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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO (HABITACIONAL SOCIAL PROGRESIVO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS) DENOMINADO "RANCHO LA CAPILLA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2005, ES INCONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2005. · Registro digital (IUS): 21253
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 671.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2005. MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de octubre de dos mil ocho.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el veintiuno de octubre de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Héctor Marcelo Olivares Morales, quien se ostentó como síndico procurador del Municipio de Tecámac, Estado de México, promovió controversia constitucional en representación del Municipio, en la que demandó la invalidez del acto emitido por la autoridad que a continuación se precisa:

"... en contra del Acuerdo por el que se autoriza el conjunto urbano de tipo mixto (habitacional social progresivo, comercial y de servicios) denominado ‘Rancho La Capilla’, ubicado en el Municipio de Tecámac, Estado de México; expedido por el arquitecto Miguel Ángel García Beltrán González, quien fuera secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de México y publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México en fecha 13 de septiembre de 2005 ..."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son los siguientes:

"1. Mediante oficio número 2204120000/Urbanas37/2003, de fecha 28 de octubre de 2003, emitido por el director técnico de Autorizaciones de la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de México, se solicitó la opinión del Ayuntamiento de Tecámac para la realización del Conjunto Urbano ‘Rancho La Capilla’, enviando una invitación a este Ayuntamiento para la visita al predio donde se pretende construir dicho complejo urbano. 2. En consecuencia de lo anterior, en fecha 30 de octubre de 2003, se llevó a cabo una visita al predio de referencia por parte de funcionarios de la citada Dirección General de Administración Urbana y, por parte del Municipio de Tecámac, acudió al lugar el subdirector de Planeación, así como el jefe de inspectores, ambos adscritos a la Dirección General de Obra Pública, Desarrollo, Urbano y Planeación del Municipio de Tecámac; sin embargo debido a la dificultad para ubicar el predio y sus dimensiones exactas, se solicitó a los interesados que se acudiera a la oficina de catastro, a efecto de que se realizara un procedimiento de apeo y deslinde administrativo, situación que nunca aconteció. 3. Contrariamente, en fecha 25 de marzo de 2004, el Notario Público Número 48 del Estado de México solicitó del Municipio de Tecámac la certificación de clave y valor catastral, para el predio donde se pretende construir el desarrollo urbano antes descrito, propiedad de la C. Pilar Mijares de Septién (por ser éste un requisito indispensable en el proceso de aprobación de cualquier conjunto urbano), a lo que el titular de la Jefatura de Catastro contestó por oficio sin número, de fecha 6 de julio de 2004, que el predio de referencia contaba con registro de 32 claves registradas en fracciones del mismo inmueble, de las cuales 26 tienen ya registrado el pago de su impuesto predial, lo cual refiere que dicho terreno no tiene su superficie original. 4. Después de los hechos anteriores, no se dio nunca más ningún otro acercamiento entre las autoridades del Gobierno del Estado de México, ni de los particulares interesados en obtener las autorizaciones correspondientes, con las autoridades del Ayuntamiento de Tecámac, para tratar lo relativo a la autorización del conjunto ‘Rancho La Capilla.’. 5. En fecha 13 de septiembre de 2005, se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el ‘Acuerdo por el que se autoriza el conjunto urbano de tipo mixto (habitacional social progresivo, comercial y de servicios) denominado ‘Rancho La Capilla’, ubicado en el Municipio de Tecámac, Estado de México’; expedido por el arquitecto Miguel Ángel García Beltrán González, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de México."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son los siguientes:

"El acuerdo que se impugna es contrario a lo establecido en los artículos 115, fracciones I, II, III, inciso a) y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5.1. 5.2. 5.5. 5.6. 5.10. fracciones XV y XVI, 5.36. y 5.43. del Código Administrativo del Estado de México; 17, párrafo segundo, 18, fracción II, 45, fracción VIII, inciso F), 52, fracción VII del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; por haberse emitido sin la anuencia del Ayuntamiento, en razón de lo siguiente: I. La autorización de un conjunto en el Estado de México, cualquiera que sea su naturaleza, requiere de diversas autorizaciones y permisos, entre los cuales se encuentran aquellos que son facultad de los Ayuntamientos y que se derivan de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal es el caso de su competencia en materia de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales; así también de la vigilancia de la utilización del suelo de su territorio, competencia que fue rebasada por el acto de autoridad que se combate, pues el mismo fue emitido sin las autorizaciones municipales correspondientes y sin la opinión del Ayuntamiento de Tecámac, por lo que se está ante una franca violación de la esfera de competencia municipal establecida en nuestra Carta Magna. El artículo 115 de nuestra Carta Magna, en su fracción III, inciso a), a la letra señala: ‘Artículo 115. ... III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.’. Así también, los incisos a) y d) de la fracción V del citado precepto constitucional rezan: ‘... V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; ... d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.’. Por lo anterior y, atendiendo a lo que establece el artículo constitucional en cita, en su fracción primera, la autoridad estatal no debió emitir el acuerdo que autoriza el conjunto urbano denominado ‘Rancho La Capilla’ sin las autorizaciones municipales y sin la anuencia del Ayuntamiento de Tecámac, toda vez que la competencia que otorga la Constitución Política Federal a los Municipios se ejerce de manera exclusiva por los Ayuntamientos, por lo que consideramos ilegal el acuerdo que autoriza el conjunto urbano en mención, pues dicho acto de autoridad vulnera el ámbito constitucional de competencia municipal. Lo anterior es así, en razón de que la intervención que debió tener el Municipio en la autorización del conjunto urbano referido, tiene su fundamento primario en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene claramente las atribuciones que son materia exclusiva de los Ayuntamientos para expedir los bandos de policía y gobierno, entre otros ordenamientos, con el objeto de organizar las materias, funciones, procedimientos y servicios públicos de su competencia; competencia ésta que abarca la facultad en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales, así como también lo relativo a la autorización, control y vigilancia de la utilización del suelo, conceptos que son de suma importancia en la autorización de cualquier conjunto urbano y que, para el caso que nos ocupa, están delimitadas en el bando municipal de policía y buen gobierno del Municipio de Tecámac y se encuentran reguladas en sus numerales 55 y 62, que son del tenor siguiente: ‘Artículo 55. La prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento se realizará a través del organismo descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento: O.D.A.P.A.S., el cual asume la responsabilidad de organizar y tomar a su cargo, la administración, funcionamiento, conservación y operación de este servicio, de acuerdo con la ley que lo rige, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el presente bando y demás disposiciones legales aplicables.’. ‘Artículo 62. El H. Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Planeación, controlará el desarrollo urbano municipal, supervisará los asentamientos humanos y realizará el control y vigilancia del uso de suelo, de conformidad con la Ley General de Asentamientos Humanos, el Código Administrativo del Estado de México, sus respectivos reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.’. En consecuencia de lo anterior, es que resulta ilegal el acuerdo que se impugna ante este Máximo Tribunal de la Nación, ya que el mismo vulnera la esfera de competencia que la Carta Magna otorga al orden de gobierno municipal, pues autoriza un conjunto urbano dentro del Municipio de Tecámac, invadiendo facultades que son exclusivas de los Ayuntamientos y que, siguiendo el principio de supremacía constitucional, deben prevalecer sobre cualquier ordenamiento de diferente jerarquía. Apoyan nuestro razonamiento las siguientes jurisprudencias: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. El sistema de distribución de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se integra básicamente y, en lo que atañe a las hipótesis examinadas, por las facultades conferidas expresamente a la Federación, las potestades asignadas en el artículo 115 de la misma a los Municipios y, por las restantes que, de acuerdo con su artículo 124, corresponden a las entidades federativas. Así, el ámbito competencial de los Estados se integra, en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la Federación o a los Municipios.’. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS OBJETIVOS DEL ORDEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL SON LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA Y EL CONTROL DE SU EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES DE LOS DEMÁS ÓRDENES JURÍDICOS. El orden jurídico constitucional establece, en su aspecto orgánico, el sistema de competencias al que deberán ceñirse la Federación, Estados y Municipios y Distrito Federal y, en su parte dogmática, previene las garantías individuales en favor de los gobernados que deben ser respetadas, sin distinción, por las autoridades de los órdenes anteriores, según puede desprenderse del enunciado del artículo 1o. constitucional. Además de las funciones anteriores, el orden constitucional tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones establecidas en favor de las autoridades, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la Constitución Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violación de garantías individuales, o bien, afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico.’. En esta tesitura es que consideramos que, conforme a una interpretación integral y de acuerdo a la teleología del artículo 115 de nuestra Carta Magna, la facultad de prestar los servicios públicos, en específico, el servicio de suministro de agua potable, alcantarillado y drenaje, corresponde exclusivamente al Ayuntamiento; en consecuencia, al ser la factibilidad de servicios de agua potable y drenaje un requisito indispensable para la autorización de cualquier conjunto urbano, así como también lo es la certificación de clave catastral y el alineamiento y número oficial y, toda vez que la autorización que se recurre carece de tales elementos que debieron ser emitidos por la autoridad municipal, concluimos la invasión competencial del Estado de México a este Municipio de Tecámac; por lo que solicitamos se declare su invalidez constitucional. II. En ese mismo orden puede leerse el párrafo número diecisiete de los considerandos contenidos en el acuerdo que se combate, que expresamente señala: ‘Que una vez realizado el estudio correspondiente de la documentación exhibida, tanto desde el punto de vista técnico como del legal, se llegó a la conclusión de que están satisfechos los requisitos que señala el Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México para la autorización del conjunto urbano’, lo cual no corresponde a la realidad, en virtud de que, como puede leerse en el mismo acuerdo, no existe ningún antecedente de la concurrencia de las autoridades del Municipio de Tecámac, tal y como lo establece el artículo 5.6. del Código Administrativo en cita, mismo que a la letra señala: ‘Artículo 5.6. Las acciones de planeación, programación, ejecución, supervisión, administración, control, seguimiento y evaluación relativas al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y al desarrollo urbano de los centros de población en el Estado, deberán realizarse por las autoridades de los distintos órdenes de gobierno de manera coordinada y concurrente.’. Siendo que el mismo ordenamiento legal, en su artículo 5.5. establece como autoridades competentes a la legislatura, al gobernador del Estado, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y a los Municipios. Ahora bien, las fracciones XV y XVI del artículo 5.10. del Código Administrativo del Estado de México establecen como atribuciones de los Ayuntamientos, la de ‘Emitir dictámenes y autorizaciones de su competencia en el seno de los órganos técnicos estatales de coordinación interinstitucional, evaluación y seguimiento, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda, en relación con los asuntos de su circunscripción territorial.’ (como lo es la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda), así como ‘Emitir dictámenes de factibilidad de dotación de servicios públicos.’. Así también, el mismo Código Administrativo, en su numeral 5.43. en correlación con los artículos 45, fracción VIII, inciso F) y 52, fracción VII, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo, establece que el expediente para la autorización de los conjuntos urbanos se integrará con las autorizaciones, licencias y dictámenes que emitan las dependencias y organismos de la administración pública federal, estatal y municipal que concurran a la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda; siendo que, en específico, el citado artículo del Código Administrativo establece, en su párrafo segundo, que los Municipios expedirán la factibilidad de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales y la certificación de clave catastral, requisitos que no fueron emitidos por las autoridades municipales competentes, conforme a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción segunda y la fracción tercera del citado artículo 115 de la Constitución Federal, en correlación con los numerales 55 y 62 del bando de policía y buen gobierno del Municipio de Tecámac que, para el caso que nos ocupa, son actos facultad del organismo descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, O.D.A.P.A.S., así como de la jefatura de Catastro, respectivamente, y que son elementos que no obran en el expediente que para tal efecto se integró en la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda; igualmente, carece de la constancia de alineamiento y número oficial, que constituye otro elemento que es competencia del propio Ayuntamiento, pues dicho acto no fue emitido por la autoridad Municipal competente que, para el Municipio de Tecámac, resulta ser el titular de la Subdirección de Desarrollo Urbano. Lo anterior se corrobora con los oficios expedidos por los titulares de cada dependencia municipal en comento, consistentes en: 1. Oficio sin número SDUM/475/005, de fecha 22 de septiembre de 2005, emitido por el subdirector de Desarrollo Urbano del Municipio de Tecámac, mismo que informa que dicha dependencia no ha expedido ninguna constancia de alineamiento ni número oficial para el predio donde se pretende construir el conjunto urbano ‘Rancho La Capilla.’. 2. Oficio sin número, de fecha 24 de septiembre de 2005, expedido por el jefe de Catastro Municipal de Tecámac, a través del cual informa que, para el predio donde se pretende construir el conjunto urbano ‘Rancho La Capilla’, no se emitió ninguna certificación de clave y, contrariamente, en su oportunidad, informó a los solicitantes que, en dicha propiedad, existen catastrales de diferentes propietarios y varias fracciones (adjunta a su oficio escritura pública número 13160, solicitudes de certificación de clave y valor catastral, recibo predial, aportación de mejoras, certificación expedida por la Tesorería Municipal, certificación expedida por el Registro Público de la Propiedad y escritura pública número 102337). 3. Oficio sin número, de fecha 26 de septiembre de 2005, emitido por el director general del Organismo Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac, O.D.A.P.A.S., a través del cual informa que el día siete de enero del presente año, se giró un oficio al Lic. Miguel Ángel Rubín Sánchez, representante legal de Cooperativa de Vivienda, Consumo y Logros Comunes, S.C. de R.L. de C.V., por medio del cual se le negó el dictamen de factibilidad de servicios de agua y drenaje. Documentos que serán ofrecidos y desahogados en la etapa probatoria correspondiente. No escapa a la demandante, que el propio acuerdo que se impugna, en su párrafo décimo de los considerandos, señala que la Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, mediante oficio No. 206B10000/FAC/13/2005, de fecha 8 de febrero de 2005, otorgó la factibilidad de servicios de agua potable y drenaje para 3,030 viviendas; sin embargo, la competencia en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es una facultad exclusiva de los Ayuntamientos, tal como lo establece el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Carta Magna, con lo que se refuerzan los argumentos que corroboran la invalidez del acto impugnado. III. Siguiendo con el mismo orden, la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda es un órgano interinstitucional de coordinación entre los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal; sin embargo, para la integración de las autorizaciones del conjunto urbano denominado ‘Rancho La Capilla’, se vulneran en perjuicio de la esfera de competencia del Municipio de Tecámac, los artículos 5.11. y 5.12. del código sustantivo de la materia, así como los numerales 17, párrafo segundo y 18, fracción II, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, estos últimos que son del tenor siguiente: ‘Artículo 17. La comisión a que se refiere el artículo 5.11. del código será presidida por el titular de la secretaría, contará con un secretario técnico y estará integrada por representantes de: ... Contará con la intervención de los Municipios respectivos, cuando se traten asuntos de su ámbito territorial de competencia, a través de representantes de la dependencia encargada del desarrollo urbano, el organismo operador de los servicios de agua potable y drenaje y la dependencia encargada del catastro.’. ‘Artículo 18. La comisión en su funcionamiento observará las siguientes reglas: I. Integrará en su seno los dictámenes de factibilidad y de impacto regional, los cuales se conformarán con las autorizaciones, licencias y dictámenes de las instancias gubernamentales participantes, remitiéndolos a la secretaría ... II. Solicitará la concurrencia de los Municipios, de manera oficial y por escrito, cuando se traten asuntos de su ámbito territorial de competencia, así como de otras instancias gubernamentales federales y estatales que deban intervenir.’. En este orden de ideas, es que puede conocer esta autoridad, que el acuerdo que se combate no cuenta con ninguna autorización emitida por autoridades del Municipio de Tecámac; sin embargo, las autoridades estatales, de manera unilateral, señalan expresamente, en el párrafo dieciocho de los considerandos del acuerdo impugnado, que se trata de ‘un asunto de interés del Gobierno del Estado de México y del H. Ayuntamiento de Tecámac, apoyar la oferta de suelo para la generación de viviendas en la entidad’, sin que dicha autorización cuente con los requisitos que son competencia pura y exclusiva del Ayuntamiento de Tecámac. IV. Ahora bien, el Ayuntamiento de Tecámac no es ajeno a las necesidades de vivienda para la zona metropolitana, ni se ha cerrado a los proyectos de desarrollos habitacionales generados en los distintos órdenes de gobierno, pues, en términos de la planeación urbana, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac, autorizado en la Gaceta de Gobierno, el 10 de diciembre de 2003 (PMDU), contempla la ejecución del Proyecto Estratégico Nueva Tecámac (PENT) en la parte sur del Municipio, con un área total de 2,089.97 has., en las que se contempla la construcción de aproximadamente 126,000 viviendas, que representan el 22% de las viviendas totales previstas para la región metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco. El (PENT) responde a la previsión planteada en los niveles superiores de planeación (Plan Estatal de Desarrollo Urbano, Plan Regional del Valle Cuautitlán-Texcoco), que proyectan al Municipio de Tecámac como centro alternativo de crecimiento, contemplando servicios de cobertura mayores a la de su entorno inmediato, integrando el área tanto al contexto regional como a su contexto urbano (dentro del propio Municipio), mediante usos de suelo, vialidades y elementos estructuradores del desarrollo urbano, planteados de manera integral de ‘hacer ciudad en la ciudad’, de tal modo que el proyecto en comento contiene conceptos y lineamientos integradores, tales como la sustentabilidad ambiental, económica y social."

CUARTO. El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violado es el 115, fracciones I, II, III, inciso a) y V, inciso d).

QUINTO. Por acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 66/2005 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

Mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil cinco, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de México, al que ordenó emplazar para que formulara su respectiva contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de México, al contestar la demanda, señaló en síntesis:

1. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, relativa al previo agotamiento de la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, en el caso, el juicio contencioso administrativo, al tratarse de un acto administrativo dictado por el titular del Poder Ejecutivo Local, en términos de los artículos 1.7. del Código Administrativo y 229 del Código de Procedimientos Administrativos, ambos del Estado de México. Lo anterior, porque de estimar insatisfechos los requisitos para la expedición del acuerdo de autorización del complejo urbano en cuestión, el Municipio actor debió ocurrir, en primera instancia, a demandar su invalidez ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, órgano jurisdiccional competente para dirimir controversias que surjan con motivo de la emisión de actos administrativos, de conformidad con el artículo 202 del Código de Procedimientos Administrativos Local. En esta tesitura, al considerar que el expediente de autorización no había quedado debidamente integrado, conforme a la legislación aplicable, podría suponerse la existencia de un interés cualificado, a favor del Municipio, respecto de la legalidad del acto cuya invalidez demanda, interés que proviene de la afectación a su esfera jurídica, sea directa, sea derivada de su situación particular dentro del orden jurídico, posibilidad que encuadra en el supuesto previsto por el numeral 231 del ordenamiento antes mencionado, referido a la legitimación para interponer el juicio de que se trata.

De igual forma, se alude a la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal -relativa a los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de dicha ley-, en relación con la fracción VI del artículo 6o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado, manifestando que la autoridad competente para emitir el acuerdo de autorización para la construcción del conjunto urbano referido es el titular de la dependencia estatal mencionada, puesto que, por disposición de ley, se le faculta para autorizar conjuntos urbanos de más de mil viviendas -como en la especie acontece-, además de hacer énfasis en que el acto cuya invalidez se demanda se encuentra estrictamente apegado a derecho, al cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el numeral 45 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo Local.

Se invoca, en último término, la misma causal de improcedencia a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, aduciendo, en este punto, que el Municipio actor no tiene interés jurídico para demandar en esta vía, en virtud de que, de conformidad con el artículo 6o., fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado, la competencia para expedir acuerdos de autorización para la construcción de conjuntos urbanos de más de mil viviendas -tal es el caso del complejo urbano en cuestión- recae única y exclusivamente en el titular de la dependencia estatal mencionada, de lo que se concluye que la actuación del referido servidor público se encuentra apegada a derecho.

2. El acto cuya invalidez se reclama se encuentra estrictamente apegado a derecho, pues, dentro de las atribuciones y facultades del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, se comprende la relativa a la autorización de conjuntos urbanos habitacionales de más de mil viviendas, lo que, en la especie, se actualiza, toda vez que el acuerdo por el que se autoriza el conjunto urbano de referencia prevé la construcción de cuatro mil setecientas veintiséis viviendas, de ahí que, al haberse expedido de conformidad con los artículos 5.5., 5.6., 5.9., fracción XIV y 5.42., fracción III, del Código Administrativo del Estado de México, 45 y 52 del Reglamento del Libro Quinto de dicho código, 2 y 6, fracción XVI, del Reglamento Interior de la mencionada secretaría, no se invada la esfera de competencia del Municipio actor.

Por lo anterior, resulta inexacta la afirmación del Municipio actor, en el sentido de que, entre sus atribuciones, se encuentra "emitir dictámenes y autorizaciones de su competencia, en el seno de los órganos técnicos estatales de coordinación interinstitucional, evaluación y seguimiento, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda, en relación con los asuntos de su circunscripción territorial", en razón de que, como ha quedado de manifiesto, la autoridad competente para autorizar la construcción del conjunto urbano de referencia es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de México.

3. De igual forma, si bien es cierto que los Municipios están facultados para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, así como para otorgar licencias y permisos para construcciones, en términos de la fracción V, incisos d) y f), del artículo 115 constitucional, no menos cierto es que el propio precepto condiciona dicha facultad a lo que dispongan las leyes federales y estatales relativas. En este sentido, los numerales 31, fracciones II y XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 5.5., 5.6., 5.9., fracción XIV, 5.42., fracción III, del Código Administrativo Estatal, 2 y 6, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado, establecen que la autoridad competente en materia de regulación del desarrollo urbano de los centros de población y vivienda -que comprende, entre otros, la expedición de autorizaciones de conjuntos urbanos- es el titular de la dependencia estatal referida, por lo que, aun cuando se reconocen las facultades que la Constitución Federal confiere a los Municipios, se destaca la condicionante a que se sujeta el ejercicio de dichas facultades, esto es, lo dispuesto en las leyes federales y estatales que, a su vez, rijan la materia; por consiguiente, se concluye que, al no tener competencia para emitir el acuerdo que por esta vía se impugna, no se invade la esfera competencial del promovente.

4. Por otro lado, una vez otorgado el título de concesión número 13MEX104920/26HMGR04 por parte de la Comisión Nacional del Agua -órgano federal competente para otorgar concesiones sobre el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales- y al contar el predio en cuestión con pozo de agua propio, se consideró innecesario obtener de la autoridad municipal el dictamen de factibilidad de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, quedando debidamente integrado el expediente administrativo respectivo, al haberse cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 45 del Reglamento de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21253-f224f1fb/controversia-constitucional-el-acuerdo-por-el-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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