los actos reclamados.

El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.

"Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efecto si la otra parte da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes."

Como se advierte, dicho precepto constitucional consagra a favor de los quejosos la prerrogativa consistente en la suspensión de los actos reclamados, dejando amplio margen de libertad al legislador secundario para fijar los casos, las condiciones y las garantías correspondientes para su otorgamiento. Además, señala que los criterios orientadores para tal efecto, deben atender a la naturaleza de la violación alegada (pues será distinta una violación a la libertad frente a una violación a la posesión de un inmueble), a la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución de los actos reclamados (entendiéndose que a mayor dificultad debe haber mayor operancia de la suspensión), a los daños y perjuicios que pueda sufrir el tercero perjudicado con esa medida (los que deben garantizarse mediante una fianza) y al interés público (o sea, cuando la sociedad está interesada en la subsistencia de los actos reclamados).

Ahora bien, debe decirse que etimológicamente la palabra suspensión deriva del latín suspensio, suspensionis, que es la acción y efecto de suspender. A su vez, el verbo "suspender", del latín suspendere, en una de sus acepciones significa: "detener o diferir por algún tiempo una acción u obra".

Aplicada al ámbito del juicio de amparo, la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada; por tanto, tal determinación tiene como objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama no se realicen.

En ese orden de ideas, se tiene que la suspensión es una providencia cautelar de carácter meramente instrumental para preservar la materia del juicio de garantías, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el amparo.

Es decir, el objeto primordial de esta providencia cautelar es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Así, por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución; es un medio más de protección que, dentro del procedimiento del amparo, concede la ley a los particulares, toda vez que el Juez, ante quien se presenta la demanda, antes de estudiar a fondo el caso que se lleva a su consideración, de recibir prueba alguna y de saber de un modo cierto si existe una violación constitucional, suspende la ejecución del acto (suspensión provisional); posteriormente, mediante un procedimiento sumarísimo, que se reduce a una audiencia en que se oye al quejoso, a la autoridad responsable y al Ministerio Público, determina si esa suspensión se concede en forma definitiva hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías.

Cobran aplicación a este respecto, en lo conducente, los siguientes criterios del Tribunal Pleno y de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la anterior integración, que a la letra dicen:

"Quinta Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XIX

"Página: 560

"SUSPENSIÓN. La consecuencia natural del fallo que concede la suspensión, es que el acto reclamado no se ejecute y que las autoridades responsables se abstengan de continuar los procedimientos, que tiendan a ejecutarlo; y si no lo hacen, sus actos constituyen un desobedecimiento a la suspensión, pues los alcances de ésta son impedir toda actuación de las autoridades responsables, para ejecutar el acto que se reclama.

"Queja en amparo administrativo 184/26. Isla Álvaro. 27 de septiembre de 1926. Unanimidad de ocho votos. La publicación no menciona el nombre del ponente."

"Quinta Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: LXXIII

"Página: 6972

"QUEJA SIN MATERIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN. La suspensión de los actos reclamados es una medida transitoria por su misma naturaleza y tiende exclusivamente a mantener viva la materia del amparo y a evitar se causen al quejoso perjuicios de difícil reparación, entretanto se resuelva el fondo del asunto; y deja de surtir efectos tan pronto como empieza a producirlos la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio principal. Por tanto, es correcto el fallo que resuelve que carece de materia una queja interpuesta por incumplimiento de la interlocutoria que hubiera concedido la suspensión definitiva, cuando ya se hubiere dictado sentencia de segundo grado, que se hubiera notificado a las autoridades responsables para su cumplimiento.

"Queja en amparo administrativo 204/42. Tlapanco Petra. 23 de septiembre de 1942. Unanimidad de cinco votos. Relator: Gabino Fraga."

Los artículos 122, 124, 125 y 131 de la Ley de Amparo disponen:

"Artículo 122. En los casos de la competencia de los Jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este capítulo."

"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el agraviado.

"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

"Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."

"Artículo 125. En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.

"Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía."

"Artículo 131. Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el Juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de las veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que el Juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el Juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley.

"Cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, podrá también el quejoso ofrecer prueba testimonial.

"No son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional; no podrá exigirse al quejoso la proposición de la prueba testimonial, en el caso, a que se refiere el párrafo anterior."

De acuerdo al contenido de los preceptos transcritos, la suspensión del acto reclamado en el juicio de garantías, desde el punto de vista de su procedencia, puede clasificarse en suspensión de oficio y suspensión a petición de parte.

En el caso concreto, los asuntos en los que se sostuvieron los criterios en contradicción versaron sobre la procedencia de la suspensión definitiva a petición de parte, cuya resolución se dicta en el incidente del juicio de garantías en la audiencia que establece el artículo 131 de la Ley de Amparo, y su objeto, en algunos casos, es prolongar la situación jurídica creada por la suspensión provisional, pero generalmente altera esa situación en razón de que el Juez de Distrito ya cuenta con elementos distintos de los que se le habían hecho saber en la demanda de amparo, especialmente, el informe previo de la autoridad responsable, en el que se asienta si son ciertos o no los actos reclamados y las razones que se tuvieron en cuenta para dictarlo, en su caso, elementos que servirán al Juez para determinar si se satisfacen los requisitos del artículo 124 de la citada disposición legal para decretar tal medida cautelar.

Ahora bien, a fin de resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados, previo al análisis de los requisitos señalados precedentemente, el juzgador de amparo debe verificar si el quejoso acredita que tiene "interés jurídico" para solicitar la medida cautelar.

Respecto al significado de esta locución, el Diccionario Jurídico Mexicano editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quinta edición, páginas 1776 y 1777, dice lo siguiente:

"Interés jurídico. I. Esta locución tiene dos acepciones, que son: a) En términos generales, la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho, y b) En materia procesal, la pretensión que intenta tutelar un derecho subjetivo mediante el ejercicio de la acción jurisdiccional. II. La expresión ‘interés jurídico’ tiene un significado general propio de la filosofía del derecho y, otro más restringido, que tiene relación con el derecho procesal. A continuación realizaremos el análisis por separado de estas dos significaciones: ... 2) En materia procesal, el interés jurídico es la pretensión que se tiene de acudir a los tribunales para hacer efectivo un derecho desconocido o violado. El concepto de interés jurídico procesal no debe confundirse con la noción de intereses en litigio. Esta última se refiere al derecho sustantivo que se pretende salvaguardar mediante el proceso (p.e. la propiedad de un inmueble en un juicio reivindicatorio). En cambio, el interés procesal no es otra cosa que la necesidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales para proteger el derecho sustantivo, que es la materia del litigio."

En relación con el interés jurídico que se debe acreditar en el incidente de suspensión del acto reclamado, por parte del solicitante de la medida, que se ostenta como persona extraña al procedimiento (supuesto del cual derivaron los asuntos en los que se sustentaron los criterios contradictorios), esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, entre otros, los criterios jurisprudenciales que se reproducen:

"Quinta Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: CVI

"Página: 1091

"INTERÉS JURÍDICO, SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO. Por interés jurídico, debe entenderse el que resulta de la afectación de los derechos de propiedad y posesión que el quejoso dice tener en la finca que menciona, a consecuencia de las resoluciones dictadas por las autoridades responsables, que son materia de la demanda de garantías. Por tanto, para comprobar ese interés jurídico es indispensable que el quejoso compruebe aunque sea de una manera presuntiva, que es propietario o poseedor del citado inmueble, y si sobre este particular no rindió prueba alguna, procede negarle la suspensión.

"Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 6067/50. Martínez de Montenegro Jovita. 28 de octubre de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis G. Corona Redondo. La publicación no menciona el nombre del ponente."

"Quinta Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: LXXXII

"Página: 1881

"INTERÉS JURÍDICO, PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN. Cuando se trata de acreditar el interés jurídico que al quejoso le asiste para solicitar la suspensión, la jurisprudencia relativa sólo exige que se acredite presuntivamente, con un principio de prueba ese interés, y si la autoridad responsable afirma que la copia simple del documento corresponde al original que presentó el interesado con su demanda de amparo, basta este elemento de convicción para presumir el interés que tiene el quejoso al solicitar la medida, sin que sea necesario presentar copia certificada del original.

"Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 7226/44. Aguilera Crescenciano. 21 de octubre de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Teófilo Olea y Leyva. La publicación no menciona el nombre del ponente."

De lo anteriormente explicado, podemos concluir que cuando el quejoso se ostenta como persona extraña a juicio, alegando el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, deberá acreditar, aunque sea de manera presuntiva, que tiene interés jurídico para solicitar la medida suspensional, es decir, que es titular de los derechos que estima infringidos por el acto de autoridad reclamado, pues sólo así acredita su legitimación en el incidente de suspensión.

De los argumentos que contemplan los diversos fallos que se encuentran en conflicto, se desprende que la materia a dilucidar en la presente contradicción radica en determinar si se acredita el interés jurídico en el incidente de suspensión, para obtener la medida cautelar en forma definitiva del tercero extraño al juicio natural que pretende acreditar el derecho de propiedad o posesión, con las copias fotostáticas simples de los documentos que a su juicio satisfacen tales extremos.

Para resolver el problema, y dado que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, vía labor interpretativa, que el interés jurídico en el incidente de suspensión del acto reclamado debe acreditarse, cuando menos en forma presuntiva,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17363-ab1f6cbf/copias-fotostaticas-simples-carecen-por-si-solas-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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