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Modo: Corpus Pro

CONCLUSIONES DEFICIENTES O NO ACUSATORIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO. LOS ARTÍCULOS 259 Y 260 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO (ABROGADO), VULNERAN LOS ARTÍCULOS 1o., 14, 16, 17 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2013. · Registro digital (IUS): 25232
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-09-26
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Pág. 1085.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 6 DE MAYO DE 2014. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS OLGA MARÍA JOSEFINA OJEDA ARELLANO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, JACOB TRONCOSO ÁVILA, JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ÓSCAR ESPINOSA DURÁN, MAURICIO TORRES MARTÍNEZ, TITO CONTRERAS PASTRANA Y FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA. DISIDENTES: JOSÉ LUIS GUZMÁN BARRERA, DIÓGENES CRUZ FIGUEROA, ALEJANDRO SOSA ORTIZ Y SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ. AUSENTES: GUILLERMINA COUTIÑO MATA, EMMANUEL GUADALUPE ROSALES GUERRERO Y FERNANDO SÁNCHEZ CALDERÓN. PONENTE: OLGA MARÍA JOSEFINA OJEDA ARELLANO. SECRETARÍA. GUILLERMINA MATÍAS GARDUÑO.

Toluca, Estado de México. Acuerdo del Pleno del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el seis de mayo de dos mil catorce.

VISTOS los autos, para resolver, la contradicción de tesis 5/2013, respecto del criterio denunciado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México (opositor), en relación con el diverso sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de las mismas naturaleza y sede (contendiente); y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la denuncia de contradicción de tesis. Mediante oficio 49/Tesis/2013 recibido el diez de julio de dos mil trece, por el Pleno del Segundo Circuito, los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México (opositor), denunciaron la posible existencia de contradicción de tesis entre su criterio sostenido en el juicio de amparo directo 21/2013, con el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de las mismas naturaleza y sede (contendiente), en los juicios de amparo uniinstanciales 201/2011, 71/2012, 102/2012, 165/2012, 170/2012, 217/2012, 237/2012 y 22/2013.

SEGUNDO. Trámite de la contradicción de tesis. Por auto dictado el once de julio de dos mil trece, el presidente del Pleno del Segundo Circuito recibió la denuncia de que se trata, ordenó la formación de la contradicción de tesis 5/2013 y la admitió solicitando al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México (contendiente), copias certificadas de las ejecutorias pronunciadas en los aludidos juicios de amparo directo de su índice, su envío al correo electrónico respectivo y que informara si el criterio sustentado en dichos juicios se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; órgano colegiado que mediante oficio 204-ST, de dos de agosto de dos mil trece, al rendir su informe, indicó que su criterio contendiente también se había plasmado en cinco asuntos más, anexando reproducciones autorizadas de las ejecutorias correspondientes.

TERCERO. Turno de autos. Por acuerdo de presidencia dictado el cinco de agosto de dos mil trece, al estar debidamente integrado, se turnó el expediente al Magistrado Noé Adonaí Martínez Berman para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CUARTO. Returno. Por sesión ordinaria de cuatro de marzo de dos mil catorce, con sustento en el artículo 38 del Acuerdo General Plenario 14/2013 del Consejo de la Judicatura Federal (relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito), el Pleno del Segundo Circuito determinó desechar el asunto y returnarlo a la Magistrada Olga María Josefina Ojeda Arellano para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, en aras de dar cumplimiento al preinvocado numeral; y,

CONSIDERANDO:

I. Competencia. Este Pleno del Segundo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo (vigente); 41-Bis y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto primero transitorio del Acuerdo General 14/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito); en virtud de que se trata de una denuncia de posible contradicción de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados del mismo Segundo Circuito, en un tema de constitucionalidad de naturaleza penal respecto de preceptos de una legislación estatal (Código de Procedimientos Penales para el Estado de México [abrogado]) y no de artículos emanados de una ley federal, ya que en ese caso el órgano terminal en materia de constitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito), aunado a que lo que aquí se resuelva genera seguridad jurídica en el Segundo Circuito sobre el tema cuestionado, mientras no exista jurisprudencia en contrario pronunciada por el Máximo Tribunal del País, habida cuenta de que la finalidad de la creación de los Plenos de Circuito radica en que, al igual que aquél, emitan criterios jurídicos propios en algunos supuestos, como en el caso.

II. Legitimación. Los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México (opositor), cuentan con legitimación para denunciar la posible contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo (vigente), en virtud de que resulta ser uno de los órganos colegiados contendientes del propio circuito judicial, aseverando que sostiene un criterio discrepante sobre el mismo tema.

III. Consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester señalar los antecedentes del tenor siguiente:

"... Los suscritos Magistrados presidente José Valle Hernández, Selina Haidé Avante Juárez y José Merced Pérez Rodríguez, integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, con fundamento en lo establecido en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, 41 Bis, 41 Bis 2 (sic), 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además con apoyo en los numerales 1, 5 y transitorio primero del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, denunciamos la posible contradicción entre los criterios siguientes:

"El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito emitió las sentencias en los amparos directos 201/2011, 71/2012 y 165/2012 donde expresó en lo conducente y de manera sustancial lo siguiente:

"A. Dentro de las constancias que justifican el acto que se reclama, en vía de amparo directo, se encuentra la orden de enmienda de las conclusiones acusatorias apoyada en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado), los cuales vulneran el derecho humano de debido proceso.

"B. El debido proceso contempla entre sus garantías, para hacerlo efectivo, el principio de imparcialidad judicial y división de poderes consagrado en el artículo 21 de la Constitución Federal anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, donde se establecen las funciones competenciales del Ministerio Público.

"C. El actuar de la responsable en ordenar la enmienda de conclusiones, al igual que el contenido de los artículos 259 y 260 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado), vulneran el derecho de debido proceso porque son contrarios a los artículos 14, párrafo segundo; 17, párrafo segundo; y, 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque a su consideración la observancia y efectividad del mismo, se logra con una serie de garantías judiciales dentro de las que se encuentran el juzgamiento de un Juez imparcial y objetivo, así como el respeto de igualdad a las partes.

"D. El proceder de la responsable respecto a la orden de remisión de la causa al subprocurador regional para que decidiera si confirmaba, revocaba o modificaba las conclusiones formuladas por el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado que siguió el proceso, invade la división de funciones competenciales de los órganos del Estado (Poder Ejecutivo y Judicial), y contraviene los principios de imparcialidad judicial y de igualdad procesal entre las partes, ya que se le otorga una segunda oportunidad al órgano acusador para que integre adecuadamente su imputación; además que con ello la autoridad jurisdiccional realiza acciones de supervisión y autorización para instar el perfeccionamiento de la acusación ministerial, cuando era el deber del fiscal hacerlo correctamente desde el primer momento en que formuló su acusación.

"E. El artículo 21 de la Constitución Federal establece la división de poderes, correspondiendo al Ministerio Público, quien depende del Poder Ejecutivo, la investigación y persecución de los delitos, esto es, realiza actividades necesarias para que el autor de un delito no evada la acción de justicia; es decir, cuando solicita la actuación del órgano jurisdiccional para la instauración del proceso penal con el propósito de que se apliquen a los delincuentes las consecuencias y sanciones fijadas en la ley; en tanto al juzgador que depende del Poder Judicial le corresponde la administración de justicia, desempeñando actividades de juzgamiento con pleno respeto a la vigilancia de la observancia de las directrices que conforma el derecho de debido proceso penal.

"Apartado en el que agregó, que la autoridad jurisdiccional no comparte facultades con otro poder (en la especie el Ejecutivo), pues, opinar de manera diversa conllevaría a la conjunción de funciones entre el juzgador y el órgano acusador y, con ello, se vulneraría la imparcialidad del Juez y el respeto al principio de igualdad de las partes.

"Finalmente, el órgano colegiado precisó que aun y cuando en los amparos directos que resolvió no se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 259 y 260 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado), debe atenderse a que con motivo de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal en relación con el diverso 133 del citado ordenamiento, está obligado a ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, donde se prefieren los derechos humanos contenidos en la Constitución y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se localicen en cualquier norma inferior.

"En ese tenor, sostuvo que los artículos 259 y 260 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado), en los que se apoyó la responsable para que fueran perfeccionadas las conclusiones de la representación social, son contrarios a la norma fundamental y que, por ello, no deben aplicarse al solicitante del amparo en atención al principio de supremacía constitucional y pro personae, pues la aplicación de dichos preceptos y sus consecuencias que trajeron en el proceso contra el peticionario del amparo, provocaron que se vulnerara en su perjuicio el derecho humano de debido proceso, cuya observancia y efectividad se logra con el juzgamiento de un Juez imparcial y objetivo y el respeto al derecho de igualdad a las partes y contradicción que no fueron respetados.

"Asimismo, expresó que tampoco debe aplicarse la jurisprudencia 1a./J. 53/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: ‘CONCLUSIONES ACUSATORIAS. PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO SE FORMULAN EN CONTRAVENCIÓN A LOS ARTÍCULOS 292 Y 293 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (FALTA DE CITA DEL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL).’, porque con independencia de que se refiere a numerales del Código Federal de Procedimientos Penales, la misma surgió en el dos mil uno, esto es, diez años antes de la reforma constitucional en derechos humanos y, que por tal motivo ya no es aplicable.

"Ahora bien, este tribunal, en sesión ordinaria de cuatro de abril de dos mil trece, resolvió por unanimidad de votos el amparo directo 21/2013, promovido por ********** y **********, donde determinó que las conclusiones en un proceso penal, son argumentos que exponen las partes para establecer su posición respecto a la existencia del delito(s), responsabilidad penal y punibilidad; en ellas expresan las consideraciones que tienen respecto a los medios probatorios que obran en autos y el porqué deben o no ser tomadas en consideración; en el entendido de que las que formula el representante de la sociedad, serán la base respecto de lo cual partirá el juzgador para la emisión de la sentencia.

"Esto es, las que presenta el Ministerio Público reviste trascendencia en el juicio, pues es donde se consuma la pretensión punitiva que tiene como representante de la sociedad para que se castigue determinado hecho que considera delito y se le impongan a quien considera responsable las penas que para tal efecto la ley establece, por ello, el juzgador no puede rebasarlas.

"Al respecto, se invocaron los artículos 14, párrafo segundo; 17, párrafo segundo; y, 21, párrafos primero y segundo, de nuestra Carta Magna transcribiéndose literalmente:

"‘Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"‘...

"‘En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.’

"‘Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"‘Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.’

"‘Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

"‘El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.’

"Preceptos constitucionales, que se estableció, en conjunto tutelan el derecho al debido proceso que tiene todo gobernado sujeto a un procedimiento penal y que para su eficacia, observancia y efectividad se logra con una serie de garantías judiciales dentro de las que se encuentra el juzgamiento de un Juez imparcial y objetivo; así como el respeto a la igualdad de las partes.

"Por otra parte, se instituyó que en el Estado de México, acorde al procedimiento inquisitivo que en algunos casos aún persiste, las reglas para su formulación se encuentran contenidas en los artículos 257 al 261 del Código de Procedimientos Penales para dicha entidad federativa (abrogado), que en su orden disponen:

"‘Artículo 257. El órgano jurisdiccional, una vez que declare cerrada la instrucción, y siempre que no exista medio de impugnación alguno pendiente de resolución, mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público por diez días para que formule conclusiones por escrito. Sus conclusiones se harán conocer al inculpado y a su defensor, dándoles vista de todo el proceso, para que dentro del término de diez días contesten el escrito de acusación y formulen a su vez las conclusiones que crean procedentes. Cuando los inculpados fueren varios, el término será común.

"‘Si el Ministerio Público no formula conclusiones, el Juez dará cuenta de la omisión al procurador general de justicia o al subprocurador que corresponda, para que las presente dentro del término de cinco días; y si no lo hiciere, se tendrán formuladas como de no acusación, operando el sobreseimiento del proceso de oficio y el inculpado será puesto en libertad absoluta.

"‘Si no presentaren conclusiones el inculpado y su defensor, se tendrán por formuladas de inculpabilidad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional imponga al defensor una multa equivalente de diez a treinta días de salario mínimo general vigente en la región.’

"‘Artículo 258. El Ministerio Público, al formular conclusiones acusatorias, motivará y fundará la comprobación del cuerpo del delito, las modificativas y la responsabilidad penal, así como las sanciones, incluyendo concurso y reparación del daño. Al final de las mismas se precisarán esos aspectos y la acusación, en proposiciones concretas. El Ministerio Público podrá, inclusive, variar la clasificación típica contenida en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, siempre que se trate de los mismos hechos materia del proceso o impliquen un grado típico.

"‘En caso de conclusiones inacusatorias, también se motivará y fundará el inacreditamiento del cuerpo del delito o de la responsabilidad penal; la extinción de la pretensión punitiva o cualquier otra causa.

"‘El inculpado y su defensor podrán formular sus conclusiones sin sujetarse a regla alguna.’

"‘Artículo 259. Si las conclusiones formuladas fueren de no acusación o no comprendieran algún delito por el cual se hubiere dictado el auto de formal prisión o sujeción a proceso; si fueren contrarias a las constancias procesales; o si en ellas no se observare lo ordenado en el artículo anterior, el Juez las enviará, junto con el proceso al procurador general de justicia o al subprocurador que corresponda, señalando cuál es la irregularidad.’

"‘Artículo 260. El procurador general de Justicia o el subprocurador de que se trate, oirán el parecer de los agentes auxiliares y dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que se haya recibido el proceso decidirán si son de confirmarse, revocarse o modificarse las conclusiones.

"‘Devuelta la causa, el Juez decretará de oficio el sobreseimiento o dará vista al acusado y a su defensor para los efectos del artículo 258 de este código, según corresponda.’

"‘Artículo 261. Una vez expresadas las conclusiones de la defensa o tenidas por formuladas las de inculpabilidad, se declarará visto el proceso y se procederá a dictar sentencia dentro de los quince días siguientes, si el expediente excede de quinientas páginas se aumentara un día por cada cincuenta.’

"Preceptos de los que se destacaron los siguientes puntos:

"1. El primero en formular las conclusiones en un procedimiento penal, es el agente del Ministerio Público como representante de la sociedad, a quien la ley le exige que su presentación sea por escrito, para que a su vez sean contestadas por el inculpado y su defensa;

"2. Las conclusiones que formule el representante social, pueden ser de acusación y de no acusación; y,

"3. Sólo al Ministerio Público se le imponen reglas que debe cumplir en la formulación de conclusiones, siendo éstas las siguientes:

"A. Respecto a las de acusación.

"• Motivación y fundamentación respecto a:

"• Comprobación de los elementos del delito;

"• Modificativas;

"• Responsabilidad penal; y,

"• Sanciones que incluyen concurso de delitos y reparación del daño.

"• Al final, también debe precisar esos aspectos y la acusación en proposiciones concretas.

"B. Por cuanto hace a las que se formulan de manera inacusatoria.

"• Motivación y fundamentación respecto a:

"• Inacreditamiento del delito o de la responsabilidad penal; y,

"• En la extinción de la pretensión punitiva o cualquier otra causa.

"En la especie, se determinó que el tema que interesa se vincula con la hipótesis consistente en estimar la deficiencia en las conclusiones.

"a) Cuando las conclusiones se formulan de no acusación o no comprenden algún delito por el cual se hubiere dictado la formal prisión o el auto de sujeción a proceso al inculpado;

"b) Si fueren contrarias a las constancias procesales; o,

"c) No cumplan con los requisitos que la ley exige para su formulación.

"Ante la existencia de cualquiera de las hipótesis antes invocadas, se señaló que el artículo 259 del código adjetivo penal (abrogado) de esta localidad dispone que al actualizarse cualquiera de las hipótesis antes citadas [delimitadas con los incisos a) al c)], el Juez de la causa las enviará junto con el proceso al procurador o subprocurador que corresponda, señalando la irregularidad, para que éste a su vez escuche el parecer de los agentes auxiliares y dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que se haya recibido el proceso, decidirá si son de confirmarse, revocarse o modificarse (artículo 260 del propio código procesal).

"De lo hasta aquí expuesto, este órgano colegiado consideró que las disposiciones anteriormente citadas de manera alguna son contrarias a los derechos consagrados en la Constitución Federal en sus preceptos antes transcritos que tutela el derecho al debido proceso y los principios en los que se logra su efectividad y, por ende, no es posible que perjudiquen al gobernado que figura como inculpado en el proceso penal o a su defensa.

"Se sostuvo lo anterior, porque lo que el legislador quiso con el contenido de dichas disposiciones, fue brindar seguridad jurídica al inculpado y a su defensa para que conociera de manera clara y precisa la formulación de proposiciones concretas contenidas en el pliego acusatorio que es presentado por el órgano acusador, para que de esa forma, estuviera en aptitud de dar contestación a las mismas y posteriormente formular las propias, logrando con ello un verdadero debate en aras de respetar el principio de contradicción que tienen las partes en el proceso penal.

"Afirmación que se sustentó en el contenido de la exposición de motivos que se emitió para la reforma del citado artículo 259 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado), donde literalmente se dijo:

"‘La fase del juicio se modifica para que las conclusiones de las partes se desarrollen a través de un auténtico debate, formulándose primero las del Ministerio Público y luego, previa contestación a ésta las de la defensa (artículos 258 y 259)’.

"Consideración que fue reiterada por las Comisiones de Dictamen de Administración de Justicia y Procuración de Justicia del Poder Legislativo del Estado de México, quienes expresaron, por cuanto a dicho aspecto se refiere:

"‘Se modifica la fase del juicio para que las conclusiones de las partes se desarrollen a través de un auténtico debate formulándose primero las del Ministerio Público y luego, previa contestación a ésta las de las defensa y se suprime la audiencia final.’

"Consecuentemente, el hecho de que el juzgador primario aprecie las conclusiones que formuló la representación social para conocer si reúnen las formalidades que la propia ley exige, de ninguna alguna (sic) se traduce en que actúe de manera parcial en beneficio de la parte acusadora, pues con dicho actuar no se juzga sobre la existencia o no el delito; o en su defecto, si se acreditó o no la responsabilidad penal del inculpado; pues lo único que realiza con esa revisión, es determinar si esa exposición conclusiva está debidamente fundada y motivada; si contienen proposiciones concretas, para que la defensa y el inculpado puedan dar contestación a las mismas.

"En ese tenor, se puntualizó que tampoco puede hablarse de un desequilibrio procesal entre las partes, pues para que se actualice, deberían existir también disposiciones que obligaran al inculpado y a su defensa a cumplir con determinados requisitos para la formulación de conclusiones; y mayor aún, que en caso de no reunirse aquéllos, diversa disposición no facultará al juzgador para que subsanaran las que se hicieran de manera deficiente.

"Consideración que encontró apoyo en el contenido del artículo 258, párrafo último, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado), que literalmente establece:

"‘El inculpado y su defensor podrán formular sus conclusiones sin sujetarse a regla alguna.’

"En esta tesitura, este órgano ponderó que el hecho de que el juzgador envíe las conclusiones deficientes, acompañadas de la causa, al procurador o subprocurador para que las subsane, tampoco se traduce en otorgar ventaja al órgano acusador de dicho pliego conclusivo, pues lo que se realiza, es corregir un error del Ministerio Público para que de esa manera se brinde seguridad jurídica al inculpado y pueda defenderse adecuadamente de la acusación que se formule en su contra.

"Con independencia de lo hasta ahora expuesto, este tribunal también consideró que las disposiciones procesales 259 y 260 antes referidas, son fundamento para que el resolutor que lleva el proceso procure preservar el interés que tiene la sociedad respecto a que no queden impunes determinadas conductas que se cometieron y la dañaron, pues uno de los objetivos que se persiguen, es la convivencia social.

"En este contexto, este tribunal respetuosamente difiere de las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, relacionadas con que los artículos 259 y 260 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado), vulneran los derechos de debido proceso y que, por tal motivo deben desaplicarse, para lo cual en la ejecutoria del amparo directo 21/2013, se expuso:

"Que el contenido de las disposiciones procesales en comento, no contravienen los artículos 1o., 14 y 133 constitucionales porque tratándose del primer dispositivo, si bien es verdad que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, y que la interpretación de aquélla y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas.

"Asimismo, del párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos.

"Dispositivo constitucional que guarda relación con los diversos 14 y 16.

"Que tutela el derecho a un debido proceso mediante la efectividad de los principios de imparcialidad, igualdad de las partes y contradicción.

"Lo cierto es, que a juicio de este tribunal, en específico los artículos 259 y 260 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado), no transgreden tales disposiciones por las razones que a continuación también se expresaron:

"Como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el debido proceso constituye un derecho humano cuya observancia y efectividad exige el respeto de una serie de garantías judiciales entre ellas, el juzgamiento de un Juez imparcial y objetivo, así como el respeto a la igualdad de partes y a la contradicción.

"En el proceso penal, el Juez tiene la función de juzgamiento del caso sometido a su potestad, con pleno respeto y vigilancia de las directrices que conforman el derecho de debido proceso, colocándose como eje central ante quien las partes hacen valer sus pretensiones, vigilando la instrucción legal del proceso hasta resolver el caso a través de normas aplicables al caso concreto (sic).

"Por otra parte, la función del Ministerio Público dentro del proceso, es la de aportar pruebas que afirmen el acontecimiento de un hecho que previamente investigó en la fase indagatoria, para de esta forma solicitar el castigo de la persona que considera responsable mediante la expresión de una acusación formal que deriva la conclusión del proceso penal.

"La actuación de la defensa, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se expresa en el pleno ejercicio del derecho de defensa y el principio de contradicción frente a la imputación que se le formuló al procesado; y en la etapa conclusiva se manifiesta mediante el conocimiento previo de la acusación que hizo la representación social.

"Acorde a las funciones antes precisadas, se trajo a colación que se deben respetar los principios de imparcialidad, igualdad de partes y contradicción.

"Así, en cuanto al concepto de imparcialidad se señaló que está estrechamente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25232-cd459cc0/conclusiones-deficientes-o-no-acusatorias-del-ministerio-publico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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