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Modo: Corpus Pro

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. TRATÁNDOSE DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA CONFIGURADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTES DE IMPUGNARLA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO O EL JUICIO DE NULIDAD RESPECTIVO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. · Registro digital (IUS): 27242
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-07-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Pág. 599.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE VEINTE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, MARÍA ANTONIETA AZUELA GÜITRÓN, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ, FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA, RICARDO OLVERA GARCÍA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, HUGO GUZMÁN LÓPEZ Y MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO. PONENTE: JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA. SECRETARIO: LUIS ALFREDO FRAGOSO PORTALES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece; pues se trata de una posible contradicción de criterios suscitada entre dos Tribunales Colegiados en materia Administrativa del Primer Circuito.

En este punto, cabe aclarar que no pasa inadvertido que los juicios de amparo que propiciaron los recursos de revisión donde se emitieron los criterios discrepantes, dieron inicio durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, cuyo artículo 197-A disponía que las contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados serían denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta sería a quien correspondería dictar la resolución correspondiente; sin embargo, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se reformó el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, que actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; reforma que entró en vigor el cuatro de octubre de ese año, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.

Por lo anterior, pese a que los juicios de amparo que motivaron la contradicción de criterios surgieron antes de la mencionada reforma al citado precepto constitucional 107, fracción XIII, y se resolvieron conforme las disposiciones de la abrogada Ley de Amparo, ello no implica que -por ese motivo- a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conserve competencia transitoria para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que la denuncia relativa fue presentada el tres de enero de dos mil diecisiete y, por esa razón, se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa prevé actualmente dicho precepto constitucional; por tanto, si en la actualidad el texto vigente del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito (no especializados o especializados en una misma materia), resulta inconcuso que la competencia para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción, se surte en favor de este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.

No se soslaya la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 48/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO SIN ESPECIALIZACIÓN O ESPECIALIZADOS EN UNA MISMA MATERIA. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONSERVAN COMPETENCIA TRANSITORIA PARA CONOCER DE AQUÉLLA EN TANTO NO SE INTEGREN FORMAL Y MATERIALMENTE LOS PLENOS DE CIRCUITO.";(1) sin embargo, dicho criterio se emitió en una época en la cual los Plenos de Circuito aún no se habían integrado formal ni materialmente y, por ende, en aquel momento las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservaron competencia transitoria para conocer de las contradicciones de tesis indicadas, con fundamento en la competencia legal que en su favor preveían los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo cual, como ya se explicó, ahora no ocurre; de ahí que el criterio jurisprudencial aludido no resulte aplicable en la especie.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(3) pues, en el caso, fue denunciada por **********, en representación legal de **********, quien fue parte en los recursos de revisión donde se pronunciaron los criterios en pugna, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que se refiere el referido precepto.

TERCERO.-Posturas contendientes. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la divergencia de criterios denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe prevalecer, conviene tener presente las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.

Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.

Antecedentes del asunto.

Por escrito inicial presentado el **********, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, así como por ampliaciones subsecuentes, **********, en representación legal de **********, promovió juicio de amparo indirecto, reclamando de la Asamblea Legislativa, del jefe de Gobierno y otras autoridades, todas de la Ciudad de México, distintos programas delegacionales (totales y parciales) de desarrollo urbano para varias colonias de diversas delegaciones; el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), particularmente, el artículo 37, fracción V; la emisión de diferentes oficios; la falta de contestación a distintas solicitudes de certificados únicos de zonificación de uso del suelo; y, concretamente, en su tercer escrito de ampliación de demanda, se desistió respecto de actos reclamados cuyo reproche tenían como sustento la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su lugar, amplió su demanda de amparo contra la contestación en negativa ficta de distintas solicitudes de certificados de zonificación que atribuyó a la directora del Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, adscrita a la Dirección General de Administración Urbana, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México).

Una vez admitida la demanda de amparo, así como las seis ampliaciones de ésta, y estando el asunto debidamente integrado para el dictado de sentencia, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitió el asunto para su resolución a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, siendo turnado al Juzgado Sexto de Distrito de dicho Centro Auxiliar, el que dictó la sentencia que se terminó de engrosar el **********, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo solicitado.

Inconforme con esa sentencia, la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual quedó registrado con el número **********, donde el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó el fallo impugnado de sobreseimiento. Las razones que apoyaron su decisión, para lo que al tema en contradicción se refiere, son las siguientes:

"SÉPTIMO.-Análisis del segundo y tercer motivos de agravio. En el presente considerando se analizan de manera conjunta los agravios identificados como segundo y tercero, en atención a la estrecha relación que guardan entre sí, ya que ambos están dirigidos a controvertir que no se debió sobreseer en el juicio, con base en que se configuró la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que consideró que respecto a la contestación negativa ficta sobre diversas solicitudes, no se ha cumplido con el principio de definitividad.

"En primer término estima que, en el caso, que la negativa ficta está regulada por el artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de la cual se desprende que se trata de una ficción jurídica, pero que evidencia una resolución que carece de fundamentación.

"En consecuencia, al carecer de fundamentación, la negativa ficta puede ser combatida directamente en el juicio de amparo, pues de conformidad con el segundo párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la abrogada Ley de Amparo, que es muy clara al establecer: ‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación.’

"Así pues, sí se trata de una resolución de fondo, pero carente de fundamentación, por lo que resulta obvio el derecho de la quejosa para interponer el juicio de amparo, sin agotar el principio de definitividad, plasmado en el párrafo primero de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.

"Además aduce que también se violentan los criterios siguientes: P. XXXII/89, de rubro: ‘ACTOS DE APLICACIÓN AL QUEJOSO DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES PARA ÉL MEDIOS DE DEFENSA PARA COMBATIR LOS ULTERIORES.’; tesis P. XXXIII/89, ‘ACTOS DE APLICACIÓN AL QUEJOSO DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES PARA ÉL. EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LOS ULTERIORES, DEBE OTORGARSE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.’; y, criterio del Pleno de la Octava Época, de rubro: ‘ACTOS DE APLICACIÓN AL QUEJOSO DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES PARA ÉL EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LOS ULTERIORES, DEBE OTORGARSE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.’

"Lo anterior, en atención a que obtuvo un amparo previo en contra de los 16 programas delegacionales de desarrollo urbano del Distrito Federal, versión mil novecientos noventa y siete, de la que derivó la ejecutoria del amparo en revisión **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, lo que constituye un hecho notorio de la cual se puede concluir que de las constancias de autos se desprende que las autoridades responsables le han aplicado a su representada los programas delegacionales contra los cuales ella ha obtenido protección constitucional.

"Para dar contestación a los agravios de mérito, resulta conveniente traer a cuentas el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J. 136/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, página 245, cuyo texto a continuación se inserta:

"‘Novena Época

"‘Registro: 192641

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Tesis: jurisprudencia

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo X, diciembre de 1999

"‘Materia: administrativa

"‘Tesis: 2a./J. 136/99

"‘Página: 245

"‘PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA.’ (se transcribe)

"Del criterio interpretativo antes citado, se advierte que los juzgadores no deben sobreseer en un juicio de amparo en el cual se alegó la violación al artículo 8o. constitucional, por no haber sido atendido su derecho de petición, con base en que lo que en realidad aconteció es que se actualizó la negativa ficta sobre la solicitud elevada ante la autoridad.

"En el caso concreto, dentro del octavo concepto de violación del escrito inicial de demanda de garantías (fojas 52 a 63), se advierte que la quejosa hizo valer la violación directa al artículo 8o. constitucional, por violación al derecho de petición; sin embargo, en la tercera ampliación de demanda y desistimiento de actos reclamados, escrito presentado el **********, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ********** se desistió de los actos reclamados cuyo reclamo tienen por objeto la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su lugar, amplió su demanda de amparo contra la contestación en negativa ficta de las solicitudes de certificados de zonificación siguientes (fojas 588 a 605): (se inserta tabla)

"Negativa ficta que atribuyó a la directora del Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, adscrita a la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal del Gobierno del Distrito Federal.

"Sobre el desistimiento de los actos reclamados consistentes en la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, previa comparecencia de la apoderada de la quejosa, el seis de agosto de dos mil doce, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, tuvo a la quejosa por desistida de los actos consistentes en la falta de contestación de las solicitudes de certificados únicos de zonificación de uso de suelo que señaló en su demanda de garantías (foja 640).

"En consecuencia, dentro del trámite del juicio de garantías existe un desistimiento expreso con respecto a la violación al derecho de petición, y sólo subsistió el reclamo sobre la negativa ficta.

"Ante lo expuesto, se advierte que resulta infundado el argumento consistente en que no se debió sobreseer en el juicio de garantías con respecto a la actualización de la negativa ficta sobre las solicitudes de certificados únicos de zonificación de uso de suelo, ya que, expresamente, la quejosa se desistió sobre el acto reclamado consistente en la violación al derecho de petición y estimó expresamente actualizada la negativa ficta, por tanto, concedió que existía contestación recaída legalmente a sus solicitudes, sin que se actualizara una diversa excepción al principio de definitividad.

"En efecto, derecho de petición y negativa o afirmativa ficta son instituciones jurídicas diferentes, así lo explicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 51/98, que, en la parte que nos interesa a continuación, se inserta, con el objeto de ilustrarnos en el caso:

"En primer lugar, es preciso determinar la naturaleza jurídica de la garantía prevista en el artículo 8o. constitucional. Sobre el particular, esta Sala, al resolver la contradicción de tesis 18/98, el veinte de agosto de mil novecientos noventa y nueve, estableció:

"‘La administración pública es el conjunto de órganos que auxilian al Ejecutivo en el cumplimiento de sus atribuciones que, entre otras, comprende la administración de los recursos públicos para satisfacer los intereses generales. En el desarrollo de su actividad, la administración pública establece diversas relaciones con otros órganos del Estado, por ejemplo, con el Legislativo, al presentar un proyecto de presupuesto de egresos para determinar la suma de dinero que debe destinarse a cada uno de los sectores de la sociedad o, bien, con el Judicial, si los actos que realiza son sometidos a la jurisdicción de éste. Además, la actividad administrativa del Estado lo lleva a relacionarse con los gobernados, con quienes surge una serie de derechos y obligaciones recíprocos, que debe protegerse por el orden jurídico con la finalidad de salvaguardar la seguridad jurídica.

"‘Uno de los medios por los cuales se garantiza que las relaciones entre la administración pública y los gobernados se conduzcan dentro del marco de legalidad lo constituye el «derecho de petición», consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 8o., y que consiste en el derecho fundamental de toda persona a obtener respuesta a las peticiones que formule por escrito, en forma pacífica y respetuosa, a las autoridades públicas.

"‘En efecto, el precepto antes mencionado establece:

"‘«8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

"‘«A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.»

"‘En ese artículo constitucional se establece como garantía individual el llamado «derecho de petición», que consiste en que todo gobernado pueda dirigirse a las autoridades con la certeza de que recibirá una respuesta por escrito a la solicitud que formula. En realidad, el derecho de petición no se limita únicamente a la facultad de pedir algo a la autoridad, ya que el derecho público subjetivo que consagra aquel precepto, bien lo podríamos denominar derecho de respuesta, o más, precisamente, «derecho de recibir respuesta», pues la Constitución otorga la facultad de exigir jurídicamente que la autoridad responda a la petición que se le hace. En términos generales, el derecho de petición se refiere al requerimiento que hace el gobernado para que la autoridad, de modo congruente, atienda y dé contestación por escrito a la solicitud del peticionario.

"‘La riqueza del derecho de petición se manifiesta al constatar que sus diversas modalidades dan origen a las más variadas formas de relación institucional entre gobernantes y gobernados, y al crear las fórmulas para garantizar a los segundos la respuesta eficiente y expedita de parte de las autoridades del Estado a la formulación de sus requerimientos. El derecho de petición es el sustento de gran parte de las relaciones jurídicas entre gobernantes y gobernados; constituye el mecanismo por el cual, los particulares realizan toda clase de trámites frente a las autoridades y ponen en movimiento a los órganos del Estado, sean estos judiciales, administrativos, e incluso, en algunos casos, legislativos.’

"Ahora bien, tanto la negativa ficta, como la afirmativa ficta, se enclavan en el ámbito de las relaciones administrativas que surgen entre los gobernados y algunos órganos de la administración pública; en esencia, por disposición del ordenamiento legal, consisten en que al silencio administrativo, es decir, a la conducta omisa en que incurre una autoridad administrativa cuando no contesta una petición que le formulan los administrados, se le atribuye una resolución en cierto sentido que permite su impugnación en los términos legales conducentes; en la mencionada ejecutoria emitida por la Segunda Sala, al resolver la contradicción 18/98, se explica:

"‘El silencio de la administración pública implica, como su propio nombre lo indica, la actitud omisa que guarda una autoridad administrativa ante una solicitud o petición que le hizo un particular. «En ocasiones, ante la ausencia de una voluntad administrativa expresa, la ley sustituye por sí misma esa voluntad inexistente presumiendo que, a ciertos efectos, dicha voluntad se ha producido con un contenido, bien negativo o desestimatorio, bien positivo o afirmativo.» (García de Enterría, Eduardo y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1996).

"‘Como se vio anteriormente, las solicitudes o instancias que los gobernados dirigen a los órganos de la administración pública deben contestarse puntualmente por sus titulares; sin embargo, puede suceder lo contrario, es decir, que no se responda de manera oportuna a la petición del particular, lo cual, además de constituir una transgresión al artículo 8o. constitucional, podría provocar que se estancaran las relaciones sociales, por ejemplo, por la falta de una licencia de construcción, sanitaria o de funcionamiento de un establecimiento mercantil, que impediría que cada uno de los interesados, en cada caso, no pudiera desarrollar la actividad que desea.

"‘La afirmativa ficta, como resultado del silencio administrativo, constituye un medio eficaz para que todos los particulares obtengan respuesta a las peticiones que formulen a la administración pública y, sobre todo, que la obtengan dentro del plazo establecido en los ordenamientos legales aplicables; lo anterior en virtud de que a través de aquélla se configura de manera presunta la existencia de un acto administrativo de contenido favorable para el particular que presentó la solicitud no contestada.’

"El silencio de la autoridad a que se hace referencia, puede tener un aspecto negativo, cuando a la omisión de la autoridad las leyes le atribuyen la consecuencia de que ese silencio provoca que se presuma que la autoridad resolvió en forma desfavorable la solicitud escrita del peticionario.

"Sin embargo, la abstención con que se conduce la autoridad respectiva de ninguna manera impide que el gobernado pueda exigir, mediante la acción constitucional del juicio de amparo, que se dé una respuesta expresa a sus peticiones, invocando la violación a la garantía que establece el artículo 8o. constitucional, ya que la figura de la negativa no puede derogar, condicionar, ni restringir la eficacia de una garantía constitucional, ni mucho menos prejuzgar sobre el medio de defensa que interponga el gobernado a fin de combatirla.

"El criterio que aquí se asume recoge los que en este mismo sentido esta Sala ha sostenido en distintas ejecutorias que han quedado asentadas en las siguientes tesis:

"La publicada en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXVI, página 836, que dice:

"‘AUTORIDADES FISCALES, DEBEN DAR RESPUESTA A LAS INSTANCIAS QUE LES FORMULEN LOS PARTICULARES.-La situación que crea el silencio de las autoridades fiscales, cuando no den respuesta a la instancia de un particular y que debe tenerse como una resolución negativa, conforme al artículo 162 del Código Fiscal de la Federación, no puede ir más allá ni, consiguientemente, lesionar el derecho de petición que consagra el artículo 8o. de la Constitución Federal, por ser la Ley Suprema de toda la Unión, conforme al artículo 133 de la misma, y, por tanto de observancia ineludible, a pesar de las disposiciones en contrario de las leyes particulares.’

"Y la que se encuentra en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, Tercera Parte, página 65, que establece:

"‘PETICIÓN, DERECHO DE (AUTORIDADES FISCALES).-El artículo 162 del Código Fiscal de la Federación dispone que el silencio de las autoridades fiscales se considerará como resolución negativa cuando no den respuesta a la instancia de un particular en el término que la ley fije, o, a falta de término estipulado, noventa días. La disposición anterior sólo establece un derecho respecto de los particulares de considerar que se les ha negado su petición, pero esto de ninguna manera quiere decir que estén obligados a considerarlo siempre en esa forma, máxime que lo dispuesto en el referido artículo 162 del Código Fiscal de la Federación, no puede liberar a las autoridades fiscales de la obligación que les impone el artículo 8o. constitucional, esto es, que a una petición pacífica y respetuosa hecha por escrito, debe de recaerle acuerdo de la autoridad correspondiente, quien está obligada a hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. De otra manera, las autoridades fiscales se verían liberadas de cumplir con el citado mandato constitucional, lo cual resulta notoriamente antijurídico, en virtud de que nuestra Constitución Política es la Ley Suprema en el País.’

"Sobre esa misma línea de pensamiento, se advierte que cuando se reclama la negativa ficta, se debe agotar el principio de definitividad, ya que no se trata de una violación directa a la constitución, pues el silencio administrativo sí tiene una contestación en cierto sentido por derivación de la legislación aplicable, por tanto, permite su impugnación en los términos legales conducentes.

"Máxime, cuando apuntó el Juez de Distrito que la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal prevé la suspensión de los actos impugnados, sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, y citó la aplicabilidad obligatoria de la siguiente jurisprudencia emitida por nuestro Alto Tribunal Federal:

"‘Décima Época

"‘Registro: 160630

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Tesis: jurisprudencia

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Libro II, Tomo 1, noviembre de 2011

"‘Materia: común

"‘Tesis: 2a./J. 125/2011 (9a.)

"‘Página: 496

"‘TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL.’ (se transcribe)."

Por su parte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió su criterio al resolver, por mayoría, el amparo en revisión **********.

Antecedentes del asunto.

Por escrito inicial presentado el ********** en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, así como por escritos de ampliación subsecuentes, **********, a través de su representante legal **********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Asamblea Legislativa, del jefe de gobierno, del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y otras autoridades, todas del gobierno del entonces Distrito Federal, señalando como actos reclamados distintos programas delegacionales (totales y parciales) de desarrollo urbano para varias colonias de diversas delegaciones; el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), particularmente, el artículo 37, fracción V; la emisión de diferentes oficios; la falta de contestación a distintas solicitudes de certificados únicos de zonificación de uso del suelo; la falta de contestación de diversas solicitudes de expedición de certificados de zonificación, no la negativa de expedirlos; y por escrito presentado el **********, la parte quejosa manifestó su desistimiento de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su lugar, reclamó la contestación negativa ficta de diversas solicitudes de certificados de zonificación.

Una vez efectuados los trámites correspondientes, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México celebró la audiencia constitucional y ordenó la remisión del asunto al Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, para el dictado de la sentencia correspondiente, siendo el Juzgado Primero de Distrito de dicho Centro Auxiliar, el que dictó la resolución de **********, en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo.

Inconforme con esa resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, que quedó radicado con el número **********, donde -por mayoría- el Pleno del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por un lado, confirmó el fallo impugnado respecto del sobreseimiento del juicio en relación con diversos actos reclamados y, por otra parte, levantó el sobreseimiento respecto de la negativa ficta que recayó a distintas solicitudes de certificados de zonificación, reasumió jurisdicción y procedió a analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa sobre el tema. Las razones que apoyaron esa parte de su decisión adoptada por mayoría, son las siguientes:

"OCTAVO.-En un tercer concepto de agravio, la recurrente aduce que el Juez de Distrito violó el artículo 73, fracción XV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo (abrogada), al determinar que deben agotarse los medios de defensa ordinarios, en el caso de la negativa ficta, en razón de lo siguiente:

"a) La negativa ficta está regulada por el artículo 89 de la ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

"b) Cuando opere la negativa ficta por silencio de la autoridad, el interesado podrá interponer el recurso de inconformidad previsto en la ley, o bien, intentar el juicio de nulidad ante el tribunal.

"c) Por tanto, como consecuencia de esa disposición y aun cuando dicha resolución no haya sido emitida por la autoridad, sino que la misma ha sido consecuencia de una ficción jurídica, se trata de una resolución que carece de fundamentación.

"d) Al carecer la resolución negativa fleta (sic), de fundamentación, puede ser combatida directamente en el juicio de amparo y, por tanto, no opera en el presente caso el principio definitividad.

"El segundo párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la abrogada Ley de Amparo, es muy claro al establecer que: ‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación’ y la resolución negativa ficta reclamada no tiene fundamentación

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27242-8b83c3ba/principio-de-definitividad-tratandose-de-la-resolucion-negativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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