CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DESCUENTO APLICADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, AL MUNICIPIO DE TEPIC, SOBRE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2004, ES VÁLIDO EN TANTO QUE SE SUSTENTA EN EL CONVENIO DE REGULARIZACIÓN DE LA AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE DICHO MUNICIPIO, CELEBRADO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL 1o. DE JULIO DE 1998. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INNECESARIO OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA A UN MUNICIPIO PARA APLICARLE UN DESCUENTO A CARGO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES, CUANDO ÉSTE DERIVA DE UNA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA DIRECTAMENTE POR EL PROPIO AYUNTAMIENTO. PARTICIPACIONES FEDERALES. SU AFECTACIÓN POR ADEUDOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT, CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NO REQUIERE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PUES AL TRATARSE DE UNA COMPENSACIÓN DE ADEUDOS VÍA PARTICIPACIONES, SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2005. MUNICIPIO DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: JORGE ROBERTO ORDÓÑEZ ESCOBAR.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de abril de dos mil ocho.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el once de febrero de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fortunato Guerrero Jiménez, quien se ostentó como síndico del Municipio de Tepic, Estado de Nayarit, promovió controversia constitucional en la que solicitó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:
"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: Lo es el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el que en términos del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit se deposita en el Gobernador Constitucional de la entidad; en virtud de que a través de personal adscrito a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit emitió y ejecutó el acto cuya invalidez pido sea declarada. ... IV. Acto cuya invalidez se demanda: Lo es el inconstitucional ‘descuento’ en cantidad de ‘$1'032,108.52’ un millón treinta y dos mil ciento ocho pesos con cincuenta y dos centavos de las participaciones federales del Municipio de Tepic, Estado de Nayarit." (foja 2 del expediente).
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"Único. Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el Municipio de Tepic, Estado de Nayarit, el día 28 veintiocho de diciembre de 2004 dos mil cuatro, conoció que la hoy parte demandada indebidamente retuvo o descontó de sus participaciones federales la cantidad de $1'032,108.52 un millón treinta y dos mil ciento ocho pesos con cincuenta y dos centavos. En efecto, del documento identificado como ‘constancia de compensación de participaciones federales’ de número ‘1238’ (prueba 2), correspondiente al mes ‘diciembre/2004’ se desprende la siguiente:
Ver constancia de compensación de participaciones federales 1
"Siendo a través de tal documento como el Municipio que represento tuvo conocimiento del indebido ‘descuento’ efectuado a través de la Secretaría de Finanzas del Estado de Nayarit, con respecto a las participaciones federales que legal y constitucionalmente corresponden al Municipio de Tepic; descuento indebido que como se dijo en líneas precedentes constituye el acto cuya invalidez pido sea declarada." (fojas 3-4 del expediente).
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"VII. Conceptos de invalidez. Primero. A) Fuente de la violación. La aplicación, por la parte demandada en perjuicio del Municipio que represento, de un descuento en cantidad de $1'032,108.52 un millón treinta y dos mil ciento ocho pesos con cincuenta y dos centavos aplicado sobre las participaciones federales correspondientes al referido Municipio. B) Disposiciones transgredidas. Artículo 115, fracciones II y IV, así como el 120 de la Constitución Federal. C) Se pretende demostrar. Que la parte demandada violó lo dispuesto en las fracciones II y IV del artículo 115 de la Constitución Federal por haber inobservado los principios de autonomía municipal, libre administración hacendaria y el de integridad de los recursos económicos municipales, lo que hace procedente que se declare inválido el descuento efectuado por la parte demandada, ordenando la entrega completa y total de las participaciones federales que corresponden al Municipio que represento con todo y los intereses legales que se han generado y sigan generándose. Asimismo, se vulnera el arábigo 120 de la Constitución Federal dado el incumplimiento a la obligación que al Poder Ejecutivo de las entidades federativas le establece el invocado numeral. D) Argumentos del concepto de violación. Premisa mayor. El ordinal 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en lo conducente: ‘Artículo 115.’ (se transcribe). De la disposición constitucional transcrita en líneas precedentes que se ha visto modificada en el transcurso del tiempo en que ha estado vigente, se advierte sin asomo de duda alguna que tanto el Constituyente Originario como el Permanente han reconocido al Municipio como la célula básica del Estado Mexicano, reconociendo que éste cuenta con la mejor capacidad de advertir las necesidades de la población por el contacto más directo que tiene con ella y consagrando el derecho de recibir los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones que también le establece la Carta Magna. Específicamente, de la fracción II del ordinal 115 de la Constitución Federal se aprecia indubitablemente que el Municipio tiene personalidad jurídica y plena capacidad y autonomía para manejar su patrimonio con arreglo a la ley. Ahora bien, por su parte, la fracción IV de la disposición constitucional en cita establece en lo que interesa: 1. La manera en cómo se integra la hacienda municipal. 2. El principio de la libre administración hacendaria municipal. 3. Los conceptos que se protegen bajo el principio de la libre administración hacendaria. 4. Así como el principio de integridad de los recursos económicos municipales. Por otro lado, el arábigo 120 de la Constitución Federal, dispone: ‘Artículo 120.’ (se transcribe). Disposición la arriba transcrita que no merece comentario adicional dada su claridad y precisión en cuanto a la obligación que deja en hombros de los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas de hacer cumplir las leyes federales. En el contexto constitucional arriba referido se habrá de evidenciar que la parte demandada desatendió totalmente los señalamientos legales de mayor rango en nuestro país, tal y como se advierte a partir de lo siguiente: Patrimonio municipal. La fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce al Municipio personalidad jurídica y plena facultad de manejar su patrimonio con arreglo a la ley. Y del (sic) término ‘patrimonio’ es definido por el Diccionario Jurídico Mexicano de la Editorial Porrúa y la Universidad Nacional Autónoma de México (14a. Edición, México, 2000, tomo P-Z, página 2353) como ‘Desde el punto de vista jurídico, patrimonio es el conjunto de poderes y deberes, apreciables en dinero, que tiene una persona. Se utiliza la expresión poderes y deberes en razón de que no sólo los derechos subjetivos y las obligaciones pueden ser estimadas en dinero, sino que también lo podrían ser las facultades, las cargas y, en algunos casos, el ejercicio de la potestad, que se pueden traducir en un valor pecuniario’. De igual manera, el constitucionalista Elisur Arteaga Nava en su obra ‘Derecho Constitucional’ (2a. Edición, Editorial Oxford, México, 2001, página 511) sostiene: ‘Los Municipios ... Por tratarse de personas morales, cuentan con una universidad de bienes, derechos y obligaciones; en derecho a esto se le denomina patrimonio’. Así pues, que el patrimonio de una persona, en este caso de una persona jurídica o moral como lo es el Municipio en términos del artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal dado el reconocimiento de la personalidad jurídica del Municipio, se conforma por sus bienes, derechos, deberes y obligaciones. Ahora bien, de alguna manera el artículo 160 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit dota de contenido a la expresión ‘patrimonio municipal’ al establecer: ‘Artículo 160.’ (se transcribe). Antes de proseguir con la formulación del concepto de invalidez que nos ocupa, se considera atinado aclarar que la invocación al artículo 160 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit se hace con el único efecto de evidenciar cómo se conforma el patrimonio del Municipio sin que de manera alguna esta parte pretenda dolerse de violación alguna a dicha norma jurídica, puesto que lo que aquí se pretende es evidenciar la inconstitucionalidad del acto cuya invalidez se demanda por transgresión, entre otros, al artículo 115, fracciones II y IV, de la Carta Magna. Una vez precisado lo anterior y atendiendo a lo expuesto en el presente apartado, es inconcuso concluir que la hacienda municipal es parte integrante del patrimonio del Municipio y, por ende, éste está facultado para manejarlo conforme a la ley según lo establece la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal. Integración de la hacienda municipal. El invocado artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala de manera enunciativa conceptos que conforman la hacienda municipal, entre los que se advierten: Los rendimientos de los bienes que pertenezcan al Municipio. Las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las participaciones federales cubiertas por la Federación a los Municipios. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos. Demás contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor. Se apoya lo arriba expuesto, tanto en lo que ve a los conceptos antes señalados como integrantes de la hacienda municipal como en que su designación es meramente enunciativa con el criterio del Primera Sala de esta honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmado en la ejecutoria de la controversia constitucional 4/98 promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla y otros del mismo Estado, de fecha diez de febrero del dos mil, el que es al tenor de lo siguiente (se transcribe). Principio de libre administración hacendaria. Así como el artículo 115 reconoce al Municipio personalidad jurídica, garantiza el manejo de su patrimonio con arreglo a la ley y señala la integración de la hacienda municipal, igualmente consagra el principio de libre administración hacendaria, el que se desprende de la fracción IV del referido ordinal, a saber: ‘Artículo 115.’ (se transcribe). Dicho principio garantiza que sea el propio Municipio el que en los términos que fijen las leyes y para el cabal cumplimiento de sus funciones y fines públicos tenga la libre disposición y aplicación de sus recursos para la satisfacción de sus necesidades, pues habrá de recordarse que el Constituyente reconocido que ante la cercanía que tiene el Municipio con la población, es éste quien mejor conoce lo que ésta requiere y entonces le asegura la libertad para priorizar la aplicación de los haberes. Sirve de soporte a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: ‘HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).’ (se transcribe). Teniendo eso presente, habrá ahora de precisarse que bajo la protección del principio de libre administración hacendaria, es que se encuentran los conceptos que expresamente señala el arábigo 115, fracción IV, de la Ley Suprema, es decir, ‘los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: ... a) Las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, ... b) Las participaciones federales, ... c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo’. Afirmación que encuentra apoyo en la jurisprudencia siguiente: ‘HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).’ (se transcribe). Una vez lo anterior (sic) y no existiendo duda en cuanto a que las participaciones federales forman parte de la hacienda municipal y que se encuentran regidas por el principio de libre administración hacendaria, es que se considera atinado detenerse para dejar establecido qué es lo que se entiende por ‘participaciones federales’. A ese respecto, es prudente recordar que las participaciones federales se encuentran reguladas por la Ley de Coordinación Fiscal, ordenamiento legal que en sus artículos 2o., 2o. A, 3o. B y 6o. establece que los Municipios recibirán ciertas cantidades por concepto de participaciones federales que son las provenientes de aquellas contribuciones que, tanto la Federación como los Estados, pudieran establecer sobre una misma fuente; pero que para evitar una doble tributación, los segundos se abstienen de imponerlas a cambio de recibir una porción de la recaudación que obtenga la Federación. Sirve de sustento a lo afirmado, la jurisprudencia siguiente: ‘PARTICIPACIONES FEDERALES. CARACTERÍSTICAS.’ (se transcribe). Principio de integridad de los recursos económicos municipales. Como se adelantó en el inicio de la exposición del presente concepto de invalidez, también en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal se consagra el principio de integridad de los recursos económicos municipales, por virtud del cual se garantiza a los Municipios la recepción completa y puntual de aquellos recursos pecuniarios que la Federación ha decidido transferir a los mismos con la intermediación meramente administrativa de las entidades federativas (participaciones y aportaciones federales). De esta manera, una vez que la Federación ha determinado entregar a los Municipios por conducto de los Estados una determinada cantidad, ésta debe ser recibida completa y oportunamente por los Municipios. Sirve de soporte a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: ‘RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES.’ (se transcribe). Así pues, con lo hasta aquí vertido es inconcuso concluir que: 1. El Municipio cuenta con plena capacidad de manejar su patrimonio conforme a la ley. 2. El patrimonio del Municipio, entre otros conceptos y para los efectos del caso que nos ocupa, se conforma con la hacienda municipal. 3. La hacienda municipal, entre otros conceptos, se conforma con las participaciones federales cubiertas por la Federación a través de los Estados. 4. Las participaciones federales son las cantidades que son entregadas por la Federación a los Estados y Municipios por concepto de la recaudación de aquellas contribuciones sobre cuya imposición tienen facultades concurrentes la Federación y los Estados, absteniéndose los segundos de ello a cambio de la recepción de una fracción de lo recaudado por la Federación. 5. El principio de libre administración hacendaria garantiza que sea el Municipio quien determine la prioridad para la aplicación de los recursos con que cuenta. 6. Las participaciones federales están protegidas por el principio de libre administración hacendaria. 7. Igualmente la Constitución protege que los Municipios reciban en forma íntegra y oportuna las cantidades que la Federación ha determinado transferirles. Obligación del Poder Ejecutivo Estatal de hacer cumplir las leyes federales. Ahora bien, el artículo 120 de la Ley Suprema le establece a los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados la obligación de hacer cumplir las leyes federales, lo que adminiculado al principio de legalidad establecido en el arábigo 16 constitucional permite afirmar que en principio es el Poder Ejecutivo del Estado el obligado no sólo a hacer cumplir las leyes federales, sino también a cumplirlas al desplegar su actuación. Resulta pues que en el tema que nos ocupa, tiene perfecta aplicación la Ley de Coordinación Fiscal, que establece lo siguiente: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 6o.’ (se transcribe). ‘Artículo 9o.’ (se transcribe). Así pues, de las disposiciones legales federales que han quedado transcritas, es inconcuso concluir que una vez que la Federación entrega a los Estados ciertas cantidades para que sean distribuidas entre sus Municipios, las entidades federativas deben cubrir las cantidades correspondientes a los Municipios en efectivo, sin retardo ni condicionamiento alguno, sin posibilidad de retención, afectación o descuento que aquellos que reúnan con los requisitos que les señala el artículo 9o. noveno de la Ley de Coordinación Fiscal. Bajo esta óptica, si el Estado está obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes federales, evidente resulta que en el tópico de las participaciones federales habrá de respetar lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. Premisa menor. Ahora bien, pese a todo lo expuesto hasta el momento, en donde se han evidenciado los alcances de los arábigos 115, fracciones II y IV, así como 120 de la Constitución Federal, la parte demandada, en franco desacato e inobservancia a las mismas emitió el documento identificado como ‘constancia de compensación de participaciones federales.’ de número ‘1238’, correspondiente al mes ‘diciembre/2004’, por un importe neto de ‘$9'373,240.81’ del que se aprecia textualmente lo siguiente:
Ver constancia de compensación de participaciones federales 2
"Así pues del documento en comento se advierte que la parte demandada descontó o disminuyó a mi representada de sus participaciones federales, la cantidad de $1'032,108.52 un millón treinta y dos mil ciento ocho pesos con cincuenta y dos centavos, lo que no sólo se advierte de la prueba en cita sino que también es posible corroborar la realización del citado descuento con las pruebas 3 y 4. Conclusiones. Aunque con lo expuesto hasta el momento es ya posible advertir la inconstitucionalidad del acto cuya invalidez se demanda en virtud de que éste evidencia en sí mismo la violación a las normas y principios ya señalados, procedo a hacerlo aún más manifiesto a partir de lo siguiente: a) Reiterando que de conformidad al artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio tiene la facultad de administrar su patrimonio conforme a lo dispuesto en la legislación correspondiente, así como que el patrimonio del Municipio se integra entre otros conceptos por la hacienda pública municipal, la que en términos del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal a su vez se conforma, por entre otros rubros, el correspondiente a participaciones federales; participaciones federales que se encuentran protegidas por el principio de libre administración hacendaria de donde resulta manifiesta la invalidez del acto combatido por la transgresión a las referidas disposiciones constitucionales perpetrada por la parte demandada. En efecto, de la vista que se dé al documento identificado como ‘constancia de compensación de participaciones federales’, número ‘1238’ se advierte de manera indubitable que la parte demandada calculó que las participaciones federales correspondientes al Municipio que represento por el mes ‘diciembre/2004’ ascienden a la cantidad de ‘$10'405,349.33’ diez millones cuatrocientos cinco mil trescientos cuarenta y nueve pesos con treinta y tres centavos; sin embargo, también se aprecia inequívocamente que, en forma por demás indebida por ser contrario a todos esos preceptos y principios ya señalados, no entregó íntegramente la cantidad citada sino que descontó la cantidad de ‘$1'032,108.52’ entregando a este Municipio actor únicamente la cantidad de ‘$9'373,240.81’ nueve millones trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta pesos con ochenta y un centavos. Sosteniéndose que el proceder de la parte demandada es inválido, indebido y transgresor del orden constitucional por la afectación a la esfera jurídico-patrimonial del Municipio que represento toda vez que: El artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución Federal garantiza que los Municipios perciban de manera íntegra y puntual las participaciones federales a que tengan derecho, puesto que desde el momento mismo en que son calculadas las cantidades que corresponden al Municipio, pasan a formar parte tanto de su patrimonio como de su hacienda municipal y, por ende, es éste el facultado para administrarlo conforme a la ley, máxime que el Constituyente Permanente expresamente consagró la libre administración de las participaciones federales como régimen para la aplicación de tales recursos, principio del que se desprende que es el Municipio y no otra persona ni órgano, ni poder, ni entidad, el que debe decidir en qué emplea sus recursos económicos. En efecto, ha quedado expuesto ya en este escrito, con apoyo en la interpretación que ese máximo órgano del Poder Judicial Federal ha dado al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los principios de libre administración hacendaria y de integridad de los recursos económicos garantizan que el Municipio reciba de manera íntegra y oportuna los recursos económicos que la Federación le destina en vía de participaciones federales a través de las entidades federativas, así como que tales recursos deben ejercerse en la forma y términos que el propio Municipio señale para hacer frente a sus obligaciones y fines como ente público. Entonces al estar protegida la recepción íntegra y oportuna de los recursos que la Federación remite a los Municipios, por conducto de los Estados, es inconcuso concluir que los Estados únicamente fungen como meros distribuidores de las participaciones federales quedando obligados a entregar tales participaciones de manera completa y puntual; mandato al que la parte demandada no dio cumplimiento. En efecto, la parte demandada pese a que reconoce que al Municipio que represento le corresponden participaciones federales en cantidad de $10'405,349.33 diez millones cuatrocientos cinco mil trescientos cuarenta y nueve pesos con treinta y tres centavos, únicamente le entregó $9'373,240.81 nueve millones trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta pesos con ochenta y un centavos, esto es, descontó o retuvo la cantidad de $1'032,108.52 un millón treinta y dos mil ciento ocho pesos con cincuenta y dos centavos de las participaciones federales que corresponden a este Municipio, parte actora en este procedimiento constitucional; actuación que evidentemente merece ser declarada inválida por contravenir el principio de integridad de los recursos económicos municipales, toda vez que es claro y así lo hemos acreditado documentalmente que no entregó de manera íntegra las participaciones federales que corresponden a este Municipio actor. Igualmente, al estar constitucionalmente consagrado el principio de la libre administración de las participaciones federales y, por ende, estar protegida la facultad de los Municipios de determinar el destino y prioridad para la aplicación de tales recursos económicos, claro resulta que el proceder de la parte demandada al descontar de las participaciones federales correspondientes a este Municipio la cantidad de $1'032,108.52 pesos, transgredió el artículo 115, fracción IV, de la Ley Suprema, porque al no entregar tal suma al Municipio que represento evidentemente no será este último quien defina su aplicación, sino que será la parte demandada la que en un momento u otro aplique tal peculio, lo que a todas luces contraviene la disposición constitucional en comento. Asimismo, el proceder de la parte demandada contraviene lo dispuesto en la fracción II del arábigo 115 constitucional, puesto que la cantidad de $10'405,349.33 diez millones cuatrocientos cinco mil trescientos cuarenta y nueve pesos con treinta y tres centavos, desde el momento en que así fue determinada por concepto de participaciones federales, pasó a formar parte del patrimonio de mi representada y, por ende, la disposición, descuento o retención en cantidad de $1'032,108.52 un millón treinta y dos mil ciento ocho pesos con cincuenta y dos centavos, aplicada por la parte demandada precisamente sobre las participaciones federales del Municipio actor, redunda en la vulneración a la facultad conferida al Municipio para manejar su patrimonio. b) Asimismo, se anunció previamente que el acto impugnado merece ser declarado inválido por su inconstitucionalidad al vulnerarse lo dispuesto en el arábigo 120 de la Carta Magna en relación con los ordinales 1o., 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal. En efecto, el invocado artículo 120 constitucional establece como obligación al titular de las entidades federativas el cumplir con las disposiciones legales federales. Ahora bien, del artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal se advierte que esa ley tiene por objeto, entre otros, el establecimiento de las participaciones que correspondan a las haciendas públicas municipales así como la distribución de dichas participaciones. Por otro lado, en el artículo 6o. de la ley federal en cita se establece la obligación de los Estados de entregar las participaciones federales correspondientes a sus Municipios, entrega que deberá hacerse en efectivo y sin condicionamiento alguno, sin que puedan hacerse más deducciones que las expresamente autorizadas por el artículo 9o. de la misma. Por su parte, el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal consagra que las participaciones federales de los Municipios son inembargables, inafectables a fines específicos y sin posibilidad de retención o deducción alguna que no reúna los requisitos que ahí mismo se señalan. En el contexto hasta aquí delineado se ha hecho evidente la invalidez del acto que se combate ante esa Supremacía Constitucional y Judicial en virtud de que la parte demandada pese a estar constitucionalmente obligada a cumplir y hacer cumplir las leyes federales, omitió el pleno acatamiento a los arábigos 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal que prohíben tajantemente la aplicación de retenciones o descuentos a las participaciones federales de los Municipios, lo que denota la transgresión al artículo 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, no sería extraño que la parte contraria pretendiera argumentar que supuestamente no se transgreden las disposiciones legales arriba indicadas; sin embargo, desde este momento y acogiéndome a lo dispuesto en el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Niego lisa y llanamente que mi representada hubiere actualizado los supuestos que prevé el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal para que se hubiere hecho procedente el descuento o retención efectuado por la parte demandada. Luego, mientras que la parte demandada no acredite plenamente que el caso de mi representada reúne todos y cada uno de los requisitos para la aplicación de deducción o descuento alguno en sus participaciones federales, será inconcuso concluir que sea cual fuere su contestación al presente libelo, el acto combatido es inválido por su transgresión al artículo 120 de la Constitución Federal por la violación a las prohibiciones expresas señaladas en los artículos 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal. c) Ahora bien, se considera atinado detenerse para exponer, aunque obvio resulta, que el acto cuya invalidez pido sea declarada, tiene claros efectos materiales que se traducen en el daño al patrimonio del Municipio ocasionado por la parte demandada ya que considerando que el patrimonio del Municipio que represento se conforma, entre otras cosas, por las participaciones federales, notorio es que al no entregarse de manera completa tales participaciones se causó un menoscabo al patrimonio de mi representado. d) A manera de corolario a lo expuesto se sostiene que el descuento o retención aplicado a las participaciones federales correspondientes al Municipio que represento es inválido porque la demandada contravino lo dispuesto en las fracciones II y IV del arábigo 115 así como el 120 constitucionales porque al haber actuado en la manera en que lo hizo vulneró el principio de integridad de los recursos económicos del Municipio, así como el de libre administración hacendaria además de que impidió que fuese mi representado quien maneje su patrimonio; además de que incumplió con su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes federales en virtud de que inobservó la prohibición expresa que le establecen los arábigos 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Ahora bien, en virtud de que de manera por demás indebida la parte demandada causó daño al patrimonio municipal, además de pedir que se declare la invalidez del acto combatido en esta vía y fin de no dejar impune el detrimento patrimonial ocasionado a este Municipio actor solicito que la parte demandada sea conminada a entregar la cantidad que ilegítimamente retuvo o descontó la contraria con todo y los intereses legales que establece el arábigo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, tanto los que se han devengando desde el momento en que no entregó la totalidad de las participaciones federales del Municipio de Tepic, en el Estado de Nayarit como los que sigan causándose hasta que se entregue la cantidad debida. Segundo. A) Fuente de la violación. La aplicación de la parte demandada de un descuento en cantidad de $1'032,108.52 un millón treinta y dos mil ciento ocho pesos con cincuenta y dos centavos, efectuado por la parte demandada a las participaciones federales correspondientes al Municipio que represento. B) Disposiciones transgredidas. Artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. C) Se pretende demostrar. Que la parte demandada violó en perjuicio del Municipio que represento los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que sin la fundamentación y motivación debida y sin otorgarle garantía de audiencia, privó a mi representado de una porción de su patrimonio. D) Argumentos del concepto de violación. Premisa mayor. Procederé a formular el presente concepto de invalidez al amparo del criterio que a continuación se transcribe en lo conducente y que es el origen de la jurisprudencia que más delante se citará. A saber: ‘Una nueva reflexión y análisis de los criterios reseñados, confrontada con la finalidad de la reforma constitucional vigente a partir de mil n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21175-abfabfc1/controversia-constitucional-el-descuento-aplicado-por-el-gobierno · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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