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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/2019. · Registro digital (IUS): 29481
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-09-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO EN
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Pág. 207.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 30 DE OCTUBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTES: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR, Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.

II. Competencia

6. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la contradicción de tesis entre el Pleno y los Tribunales Colegiados de Circuito antes citados, conforme a la interpretación extensiva y teleológica de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(10) En virtud de que a este Alto Tribunal le compete conocer de las contradicciones de tesis sustentadas entre Plenos y Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos.

III. Legitimación

7. En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por Héctor Manuel Álvarez Ruiz, defensor público federal comisionado al Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien actuó como autorizado de la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto en el que se interpuso el recurso de queja administrativa 125/2018. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y el diverso numeral 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

IV. Existencia de la contradicción

8. En principio, debe destacarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió la jurisprudencia P./J. 72/2010,(11) con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.", en la que destaca que para que se actualice la contradicción de tesis, basta la existencia de oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

9. Del citado criterio, se evidencia que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los razonamientos jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto; esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

10. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito; ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

11. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c) Lo anterior, pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

12. Condiciones que se reflejan en las jurisprudencias 1a./J. 23/2010(12) y 1a./J. 22/2010,(13) de esta Primera Sala, con los rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO" y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.", respectivamente.

13. A continuación, se precisarán las razones por las cuales se considera que este asunto sí cumple con los requisitos de existencia:

14. En ese sentido, es conveniente precisar las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones, las que servirán para dar respuesta a la interrogante relativa a si existe o no una contradicción de criterios. Esto se efectuará en el orden cronológico en el cual se emitieron las sentencias correspondientes.

• Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.

15. El referido órgano colegiado resolvió el recurso de queja 238/2017, que presentó las características siguientes:

16. El defensor público federal en representación de tres imputados, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República (Jalisco), a quien reclamó la negativa a reducir la pena mínima en una tercera parte, para terminar el proceso a través del procedimiento abreviado.

17. El secretario encargado del despacho por Ministerio de ley, del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, desechó la demanda de amparo por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1o. y 5o., fracción II, de la misma normatividad, así como 103, fracción I, de la Constitución Federal, porque el acto que reclamaron, no constituía un acto de autoridad, ni de particulares que realizan actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos de la parte quejosa y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, a efecto de que pudieran ser impugnadas a través del juicio de amparo. Esto, por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente 1385/2017.

18. El aludido defensor público federal interpuso recurso de queja contra el referido desechamiento, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito radicó como toca 238/2017.

19. Resolución del órgano colegiado. En resolución de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de queja, confirmó el acuerdo impugnado y desechó la demanda de amparo, con base en las consideraciones que a continuación se sintetizan:

• De inicio, en el considerando quinto, declaró infundados los agravios planteados por la parte recurrente.

• Consideró que la determinación contenida en el acuerdo impugnado era correcta. Expuso que se debía partir de la base del reclamo, consistente en la negativa a reducir a favor de los quejosos la pena mínima en una tercera parte para terminar el proceso a través del procedimiento abreviado previsto en el numeral 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• En relación con esto último, indicó que de los artículos primero, séptimo y octavo, del Acuerdo A/017/15 por el que se establecen los criterios generales y el procedimiento a seguir por los agentes del Ministerio Público de la Federación, para solicitar la pena en el referido procedimiento, necesariamente se requiere la aprobación del titular de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el agente que solicita la autorización, salvo en los casos de la excepción prevista en el diverso artículo noveno.

• Precisó que en el caso, el titular de que se trata, era el delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, no obstante no tenía el carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, tratándose del acto reclamado por el defensor público federal.

• Ello, porque una vez autorizada la solicitud de apertura del procedimiento abreviado, quien ha de llevar a cabo la gestión correspondiente ante el Juez de Control es el fiscal que actúa como parte en el procedimiento, no el referido delegado, porque es aquél y no éste quien actúa en el procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 105, fracción V del mencionado Código Nacional de Procedimientos Penales.

• De ahí, puntualizó que una vez aprobada la petición de terminación anticipada del proceso por el delegado señalado como responsable, a quien se solicita la apertura del procedimiento abreviado, es al Juez de Control, por lo cual, en esa estadía, es éste quien cuenta con el carácter de autoridad responsable.

• Por esas razones, expuso que no resultaba viable la promoción de una demanda de amparo bajo la hipótesis de mérito, porque es al Juez de Control a quien corresponde verificar que efectivamente se actualicen las condiciones presupuestales para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia, específicamente la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público. Condiciones que de no cumplirse, el juzgador estaría en posibilidad de rechazar el trámite del procedimiento abreviado.

• En ese sentido, sostuvo que el agente de la representación social, a quien autoriza la autoridad señalada como responsable, es quien solicita el procedimiento abreviado y en todo momento constituye una parte de éste, al no contar con facultades de autoridad y decisión, en tanto que, la autoridad señalada como responsable –delegado estatal de la Procuraduría General de la República– no tiene el carácter de parte en la causa respectiva.

20. Las consideraciones expuestas por el Tribunal Colegiado, antes sintetizadas, dieron origen a la tesis aislada, cuyos título, subtítulo y texto establecen:

"REDUCCIÓN DE SANCIONES PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL DELEGADO ESTATAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, O AL FISCAL QUE INTERVIENE EN EL JUICIO, AL NO TENER ÉSTOS DICHO CARÁCTER, CONTRA AQUELLA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si se trata de la reducción de las sanciones privativas de la libertad, a que se refiere el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales (procedimiento abreviado), es improcedente el juicio de amparo que se promueve en su contra, en el que se señalan como autoridades responsables al delegado estatal de la Procuraduría General de la República, o al fiscal que interviene en el juicio, dado que, aun cuando a la primera autoridad, es a quien asiste la facultad de autorizar la solicitud que hace el representante social que interviene en la causa, de conformidad con el último párrafo del artículo mencionado, en tanto que la segunda, interviene en el procedimiento al ejecutar lo decidido por su superior, sin embargo, es al Juez de Control a quien corresponde verificar que efectivamente se actualicen las condiciones presupuestales para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia; de ahí que no les revista dicho carácter, en cuanto al acto reclamado en específico."(14)

• Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito.

21. En la resolución de la contradicción de tesis 4/2018, se estudió un caso con los aspectos distintivos siguientes:

22. El Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco denunció la contradicción de tesis suscitada entre el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Penal del Tercer Circuito, en relación con la procedencia de la demanda de amparo promovida contra la negativa del delegado estatal en Jalisco de la Procuraduría General de la Republica, de reducir en favor del imputado la pena mínima en una tercera parte, para tramitar el procedimiento abreviado.

23. El Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito resolvió la aludida contradicción, mediante resolución en la que expuso las consideraciones que a continuación se sintetizan:

• En el considerando quinto precisó la existencia de la contradicción sometida a su consideración.

• Destacó que en los casos relativos se analizó si era factible desechar una demanda de amparo por considerar, de manera manifiesta e indudable, que cuando se reclama de la autoridad ministerial la negativa a reducir la pena mínima en una tercera parte, para dar por terminado anticipadamente el proceso penal, a través de un procedimiento abreviado, no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

• Al respecto, precisó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito estimó que no se está en presencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que para establecer si se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es necesario realizar extensas consideraciones, propias de la sentencia a emitir y no del acuerdo inicial en el que se decide la admisión de la demanda.

• A su vez, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito consideró que sí se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, porque no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, el que la autoridad ministerial se niegue a reducir la pena en una tercera parte de la prevista, respecto del delito imputado, para dar por concluido anticipadamente el proceso penal por medio de un procedimiento abreviado, dado que, en ese supuesto, actúa como parte y no como autoridad.

• En ese sentido, destacó que el primero de los órganos de amparo no emitió pronunciamiento de fondo, como sí lo hizo el restante, en torno a si en ese tipo de actos la autoridad ministerial los emite de manera unilateral y obligatoria, para que pueda ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, expuso que la contradicción surgía respecto del momento en el que dicho análisis podía realizarse, esto es, si en la sentencia, o bien, en el auto inicial.

• Consecuentemente, en el considerando séptimo, estableció el criterio que prevalecería.

• Partió de la fijación de los alcances del concepto de causa manifiesta e indudable a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Amparo, en el que se establece la facultad del órgano jurisdiccional de desechar una demanda de plano.

• Expuso que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que manifiesto e indudable era todo lo que resulta claro, cierto, seguro, lo que es sabido por todo el mundo; lo que es descubierto, patente, público, evidente y que no se puede poner en duda.

• Consideración que apoyó en la tesis P. LXXII/95, rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE."

• Asimismo, dijo que la actualización de la hipótesis contenida en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, requiere que la causal de improcedencia se actualice de manera notoria, manifiesta e indudable, y que no deje lugar a dudas; motivo por el cual no exista razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, porque las pruebas que se aporten por las partes no podrán desaparecer dicha posibilidad.

• Aunado a ello, aclaró que reconocía que la potestad del juzgador no era ilimitada, ni dependía del criterio puramente subjetivo de aquél, sino que debía analizarse si en cada caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo.

• Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 4/95, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI SE RECLAMAN ACTOS EMANADOS DE DIVERSOS JUICIOS, NO DEBE DESECHARSE POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE."

• Enseguida, refirió que por regla general los juzgadores tienen facultades para analizar la naturaleza del acto reclamado, en relación con la autoridad responsable, a efecto de determinar desde la recepción de la demanda, la actualización de una causal de improcedencia, en relación con las notas distintivas de los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por resultar una causa objetiva, notoria y manifiesta, en tanto que la conclusión a la que pueden llegar en ese momento, de ninguna forma variaría si se desahoga el procedimiento, pues la naturaleza del acto y la autoridad no va a modificarse en el trámite del juicio de amparo.

• No obstante, precisó que, como toda regla general, había excepciones, una de ellas, se actualiza cuando no se tenga la certeza de la naturaleza del acto reclamado o de la autoridad responsable, o éstos pueden variar durante el trámite del juicio de amparo.

• Lo que respaldó en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, titulada: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA."

• Consiguientemente, preciso que la causa de improcedencia de mérito, se centraba en la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Cuestiones que no dependían de lo que se llegara a probar en el juicio de amparo; por lo cual, desde la presentación de la demanda, hasta el dictado de la sentencia, de ser el caso, esa circunstancia no cambiaría; de ahí que fuera posible hacer un pronunciamiento desde ese momento procesal.

• Específicamente, señaló que el acto emitido por el fiscal en calidad de parte y no como autoridad, constituye una circunstancia que puede analizarse desde la presentación de la demanda, cuyo estudio es dable desprender si da lugar o no a una causa de improcedencia manifiesta e indudable.

• Luego, adujo que bajo el análisis de la causal de improcedencia manifiesta e indudable, las demandas de amparo indirecto que dieron origen a los recursos de queja en los que se emitieron los criterios discrepantes, se señalaron como actos reclamados las resoluciones del delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Jalisco, en las que negó reducir en una tercera parte, a favor de los imputados, la pena mínima prevista para el delito imputado en cada caso, para efecto de terminar anticipadamente el proceso a través de un procedimiento abreviado.

• De ahí, se involucraba el análisis de la causal de improcedencia prevista en el artículo 5o., fracción II, en relación con el precepto 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, conforme a la cual se establece que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto que no proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional.

• Así, puntualizó que una de las notas distintivas y esenciales de los actos de autoridad, es que se emiten de manera unilateral y obligatoria. Lo cual sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el encabezado: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS."

• Con base en esas consideraciones, determinó que cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama una resolución (sic) de la autoridad ministerial en la que niega al imputado reducir la pena mínima en una tercera parte, para dar por terminado anticipadamente el proceso penal, a través de un procedimiento abreviado, se actualiza la causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, porque no puede ser considerado como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida de que, quien lo emitió, no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerado como tal; particularmente, no lo emite de manera unilateral y obligatoria.

• Sostuvo que el Ministerio Público es titular del ejercicio de la acción penal, y, en ese sentido, puede disponer de ella, de conformidad con los artículos 21 constitucional, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, que actúa como autoridad en la etapa de investigación inicial; pero, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad es el Juez de Control, mientras que el Ministerio Público actúa como parte, de conformidad con el artículo 105, fracción V del Código Nacional citado.

• Afirmó que las premisas anteriores constituyen reglas generales, con excepciones establecidas constitucional, legal y jurisprudencialmente; por ejemplo, la acción penal de particulares o los actos del Ministerio Público que no requieren control judicial.

• Aunado a lo anterior, derivado del momento procesal en que surge el procedimiento abreviado, el Ministerio Público actúa como parte, porque se trata de una forma de terminación anticipada del proceso, cuya oportunidad es después de que se dicta el auto de vinculación a proceso, y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, de acuerdo con el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, sólo se puede solicitar el procedimiento abreviado cuando el proceso penal está judicializado, de ahí que el Ministerio Público actúa como parte y no como autoridad para efectos del amparo.

• En ese sentido, declaró que el facultado para solicitar la reducción de la pena en los supuestos señalados en el numeral 202 del citado código adjetivo, es precisamente el Ministerio Público; sin embargo, tal potestad está supeditada a la existencia de un convenio previo con el imputado, es decir, ese tipo de determinaciones emitidas en torno a la reducción de las penas, no son obligatorias para el imputado, pues de acuerdo con el artículo 201, fracción III, inciso c) del Código Nacional de Procedimientos Penales, éste tiene la facultad de consentir o no la aplicación del procedimiento abreviado.

• De ahí que, la negativa del Ministerio Público a reducir la pena en una tercera parte de la prevista respecto del delito por el que se le vinculó a proceso a un imputado, para efectos de la terminación anticipada del proceso penal, a través del procedimiento abreviado, no es un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional; en síntesis, por las razones siguientes:

a) Se trata de un acto de disposición de la acción penal por parte del Ministerio Público como su titular. Esto es, el titular de la acción puede decidir en qué proporción ejercerla dentro de los límites legales.

b) Se trata también de un acto entre partes, pues se emite en una etapa judicializada del procedimiento penal, donde el Ministerio Público e imputado son partes y el Juez la autoridad que rige el proceso penal.

c) No es un acto unilateral ni obligatorio, puesto que deriva de un acuerdo entre Ministerio Público e imputado, tan es así que el imputado tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado.

• Así, concluyó que el Ministerio Público tiene el carácter de parte procesal dentro del proceso penal y cuando solicita la aplicación del procedimiento abreviado que regula el Código Nacional de referencia, lo hace sin imperio, obligatoriedad y coercitividad, pues esa determinación deriva de un convenio previo con el imputado; de tal manera que no es vinculante para éste, quien tiene la facultad de rechazar su aplicación.

• En suma, declaró que no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cual constituye una causa de improcedencia manifiesta e indudable, pues no va a variar en el trámite del juicio de amparo, ya que depende directamente de la naturaleza del acto y de la autoridad que lo emite, por lo que es factible desechar la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo.

24. Con las anteriores consideraciones se sustenta la jurisprudencia cuya composición es la siguiente:

"REDUCCIÓN DE LA PENA PARA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PROCESO PENAL, A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUANDO SE IMPUGNA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE LA NIEGA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. La resolución ministerial citada no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo cual, procede desechar la demanda de amparo, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto y de la autoridad permite arribar a esa conclusión, lo cual no variaría si se tramitara el juicio constitucional. Lo anterior es así, por tres razones: a) es un acto de disposición de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público, conforme a los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, el titular de la acción tiene la facultad de decidir en qué proporción ejercerla dentro de los límites legales; b) se trata también de un acto entre partes, al emitirse en una etapa judicializada del procedimiento penal; y c) no es un acto unilateral ni obligatorio, pues deriva de un acuerdo previo entre las partes, toda vez que, el imputado tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado, acorde con el artículo 201, fracción III, inciso c), del código referido."(15)

• Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito.

25. Al resolver el recurso de queja administrativa 125/2018, el órgano de amparo analizó un asunto con los antecedentes procesales siguientes:

26. El defensor público federal de dos personas imputadas en la causa penal **********, promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó del director de Control de Procesos de la Procuraduría General de la República, la omisión de vigilar el debido cumplimiento del Acuerdo A/017/15, mediante el cual se establecen los criterios generales y el procedimiento a observar por los agentes del Ministerio Público Federales, para la solicitud de la pena en el procedimiento abreviado previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

27. Igualmente, del delegado de la Procuraduría General de la República con residencia en Reynosa, Tamaulipas, reclamó la individualización del descuento de la pena de prisión a que habría de sujetarse el procedimiento abreviado, como forma de terminación anticipada de la causa penal; y, finalmente, del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera Investigadora en Tampico, de la unidad de investigación y litigación, el cumplimiento de la determinación administrativa a través de la elaboración de una propuesta de procedimiento abreviado.

28. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas desechó de plano la demanda de amparo, al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II de la Ley de Amparo; bajo la premisa de que los actos reclamados no provenían de autoridades para los efectos del juicio de amparo, ni de particulares que se condujeran como tales o equivalentes, que afectaran derechos de la parte quejosa y cuyas funciones estuvieran determinadas en una norma general, a fin de que pudieran ser impugnables en el juicio constitucional. Lo anterior, por acuerdo de catorce de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente 471/2018.

29. El referido defensor público de los quejosos, interpuso recurso de queja contra el desechamiento de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer del mismo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, quien lo registró con el número 74/2018, y se declaró legalmente incompetente para su resolución.

30. Resolución del órgano colegiado. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Noveno Circuito aceptó la competencia declinada, radicó el asunto y lo registró como toca 125/2018.

31. El órgano de amparo declaró fundado el citado medio de impugnación, revocó el acuerdo recurrido y ordenó reponer el procedimiento, para que, de no advertirse la actualización de una causal de improcedencia diversa, el Juez de Distrito proveyera lo conducente en relación con la admisión de la demanda de amparo de origen. Ello, mediante resolución pronunciada el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, de la cual destacan las consideraciones siguientes:

• Declaró fundados los conceptos de violación hechos valer en el escrito de agravios.

• Sostuvo que contrario a lo expuesto en el auto impugnado, la causal de improcedencia no era manifiesta e indudable.

• Aludió a la interpretación sistemática de los artículos 103 de la Constitución Federal, y 1o., fracción I, y último párrafo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29481-f2bf892d/improcedencia-del-juicio-de-amparo-indirecto-se-actualiza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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