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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUESTIONES QUE PUEDEN SER REVISABLES EN LA APELACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2016. · Registro digital (IUS): 28131
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-10-19
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COL
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Pág. 718.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 18 DE ABRIL DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ARTURO BÁRCENA ZUBIETA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y por el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos.

Lo anterior, también con base en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009, la cual desprendió la tesis aislada de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(5)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional, y 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, órgano contendiente en la misma.

TERCERO.—Criterios contendientes. Los antecedentes y consideraciones de las ejecutorias que dieron lugar a la presente contradicción de tesis, son las que se sintetizan a continuación:

1. Amparo directo 387/2009, emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.

El diecisiete de abril de dos mil nueve, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Hidalgo, con residencia en Parral, Chihuahua, en la causa penal **********, emitió una sentencia que derivó de un procedimiento abreviado, en la que consideró penalmente responsables a **********, ********** y **********, por el delito de robo agravado. Por tanto, les impuso una pena de un año con dos meses de prisión, y los absolvió del pago de la reparación del daño.

Inconforme, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación. El dieciocho de agosto de dos mil nueve, la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, dictó una sentencia en la que modificó la resolución de primera instancia y aumentó la pena a tres años con cuatro meses de prisión, también los condenó al pago de la reparación del daño.

En contra, los sentenciados promovieron un juicio de amparo y señalaron, como conceptos de violación, que fue inadecuado que la Sala responsable no analizara el valor probatorio que otorgó el Juez natural a los medios de prueba. Además, el Juez de primera instancia no tenía por qué consentir algo que no estaba acreditado, como era la cantidad de dinero robado aunque así lo refiriera el Ministerio Público.

El veintiséis de febrero de dos mil diez, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en el amparo directo 387/2009, concedió el amparo para el efecto de que la Sala responsable emitiera una nueva resolución en la que resolviera la litis de la apelación, y prescindiera del criterio que señala que no existe punto de debate, al haberse consentido la imputación del Ministerio Público. Al respecto, indicó:

"Aun cuando los imputados acepten, o bien no se opongan a la acusación formulada por el Ministerio Público, corresponde al Juez de Garantía determinar si existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación en todos sus aspectos.(6)

"El acuerdo de las partes en el trámite especial abreviado, que se vincula con la aplicación del derecho que lleva a cabo el Juez, no fue ponderado por el legislador como un caso de exclusión de debate en el recurso de apelación y, por ende, debe ser estudiado por la alzada."(7)

El mismo Tribunal Colegiado de Circuito reiteró ese mismo criterio, al resolver los amparos directos 78/2012, 111/2012, 239/2014 y 202/2014. Por lo cual, formó la siguiente tesis de jurisprudencia:

"PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA DELIMITACIÓN DE LA LITIS EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA EN AQUÉL, NO SÓLO ABARCA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, SINO TAMBIÉN EL ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO POR EL JUEZ DE GARANTÍA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). El artículo 408 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua establece los extremos en que debe fijarse la litis en la alzada, con base en las consideraciones que las partes sometan a la potestad de la Sala Penal –constituida como Tribunal Unitario–, quedando prohibido extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas o que estén más allá de los límites solicitados, a menos de que se trate de una lesión a los derechos fundamentales. Por su parte, en términos del artículo 414, fracción IV, del citado ordenamiento es apelable la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, redacción que se aprecia genérica, es decir, no se constriñe al fallo absolutorio, pues abarca tanto a éste como al condenatorio; por tanto, las consecuencias que dicha resolución provoque a las partes, abren la oportunidad para que la impugnen a través de la apelación y se fije la litis del recurso mencionado, la cual comprende, además de los agravios correspondientes, el acuerdo que las partes someten ante el Juez de Garantía en el procedimiento abreviado, vinculado con la aplicación del derecho que éste realiza al dictar sentencia, ya que dicha circunstancia no fue ponderada por el Constituyente como un caso de exclusión de debate en el recurso de apelación y, por ende, debe estudiarse por la alzada para resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito y la aplicación de las penas, a efecto de cumplir con el objeto del proceso, que se traduce en la restauración de la armonía social entre sus protagonistas en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, entendiéndose por éstos, los reconocidos en las Constituciones Federal y Locales, en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en las leyes que de aquéllas emanen."(8)

2. Amparo directo 213/2012, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

El veintiocho de junio de dos mil doce, el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, en la carpeta administrativa **********, emitió una sentencia en la que declaró penalmente responsable a **********, del delito de robo agravado (por cometerse sobre un vehículo automotor con violencia), por lo cual, le impuso doce años de prisión. La sentencia derivó de un procedimiento abreviado.

El veinte de agosto de dos mil doce, la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca **********, emitió una resolución en la que modificó la sentencia de primera instancia y redujo la pena al sentenciado a seis años de prisión. Inconforme, **********, promovió un juicio de amparo, y señaló como concepto de violación que la Sala responsable omitió analizar que no se acreditó su responsabilidad en los hechos delictivos, ni tampoco estudió si se acreditaron los elementos del delito imputado.

El catorce de marzo de dos mil trece, el Segundo Tribunal en Materia Penal del Segundo Circuito, en el juicio de amparo 213/2012, concedió el amparo, para el efecto de que la Sala responsable emitiera una nueva resolución en la que expusiera, de manera sintetizada, el contenido de los datos de prueba con los que sustentaba la demostración de los elementos del delito de robo con modificativa y la plena responsabilidad del sentenciado, y señalara los motivos por los que se acreditó la modificativa agravante de violencia moral. Al respecto, indicó:

"Al existir la posibilidad en el procedimiento abreviado, de que aun cuando el imputado haya aceptado su participación en el hecho, el tribunal pueda emitir una sentencia absolutoria o condenatoria, según lo autoriza el ordinal 393 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad, resulta indispensable que se argumente el porqué está acreditado la existencia del hecho delictuoso y la certeza de que Luis Erick León Ortiz lo cometió, pues de conformidad con el diverso 383 del ordenamiento legal invocado, sólo se condenará al acusado cuando se acredite plenamente el hecho delictuoso y su responsabilidad penal; por ello, es necesario que se examinen esos datos de prueba existentes en la carpeta administrativa y se exponga el razonamiento de valoración correspondiente ...

"Acorde al numeral 407 del código adjetivo local, se establece que la segunda instancia se abrirá a petición de parte para resolver sobre los agravios que le causó la resolución recurrida; no obstante ello, la interpretación de dicho dispositivo no puede hacerse en forma aislada o literal, sino que debe realizarse de manera sistemática con el diverso 406 del propio ordenamiento invocado, en el que, en el examen del recurso de apelación, debe examinarse, si en la resolución impugnada se aplicó o no inexactamente la ley, se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, o si se alteraron los hechos; de tal forma que, de no entrar la autoridad responsable a estudiar la manera en que se demostró el hecho delictuoso y la responsabilidad penal, no puede sostenerse que se cumplieron los propósitos del artículo 406, ya que no se analizaron de manera ‘oral’ ninguno de sus apartados, quedando así desconocidos por las partes intervinientes en la propia audiencia."(9)

Asimismo, se advierte que tal resolución dio origen a la tesis aislada siguiente:

"SENTENCIA CONDENATORIA EMITIDA ORALMENTE EN LA AUDIENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. AUN CUANDO EL IMPUTADO HAYA ACEPTADO SU PARTICIPACIÓN EN EL HECHO DELICTIVO, AQUÉLLA DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA RESOLUCIÓN ESCRITA CUMPLA CON ESA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). De conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el proceso penal será acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En la exposición de motivos que dio origen a esa reforma, se consideró a la oralidad como la principal herramienta para materializar esos principios, con la finalidad de abandonar el sistema de formación de un expediente físico, y suplantarlo por una metodología de audiencias en las que se hacen las peticiones y se exponen las consideraciones para dirimir las controversias entre las partes. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los artículos 66, 383 y 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, se concluye que al emitir la sentencia condenatoria de manera oral en la audiencia que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en el procedimiento abreviado, el tribunal está obligado a fundar, motivar y emitir un juicio de valoración de los datos de prueba, aun cuando el imputado haya aceptado su participación en el hecho, pues existe la posibilidad de que se emita una resolución absolutoria, por lo que es indispensable que argumente el porqué está acreditada la existencia del hecho delictuoso y la certeza de que el imputado lo cometió. Ello, independientemente de que el artículo 2o., inciso c), del citado código, establezca que la sentencia debe asentarse por escrito, pues aun cuando ésta cumpla con esa exigencia constitucional, ello no exime a la autoridad de segunda instancia de emitir una sentencia oral fundada y motivada, en virtud de que la oralidad es el instrumento que permite actualizar y dar eficacia a los principios del debido proceso, por lo que es en la audiencia de apelación donde deben contenerse todos los argumentos que rijan la sentencia; de manera que no es factible que la resolución escrita complemente a la oral, pues como se expresó en el dictamen de reforma, un proceso no es público cuando sus actuaciones se desarrollan por escrito. Además, esto no significa que existan dos actos que puedan impugnarse mediante el juicio de amparo directo, sino que esas actuaciones (sentencia oral y escrita), constituyen un mismo acto de autoridad, empero la escrita tiene su origen en la audiencia que resuelve el recurso de apelación y sólo constituye un registro de las consideraciones que se expresaron verbalmente en la audiencia; de ahí que la que debe contener los motivos y fundamentos que sustenten la sentencia de condena, es la pronunciada en la audiencia de manera oral."(10)

3. Amparo directo 349/2015, resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.

El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la Jueza de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el juicio abreviado **********, emitió una sentencia en la que consideró penalmente responsable a **********, por los delitos de homicidio doloso y lesiones culposas, en consecuencia, le impuso una pena de diez años de prisión. Inconforme, el sentenciado interpuso un recurso de apelación.

El cuatro de marzo de dos mil quince, la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, en el toca penal **********, confirmó la sentencia de primera instancia. En contra, el catorce de abril de dos mil quince, ********** promovió un juicio de amparo. En la demanda de amparo alegó que la aceptación de los hechos en el procedimiento abreviado no implica la comisión delictiva, por tanto, fue incorrecto que la Sala responsable indicara que la sentencia dictada en el procedimiento abreviado no puede ser impugnada porque los temas relativos a la acreditación del delito y la plena responsabilidad fueron aceptados al someterse al juicio abreviado.

El veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en el amparo directo 349/2015, negó el amparo, en la parte que interesa, determinó que:

"No asiste razón al quejoso cuando alega que al haber declarado inatendibles los agravios, la Sala responsable violó en su perjuicio el derecho humano a impugnar una resolución, pues obligar a la Juez de Control o al tribunal de alzada a realizar el análisis de la acreditación del hecho delictivo y la culpabilidad del acusado mediante la valoración de ‘datos de prueba’ o ‘antecedentes de investigación’, se estaría contribuyendo a desnaturalizar el procedimiento abreviado como medio de terminación anticipada del juicio y la anulación de su finalidad.

"Lo anterior es así, ya que se trata de un procedimiento especial que por la etapa previa en que se actualiza no comparte de los componentes que tienen aplicación en el desarrollo del procedimiento ordinario de juicio oral; pues, se reitera, para la procedencia de dicho procedimiento especial se parte del acuerdo entre las partes –acusadora y acusada–, donde aceptan como probados los hechos en los que se sustenta la acusación, a partir de los datos de prueba que ha logrado reunir el Ministerio Público en la etapa de investigación, con independencia de que aún no tengan el rango de prueba, por no haber sido desahogado ante un Juez bajo los principios de inmediación y contradicción."(11)

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. A continuación, es necesario determinar, si en el presente caso existe contradicción de criterios. Al respecto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para determinar la existencia de las contradicciones de tesis, no es necesario que exista un cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001,(12) pues dicho criterio ya fue interrumpido por el Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, el treinta de abril de dos mil nueve.

En esa ocasión, el Pleno señaló que de los artículos 107, fracción XII, de la Constitución General, 197 y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados en las sentencias que pronuncien sostengan tesis contradictorias.

Bajo este contexto, se entiende por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(13)

Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal estimó que dicha conclusión es congruente con la finalidad establecida para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el cual fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.(14)

Además, se estableció que la existencia de una contradicción de tesis no depende de la equivalencia de los hechos, ya que sólo deben ser opuestos los criterios jurídicos, aunque también se debe ponderar que esa variación o diferencia en lo fáctico no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, es decir, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

En el mismo sentido, la Primera Sala ha señalado que para determinar si existe o no contradicción de tesis, debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados y no tanto los resultados que arrojen, con el objeto de identificar si en algún tramo de razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas.(15)

En congruencia con lo anterior, partiendo de que la finalidad de la contradicción de tesis es crear seguridad jurídica resolviendo los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, la Primera Sala ha considerado que para que exista una contradicción de tesis es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:(16)

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método; b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala considera que en el presente caso, sí existe contradicción de tesis, porque se cumplen los requisitos antes señalados. En efecto, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, ejercieron su arbitrio judicial a través de un análisis interpretativo para llegar a una solución determinada.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos directos 387/2009, 78/2012, 111/2012, 239/2014 y 202/2014, analizó el artículo 20 de la Constitución General, así como el artículo 408 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua.(17) Otorgó el amparo y concluyó que el hecho de que el quejoso se haya acogido al procedimiento abreviado, no impide que la autoridad responsable se pronuncie sobre la existencia del delito, responsabilidad penal del sentenciado, individualización de las penas, así como respecto a la reparación del daño.(18)

Asimismo, consideró que el acuerdo que las partes someten ante el Juez de garantía en el procedimiento abreviado, no fue ponderado por el Constituyente como un caso de exclusión de debate en el recurso de apelación. Por tanto, debe estudiarse por la alzada para resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito y la aplicación de las penas.

En el mismo sentido, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió el juicio de amparo 213/2012. El acto reclamado lo constituyó la sentencia emitida por la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca **********. En los conceptos de violación el quejoso alegó que no existieron elementos de prueba que acreditaran su responsabilidad penal,(19) además, consideró que la Sala responsable no realizó un análisis de los elementos de prueba que acreditaron el hecho delictuoso, ni respecto de su plena responsabilidad penal.(20)

Por ello, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito consideró que en el procedimiento abreviado existe la posibilidad de que se emita una sentencia condenatoria u absolutoria, a pesar de que el imputado haya aceptado su participación en el hecho delictivo. Por tanto, es indispensable que el tribunal de apelación argumente por qué está acreditada la existencia del hecho delictuoso y la certeza de que el quejoso lo cometió.(21)

De manera contraria, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito resolvió el amparo directo 349/2015. El acto reclamado lo constituyó la sentencia emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca penal **********. En tal sentencia, la Sala responsable consideró que los agravios relacionados con la acreditación del delito y la plena responsabilidad eran inatendibles, porque el sentenciado aceptó el procedimiento abreviado, y dada la naturaleza de tal procedimiento, no era factible estudiar tales temas en el recurso de apelación.

De lo expuesto, se advierte con claridad que los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial a través de un análisis interpretativo para llegar a una solución determinada. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al igual que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, otorgaron el amparo a los quejosos, porque consideraron que el tribunal de apelación debía analizar los datos de prueba para comprobar los hechos que se le imputan a la persona y su responsabilidad penal en el delito.

Ambos órganos colegiados estimaron que los tribunales de apelación tienen la obligación de analizar estos aspectos, a pesar de que la sentencia que pone fin al proceso penal provenga de un procedimiento abreviado, y a pesar de que los inculpados hayan aceptado los hechos imputados y su responsabilidad en el delito.

En principio, cuando se ha optado por el procedimiento abreviado, el Juez de Control debe examinar, si los hechos son constitutivos del delito materia de la acusación, y si de ellos deriva la responsabilidad penal del inculpado. Sin embargo, ese deber también pesa en el tribunal de apelación, en contestación a los agravios esgrimidos por el apelante o en suplencia de la queja. Dicha revisión tiene el objetivo de verificar que no existe ninguna violación a los derechos humanos de la persona procesada.

En clara contradicción, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito negó el amparo y señaló que la Sala no violó el derecho humano a impugnar una resolución, dado que no es posible obligar al tribunal de alzada a realizar el análisis de la acreditación del hecho delictivo y la culpabilidad del acusado mediante la valoración de los datos de prueba. Si fuera así, se estaría desnaturalizando el procedimiento abreviado como medio de terminación anticipada del juicio, y se anularía su finalidad.

Ese órgano colegiado recordó que el procedimiento abreviado es especial, por lo cual, no comparte las características del procedimiento ordinario de juicio oral. Para la procedencia de dicho procedimiento especial se parte del acuerdo entre las partes, en el que aceptan como probados los hechos en los que se sustenta la acusación, a partir de los datos de prueba que ha logrado reunir el Ministerio Público en la etapa de investigación.

Por lo explicado con anterioridad, en el presente caso existe la contradicción de tesis. El tópico en contradicción es la determinación del contenido de la litis que debe analizar el tribunal de apelación cuando la sentencia proviene de un procedimiento abreviado. Es decir, si el tribunal de apelación está obligado a analizar la acreditación del delito y responsabilidad del imputado en el mismo.

QUINTO.—Estudio de fondo. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en la presente resolución, de conformidad con los razonamientos que enseguida se exponen:

El procedimiento abreviado ya ha sido analizado por esta Primera Sala. El amparo directo en revisión 1619/2015,(22) es particularmente importante al respecto, pues en ese caso, se dilucidó a detalle la naturaleza del procedimiento abreviado, propio del sistema penal acusatorio. Asimismo, se determinó cual es el contenido de la litis en la vía de amparo directo cuando la sentencia deviene de un procedimiento de esa naturaleza. En el caso, se concluyó que en el juicio de amparo directo no es posible analizar la acreditación de los elementos del delito y la responsabilidad penal del sentenciado, cuando la sentencia definitiva reclamada deriva de un procedimiento especial abreviado.

Los razonamientos esgrimidos en el amparo directo en revisión 1619/2015, serán utilizados para resolver la presente contradicción de tesis. Para comprender correctamente el criterio jurisprudencial que prevalecerá, el análisis se dividirá en dos apartados, a saber: a) la naturaleza y las características del procedimiento abreviado; y, b) las cuestiones que pueden ser revisables por el tribunal de apelación, cuando la sentencia proviene de ese tipo de procedimientos.

A. La naturaleza y las características del procedimiento abreviado.

El dieciocho de junio de dos mil ocho, la Constitución General sufrió importantes modificaciones. En efecto, se reformaron diversos preceptos de ese ordenamiento para implantar en el sistema jurídico mexicano un sistema penal acusatorio, lo cual implica un cambio radical en el procedimiento procesal penal.

Uno de los componentes más importantes del sistema penal acusatorio, son las formas de terminación anticipada del proceso. De la interpretación del artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución General, es posible afirmar que el procedimiento abreviado constituye una de estas formas. El artículo mencionado, a la letra indica que:

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

"A. De los principios generales:

"...

"VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el Juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad."

Como puede observarse, en el procedimiento abreviado no opera el principio de contradicción probatoria aplicable al juicio oral, porque existe una marcada diferencia entre el procedimiento ordinario que incluye al juicio oral y el procedimiento especial abreviado.

En efecto, en el procedimiento ordinario tiene lugar la etapa intermedia en la que se depuran las pruebas y los hechos que serán materia de desahogo y cuestionamiento en el juicio oral. Contrariamente, en el procedimiento abreviado no existen las etapas de ofrecimiento y producción de prueba, toda vez que existe un acuerdo previo entre las partes que da como resultado la aquiescencia de la acusación a partir de los datos que forman los antecedentes de la investigación y se encuentran en la carpeta de investigación.

El procedimiento abreviado se sustenta, esencialmente, en el reconocimiento del indiciado en su participación del delito, de conformida

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28131-aa35c656/procedimiento-abreviado-cuestiones-que-pueden-ser-revisables-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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