IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA EL CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O LA SUSPENSIÓN Y LOS AVISOS RECIBO QUE EXPIDE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. 15 DE OCTUBRE DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: ALBERTO AUGUSTO DE LA ROSA BARAIBAR, JOSÉ CASTRO AGUILAR, JOSÉ JUAN TREJO ORDUÑA Y ARTURO HERNÁNDEZ TORRES. DISIDENTES: JAVIER PONS LICÉAGA, RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ Y ÁNGEL MICHEL SÁNCHEZ, QUIENES FORMULAN VOTO PARTICULAR. PONENTE: JOSÉ CASTRO AGUILAR. SECRETARIO: BASILIO ROJAS ZIMBRÓN.
Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno del Decimosexto Circuito, correspondiente al día quince de octubre de dos mil trece.
VISTOS, Y;
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio número 4594 presentado en la Secretaría de Acuerdos del Pleno del Decimosexto Circuito el día veinticuatro de junio de dos mil trece, el Magistrado Víctor Manuel Estrada Jungo, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo denunció la posible contradicción de tesis, entre los criterios sustentados por ese Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja administrativo ********** en contra de lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo al resolver el recurso de queja administrativo **********.
El escrito mediante el cual se denunció la posible contradicción de tesis es del tenor siguiente:
"... Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 226, fracción IIII (sic) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, denunció la posible contradicción de tesis, existente entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de queja **********, y este Tribunal Colegiado, en la resolución dictada en el recurso de queja **********. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, en sesión de treinta y uno de mayo del presente año, al resolver el recurso de queja **********, cuya materia de análisis consistió en verificar la actuación del juzgador federal al desechar una demanda de amparo promovida contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, por considerar que no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, dispuso que el corte de suministro eléctrico o la suspensión y los avisos-recibo que eventualmente expide dicho ente, quedan comprendidos en una relación contractual entre el quejoso y la propia comisión, regulada por el derecho privado donde ésta actúa como particular, esto es, en un plano de igualdad, por lo que no realiza actos equivalentes a los de autoridad. Lo que ese órgano jurisdiccional estima se encuentra sustentado con diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que definen el origen y naturaleza de los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, al determinar que el cobro, aviso o corte de energía o incluso clausura del medidor, no son actos de autoridad, a saber: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (2a./J. 112/2010, publicada en la página 364 del Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (2a./J. 113/2010, publicada en la página 365 del Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J 167/2011 [9a.]).’ (2a./J. 167/2011, publicada en la página 1457 del Libro XIII, octubre de 2013, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Al respecto, el Segundo Tribunal precisó que el criterio contenido en la última tesis citada se generó durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior; sin embargo, resulta aplicable al caso porque no se opone a lo consignado en la ley vigente, dado que con ella se hace alusión al origen y naturaleza de los actos emitidos por el organismo descentralizado señalado como autoridad responsable, pero desde la perspectiva de su calidad de particular responsable. Asimismo, se indicó que no constituye obstáculo a la anterior conclusión que diversos ordenamientos jurídicos regulen el funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, dado que los actos reclamados no derivan de la aplicación directa de alguna de esas normas, sino de la falta de pago, por parte del quejoso, por la prestación del servicio contratado. Por tanto, consideró correcto el desechamiento de la demanda de amparo. Criterio que se encuentra en contradicción con el asumido por este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al resolver en sesión de trece de junio del presente año, el recurso de queja **********, toda vez que, ante la misma problemática, en él se determinó que no es notoria y manifiesta la causa de improcedencia relativa a que los actos reclamados de Comisión Federal de Electricidad no son de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que ese aspecto es propio de la sentencia, al ser susceptible de acreditarse dicha característica durante el trámite del juicio. No soslaya este órgano jurisdiccional que con la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, mediante la emisión de diversos criterios jurisprudenciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio del amparo cuando emite actos en virtud del contrato adhesivo de prestación del servicio de energía eléctrica, porque la relación existente con el particular usuario de dicho servicio es de coordinación y no de supra a subordinación. Sin embargo, se estimó que, con motivo de la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del presente año, de acuerdo con lo previsto en sus numerales 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, párrafo segundo, se introdujo al sistema jurídico constitucional mexicano, la posibilidad de controvertir en juicio de amparo, actos emitidos por particulares, cuando éstos sean equivalentes a los de autoridad, por afectar derechos humanos y estar determinadas sus funciones en norma general. Lo que, sostuvo este tribunal, lleva a rexaminar si la naturaleza jurídica de los actos que realiza el citado organismo lo coloca en el supuesto a que se refiere el artículo citado en último. No dejo de mencionar que se tiene listado el diverso recurso de queja **********, bajo la ponencia del Magistrado Ramiro Rodríguez Pérez, que se discutirá en sesión del próximo veintisiete de junio, cuya resolución se informará oportunamente a ese Pleno de Circuito. Por lo anterior, con fundamento en los preceptos citados inicialmente, se somete a su consideración la probable contradicción de tesis, para lo cual le remito copias fotostáticas certificadas del escrito de agravios que dio origen al citado recurso de queja del índice de este Tribunal Colegiado, así como de la ejecutoria respectiva y el disco compacto que la contiene."
SEGUNDO. Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil trece, el Magistrado presidente de este Pleno del Decimosexto Circuito, ordenó formar y registrar el expediente respectivo con el número de contradicción de tesis 1/2013 y, solicitó al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, copia certificada de la ejecutoria emitida en el recurso de queja administrativo **********; así como a los tribunales contendientes, para que informaran si los criterios sustentados en los asuntos con los que se denuncia la contradicción de tesis, de sus índices, respectivamente, se encuentran vigentes, o en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.
TERCERO. Mediante proveídos de fechas veintisiete de junio y uno de julio, ambos de dos mil trece, el presidente de este Pleno del Decimosexto Circuito tuvo por cumplido el requerimiento hecho a los presidentes de los tribunales contendientes, quienes informaron que los criterios sustentados por los órganos colegiados que presiden se mantienen vigentes.
CUARTO. Por auto de tres de julio de dos mil trece, el presidente de este Pleno del Decimosexto Circuito acordó turnar el asunto a la ponencia del Magistrado José Castro Aguilar, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno del Decimosexto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41, Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente.
SEGUNDO. Debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, los artículos 107, fracción XIII, párrafo primer, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo establecen que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de un mismo circuito en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron.
En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los preceptos legales invocados, ya que la formuló el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito; órgano jurisdiccional que resolvió uno de los asuntos de los que deriva la presente contienda.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los antecedentes que derivan de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.
Así las cosas, cabe destacar que el denunciante de la contradicción de tesis en que se actúa, en su escrito correspondiente adujo que existe discrepancia entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al emitir la resolución correspondiente en el recurso de queja administrativa **********; y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del propio circuito, al emitir resolución en el recurso de queja administrativo **********.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, en sesión del día trece de junio de dos mil trece, resolvió por mayoría de votos el recurso de queja administrativo **********, interpuesto por **********, en los siguientes términos:
"QUINTO. En atención a la causa de pedir, son fundados los agravios de la inconforme y suficientes para revocar el auto recurrido, dado que a través de ellos pretende la tramitación del juicio de amparo. Para demostrar ese aserto, debe apuntarse que la facultad del Juez de Distrito para desechar una demanda de amparo se encuentra en el artículo 113 de la Ley de Amparo y sólo se actualiza cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que está plenamente acreditado, pues no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, en esos casos, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por lo tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En caso contrario, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de que ésta opere, no debe ser desechada la demanda, pues se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio, por tanto, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente lo planteado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio jurisprudencial de que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones, pues sólo por excepción en los precisos casos que marca el numeral relativo de la Ley de Amparo (artículos 73 abrogado y 61 vigente), puede impedirse el acceso a dicho medio de control constitucional, y por lo tanto, de más enérgica aplicación de la facultad para desechar de plano una demanda. Sustenta jurídicamente el anterior aserto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 35 del tomo 84, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones.’. Así, la justa interpretación del artículo 113 de la Ley de Amparo es, que los términos de la propia demanda acrediten un motivo notorio de improcedencia o, como dice el propio artículo, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como por ejemplo, el caso de extemporaneidad de la demanda si la promoción del juicio de garantías se realiza después del término fijado por la ley, cuando en la propia demanda se expresa por el agraviado, la fecha en que se le notificó la resolución o acuerdo que reclama o aquella desde la que haya tenido conocimiento de los hechos que estima violatorios de garantías o de su ejecución, o que se hubiese ostentado sabedor de ellos; o de manera más contundente, cuando se reclamen actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los acuerdos administrativos o resoluciones jurisdiccionales; o las sentencias dictadas en los juicios de amparo, o alguna otra en que no quepa duda alguna de que existe la improcedencia, pues de lo contrario, la demanda debe ser admitida. Inclusive puede darse el supuesto que exista jurisprudencia perfectamente aplicable al caso concreto, en la que el Máximo Tribunal de Justicia del País se haya pronunciado en el sentido de que determinado acto imputado a cierta autoridad hace improcedente el juicio de amparo, caso en el cual, se torna innecesario el trámite del asunto, si por la aplicación del criterio obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente con independencia del momento procesal en se determine lo correspondiente. Cabe apuntar, que no toda causa de improcedencia, por el solo hecho de estar prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede justificar que al proveer sobre la demanda el Juez de Distrito, la deseche de plano con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, como, verbigracia, el caso de la prevista en la fracción XII de aquel numeral, esto es, la falta de interés jurídico, pues no es en todos los casos un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías, en tanto que puede acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional, mediante las pruebas que al efecto se aporten. Entonces, ante la mínima duda respecto de la procedencia del juicio de amparo, debe admitirse la demanda de garantías, porque el motivo aparente que en principio se advirtiera aun no es claro y evidente como para desechar de plano la demanda de amparo, por ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional. Así las cosas, por regla general debe estimarse procedente el juicio de garantías y proceder a su admisión, pues de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que considere le ocasiona perjuicio. Lo anterior, sin perjuicio de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada en la audiencia constitucional así lo impone legalmente. Apoya lo anterior el contenido de la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, del Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’. Ahora, en el caso concreto, del análisis de la demanda de amparo, se tiene que **********, promovió juicio de garantías en contra del corte definitivo del suministro de energía eléctrica o su suspensión, así como de los aviso-recibos que expida a su favor la Comisión Federal de Electricidad, dado que no ha realizado los pagos correspondientes por la prestación de ese servicio y que dichos comprobantes carecen de fundamento legal. Con la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, mediante la emisión de diversos criterios jurisprudenciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio del amparo cuando emite actos en virtud del contrato adhesivo de prestación del servicio de energía eléctrica, porque la relación existente con el particular usuario de dicho servicio es de coordinación y no de supra a subordinación. Sin embargo, con motivo de la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de este año, se introdujo al sistema jurídico constitucional mexicano, la posibilidad de controvertir en juicio de amparo, de acuerdo con lo previsto en sus numerales 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, párrafo segundo, actos emitidos por particulares, cuando éstos sean equivalentes a los de autoridad, por afectar derechos humanos y estar determinadas sus funciones en una norma general. Lo que lleva a rexaminar si la naturaleza jurídica de los actos que realiza el referido organismo, lo coloca en el supuesto a que se refiere el artículo citado en último término. Empero, no es pertinente que dicho análisis se realice en el proveído inicial del juicio de amparo indirecto, dado que no puede llevarse a cabo en forma exhaustiva, por no ser ese momento el oportuno, ya que en esa etapa procesal, únicamente se pueden tomar en consideración los argumentos que se plasmen en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 929 del Libro X, julio de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’. Además, el artículo 108 de la Ley de Amparo, al establecer los requisitos de una demanda de amparo indirecto, no obliga a que el quejoso acredite que el acto que reclama tiene la naturaleza de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, o que el particular que lo haya emitido guarde las características a que se refiere el diverso numeral 5o., fracción II, del propio ordenamiento jurídico, sólo conmina a que se señale el ente del que proviene el acto reclamado, que en el caso se trata de la Comisión Federal de Electricidad; luego, si en la demanda de amparo se cumple en principio, con esa disposición, el Juez Federal no está facultado para agregar análisis que no están establecidos en la ley. De ahí que el Juez Federal en el auto que se dicte con motivo de la presentación de una demanda de amparo indirecto, no puede llevar a cabo, el análisis de los actos reclamados, con el propósito de verificar si constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Consecuentemente, no es notoria, manifiesta ni indudable la causa de improcedencia observada por el Juez de Distrito, que se recoge del contenido de los artículos 5o., fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y, por ende, lo correspondiente es admitir a trámite el libelo constitucional."
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al dictar sentencia en el recurso de queja administrativo **********, fallado por unanimidad de votos, en la sesión de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, determinó lo siguiente:
"QUINTO. Los conceptos de agravio son infundados. En el acuerdo recurrido, el Juez de Distrito determinó desechar la demanda, de conformidad con los artículos 113, en relación con el 61, fracción XXIII, 1 y 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, porque la Comisión Federal de Electricidad, por conducto del superintendente de zona Celaya, División de Distribución Bajío de la Comisión Federal de Electricidad y gerente de Juventino Rosas, Guanajuato, no tienen la calidad de responsables en su carácter de particulares, puesto que los actos reclamados consistentes en el corte definitivo de suministro eléctrico o la suspensión y los avisos-recibo que expida, no reúnen los requisitos previstos en el artículo 5 de la Ley de Amparo, esto es, a) no equivalen a los de autoridad, b) que afecten derechos, c) mediante el uso de funciones determinadas por una norma general. Expone el recurrente en el primer agravio que la resolución impugnada le causa agravio, porque contrario a lo estimado por el Juez de Distrito, la Comisión Federal de Electricidad sí realiza actos equivalentes a los de autoridad, porque se encuentra demostrado el primer elemento para tal efecto, pues ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, porque trata de hacer efectivo un contrato de adhesión, respecto del cual no tiene la certeza jurídica de su existencia y, en consecuencia, de su contenido, incluyendo su registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor y si se encuentra aprobado por las autoridades correspondientes, situación que lo deja en indefensión. De ahí que, sostiene, el actuar de la comisión es arbitrario, infundado, injusto o inconstitucional, ya que pretende ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, sin orden judicial en tal sentido, lo que conculca sus ‘garantías’ constitucionales, de libertad de trabajo, de seguridad jurídica, de posesión, propiedad, de molestia y de legalidad. Asimismo, señala que es importante la existencia del contrato de adhesión para perfeccionar la relación contractual y suponiendo sin conceder que se acreditara la existencia de éste, se estaría ante las consecuencias jurídicas de dicho contrato y un acuerdo de voluntades; sin embargo, si no se acredita su existencia o no existe, es claro y obvio que se trata de una relación contractual simple, por tanto, la Comisión Federal de Electricidad tendría que obtener, previo procedimiento, una sentencia en la que cual por mandato judicial se ordene el corte definitivo o temporal del servicio de suministro de energía eléctrica, por lo que se encuentra en estado de incertidumbre, porque desconoce su situación jurídica ante la comisión. De igual forma, refiere, que resulta incorrecto el señalamiento del Juez de Distrito en el sentido de que no se encuentra acreditado el segundo elemento relativo a la afectación de derechos, cuando se trata de actos atribuidos a las instituciones señaladas como responsables particulares, pues como lo manifestó en el escrito de demanda, se atentan contra la libertad de trabajo contenida en el artículo 5 constitucional. En el caso, afirma, los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal contienen disposiciones que imponen un deber de hacer o de no hacer a los particulares. Del análisis de esos artículos, aduce, se puede establecer que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique al trabajo que le acomode, en tanto que el quejoso es agricultor, da trabajo a algunas personas, es un trabajo honesto que no se encuentra prohibido por la ley y no es ilícito; por lo que la Comisión Federal de Electricidad pretende privarlo de su trabajo, dejándolo en estado de indefensión, ya que no existe algún medio de defensa legal para impugnar el aviso-recibo, los excesivos cobros que pretende hacer la paraestatal, así como el corte de suministro eléctrico. Se podría creer, sostiene, que sí existe medio de impugnación, pues dentro del manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público, en su disposición trigésima novena y cuadragésima, señala el recurso de revisión; sin embargo, de conformidad con la tesis de rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN QUE EMITE EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN FORMULADA CONTRA UN AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’, se establece que la Comisión Federal de Electricidad no es una autoridad para tal efecto, por lo que está ante una incongruencia e inconstitucionalidad hacía los gobernados. En ese caso, al no existir un procedimiento legal, la multimencionada paraestatal hace justicia por sí misma y en algunas ocasiones ejerce violencia, toda vez que no da aviso de corte, entra a propiedades privadas para realizar sus maniobras. En esos casos, se priva de un derecho a una persona sin que se le otorgue la garantía de audiencia, que es uno de los mayores sustentos del Estado de derecho y que se reconoce en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales, por ejemplo el artículo 8o. de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refiere a las garantías judiciales. En consecuencia, si la Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, para efectos de expedición de avisos-recibos y en consecuencia el corte de suministro eléctrico, no es autoridad para el juicio de amparo y para el contencioso administrativo, los gobernados se encuentran en estado de indefensión ante las arbitrariedades de dicha autoridad y, por tanto, dicha paraestatal pretende privarla de su trabajo, que es una forma honesta de vida, además no haber llevado algún procedimiento legal en el cual puede haber sido oído y vencido. El Juez de Distrito se refiere al último de los elementos, consistente en que la afectación de derechos se dé mediante el uso de funciones determinadas por una norma general y que dicho elemento no se advierte de los actos atribuidos a las referidas instituciones señaladas como responsables, lo que se estima resulta incongruente porque la Comisión Federal de Electricidad cuenta con diversos ordenamientos jurídicos, entre ellos, el artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, tercera del Manual de Disposiciones Relativas al Suministro y Venta de Energía Eléctrica Destinada al Servicio Público; y, 86, 86 Bis, 86 Ter, 86 Quáter, 87, 87 Bis, 87 Ter, 88, 89, 90 y 90 Bis, de la Ley Federal de la Procuraduría del Consumidor. De donde se puede concluir, afirma, que efectivamente la Comisión Federal de Electricidad sí se encuentra realizando diversos actos equivalentes a los de autoridad que afectan derechos mediante el uso de funciones determinadas por una norma general, por lo que sí es procedente la admisión del juicio de amparo promovido. Los anteriores argumentos son infundados. Esto es así, porque, como acertadamente lo estimó el Juez de Distrito los actos reclamados consistentes en el corte de suministro eléctrico o la suspensi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24766-50a27c1d/improcedencia-notoria-y-manifiesta-del-juicio-de-garantias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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