REDUCCIÓN DE PENAS EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, FACULTA AL FISCAL PARA SOLICITAR LA REDUCCIÓN TANTO DE LA PRISIÓN COMO DE LA MULTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 9 DE OCTUBRE DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO ALBERTO DÍAZ CRUZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal,(5) 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, parte final, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013,(6) en atención a que se trata de una contradicción suscitada entre criterios emitidos por Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, con competencia en materia penal, sin que se advierta la necesidad de la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.—Legitimación. El defensor público federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Zacatecas, Zacatecas, cuenta con legitimación para formular la denuncia de la posible contradicción de tesis, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue quien promovió el juicio de amparo directo 998/2017, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes. Con el propósito de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe predominar, es conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito en contienda.
I. Amparo directo 998/2017, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito
a) Antecedentes del caso
En la causa penal **********, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, autorizó la apertura del procedimiento abreviado, en el cual condenó a ********** y **********, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos: 1) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y 2) Portación de arma de fuego sin licencia; motivo por los cuales les impuso: a) prisión de cuatro años, cuatro meses y b) multa de cien unidades de medida y actualización (UMA) equivalentes a $**********.
Inconformes con esa decisión, los sentenciados interpusieron recurso de apelación, del cual conoció el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, lo registró como toca de apelación **********, y el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete dictó sentencia, en la que confirmó el fallo de primer grado.
En contra de esa decisión, el defensor público federal de los sentenciados promovió juicio de amparo directo, el cual se radicó como **********, en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. En sus conceptos de violación, entre otras cuestiones, se alegó que es equivocada la decisión de no disminuir la pena pecuniaria que el Juez les impuso, pues consideran que la multa también debió incluirse en la disminución de la pena para el procedimiento abreviado –y no sólo la prisión–, pues conforme al artículo 22 constitucional, las penas deben ser compatibles con el delito atribuido.
Agregó que el Magistrado responsable interpretó erróneamente el artículo 202, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al apoyarse en el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, sin apreciar que puede acudir al principio de interpretación sistemática y teleológica del ordenamiento penal ante su deficiente redacción, ya que en ocasiones alude a las penas, sin especificar si se refiere a la privativa de libertad y multa, mientras que en otras, refiere en exclusiva a la primera, circunstancia que no implica que deba realizarse una interpretación estricta, porque ello contraría la perspectiva de derechos humanos prevista en el artículo 1o. constitucional.
b) Consideraciones del Tribunal Colegiado(7)
El Tribunal Colegiado dictó sentencia el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en la que consideró que el cálculo de la pena de prisión impuesta en primera instancia y confirmada en apelación, debía ajustarse a las reglas del concurso ideal de delitos y disminuirse en una tercera parte, conforme al párrafo cuarto del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues fue ese el porcentaje propuesto por el Ministerio Público, admitido por los acusados y aprobado por el juzgador, por ello, concedió el amparo a fin de que la autoridad responsable dejara sin efecto la resolución reclamada y, dictara otra, en la que se ciñera al lineamiento de la ejecutoria de amparo.
Y respecto al planteamiento sobre la reducción de la sanción pecuniaria, el Tribunal Colegiado desestimó dicho alegato, tras concluir que el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo comprende la reducción de la pena de prisión, razón por la cual no es factible reducir otras penas, como la multa.
Estableció que el principio de proporcionalidad, previsto en el artículo 22 de la Constitución Federal, no guarda relación con la compatibilidad que, según la apreciación del defensor público, debe existir entre las penas de prisión y la pecuniaria, de tal forma que deban disminuirse o aumentarse en la misma proporción una y otra, esto es, no guarda relación con las penas que particularmente sean individualizadas al acusado, sino que se refiere a la obligación que el legislador debe observar en la gravedad de las penas que contemple para el hecho antijurídico, en las proporciones que debe existir de ese hecho, con el grado de afectación al bien jurídico protegido, de tal forma que las penas más altas deben destinarse a las figuras jurídicas penales que protegen bienes jurídicos de mayor importancia.
Sostuvo que también es infundado que afecte a los quejosos el que no se haya disminuido la pena pecuniaria en el mismo porcentaje que se hizo para la pena de prisión ante la propuesta ministerial, toda vez que en este aspecto asiste la razón al Magistrado responsable, por cuanto afirma que el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales sólo comprende la pena privativa de la libertad, sin que para llegar a esa conclusión deba acudirse a interpretaciones distintas que la literal, es decir, no puede realizarse una interpretación teleológica o sistemática, dada la claridad del precepto.
La responsable realizó una acertada interpretación del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales al considerar que dicho numeral sólo permite la posibilidad de reducir las penas, a propuesta del Ministerio Público, por lo que se refiere a la sanción privativa de la libertad, no así la pecuniaria.
Consideró acertada esa conclusión porque de la lectura del citado precepto en sus párrafos cuarto y quinto, la disminución refiere en todo momento a las penas de prisión, sin mencionar otras sanciones, como la multa. De manera que, en atención a su contenido literal, se hace patente que la única sanción que es posible reducir, a propuesta del Ministerio Público, con la admisión del acusado y aprobación del Juez de control, es la pena de prisión, ninguna otra sanción, como la pecuniaria. Por esas razones determinó que el principio invocado por el defensor público de que "donde el legislador no distingue, no debe hacerlo su intérprete", no beneficia a los quejosos con respecto al artículo 202 del ordenamiento nacional adjetivo penal, por el contrario, si el citado precepto no comprende en su disminución a sanciones distintas de la privativa de la libertad, no puede hacerlo el juzgador.
Por ello, concluyó que los agravios sólo benefician a los quejosos por lo que se refiere a las penalidades que a cada uno de ellos les fue impuesta, no así respecto de las sanciones de multa, por estimarse que las apreciaciones de la responsable fueron correctas.
II. Amparo directo 143/2017, del índice del entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa (actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo) del Décimo Tercer Circuito
a) Antecedentes del caso
En la causa penal **********, la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca autorizó la apertura del procedimiento abreviado, en el cual condenó a **********, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, motivo por el cual le impuso: a) dos años de prisión (que corresponde a la reducción solicitada por el Ministerio Público de un tercio de la mínima previsto para el delito materia de condena) y b) cincuenta días de multa (correspondiente a la sanción mínima prevista y solicitada por el fiscal). Decisión que fue confirmada por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, mediante sentencia de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, en el toca de apelación **********.
En contra de ese fallo, el sentenciado promovió juicio de amparo directo, el cual se registró como **********, en el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa (actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo) del Décimo Tercer Circuito.
b) Consideraciones del Tribunal Colegiado(8)
El Tribunal Colegiado dictó sentencia el quince de febrero de dos mil dieciocho, en la que concedió el amparo al quejoso, para que el Tribunal Unitario responsable, tras dejar sin efecto el acto reclamado y reiterar las consideraciones que no son violatorias de derechos fundamentales, debía reducir la pena de multa, acorde con la reducción de la pena de prisión solicitada por el Ministerio Público.
Para arribar a esa conclusión, en suplencia de la queja, expuso que respecto a la pena de dos años de prisión impuesta al quejoso es legal y acorde al artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el Ministerio Público solicitó la reducción de la pena de prisión hasta un tercio de la mínima, en atención a que el término medio aritmético de la pena prevista para el delito excede de cinco años.
Sin embargo, por lo que hace a la multa impuesta como pena, la autoridad responsable impuso la mínima de cincuenta días, sin hacer extensiva la reducción realizada a la de prisión, lo cual consideró violatorio de los derechos del quejoso.
Señaló que una de las particularidades que da soporte al procedimiento abreviado, como forma de terminación anticipada del proceso penal, es la concesión de beneficios al imputado que acepte ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su responsabilidad en la comisión del delito.
Conforme a ese contenido legal, se confirió al Ministerio Público la facultad de solicitar la reducción del margen mínimo de las penas de prisión y multa correspondientes a los delitos por los cuales se acusa, como forma de beneficiar al acusado que reconoce voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en los delitos; de ahí que tratándose del procedimiento abreviado, los márgenes de punibilidad establecidos por el legislador en la norma se ven reducidos, como una de las características principales de esa forma de terminación anticipada del procedimiento penal.
No demerita la conclusión a la cual se arriba, el hecho de que el artículo 202, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no haga referencia expresa a la multa, ya que si bien menciona que el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de la pena de prisión, lo cierto es que también alude a ellas de forma plural, al prever que esa institución podrá pedir el decremento de las penas.
Esta interpretación que se hace del precepto en mención es acorde con el análisis conjunto y sistemático de su propio contenido, pero además con la naturaleza que la Constitución Federal imprime a la reducción de la pena, de manera que si, como ya se explicó, la Carta Magna la estatuye como un beneficio a favor del imputado que acepta su responsabilidad penal en la comisión del o los delitos que se le reprochan, no cabe apreciarlo de manera restrictiva, sino por el contrario, con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional (principio pro persona o pro homine), esto es, en la medida que en mayor grado le favorezca, en acatamiento a lo así dispuesto por el artículo 1o. del mismo Pacto Fundamental.
No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que en la audiencia relativa, respecto de la multa, la representación social solicitó la imposición de la mínima prevista en la fracción II del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, esto es, de cincuenta días, sin la reducción que sí hizo de la pena corporal, y que ésta fue aceptada por la defensa y el acusado; ello, pues no debe perderse de vista que si bien en el procedimiento acusatorio se privilegia el debate entre las partes, conforme al principio de contradicción y, en específico, en el procedimiento abreviado de donde deriva el acto reclamado se atiende a la solicitud realizada en audiencia en la que estuvo presente el acusado, también debe considerarse que conforme al artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la representación social realiza la solicitud y es a la autoridad jurisdiccional a quien corresponde la imposición de las penas.
En ese orden de ideas, el cuarto párrafo del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales otorga la facultad al Ministerio Público de solicitar la reducción de la pena de prisión, hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en los delitos culposos; en el mismo precepto se señala también la facultad de la representación social de solicitar la reducción de "las penas". Ahora bien, una interpretación conforme al principio pro persona, en la que se tome en cuenta que la Constitución Federal estatuye la terminación anticipada y la reducción de la pena como un beneficio del imputado que reconoce su participación en el hecho delictuoso, nos lleva a apreciar de manera amplia el precepto legal señalado; por lo que la reducción a que se refiere el mencionado artículo 202, incluye la multa prevista en la norma penal, no así la relativa a la reparación del daño por ser ésta un derecho del ofendido.
Dichas consideraciones se vieron reflejadas en la tesis aislada XIII.P.A.29 P (10a.), de título, subtítulo y texto:
"PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA FACULTAD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE SOLICITAR LA REDUCCIÓN DE LA PENA EN ESTA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 202, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, INCLUYE LA MULTA, PERO NO LA SANCIÓN PECUNIARIA RELATIVA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. El artículo mencionado otorga al Ministerio Público la facultad de solicitar la reducción de la pena de prisión hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en los culposos; en el mismo precepto se señala también la facultad de la representación social de solicitar la reducción de ‘las penas’. Ahora bien, una interpretación conforme al principio pro persona, en la que se tome en cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone la terminación anticipada y la reducción de la pena como un beneficio del imputado que reconoce su participación en el delito, nos lleva a apreciar de manera amplia el precepto señalado; por lo que la reducción a que se refiere la porción normativa del artículo 202, párrafo cuarto, indicado, incluye la multa prevista en la norma penal, pero no la sanción pecuniaria relativa a la reparación del daño, por ser ésta un derecho de la víctima u ofendido del delito."
III. Amparo directo 362/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito
a) Antecedentes del caso
En la causa penal **********, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua autorizó la apertura del procedimiento abreviado, en el cual condenó a **********, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos: 1) Contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana con fines de venta; 2) Posesión de cartuchos de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; y 3) Posesión ilícita de cargadores para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; motivo por el cual le impuso, entre otras sanciones: a) cinco años seis meses de prisión y b) multa de ciento treinta unidades de medida y actualización (UMA), que corresponden a la reducción de un tercio de la pena mínima solicitada por el Ministerio Público.
Decisión que fue modificada por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en el toca de apelación **********, con el argumento de que las penas impuestas son mayores a la reducción de un tercio solicitada, razón por la cual disminuyó a cinco años la prisión, así como a ochenta y dos (UMA) la multa.
En contra de ese fallo, el sentenciado promovió juicio de amparo directo, el cual se registró como **********, en el índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
b) Consideraciones del Tribunal Colegiado(9)
El Tribunal Colegiado dictó sentencia el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, en la que negó el amparo al quejoso. En cuanto al capítulo de individualización de las sanciones, expuso –en lo que interesa para la solución de este asunto– lo siguiente:
Ante el Juez de control, la fiscalía solicitó las sanciones de: 1) tres años seis meses de prisión y ochenta días multa por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana con fines de comercio, en su variante de venta; 2) un año cuatro meses de pena privativa de libertad y quince días multa, por el diverso de posesión de cartuchos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; y 3) ocho meses de prisión y, treinta y cinco días multa por el delito de posesión ilícita de cargadores para armas de fuego reservadas a las fuerzas armadas del país. Esto es, un total de cinco años seis meses de prisión y ciento treinta unidades de medida y actualización, equivalentes a $**********.
Indicó que el código sustantivo penal federal sanciona en su artículo 195, párrafo primero, el delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en su variante de venta de cannabis sativa l., con pena de prisión de cinco a quince años y de cien a trescientos cincuenta días multa.
Por su parte, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, penaliza: a) la posesión de cartuchos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en su numeral 83 Quat, fracción I, con uno a cuatro años de prisión y diez a cincuenta días multa, y en su diversa II, con dos a seis años de pena corporal y veinticinco a cien días multa; y b) en su arábigo 83 Quintus, fracción I, la posesión ilícita de cargadores para arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas del país, con uno a dos años de pena corporal y de cincuenta a cien días multa.
Entonces, aplicando la reducción de un tercio no sólo a esos parámetros mínimos de la pena de prisión, sino también a los relativos a la multa, al tenor de lo dispuesto en el cardinal 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como se estimó en la reclamada, tenemos que:
Por el primero de los delitos en mención, resulta una pena privativa de libertad de tres años cuatro meses, sesenta y seis días multa. Por el segundo, un año cuatro meses de prisión y dieciséis días multa, conforme a la fracción II del artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; en razón de que la institución ministerial no pidió la imposición de las sanciones previstas en la fracción I de ese cardinal; y por el tercer ilícito, ocho meses de pena privativa de libertad y treinta y tres días multa.
Ciertamente, la responsable estuvo en lo correcto al aplicar la reducción que contempla el arábigo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto a la pena de prisión como a la multa, toda vez que una de las particularidades que da soporte al procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada del proceso penal es la concesión de beneficios al imputado que acepte ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su responsabilidad en la comisión del delito.
Prerrogativa que alcanza rango constitucional, al encontrarse contenida en el artículo 20, inciso a), fracción VII, de la Carta Magna y en observancia a esa disposición fundamental, el legislador federal estableció los términos y alcances de esas bondades dentro del cardinal 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de cuyo contenido se advierte que se confirió a la institución ministerial la facultad de solicitar la reducción del margen mínimo de las penas de prisión y multa correspondientes a los delitos por los cuales se acusa, como forma de beneficiar al acusado que reconoce voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en los delitos; de ahí que tratándose del procedimiento abreviado, los márgenes de punibilidad establecidos por el legislador en la norma se ven reducidos, como una de las características principales de esa forma de terminación anticipada del procedimiento penal.
Precisó que no demerita la conclusión alcanzada, el hecho de que el artículo 202, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no haga referencia expresa a la multa, ya que si bien menciona que el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de la pena de prisión, lo cierto es que también alude a ellas de forma plural, al prever que esa institución podrá pedir el decremento de las penas.
Concluyó que la interpretación alcanzada es acorde con el análisis conjunto y sistemático de su propio contenido pero, además, con la naturaleza que la Constitución Federal imprime a esa reducción, de manera que si, como ya se explicó, esa Carta Magna la estatuye como un beneficio a favor del imputado que acepta su responsabilidad penal en la comisión del o los delitos que se le reprochan, no cabe apreciarlo de manera restrictiva, sino por el contrario, con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional –principio pro persona o pro homine–, esto es, en la medida en que en mayor grado le favorezca, en acatamiento a lo así dispuesto por el cardinal 1o. del mismo Pacto Fundamental.
Dichas consideraciones dieron origen a la tesis aislada XVII.1o.P.A.47 P (10a.), de título, subtítulo y texto:
"PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA FACULTAD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE SOLICITAR LA REDUCCIÓN DE LAS PENAS CON MOTIVO DE SU APERTURA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, INCLUYE LA MULTA, PERO NO LA SANCIÓN PECUNIARIA RELATIVA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. De conformidad con el artículo mencionado, se confirió a la institución ministerial la facultad de solicitar la reducción del margen mínimo de las penas de prisión y multa correspondientes a los delitos por los cuales se acusa, como forma de beneficiar al acusado que reconoce voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en los delitos; de ahí que tratándose del procedimiento abreviado, los márgenes de punibilidad establecidos por el legislador en la norma se ven reducidos, como una de las características principales de esa forma de terminación anticipada del procedimiento penal. Lo anterior, no obstante que el propio numeral, en su párrafo cuarto, no haga referencia expresa a la multa, ya que si bien menciona que el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de la pena de prisión, lo cierto es que también alude a ellas de forma plural, al prever que esa institución podrá pedir la reducción de las penas. Esa interpretación que se efectúa del precepto mencionado, es acorde con el análisis conjunto y sistemático de su propio contenido, pero además, con la naturaleza que la Constitución Federal imprime a esa reducción, de manera que si aquélla la estatuye como un beneficio a favor del imputado que acepta su responsabilidad penal en la comisión del delito o los delitos que se le reprochan, no cabe apreciarlo de manera restrictiva, sino por el contrario, con la interpretación más favorable a la persona al –orden constitucional principio pro persona–, esto es, en la medida en que en mayor grado le favorezca, en acatamiento al artículo 1o. constitucional. Sin embargo, esa reducción no comprende la sanción pecuniaria relativa a la reparación del daño, establecida en el artículo 29 del Código Penal Federal, en favor de la víctima, ya que conforme al derecho material y con arreglo a la ley adjetiva penal que lo tutela, el resarcimiento del daño, entendido como pena pública, contiene dos aspectos: la pena privativa de la libertad y la accesoria de multa, que son consecuencias ineludibles del hecho de que se acredite la pretensión punitiva del proceso, de modo que el beneficio de esa reducción versa sobre ese resarcimiento público, no sobre la reparación del daño previsto en favor del ofendido cuando éste también lo resiente con motivo de la comisión del ilícito."
Similares consideraciones sostuvo el Tribunal Colegiado en la resolución del diverso amparo directo 46/2018, fallado en sesión de treinta de agosto de dos mil dieciocho.
CUARTO.—Existencia de la contradicción. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(10) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.
Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
Así, la finalidad que persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está contenida en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 225 a 227 de la Ley de Amparo vigente; de los cuales se desprende una facultad para unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados –o las Salas de la Corte, en su caso– llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto y, de esta forma, dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.(11)
Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque si legales.(12)
En ese sentido, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que la configuración de una contradicción de tesis requiere que se cumplan las condiciones(13) siguientes:
1. Los tribunales contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de u
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29444-8a08d94b/reduccion-de-penas-en-el-procedimiento-abreviado-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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