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Modo: Corpus Pro

NEGATIVA FICTA. PUEDE CONFIGURARSE RESPECTO DE LA RECLAMACIÓN DE UNA INDEMNIZACIÓN AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y AL CONGRESO DE LA UNIÓN CON BASE EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2018. · Registro digital (IUS): 28395
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-03-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, Pág. 2211.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ROGELIO CEPEDA TREVIÑO, DAVID PRÓSPERO CARDOSO HERMOSILLO Y JORGE MEZA PÉREZ. PONENTE: ROGELIO CEPEDA TREVIÑO. SECRETARIA: PRISCILA PONCE CASTILLO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 10 y 49 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, y de acuerdo con lo establecido en el oficio SECJACNO/CNO/1255/2014, emitido por el secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis, en materia administrativa, sustentadas por dos Tribunales Colegiados de este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, fue realizada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, dado que participa en la presente contradicción de tesis; por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente acudir a ciertos antecedentes y relatar brevemente las consideraciones en que se basaron las ejecutorias pronunciadas en los amparos directos de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para después proceder a su análisis.

En principio conviene establecer como antecedente, que los fallos emitidos en los amparos directos 291/2016 y 333/2016 materia de esta contradicción de tesis, tienen su origen en juicios de nulidad promovidos ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en contra de una resolución negativa ficta, recaída a un escrito presentado el seis de marzo de dos mil quince, ante la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como ante la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en donde se reclamó una indemnización de daño moral en cantidad de $ ********** (********** de pesos moneda nacional y $ ********** (********** de pesos moneda nacional) respectivamente.

Las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitieron la demanda de nulidad, pero determinaron el sobreseimiento en el juicio, al estimar que no se configuraba la negativa ficta.

Inconformes con dicha determinación los quejosos promovieron los juicios de amparo directos motivo de esta contradicción de tesis.

Al respecto, las personas quejosas indistintamente interpusieron juicios de amparo, en los que, los Tribunales Segundo y Primero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito sostuvieron los criterios siguientes:

1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el amparo directo 291/2016 interpuesto por **********, en donde se le concedió el amparo solicitado, el órgano Colegiado sostuvo:

"Son fundados los conceptos de violación antes sintetizados, toda vez que, contrario a lo señalado por la Sala responsable, en el caso, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracciones II y XI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que sí se configuró la existencia de una resolución negativa ficta, con motivo de la reclamación de indemnización presentada por el quejoso regulada por la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

"Lo anterior, en virtud de que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como el Poder Legislativo, como entes públicos federales, se encuentran sujetos a dicha ley, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracciones VIII y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicho tribunal es competente para conocer del juicio que se promueva contra las resoluciones que se configuren por negativa ficta en materia de indemnizaciones con motivo de la reclamación en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado."

En principio, se tiene que de la interpretación de los artículos 1, 2, párrafo primero, 9 y 18 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se obtiene que tal ordenamiento tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

También se obtiene que, para los efectos de esa ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

Que serán sujetos de dicha ley, los entes públicos federales, entre los cuales se encuentran los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la Federación, organismos constitucionales autónomos, dependencias, entidades de la administración pública federal, la Procuraduría General de la República, los Tribunales Federales Administrativos y cualquier otro ente público de carácter federal.

De la misma manera, se señala que a falta de disposición expresa en el citado ordenamiento, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Fiscal de la Federación, el Código Civil Federal y los principios generales del derecho.

Y, que la parte interesada deberá presentar su reclamación ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señalando en su demanda, en su caso, el o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular.

Ahora bien, el artículo 2o., primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (vigente en la época de los hechos), dispone que el juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por su parte, el artículo 14, fracciones VIII y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (vigente en la época de los hechos), establecía que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocería de los juicios que se promovieran contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, entre las que se encuentran, las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado, así como las que se configuren por negativa en dicha materia, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses.

En ese sentido, es jurídicamente válido concluir, que la negativa ficta no sólo se puede configurar respecto de autoridades fiscales o las que le sea aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sino también, tratándose de actos relacionados con la reclamación en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual señala como sujetos obligados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como al Poder Legislativo Federal, en este último caso, atendiendo al plazo de tres meses previsto en la fracción XIV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (vigente en la época de los hechos).

En el caso, se tiene que el actor promovió juicio de nulidad contra la resolución negativa ficta, recaída al escrito que presentara el seis de marzo de dos mil quince, ante la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como ante la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual reclamó una indemnización por daño moral en cantidad de $********** (********** de pesos 00/100 M.N.).

"Una vez admitida la demanda de nulidad, la Sala responsable determinó sobreseer en el juicio antes del cierre de la instrucción, esto al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en las fracciones II, XI y XVI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que, dijo la responsable, no se configuró la negativa ficta contenida en los artículos 37 del Código Fiscal de la Federación y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que dicha figura debe interpretarse en relación con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, esto al quedar demostrado que el actor formuló su petición ante autoridades que no tienen el carácter de fiscales o administrativas.

Bajo ese contexto, no se conviene con la determinación de la Sala de tener por actualizada la causa de improcedencia antes señalada y sobreseer en el juicio de nulidad, ya que, como se destacó en esta ejecutoria, sí es posible tener por actualizada la negativa ficta tratándose de una reclamación presentada ante los entes públicos federales, señalados en el artículo 2, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, entre los que se encuentran el Poder Legislativo y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Sin que se oponga a lo anterior, el hecho de que a dichos entes no le sea aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo al no tener el carácter de autoridades fiscales o administrativas represente un obstáculo para tener por configurada la negativa ficta, puesto que es la fracción XIV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (vigente en la época de los hechos) la que dispone que tal ficción se actualizará por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, es decir, establece el plazo genérico de tres meses en caso de que no sea aplicable el Código Fiscal de la Federación o la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por tanto, fue jurídicamente incorrecto que la Sala responsable decretara el sobreseimiento en el juicio con base en la causa de improcedencia antes señalada, porque se reitera, en el caso sí se encuentra configurada la resolución negativa ficta impugnada por el actor en el juicio de nulidad. De ahí que resulten fundados los conceptos de violación.

2. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el amparo directo 333/2016, negó el amparo solicitado a la quejosa, **********, para ello el Tribunal Colegiado en lo que es la materia de la contradicción consideró:

Son infundados los anteriores argumentos.

"Lo anterior es así, toda vez que aun cuando la negativa ficta se dirija a buscar el análisis del fondo del asunto, esto es resolver sobre la legalidad de la petición, instancia o recurso promovido por el accionante, constituye un elemento esencial de existencia de la figura de mérito, que ésta se actualice respecto de una cuestión relativa a las materias sobre las cuales puede resolver el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues resulta lógico y evidente que si la juzgadora carece de competencia material para conocer del asunto, no puede emitir pronunciamiento de fondo sobre el tema.

Bien, en el caso tenemos que la actora promovió demanda de nulidad contra la resolución negativa ficta, recaída al escrito que presentara el seis de marzo de dos mil quince, ante la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como ante la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, mediante el cual reclamó una indemnización por daño moral en cantidad de $********** (********** de pesos 00/100 M.N.).

Bajo esa tesitura, el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé lo siguiente:

"Artículo 2o. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación.

"Las autoridades de la administración pública federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley."

Precepto del que se advierte que el juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por su parte, el artículo 14, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en que se apoyó la actora para justificar la acción intentada, establece:

"Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

"...

"XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución afirmativa (sic) ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

"No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa."

De la anterior fracción se advierte que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, como el estatuido en la fracción XIV, que alude que cuando se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución afirmativa ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

Así, de conformidad con dicho precepto las hipótesis que se configuren por negativa ficta se señalan en forma expresa en la ley, por el transcurso del tiempo que señala el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o cualquier otra ley vinculada con la materia, es decir, que alude a resoluciones netamente administrativas.

Por otro lado, el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación prevé:

"Artículo 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte.

"El plazo para resolver las consultas a que hace referencia el artículo 34-A será de ocho meses.

"Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término o (sic) comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido."

Artículo del que se aprecia que las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses.

En esa idea, el artículo 1 del reglamento interior de dicho código sustantivo, define qué debe entenderse por autoridades fiscales:

"Artículo 1 Para los efectos de este reglamento se entenderá por:

"I. Autoridades fiscales, aquellas unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales que conforme a sus leyes locales estén facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales, de los órganos administrativos desconcentrados y de los organismos descentralizados que ejerzan las facultades en materia fiscal establecidas en el código y en las demás leyes fiscales, en el ámbito de sus respectivas competencias; y

"II. Código, el Código Fiscal de la Federación."

Por otro lado, los artículos 1 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, también contemplan la figura jurídica de la negativa ficta y se vincula con los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, y a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva; y, que los plazos no podrán exceder de tres meses para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que conforme a derecho corresponda.

Asimismo, se advierte del segundo de los nombrados que el ámbito de aplicación se restringe a la dependencia y organismo descentralizado, entidades ya definidas por la ley y que pertenecen a la administración pública descentralizada.

De lo anterior, se infiere que las entidades que pertenecen a la administración pública descentralizada, se componen por:

1. La oficina de la presidencia de la República,

2. Las Secretarías de Estado,

3. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; y,

4. Los órganos reguladores coordinados que integran la administración pública centralizada.

Por otro lado, los organismos descentralizados de la administración pública federal, como actos de autoridad, se integran por:

1. Los organismos descentralizados,

2. Las empresas de participación estatal,

3. Las instituciones nacionales de crédito,

4. Las organizaciones auxiliares de crédito,

5. Las Instituciones Nacionales de Seguros y Fianzas; y,

6. Los fideicomisos.

Del citado precepto se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es de naturaleza jurídica autónoma, diferente a la administración pública centralizada y paraestatal, competente para resolver las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública, para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

De lo anterior se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer y resolver sobre las impugnaciones que se interpongan contra las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, que no es un órgano de la administración pública, pues depende de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al tratarse de resoluciones ya que dichas resoluciones tienen un carácter administrativo.

De lo anterior, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un órgano contencioso administrativo, investido de autonomía para emitir sus propias resoluciones, con la organización y atribuciones que marca la ley de la materia.

De lo hasta aquí narrado se puede apreciar que las citadas dependencias y organismos son de un ámbito jurídico diferente al Poder Legislativo Federal, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de ahí que a éstas no lo es aplicable la citada normatividad en relación a la pretensión de la actora.

Por tanto, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores de dicho Congreso no forman parte de la administración pública descentralizada, ni son organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal, por lo que a éstos no le es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De ahí que, por lo que respecta a la petición formulada por el hoy actor en su escrito presentado el seis de marzo de dos mil quince, no puede configurarse la resolución negativa ficta, prevista en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En efecto, tratándose del quehacer de las autoridades jurisdiccionales, atento al principio de que éstas sólo pueden hacer lo que la ley les permita, si en el caso de su inactividad no está regulada en cuanto a que produzca consecuencias, por el solo transcurso del tiempo (afirmativa o negativa ficta), es evidente que aun en forma extemporánea están obligadas a actuar en consecuencia.

Por otro lado, por lo que hace a las Cámaras Baja y Alta del Congreso de la Unión (Poder Legislativo), éstas no forman parte de la administración pública centralizada, ni tampoco se trata de organismos descentralizados de la organización pública paraestatal, de ahí que no puedan ser consideradas como autoridades administrativas respecto al acto reclamado, de ahí que no sean aplicables los artículos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Además, la función pública que desempeñan las dependencias u organismos descentralizados, nada tienen que ver con el Poder Legislativo, pues la función de unos y otro difiere de manera sustancial, pues unos realizan actividades administrativas y el otro legislativas (Congreso de la Unión).

En ese contexto, la figura jurídica de la negativa ficta prevista en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no puede ser imputable a las autoridades que señaló la actora como demandadas, pues dicho dispositivo, ni de manera específica el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tienen una aplicación material o formal con éstas, pues sólo son aplicables tratándose de peticiones no contestadas por una autoridad formal y materialmente administrativa, más no jurisdiccional o legislativa, es decir, que ni el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ni las Cámaras de Diputados y Senadores, tienen el carácter de autoridades fiscales o administrativas; de ahí que no por el hecho de haberse presentado un escrito ante éstas, en términos de un derecho de petición, debe considerarse que se trate de una negativa ficta, pues para que ello sucediera, las autoridades deben contar con una investidura de autoridades fiscales en términos del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, o bien ser de carácter administrativo, como lo prevé el mencionado artículo 17.

En ese orden de ideas, contrario a lo sostenido por la impetrante de amparo, no por el hecho de que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, aludan a que la citada legislación tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización y que son sujetos de esa ley, entre otros, el Poder Legislativo y los organismos constitucionales autónomos, los tribunales federales administrativos y cualquier otro ente público de carácter federal, signifique que se deba pasar por alto el estudio de la procedibilidad de la negativa ficta, pues primero se debe determinar la procedibilidad de ésta para después determinar lo segundo; de ahí lo infundado de esta parte de los conceptos de violación.

Por otro lado, es infundado el motivo de inconformidad expuesto en el inciso B), toda vez que no es verdad que con la determinación de la Sala se impida el acceso a la justicia a la impetrante, por una indebida interpretación a las normas aplicables al caso concreto.

Cierto, como ya se vio en párrafos que anteceden, la Sala responsable no aplicó en forma indebida alguna norma, sino que ubicó la hipótesis del caso en las fracciones II, IX y XVI del artículo 8o., en relación con la fracción II, del diverso numeral 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En ese contexto, las causas de improcedencia son de estudio preferente y de orden público, de ahí que la Sala no estuviera obligada a analizar si eran aplicables, en cuanto al fondo, los artículos 1, 2, 9 y 18 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y de aquella normativa que resultara aplicable en forma supletoria; ello, con independencia de que no explica porqué eran aplicables al caso.

En tales condiciones, no pueden soslayarse la normativa del derecho interno de cada país, so pretexto de que se niega el acceso a la justicia, pues no se pueden desatender las reglas de derecho aplicables a cada caso en particular, luego lo conducente es examinar sus argumentos a la luz de las disposiciones legales que rijan en la materia bajo la cual se dictó la sentencia que nos ocupa.

Tampoco lo resuelto en este fallo implica una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, el cual consiste en un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así como al principio pro persona previsto en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que los derechos humanos se deben de interpretar conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas; toda vez que su aplicación no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, en virtud de que existen presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de garantías, los que deben cumplirse por razones de seguridad jurídica, para una correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas; en tales condiciones el derecho humano y el principio antes referidos no pueden ser fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio de amparo.

En ese contexto, el acceso a la justicia no le fue negado a la impetrante, pues tuvo la oportunidad de peticionar su negativa ficta, empero, no lo hizo ante las autoridades correspondientes, ni tampoco promovió el juicio ante la autoridad contenciosa administrativa competente; de ahí lo infundado de esta parte de los conceptos de violación.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar la procedencia de la contradicción de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro establece: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", en virtud de que dicho criterio ha sido interrumpido.

La forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados de Circuito en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por tales Tribunales Colegiados de Circuito.

En este sentido, la controversia denunciada que se pretende dilucidar a través de la presente ejecutoria, reside en determinar si la negativa ficta se puede configurar respecto de la indemnización reclamada al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al Congreso de la Unión con base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y examinar si la competencia material le corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Bajo este contexto, para comprobar que la contradicción de tesis es procedente, es indispensable determinar si existe necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación, más que en su producto. En otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28395-9afe042e/negativa-ficta-puede-configurarse-respecto-de-la-reclamacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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