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Modo: Corpus Pro

CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 291, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, QUE REGULA LA OMISIÓN DE PRESENTARLOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA ELLO, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 49 Y 102, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2016. · Registro digital (IUS): 27098
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-05-12
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo II, Pág. 941.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 13 DE DICIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HÉCTOR GÁLVEZ TÁNCHEZ, JESÚS GARZA VILLARREAL, RICARDO DELGADO QUIROZ Y GUILLERMO CUAUTLE VARGAS. DISIDENTES: ARTEMIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y ROGELIO CEPEDA TREVIÑO. PONENTE: RICARDO DELGADO QUIROZ. SECRETARIO: LUIS SALDAÑA ROMO.

Considerando:

Primero.-Competencia. El Pleno del Decimonoveno Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 41 Quáter 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos pertenecientes a este Décimo Noveno Circuito.

Segundo.-Legitimación. La contradicción de tesis fue denunciada por parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(1) toda vez que se formuló por el Magistrado Carlos Manuel Aponte Sosa, titular del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con sede en Matamoros, Tamaulipas, por considerar contradictorios los criterios sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, al resolver el amparo directo penal ********** y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, también con residencia en Reynosa, Tamaulipas, al resolver el amparo en revisión penal **********.

Tercero.-Criterios contendientes. Las posturas resolutivas de los Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito se exponen a continuación.

a) Primer criterio. Al resolver el amparo directo **********, en sesión de seis de noviembre de dos mil quince, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, concedió la protección federal solicitada por el quejoso, al tenor de las siguientes consideraciones:

"SEXTO.-El análisis de los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, resultan fundados por las razones siguientes.

"La acusación constituye una etapa a través de la cual el agente del Ministerio Público, formula las conclusiones necesarias para que el enjuiciado esté en aptitud de responder sobre los hechos delictivos imputados y así fijar el sentido de la sentencia; por lo tanto, las conclusiones ministeriales son un acto formal, porque se acusa a una persona fijándose la pretensión punitiva por la cual habrá de sentenciar el Juez.

"Sobre el tema, el artículo 291 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece lo siguiente:

"‘Artículo 291.’ (se transcribe)

"El citado precepto, otorga al representante social el término de diez días para formular las conclusiones que estime convenientes (se ampliará si el expediente excede de doscientas hojas por cada cien de exceso o fracción), el cual nunca podrá ser mayor de treinta días hábiles.

"Ahora, la disposición invocada no precisa cuándo debe computarse el plazo otorgado al fiscal federal para que formule sus conclusiones, por consiguiente ante esa laguna debe acudirse a la regla general que consigna el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales, al disponer:

"‘Artículo 71.’ (se transcribe)

"De ahí que, de la interpretación de ambos preceptos en forma conjunta y atendiendo a las formalidades esenciales del procedimiento a que deben sujetarse las autoridades, como lo señala el artículo 14 constitucional, es evidente que se debe aplicar la regla prevista en el artículo 291, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, pues interpretarlo como lo hizo la autoridad responsable, en el sentido de que debe contarse a partir de que el agente del Ministerio Público con posterioridad acudió a imponerse de los autos mediante notificación actuarial, implicaría en primer término dejar a su criterio el tiempo en que podrá hacerlo, además un estado de desigualdad entre las partes.

"En efecto, de las constancias que integran la causa penal, se advierte que el representante social, presentó extemporáneamente sus conclusiones, puesto que al hacerlo ya había transcurrido el término legal que le fue concedido.

"Esto es así, toda vez que el Juez de Distrito emitió el acuerdo siguiente:

Ver acuerdo

"Como se advierte, dicho acuerdo fue notificado personalmente al agente del Ministerio Público de la adscripción del referido juzgado, el dieciocho de junio de dos mil catorce y las conclusiones se presentaron hasta el diecinueve de agosto de ese año, (foja 100 a 130) de manera que si sólo tenía treinta días para elaborarlas, es indudable que feneció el plazo para hacerlo, lo que debió llevar al juzgador a estimar la inexistencia de las mismas.

"No se contrapone a lo expuesto, la constancia actuarial siguiente:

Ver constancia actuarial

"En efecto, no puede estimarse válidamente que el plazo a partir del cual el agente del Ministerio Público tiene la obligación de realizar las conclusiones que estime pertinentes, tenga que empezar a computarse, a partir de que éste acude al Juzgado de Distrito y se le haga entrega de la causa penal, pues ninguna disposición así lo establece, máxime que ello equivaldría a dejar al prudente arbitrio de éste el tiempo que deba hacerlo, contrariando la pronta impartición de Justicia y lo estipulado en el artículo 291 del Código Federal de Procedimientos Penales ya transcrito.

"No pasa desapercibido lo dispuesto por el artículo 23 del Código Federal de Procedimientos Penales, que permite al Ministerio Público que se le entreguen los expedientes para que los estudie fuera del local del tribunal, pero no dispone una obligación, ni prerrogativa para que a partir de ahí le inicie el cómputo del plazo que se le otorgue para el ejercicio de su obligación de presentar sus conclusiones, pues la regla general es que las partes se deben imponer de los autos en la Secretaría del juzgado.

"Más aún, no debe perderse de vista que las partes en el procedimiento penal deben de tener igualdad de circunstancias, tanto en la materia de acusación como de la defensa, pues a mayor abundamiento, tenemos que el dispositivo 296 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece en relación a las conclusiones de inculpabilidad lo siguiente:

"‘Artículo 296.’ (se transcribe)

"En ese sentido, sólo resta insistir en que la extemporaneidad de las conclusiones, equivale a la inexistencia de las conclusiones acusatorias cuando se trata del Ministerio Público, o en su caso, a las de no inculpabilidad, cuando se trate de la defensa.

"Ahora, ante la inexistencia de las conclusiones por parte del Ministerio Público Federal, el Juez de la causa debe seguir el procedimiento, previsto por el artículo 291, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, esto es, debe informar mediante notificación personal al procurador general de la República, acerca de la omisión, para que dicha autoridad formule u ordene la formulación de las conclusiones pertinentes, en el plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha en que se le haya notificado la omisión, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones que correspondan; tomando en cuenta, además, que si el expediente excede de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se aumentará un día en el plazo señalado, sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles.

"Por lo tanto, al actualizarse una violación al procedimiento, en términos del artículo 172, fracciones VI y XXII, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, a efecto de que, el Magistrado responsable, deje insubsistente la sentencia reclamada y ordene la reposición del procedimiento, a fin de que el Juez de la causa, estime que las conclusiones acusatorias fueron extemporáneas y por tanto, continúe con la secuela procesal, resolviendo lo que en derecho corresponda.

"Igual determinación se sostuvo al resolver el amparo directo **********, en sesión de nueve de abril de dos mil quince, por mayoría de los votos de los Magistrados Héctor Gálvez Tánchez y Carlos Miguel García Treviño, en contra del voto particular del Magistrado Lucio Antonio Castillo González; por lo cual, el presente asunto se presenta conforme a dicho criterio mayoritario." (fojas 106 reverso a 112 del sumario de contradicción de tesis)

b) Segundo criterio. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, al resolver el recurso de revisión **********, en sesión de doce de mayo de dos mil dieciséis, por una parte, reiteró el sobreseimiento decretado por el Magistrado Unitario instructor del juicio de amparo indirecto y, por otra, revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, concedió el amparo solicitado por los quejosos, de conformidad con los siguientes razonamientos:

"SEXTO. ...

"Las anteriores consideraciones son atendibles por similitud jurídica, en lo conducente, porque en el caso concreto, el recurrente aduce que el Magistrado responsable, en lugar de ordenar la reposición del procedimiento, debió atender al principio de mayor beneficio en favor de los quejosos y determinar que las conclusiones del Ministerio Público fueron presentadas de manera extemporánea, ya que el acuerdo mediante el cual se le otorgaron treinta días para ello y se declaró cerrada la instrucción, le fue notificado el veinticinco de junio de dos mil trece, por lo que tal plazo feneció el seis de agosto de dos mil trece y fue hasta el dieciséis del mismo mes de agosto cuando se presentaron las conclusiones acusatorias.

"Que por ello, le irroga agravio que el Magistrado de amparo, hubiera considerado que las conclusiones acusatorias que presentó el Ministerio Público en el juicio penal de origen, no fueron extemporáneas, ya que el plazo de treinta días, feneció el diecinueve de agosto de dos mil trece, pues comenzó su cómputo el día siguiente al ocho de julio del mismo año, en que se entregó físicamente el expediente al representante social y no a partir de la fecha en que le fue notificado el auto que declaró cerrada la instrucción y ordenó poner los autos a la vista para que formulara las conclusiones correspondientes -veinticinco de junio de la propia anualidad-.

"Al respecto, conviene referir, de inicio, que los artículos 71 y 72 del Código Federal de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente:

"‘Artículo 71.’ (se transcribe)

"‘Artículo 72.’ (se transcribe)

"De acuerdo a lo anterior, es factible advertir las siguientes reglas para el cómputo de los plazos y términos en materia penal federal:

"a). Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos de excepción que señala el propio código;

"b). En el cómputo de los plazos, no se incluyen los sábados, los domingos, ni los días inhábiles, salvo que:

"b.1). Se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales;

"b.2). Se vaya a recibir su declaración preparatoria; o,

"b.3). Se vaya a resolver la procedencia de su prisión, sujeción a proceso, o libertad;

"c). Los plazos se contarán por días hábiles, excepto los que se refieren a los tres casos mencionados en la segunda parte del artículo anterior y a cualquier otro que por disposición legal deba computarse por horas, pues éstos se contarán de momento a momento, a partir de la hora que corresponda conforme a la ley;

"d). Los términos se fijarán por día y hora, y salvo los actos a que se refiere el artículo 19 constitucional y otras disposiciones, se precisarán por el tribunal cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación al día y hora en que se hayan de celebrar las actuaciones a que se refieran.

"De lo antes referido, interesa destacar que los plazos y términos en materia penal federal, empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, sin contar sábados, domingos, ni días inhábiles, salvo los casos de excepción previstos en los numerales invocados.

"Sin embargo, de las anteriores previsiones legales no existe alguna que indique de manera explícita cuándo surten efectos las notificaciones, aunque la circunstancia de que se señale que los plazos comienzan a correr al día siguiente al de la fecha de la notificación indica que las notificaciones, surten efectos el propio día que se realizan, pues de otro modo no sería lógica la regla que prevé cuándo inicia el cómputo de los plazos y términos.

"Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 239, publicada en la página 281 del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo IV. Administrativa Primera Parte -SCJN. Primera Sección- Administrativa, Materia Administrativa, Novena Época, registro digital: 1007159, que señala:

"‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES Y DEL DISTRITO FEDERAL. LAS NOTIFICACIONES DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE INICIARON HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002, CONFORME A LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN.’ (se transcribe)

"Ahora bien, del examen de las constancias de autos, se advierte que en el fallo recurrido, el Magistrado de amparo desestimó el concepto de violación de la parte quejosa, enderezado a evidenciar que las conclusiones acusatorias eran extemporáneas, para lo cual el juzgador efectuó el cómputo correspondiente de treinta días que le fue concedido al agente del Ministerio Público Federal, para tal efecto, por auto de veinticuatro de junio de dos mil trece, pero no a partir del día siguiente al de la notificación del auto que así lo ordenó -veinticinco del mismo mes y año-, sino a partir del ocho de julio siguiente, fecha en que el actuario judicial le hizo entrega al fiscal federal del original de la causa penal de origen.

"De este modo, el Magistrado de amparo determinó que en términos del artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales, el plazo concedido al fiscal federal, inició el nueve de julio de dos mil trece y concluyó el diecinueve de agosto siguiente, excluyendo los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de julio del mismo año y tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de agosto, por ser inhábiles; por lo que al ser presentado el pliego acusatorio el dieciséis del mismo agosto, éste se presentaba en tiempo.

"Sin embargo, como se alega en los agravios, tal proceder no encuentra apoyo en disposición legal alguna y, por el contrario, es infractor de lo dispuesto por el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales, que expresamente establece la imposibilidad legal de prorrogar los plazos que no sean aquellos que los que expresamente señala el propio ordenamiento legal y que, además, dispone que los plazos y términos empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, con las salvedades prescritas, en las cuales no se encuentra la presentación de las conclusiones del Ministerio Público.

"Por tanto, ciñéndose estrictamente a la norma procesal en comento, si la notificación al fiscal federal del auto de veinticuatro de junio de dos mil trece, en el que se le dio vista con el proceso y se le concedió un plazo de treinta días para que formulara conclusiones, se realizó personalmente el veinticinco del mismo mes y año, entonces el plazo inició el día siguiente, o sea el veintiséis de junio de dos mil trece, y concluyó el seis de agosto posterior, sin incluir los días veintinueve y treinta de junio, seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de julio, tres y cuatro de agosto, todos de dos mil trece, por ser inhábiles al corresponder a sábados y domingos.

"Luego, si el Ministerio Público Federal presentó sus conclusiones acusatorias hasta el dieciséis de agosto de dos mil trece, las mismas debieron reputarse extemporáneas, sin que sea obstáculo a esta consideración que el artículo 23 del Código Federal de Procedimientos Penales, permita que se entreguen al Ministerio Público los expedientes para que los estudie fuera del local del tribunal, pues ello no tiene el alcance de extender un plazo que conforme a lo dispuesto por el artículo 71 del mismo código no puede ser prorrogado.

"Por tanto, al no ser la fecha de entrega de los autos al Fiscal Federal lo que define el inicio del cómputo respectivo, sino la fecha en que surte efectos la notificación que ordena la vista y concede el término relativo para la formulación de las conclusiones, tal y como se desprende de lo dispuesto por el invocado numeral 71 del Código Federal de Procedimientos Penales, las conclusiones rendidas por el Ministerio Público Federal debieron considerarse extemporáneas.

"Interpretación, la anterior que, además, se sustenta en el principio de igualdad procesal, que determina la misma oportunidad para las partes en la evacuación de los actos y cargas procesales que les impone la ley y cuya transgresión provoca un desequilibrio, contrario a las garantías de justicia imparcial, de equidad procesal y de correcta fundamentación y motivación.

"Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 141/2011 (9a.), publicada en la página 2103 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 3, diciembre de 2011, materia constitucional, Décima Época, registro digital: 160513, que establece:

"‘PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE.’ (se transcribe)

"En esta tesitura, al ser extemporáneas las conclusiones acusatorias rendidas por el agente del Ministerio Público Federal, es inconcuso que el auto de veintiséis de agosto de dos mil trece, por el que el Juez de la causa penal las tuvo por recibidas, dándoles vista a los encausados y a su defensa para que en el término de treinta días contestaran el escrito de acusación y formularan a su vez las que creyeran procedentes (fojas 147 y 148 del tomo X), es violatorio del derecho humano a un debido proceso, lo cual trascendió en perjuicio de los quejosos al resultado del fallo.

"Se estima así, porque la falta de presentación oportuna de las conclusiones del órgano acusador, de hecho, se traduce en la omisión a que se contrae el referido artículo 291 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que en términos de dicho dispositivo legal daría lugar a informar al procurador general de la República acerca de esta situación, para que éste formulara u ordenara la formulación de las conclusiones pertinentes.

"Sin embargo, en un ejercicio de control de regularidad constitucional, dentro del sistema de control de convencionalidad concentrado que este Tribunal Colegiado puede ejercer en vía de amparo indirecto, a través del presente recurso de revisión, se advierte que la inminente aplicación del referido dispositivo legal, se traduce en la vulneración al derecho fundamental a un debido proceso, tutelado mediante la interrelación de los artículos 1o., 14, párrafo segundo, 17, párrafo segundo y 21, párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se deriva de las consideraciones siguientes:

"En primer término, para sustentar la procedencia de ejercer el control de regularidad constitucional, respecto al artículo 291 del Código Federal de Procedimientos Penales, deben precisarse las consideraciones que se hacen valer a continuación:

"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada que enseguida se invoca, ha sostenido que actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos: el primero es el control concentrado que ejerce el Poder Judicial de la Federación, a través de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el amparo directo e indirecto; mientras que el segundo consiste en el control difuso que ejercen el resto de los Jueces del país en los procesos ordinarios de su competencia.

"La tesis referida se identifica con el número P. LXX/2011 (9a.), publicada en la página 557 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, materia constitucional, Décima Época, registro digital: 160480, de rubro y texto siguientes:

"‘SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.’ (se transcribe)

"Ahora bien, la diferencia esencial entre los medios de control concentrado y difuso, estriba en que en el primero, esto es, el que es ejercido por el Poder Judicial de la Federación, es necesario que, tratándose del amparo, la parte quejosa introduzca a la litis la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma general, al plantearlo expresamente en su demanda.

"En cambio, en el control difuso, que es ejercido por el resto de los Jueces y tribunales del país, el tema de constitucionalidad y convencionalidad no forma parte de la litis, sino que es el propio órgano judicial quien, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, ejerce dicho control ex officio, mediante la desaplicación de la norma general que en su opinión es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

"Apoya lo anterior, la tesis aislada 1a. CCLXXXIX/2015 (10a.), publicada en la página 1647 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Tomo II, octubre de 2015, materia común, Décima Época, registro digital: 2010143 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de octubre de 2015 a las 11:00 horas», que señala:

"‘CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS.’ (se transcribe)

"Tesis que si bien fue emitida en un juicio de amparo directo en revisión, resulta aplicable en lo conducente, al igual que otras que se invocan más adelante.

"Ahora bien, el ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad, que últimamente se ha dado en llamar control de regularidad constitucional, debe aplicarse en el marco competencial que corresponde a cada órgano jurisdiccional, según lo ha establecido la Primera Sala del Alto Tribunal en la tesis 1a. CCCXLV/2015 (10a.), consultable en la página 962 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, materia común, Décima Época, registro digital: 2010419 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas», que es del tenor siguiente:

"‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR PUEDA OBVIAR LAS REGLAS PROCESALES.’ (se transcribe)

"Lo anterior debe entenderse en el sentido de que el Poder Judicial de la Federación no puede realizar el control difuso de normas generales que rigen el juicio de origen del cual proviene el acto reclamado, pues ello corresponde a los tribunales ordinarios, aunque sí puede hacerlo, en relación con las disposiciones normativas que regulan el trámite de los juicios de amparo, como por ejemplo la Ley de Amparo, por ser de su competencia natural.

"De igual modo, los tribunales ordinarios no pueden realizar un control concentrado de regularidad constitucional, pues su competencia se encuentra reservada a ejercer el control de regularidad constitucional ex officio, o control difuso de convencionalidad.

"No obstante, la circunstancia de que los tribunales federales no puedan ejercer un control difuso de regularidad constitucional de las normas generales que rigen en el juicio de origen del que proviene el acto reclamado, no significa que no lo puedan hacer a través del control concentrado que les es propio, a condición de que esa haya sido la pretensión del quejoso planteada expresamente en la demanda de amparo o atendiendo a la causa de pedir, advertida en el planteamiento de los conceptos de violación o en los agravios, o bien, en suplencia de la queja, la que en determinadas materias opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios.

"Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada P. X/2015 (10a.), publicada en la página 356 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, materia constitucional, Décima Época, registro digital: 2009817 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de agosto de 2015 a las 10:30 horas», que señala:

"‘CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.’ (se transcribe)

Así como en la tesis P. IX/2015 (10a.), publicada en la página 355 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, materia constitucional, Décima Época, registro digital: 2009816 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de agosto de 2015 a las 10:30 horas», del título, subtítulo y texto siguientes:

"‘CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.’ (se transcribe)

"En este punto se plantea el problema de si un Tribunal Colegiado es competente para realizar el control concentrado de regularidad constitucional, respecto de normas generales federales en un juicio de amparo indirecto en revisión, ya que de acuerdo con el artículo 83 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el tribunal competente para conocer del recurso de revisión, contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

"La respuesta a lo anterior es que no obstante lo dispuesto en el referido dispositivo legal, un Tribunal Colegiado sí es competente para ejercer el control concentrado de regularidad constitucional, respecto de normas federales, al conocer de un amparo indirecto en revisión, porque al ejercer esta facultad no se genera una declaratoria de inconstitucionalidad como ocurre en el amparo contra leyes o normas generales, ni sus efectos son la protección del quejoso contra su aplicación presente o futura, sino que únicamente, en caso de ser fundado el planteamiento de inconvencionalidad o inconstitucionalidad, la declaración que se realiza sólo trasciende a una inconstitucionalidad indirecta del acto reclamado, mediante la inaplicación actual de la norma general impugnada en el caso concreto; diferencias que de igual modo determinan que sea innecesario llamar a juicio a las autoridades emisoras de la norma cuya inconvencionalidad se demanda.

"Lo anterior encuentra sustento en la tesis P. V/2013 (10a.), publicada en la página 363 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, materia común, Décima Época, registro digital: 2003005, que señala:

"‘CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD. LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA CUYA INCONVENCIONALIDAD SE DECLARA SÓLO TRASCIENDE A UNA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DEL ACTO RECLAMADO AL NO EXISTIR LA DECLARATORIA RELATIVA.’ (se transcribe)

"Por lo tanto, al tratarse de dos hipótesis distintas, la competencia para ejercer el control concentrado de regularidad constitucional en amparos indirectos en revisión, respecto a normas generales federales (o locales), se determina por lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Amparo, el cual señala que son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo 83 de la propia ley.

"Una vez establecida la posibilidad legal de que este Tribunal Colegiado realice el control concentrado de regularidad constitucional, en relación con el artículo 291 del Código Federal de Procedimientos Penales, cuya inaplicación reclamó la parte quejosa en su demanda de garantías, resulta pertinente precisar que el derecho fundamental que en la especie precisa ser protegido, es el correspondiente al debido proceso penal, el cual constituye un derecho humano universalmente reconocido, cuyo concepto ha sido definido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.

"El artículo 291 del Código Federal de Procedimientos Penales, que se considera no cumple con los parámetros de regularidad constitucional, es del tenor siguiente:

"‘Artículo 291.’ (se transcribe)

"Como se ve, la parte que interesa del numeral en cita, es aquella en que se informa al procurador general de la República que el Ministerio Público no presentó sus conclusiones y, se le da término para que las formule u ordene su formulación.

"En ese tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 167/2012 y 558/2012, en sesiones de dos de mayo y siete de noviembre del dos mil doce, respectivamente, estableció lo siguiente:

"‘El actual texto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina la prevalencia de la protección de los derechos humanos, reconocidos tanto en ese cuerpo normativo como en los tratados internacionales. Y el debido proceso penal, constituye un derecho humano universal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27098-4d1d66a4/conclusiones-del-ministerio-publico-el-articulo-291-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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