Corpus
Modo: Corpus Pro

BENEFICIOS PRELIBERACIONALES. LA NEGATIVA DE CONCEDERLOS AL SENTENCIADO EN UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO PUEDE SER MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CONFORME A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 409/2019. · Registro digital (IUS): 29365
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COL
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Pág. 2205.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 409/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 15 DE ENERO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO ACLARATORIO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.

III. Competencia

5. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito antes citados, conforme a la interpretación extensiva y teleológica de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) en virtud de que a este Alto Tribunal le compete conocer de las contradicciones de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos.

6. Cabe precisar que si bien formalmente esta Primera Sala resultaría incompetente para conocer de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados Segundo y Segundo en Materia Penal y Administrativa ambos del Décimo Séptimo Circuito, ya que respecto a ellos la competencia se surte a favor del Pleno de dicho Circuito en términos del artículo 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución, así como 226, fracción III, de la Ley de Amparo, se estima innecesario hacer la declaración correspondiente y hacer la remisión de las actuaciones respectivas al órgano competente, toda vez que tal contradicción de tesis quedaría sin materia con motivo de la determinación que se tome por este Alto Tribunal sobre la tesis que ha de prevalecer considerando al resto de los tribunales contendientes, pues ésta será de observancia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país, incluido el mencionado Pleno de Circuito.

IV. Legitimación

7. En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por Juan Carlos Esper Félix, Magistrado del Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito. Por tanto, se actualiza el supuesto de legitimación previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(7)

V. Existencia de la contradicción

8. En principio, debe destacarse que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

9. El criterio de referencia se encuentra previsto en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(8)

10. Del citado criterio se evidencia que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

11. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

12. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

13. Condiciones que se reflejan en las jurisprudencias 1a./J. 23/2010(9) y 1a./J. 22/2010,(10) de esta Primera Sala del Alto Tribunal, con los rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO." y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.", respectivamente.

14. En ese sentido, es conveniente precisar las consideraciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones, las que servirán para dar respuesta a la interrogante relativa a si existe o no una contradicción de criterios.

• Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito

15. El referido Tribunal Colegiado resolvió el amparo directo **********,(11) que presentó las características siguientes:

16. ********** reconoció su responsabilidad penal en la Comisión del Delito de Portación de Arma de Fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, quien lo condenó el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante sentencia con la cual resolvió el procedimiento abreviado relativo a la carpeta judicial **********.

17. El Juez impuso al acusado las penas de dos años de prisión y multa por cien unidades de medida y actualización vigente en la época de los hechos, equivalente a siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos. Asimismo, le negó el beneficio de la condena condicional establecido en el artículo 90 del Código Penal Federal, bajo la consideración de que delinquió por el mismo delito antes de la comisión de los hechos materia de condena; ordenó su amonestación, la suspensión de derechos civiles y políticos, por igual plazo de la pena de prisión, y el decomiso de los artefactos bélicos afectos a la causa penal.

18. La defensora pública federal del enjuiciado interpuso recurso de apelación que el Magistrado del Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito resolvió en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia impugnada, mediante resolución de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, pronunciada en el toca penal **********.

19. El órgano de defensa federal del sentenciado promovió juicio de amparo directo que el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito radicó como expediente **********. En este, negó el amparo al quejoso por sentencia que dictó el trece de junio de dos mil diecinueve, en la cual expuso las consideraciones que a continuación se sintetizan:

• En el considerando quinto reseñó los antecedentes del asunto, declaró inoperantes los conceptos de violación y sostuvo que en el caso no había queja que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

• Lo anterior, porque no se advertían violaciones al cumplimiento de los presupuestos para la procedencia de la forma de terminación anticipada del proceso penal, como es el procedimiento abreviado.

• Precisó que el quejoso reclamó únicamente la negativa de otorgar el beneficio de la condena condicional. Transcribió la parte conducente de los agravios formulados en el recurso de apelación, respecto de los cuales dijo que eran los mismos argumentos contenidos en los conceptos de violación, los que estimó inoperantes.

• Así lo calificó, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 65/2016, sostuvo el criterio de las cuestiones que pueden ser revisables por el tribunal de segunda instancia en el recurso de apelación interpuesto en contra de las sentencias dictadas en el procedimiento abreviado.

• Expuso que en dicha contradicción la Primera Sala utilizó los razonamientos expuestos en la ejecutoria del amparo directo en revisión 1619/2015, dividiendo el análisis de la misma manera en dos apartados: a) la naturaleza y las características del procedimiento abreviado y, b) las cuestiones que pueden ser revisables por el tribunal de apelación, cuando la sentencia proviene de un procedimiento abreviado.

• Respecto al segundo aspecto referido, destacó que la Primera Sala sostuvo que tratándose de sentencias que provienen de un procedimiento abreviado de ninguna manera es procedente realizar un análisis para verificar la acreditación de los elementos del delito y la plena responsabilidad del sentenciado.

• De ahí, refirió que la Primera Sala había estimado también que resultaba claro que en la apelación derivada de un procedimiento abreviado, sólo podrá ser objeto de cuestionamiento la violación al cumplimiento de los presupuestos jurídicos fundamentales, para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio; lo cual comprende el análisis de la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. Así como, de ser el caso, la imposición de las penas que sean contrarias a la ley, distintas o mayores a las solicitadas por el Ministerio Público y aceptadas por el acusado, además de la fijación del monto de la reparación del daño.

• Cuestiones que se encontraban plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 34/2018 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUESTIONES QUE PUEDEN SER REVISABLES EN LA APELACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL."

• Sobre esa base argumentativa, sostuvo que era claro que el Tribunal Unitario responsable se encontraba impedido para analizar los agravios que en el referido aspecto hizo valer el quejoso, en atención al criterio de la Primera Sala del Alto Tribunal en el que limitó las cuestiones que pueden ser materia de análisis en el recurso de revisión, entre las cuales no señaló lo relativo al beneficio de la condena condicional previsto en el artículo 90 del Código Penal Federal.

• Consecuentemente, el tribunal responsable no se encontraba en la posibilidad de analizarla; de ahí que no agravia al quejoso que dicha autoridad confirmara la negativa del beneficio de la condena condicional decretada.

• Especificó que aun cuando el Tribunal Unitario responsable se pronunció en cuanto al fondo sobre la legalidad de la negativa del beneficio de la condena condicional, ello no hacía procedente el pronunciamiento sobre dicho tópico, porque la jurisprudencia citada no estableció como procedente su estudio en la instancia de apelación.

• Adicionalmente, refirió que en la resolución del amparo directo en revisión 1619/2015, la Primera Sala del Alto Tribunal precisó las consideraciones que pueden ser materia de cuestionamiento constitucional en el juicio de amparo, en el que se reclame la sentencia definitiva derivada del procedimiento abreviado, entre las que tampoco fijó las correspondientes al beneficio en cuestión.

• Al respecto, citó la tesis 1a. CCX/2016 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONSIDERACIONES QUE PUEDEN SER MATERIA DE CUESTIONAMIENTO CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL."

• Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito

20. En la resolución del amparo directo **********, se estudió un caso con los aspectos distintivos siguientes:

21. ********** reconoció su responsabilidad penal en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, quien lo condenó mediante sentencia de quince de diciembre de dos mil diecisiete que resolvió el procedimiento abreviado relativo a la carpeta judicial **********.

22. El Juez impuso al acusado las penas de dos años, tres meses, de prisión y multa por cincuenta unidades de medida y actualización vigente en la época de los hechos, equivalente a tres mil setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos. Asimismo, le negó el beneficio de la condena condicional establecido en el artículo 90 del Código Penal Federal porque se evidenció que mostró mala conducta antes de la comisión de los hechos materia de condena; también ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, por igual plazo de la pena de prisión, y el decomiso del arma de fuego afecta a la causa penal.

23. La defensora pública federal del enjuiciado interpuso recurso de apelación que el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito resolvió en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia impugnada, mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en el toca penal **********.

24. El órgano de defensa federal del sentenciado promovió juicio de amparo directo que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito radicó como expediente **********. En éste, negó el amparo al quejoso por sentencia que dictó el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en la cual desarrolló las consideraciones que se sintetizan enseguida:

• En el considerando cuarto reseñó los antecedentes del asunto y los conceptos de violación hechos valer, mismos que declaró inoperantes.

• Señaló que no había queja deficiente que suplir, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, porque no se advertían violaciones al cumplimiento de los presupuestos para la procedencia del procedimiento abreviado, como forma de terminación anticipada del proceso penal.

• Precisó que el quejoso sólo reclamó la negativa de otorgar el beneficio de la condena condicional. Transcribió la parte conducente de los agravios formulados en el recurso de apelación, destacando que eran los mismos argumentos en los conceptos de violación, los cuales calificó de inoperantes.

• Dicha calificación la hizo porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 65/2016, en la cual se emitió criterio con el cual se regulan las cuestiones que pueden ser revisables por el tribunal de segunda instancia, en el recurso de apelación interpuesto en contra de las sentencias dictadas en el procedimiento abreviado.

• Expuso que en dicha contradicción la Primera Sala utilizó los razonamientos expuestos en la ejecutoria del amparo directo en revisión 1619/2015, dividiendo el análisis en dos apartados: a) la naturaleza y las características del procedimiento abreviado y, b) las cuestiones que pueden ser revisables por el tribunal de apelación, cuando la sentencia proviene de un procedimiento abreviado.

• Por cuanto al segundo punto, mencionó que la Primera Sala sostuvo que tratándose de sentencias que provienen de un procedimiento abreviado de ninguna manera es procedente realizar un análisis para verificar la acreditación de los elementos del delito y la plena responsabilidad del sentenciado.

• De ahí, la Primera Sala había estimado también que resultaba claro que en la apelación derivada de un procedimiento abreviado, sólo podrá ser objeto de cuestionamiento la violación al cumplimiento de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio, lo cual comprende el análisis de la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. Así como, de ser el caso, la imposición de las penas que sean contrarias a la ley, distintas o mayores a las solicitadas por el Ministerio Público y aceptadas por el acusado, además de la fijación del monto de la reparación del daño.

• Cuestiones que se encontraban plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 34/2018 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUESTIONES QUE PUEDEN SER REVISABLES EN LA APELACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL."

• Sobre esa base argumentativa, sostuvo que era claro que el Tribunal Unitario responsable se encontraba impedido para analizar los agravios que en el referido aspecto hizo valer el quejoso, en atención a que la Primera Sala del Alto Tribunal limitó las cuestiones que pueden ser materia de análisis en el recurso de revisión, entre las cuales no señaló lo relativo al beneficio de la condena condicional previsto en el artículo 90 del Código Penal Federal.

• Consecuentemente, sostuvo que aun cuando el Tribunal Unitario responsable se pronunció por cuanto al fondo del asunto, sobre la legalidad de la negativa del beneficio de la condena condicional, ello no hacía procedente el pronunciamiento sobre dicho tópico, porque la jurisprudencia citada no estableció como procedente su estudio en la instancia de apelación.

25. Las consideraciones anteriores las reiteró el propio Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito en la resolución del amparo directo **********, mediante sentencia que dictó el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho en la que de igual forma negó la protección constitucionalidad solicitada por el quejoso contra la sentencia definitiva de condena dictada en un procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del proceso penal.

26. Dichas ejecutorias dieron origen a la tesis aislada XVII.2o. P.A. 32 P (10a.), cuyo título, subtítulo y texto dicen:

"CONDENA CONDICIONAL. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO EN LOS QUE EL SENTENCIADO EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO IMPUGNA LA NEGATIVA DE DICHO BENEFICIO, AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE APELACIÓN HAYA ANALIZADO DICHO TEMA EN LA SENTENCIA RECLAMADA. De la jurisprudencia 1a./J. 34/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: ‘PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUESTIONES QUE PUEDEN SER REVISABLES EN LA APELACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL.’, se advierte que cuando la resolución recurrida en apelación es la dictada en definitiva en el procedimiento abreviado, la materia de dicho recurso se encuentra limitada a los supuestos que se señalan en la propia jurisprudencia, entre los cuales no se encuentra lo concerniente al beneficio de la condena condicional, previsto en el artículo 90, fracción I, inciso b), del Código Penal Federal. Por tanto, cuando dicho beneficio es negado al sentenciado en la resolución con la que concluyó anticipadamente el proceso penal acusatorio, esa cuestión no puede ser materia de estudio en el recurso de apelación que se interponga. En ese sentido, si el tribunal de apelación responsable lleva a cabo su análisis con motivo de los agravios que al efecto se hicieron valer confirmando dicha negativa, los conceptos de violación que al respecto se formulen en el amparo directo son inoperantes, porque ese tema no debió analizarse en la sentencia reclamada, y la irregularidad de ésta no obliga al Tribunal Colegiado de Circuito a pronunciarse sobre esa cuestión."(12)

• Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito

27. Al resolver el amparo directo **********, el órgano colegiado analizó un asunto con los antecedentes procesales siguientes:

28. ********** reconoció su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de allanamiento de morada y portación de arma prohibida ante el Juez Oral Penal del Distrito Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta, quien lo condenó mediante sentencia de seis de octubre de dos mil diecisiete, que resolvió el procedimiento abreviado relativo a la carpeta judicial **********.

29. El Juez impuso al acusado las penas de dos años, un mes, de prisión y multa equivalente a siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos. Asimismo, lo condenó al pago de la reparación del daño correspondiente y le negó cualquier beneficio liberatorio.

30. El enjuiciado interpuso recurso de apelación que el Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito del Estado de Sonora, con sede en Caborca, resolvió en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia impugnada, mediante resolución de quince de noviembre de dos mil diecisiete en el toca de apelación penal **********.

31. El sentenciado promovió juicio de amparo directo que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito radicó como expediente **********. En este, negó el amparo al quejoso por sentencia que dictó el nueve de mayo de dos mil diecinueve, en la que en síntesis consideró lo siguiente:

• En el considerando séptimo precisó que el quejoso formuló conceptos de violación en los que medularmente reclamó la valoración de los datos de prueba, así como negativa en otorgarle el beneficio de la suspensión de la pena, mismos que declaró infundados.

• En cuanto al primer argumento planteado, refirió que el Código Nacional de Procedimiento Penales regula el procedimiento abreviado como una forma de terminación anticipada del proceso penal que para su procedencia requiere que lo solicite el Ministerio Público, el cual debe formular la acusación ante el Juez de Control en la que ha de expresar la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, los datos de prueba que los sustenten, clasificación jurídica y el grado de intervención, así como las penas a imponer y el monto de la reparación del daño.

• Sostuvo que algunas de las ventajas del procedimiento abreviado es que, por un lado, se evite la celebración del juicio oral, con todo lo que implica su preparación y desahogo y, por otro, se asegure una sentencia con base en los datos de prueba contenidos en los registros de la carpeta de investigación, suficientes para corroborar la imputación del Ministerio Público, en donde previa solicitud de éste, el Juez de Control impondrá una pena que tendrá como límite el quantum de la solicitada por dicha institución ministerial, que puede ser inferior a la mínima prevista por la ley para el delito de que se trate.

• Asimismo, dijo que la instauración del procedimiento abreviado supone un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado (asistido de su defensor), para que sea juzgado con los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, admitiendo su responsabilidad en el delito imputado y renunciando al juicio oral, a cambio de la aplicación de una pena más benévola que la que se le impondría en el procedimiento penal ordinario (juicio oral) y que acepte ser sentenciado de acuerdo con los medios.

• De ahí que se excluya la posibilidad de que en amparo directo se examine la demostración del delito y la responsabilidad penal del sentenciado en la comisión del mismo, tópicos que no están a debate, derivado de la aceptación de la persona de ser juzgada con base en los medios de convicción que sustentan la acusación, pues el fundamento de la sentencia en tal procedimiento es el acuerdo entre las partes, de ahí que los citados aspectos no admiten contradicción en sede judicial, precisamente por ser resultado de un convenio celebrado por las partes en un caso en el que el acusado y su defensor asumen que no tienen forma de revertir los elementos que sustentan la acusación.

• Lo anterior, con sustento en la tesis 1a. CCX/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONSIDERACIONES QUE PUEDEN SER MATERIA DE CUESTIONAMIENTO CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL."

• Destacó que en la ejecutoria de la cual derivó la tesis aislada transcrita emergió una diversa en la que se delimitó el alcance del presupuesto de procedencia previsto en el artículo 20, apartado A, fracción VII, constitucional, señalando medularmente que la locución "medios de convicción suficientes" no puede confundirse, interpretarse o asignarle como sentido, que deba realizarse un ejercicio de valoración probatoria por parte del juzgador para tener por demostrada la acusación formulada por el Ministerio Público, porque la labor del Juez de Control se constriñe a figurar como un ente intermedio que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes, y es quien debe determinar si la acusación contra el imputado contiene lógica argumentativa, a partir de corroborar que existan suficientes medios de convicción que la sustenten; es decir, que la aceptación del acusado de su participación en la comisión del delito no sea el único dato de prueba, sino que está relacionada con otros que le dan congruencia a las razones de la acusación.

• Enseguida transcribió la tesis a la que se refería, de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CONNOTACIÓN Y ALCANCES DEL PRESUPUESTO DE PROCEDENCIA CONSISTENTE EN QUE ‘EXISTEN MEDIOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES PARA CORROBORAR LA IMPUTACIÓN’, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

• En ese sentido afirmó, que no era jurídicamente dable abordar la legalidad de la determinación relativa a la comprobación de los delitos materia de condena del quejoso, así como la responsabilidad en su comisión, al tratarse de temas superados con el pacto celebrado por las partes a fin de concluir el proceso penal ordinario mediante el procedimiento abreviado. Por tanto, no haría un pronunciamiento distinto al que ya contiene la sentencia de primera instancia y la dictada por el tribunal de apelación responsable.

• En lo referente al segundo argumento hecho valer por el quejoso, correspondiente a la negativa de otorgarle el beneficio de suspensión condicional de la pena, determinó que el mismo resultaba ineficaz al haberse dejado intocada la determinación del tribunal de alzada de confirmar la acreditación de los delitos, así como la responsabilidad penal atribuida.

• En efecto, refirió que al no prosperar los conceptos de violación en los que se alegó la insuficiencia probatoria para demostrar los ilícitos y la responsabilidad penal imputada, acarreó la ineficacia del reclamo sobre la negativa en el otorgamiento del beneficio preliberacional, pues prácticamente su procedencia dependía de que se encontraran fundados los anteriores conceptos ya desestimados en el fallo.

• Lo anterior, sin que, advirtiera que tanto el Juez como la autoridad responsable, en lo referente a este rubro, hayan incurrido en alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso que pudiera ser subsanada en suplencia de la queja, siendo que la determinación de negarle la prerrogativa aludida fue motivada por el hecho de que en la comisión de los delitos perpetrados utilizó una punta de navaja para amenazar a la pasivo, en virtud de lo cual se actualizaba lo dispuesto por el numeral 87, fracción I, inciso a), del Código Penal para el Estado de Sonora, lo que impedía concederle el beneficio liberatorio.

• Así, al no prosperar los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, procedió negar al quejoso la protección constitucional solicitada, al no advertirse, además, la existencia de alguna violación que suplir en su favor en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

• Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito

32. Al resolver el amparo directo **********, el Tribunal Colegiado resolvió un caso con las condiciones procesales que siguen:

33. ********** reconoció ser responsable de la comisión del ilícito de robo agravado, al haberse cometido con violencia en un establecimiento comercial abierto al público, ante el Juez Oral de lo Penal del Distrito Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, quien lo condenó el treinta de noviembre de dos mil dieciséi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29365-6be5d0c0/beneficios-preliberacionales-la-negativa-de-concederlos-al-sentenciado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.