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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA INDUDABLE Y MANIFIESTA PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ORDENA CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/2020. · Registro digital (IUS): 29830
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-06-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, Pág. 3429.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 10 DE FEBRERO DE 2021. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTES: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JAQUELINE SÁENZ ANDUJO.

II. Competencia

6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre dos Tribunales Colegiados de distinto Circuito, en la que no se requiere la intervención del Tribunal Pleno para su resolución.(1)

III. Legitimación

7. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por parte legitimada para ello, de conformidad con la fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo, al ser realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyo criterio forma parte de la denuncia de contradicción.

IV. Criterios de los Tribunales Contendientes

8. A fin de determinar si la denuncia de contradicción de tesis es existente, así como constatar que el estudio sea procedente, es conveniente hacer alusión a cada uno de los casos que resolvieron los tribunales contendientes.

A. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 85/2017:

– Antecedentes

9. ********** fue elegido como administrador condómino por la Asamblea General de Condominios, en relación con los edificios **********, **********, **********, **********, ********** y **********, ubicados en la colonia **********, delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México. ********** (querellante y tercero interesado en el juicio de amparo) formuló querella en contra del primero, por el delito de despojo, respecto del cajón de estacionamiento registrado con el número **********, ubicado en el interior del condominio mencionado.

10. El agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación Venustiano Carranza, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, inició la carpeta de investigación número **********, sin detenido.

11. El 5 de mayo de 2016, el agente del Ministerio Público propuso el no ejercicio de la acción penal. Determinación que fue confirmada por la Coordinación de agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador, el 28 de febrero de 2017.

12. El querellante impugnó dicha determinación, con fundamento en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Correspondió conocer al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien ordenó formar la carpeta judicial número **********.

13. El 26 de mayo de 2017 el Juez de Control revocó la determinación de no ejercicio de la acción penal y ordenó la reapertura de la investigación, a fin de que se desahogaran diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos denunciados. ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de esta resolución.

14. Correspondió conocer de la demanda de amparo a la Jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México quien, por auto de 6 de junio de 2017, registró la demanda bajo el número de expediente 505/2017 y la desechó de plano respecto del acto reclamado consistente en la resolución que determina revocar la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal. La Jueza de Amparo consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo;(2) por no tratarse de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación.

15. El 8 de junio de 2017, **********, por propio derecho, interpuso recurso de queja en contra del proveído de 6 de junio de 2017. Correspondió conocer del asunto al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que admitió el recurso y lo registró con el número 85/2017. En sesión de 29 de junio de 2017 emitió sentencia en la que declaró infundado el recurso de queja, bajo las consideraciones que a continuación se exponen.

– Razonamiento del Tribunal Colegiado

16. El Tribunal Colegiado consideró correcto el desechamiento de la demanda efectuado por la Jueza de Distrito, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo.

17. El Tribunal Colegiado recordó que el amparo indirecto procede, entre otros, contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiendo por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. Por el contrario, será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable, es decir, que no afecten derechos sustantivos materialmente.

18. Explicó que, de conformidad con el criterio jurisprudencial de esta Suprema Corte,(3) para que un acto pueda ser calificado como de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto –ya sea que haya surgido de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio–, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran de forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Además, el acto reclamado debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo pluralmente procesal o procedimental, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas aplicables.

19. Señaló que esta Suprema Corte ha determinado que el derecho de defensa adecuada de toda persona inculpada debe ser protegido, incluso respecto de violaciones procesales cometidas en averiguación previa vía amparo directo, siempre y cuando éstas no hayan sido analizadas previamente en amparo indirecto.(4)

20. Así, concluyó que el Ministerio Público responsable aún no ha emitido la determinación correspondiente en la averiguación previa, por lo que todavía no se materializa una afectación directa en contra del quejoso respecto de las violaciones alegadas. Es decir, todavía no existe un acto concreto de autoridad –en el caso, la determinación de la investigación– que pudiera afectar los derechos fundamentales del quejoso. La determinación del Juez de Control de revocar el acuerdo ministerial de no ejercicio de la acción penal, ordenando la reapertura de la investigación para que el órgano ministerial practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no causa perjuicio alguno al quejoso.

21. Por otro lado, consideró inoperantes e infundados el resto de los planteamientos del quejoso. En ese sentido, el órgano colegiado determinó infundado el recurso de queja y confirmó el auto de 6 de junio de 2017 impugnado.

22. De ese precedente se publicó la siguiente tesis:

"Décima Época

"Registro: 2015983

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tipo de Tesis: Aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 50, enero de 2018, Tomo IV

"Materias: Común, Penal

"Tesis: I.6o.P.94 P (10a.)

"Página: 2287

"REVOCACIÓN DEL ACUERDO QUE DETERMINA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y REAPERTURA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ORDENADAS POR EL JUEZ DE CONTROL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LAS FRACCIONES III, INCISO B) Y V, AMBAS DEL DIVERSO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando el Juez de Control determina revocar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal ordenando la reapertura de la carpeta de investigación, con la finalidad de que el Ministerio Público practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no se causa perjuicio al quejoso en su calidad de imputado, ya que no son actos que puedan causar un daño irreparable dentro de la carpeta de investigación, pues no se refieren a actos de imposible reparación que trasciendan la afectación a un derecho sustantivo, al ser meros actos intraprocesales que no afectan su esfera jurídica. En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto sólo procede contra actos intraprocesales, cuyos efectos sean de imposible reparación y que afecten materialmente un derecho sustantivo, entendidos éstos como los derechos humanos a que alude el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprenden tanto los reconocidos en la propia legislación federal como aquellos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, constituyendo –junto con sus garantías– un parámetro de control de regularidad constitucional. Consecuentemente, aun cuando en el caso se refieran a actos derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), mencionado, si no trasciende a una afectación material de derechos sustantivos, el juicio de amparo es improcedente, conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley.

"SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Queja 85/2017. 29 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena Leguízamo Ferrer. Secretario: José Vicente Díaz Vivaldo.

"Esta tesis se publicó el viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación."

B) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 181/2019:

– Antecedentes

23. ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de la resolución emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, el 27 de junio de 2019, dentro de la carpeta auxiliar **********, en la cual dejó insubsistente el acuerdo en el que el órgano ministerial determinó abstenerse de ejercer acción penal en contra de la quejosa, y ordenó al Ministerio Público continuar con la carpeta de investigación número **********, a efecto de que se desahogaran diversas diligencias que permitieran el esclarecimiento de los hechos. Reclamó también su cumplimiento por la autoridad ministerial correspondiente.

24. De la demanda de amparo conoció el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, quien registró el asunto con el número de expediente 885/2019-II. Por auto de 13 de agosto de 2019, el juzgado de conocimiento determinó desechar la demanda de amparo, al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 113, en relación con el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo.

25. El Juez de Distrito explicó que el acto reclamado no era de imposible reparación al no ser susceptible de afectar materialmente los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que no era posible admitir a trámite la demanda.

26. Inconforme, **********, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de queja en contra del auto de desechamiento. Correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que registró el recurso con el número de expediente 181/2019 y lo admitió a trámite.

27. En sesión de 30 de enero de 2020, el Tribunal Colegiado de conocimiento emitió sentencia en la que declaró fundado el recurso de queja, bajo las consideraciones que a continuación se exponen.

– Criterio del Tribunal Colegiado

28. El Tribunal Colegiado encontró fundados los agravios de la recurrente. Determinó incorrecto el actuar del Juez de Distrito, quien consideró que el acto reclamado –consistente en el acuerdo de 13 de agosto de 2019, en el que el Juez de Control revoca la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y ordena la continuación de la investigación– no constituía un acto de imposible reparación, lo que impedía la procedencia del juicio de amparo indirecto.

29. Por el contrario, el Tribunal Colegiado estimó que no hay motivo manifiesto ni indudable para desechar la demanda de amparo. El Tribunal Colegiado explicó que esta Primera Sala, al interpretar el artículo 145 de la Ley de Amparo abrogada –artículo 113 en la normativa vigente–, determinó que para que pueda estimarse actualizado un motivo de improcedencia, éste debe estar plenamente demostrado y advertirse de forma patente y clara de la demanda de amparo o anexos. En ese sentido, el motivo de improcedencia debe surgir a la vista del juzgador de manera clara, inobjetable e indudable. De tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

30. Así, de no existir causa de improcedencia manifiesta e indudable, o de tener incertidumbre sobre su actualización, la demanda de amparo debe ser admitida.(5)

31. El Colegiado especificó que es cierto que, por regla general, el amparo es improcedente contra la integración de una carpeta de investigación, pues no existe afectación real y actual en la esfera jurídica de la persona indiciada. El órgano ministerial se encuentra cumpliendo con su deber, de conformidad con el artículo 21 constitucional y, en todo caso, la afectación se materializaría hasta que se ejerza acción penal y el Juez de la causa determine, de ser procedente, librar una orden de aprehensión en contra de la persona imputada.

32. Sin embargo, en el caso, no se advierte que la quejosa haya combatido alguna determinación de la fiscalía en la carpeta de investigación seguida en su contra, sino que impugna la determinación del Juez de Control que dejó insubsistente el acuerdo ministerial en el cual, la fiscalía determinó abstenerse de investigar, y le ordenó continuar con la integración de la carpeta. Es decir, el acto combatido no emana de una determinación del Ministerio Público, sino de una autoridad judicial. Además, el órgano ministerial, en uso de sus facultades constitucionales, determinó abstenerse de seguir investigando, de modo que la quejosa obtuvo una determinación judicial favorable.

33. La determinación en la que el Juez de Control modificó dicha decisión –con motivo de la impugnación hecha por la víctima– y ordenó continuar con la investigación, indudablemente genera un cambio en la situación jurídica que había adquirido la quejosa, esto es, la posibilidad de concluir la investigación y no tenerla en calidad de imputada. Por ello, esa resolución del Juez de Control debe ser objeto de control constitucional. Más aún considerando que el Código Nacional de Procedimientos Penales no admite recurso alguno en contra de las resoluciones del Juez de Control.

34. Concluye que la resolución del Juez de Control que deja insubsistente la determinación del órgano ministerial de no ejercicio de la acción penal sí afecta los derechos de la quejosa, al colocarla nuevamente en calidad de imputada durante el tiempo que dure la investigación. Dicha decisión debe ser sujeta a control constitucional, vía amparo indirecto, precisamente para verificar que no se haya generado perjuicio alguno a la esfera jurídica de la quejosa.

35. Por las anteriores consideraciones, el Tribunal Colegiado determinó no compartir el criterio invocado por el Juez de Distrito, de rubro: "REVOCACIÓN DEL ACUERDO QUE DETERMINA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y REAPERTURA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ORDENADAS POR EL JUEZ DE CONTROL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LAS FRACCIONES III, INCISO B) Y V, AMBAS DEL DIVERSO 107 DE LA LEY EN LA MATERIA."

36. De este asunto se publicó la siguiente tesis:

"Décima Época

"Registro: 2021985

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tipo de Tesis: Aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

«Libro 77, agosto de 2020, Tomo VI, página 6092»

"Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 horas

"Materia: Común, Penal

"Tesis: II.2o.P.95 P (10a.)

"JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EL PROMOVIDO EN CONTRA DE LA REVOCACIÓN DEL ACUERDO DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE DETERMINA LA ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR Y ORDENA LA REAPERTURA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DICTADA POR EL JUEZ DE CONTROL. Por regla general, es improcedente el amparo contra la integración de una carpeta de investigación, al no existir una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, en virtud de que el agente del Ministerio Público cumple con el mandato que le confiere el artículo 21 constitucional. Por otra parte, el acuerdo del Ministerio Público de abstenerse de investigar en la carpeta respectiva, constituye una resolución favorable para la imputada, puesto que resulta en la posibilidad de concluir la investigación y de dejársele de tener con esa calidad; pero, si con motivo del medio de impugnación interpuesto por la víctima, el Juez de Control revoca esa decisión y ordena continuar con la investigación, tal determinación genera un cambio en la situación jurídica que había adquirido la gobernada y, por ende, sí afecta sus derechos, porque se le vuelve a colocar en calidad de imputada durante el tiempo que continúe esa investigación; motivo por el cual, contra esa resolución del Juez de Control es procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, a efecto de verificar que no se haya generado algún perjuicio a la órbita jurídica de la peticionaria de amparo.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

"Queja 181/2019. 30 de enero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Gabriel Sánchez Iriarte. Secretaria: Gigliola Taide Bernal Rosales."

Nota: El criterio contenido en esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 89/2020, pendiente de resolverse por la Primera Sala.

"Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación."

V. Existencia de la contradicción de tesis

37. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la contradicción denunciada es existente. Para sustentar la anterior consideración, en principio, es importante mencionar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado jurisprudencialmente los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de tesis:(6)

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

38. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que les fueron presentados, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

39. En efecto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consideró infundado el recurso de queja 85/2017. Determinó que el juicio de amparo indirecto, promovido por el imputado, no es procedente en contra de la determinación del Juez de Control en la que revoca el acuerdo ministerial de no ejercicio de la acción penal, ordenando la reapertura de la investigación para que el órgano ministerial practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos; dictada en contra del imputado y quejoso.

40. A juicio del Sexto Tribunal Colegiado, esta determinación no afecta los derechos fundamentales del quejoso. Es decir, todavía no existe un acto concreto de autoridad, dictado en la averiguación previa, en la que se materialice una afectación directa en contra del quejoso. En ese sentido, determinó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo; lo que impide acudir al juicio de garantías.

41. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consideró fundado el recurso de queja 181/2019. Determinó que el juicio de amparo indirecto promovido por la imputada sí es procedente en contra de la determinación del Juez de Control en la que revoca el acuerdo ministerial de no ejercicio de la acción penal y ordena la continuación de la investigación.

42. A juicio del Segundo Tribunal Colegiado, el auto recurrido sí afecta los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues la coloca nuevamente en calidad de imputada durante el tiempo que dure la investigación. Dicha decisión debe ser sujeta a control constitucional, vía amparo indirecto, precisamente para verificar que no se haya generado perjuicio alguno a la esfera jurídica de la quejosa. Así, el Segundo Tribunal Colegiado determinó que no existe motivo manifiesto e indudable que permita la actualización de una causal de improcedencia en el juicio de amparo. La demanda de amparo no debe ser desechada de plano.

43. De lo anterior, es claro que ambos Tribunales Colegiados ejercieron arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo; lo cual permite considerar actualizado el primer requisito.

44. Segundo Requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala considera que el segundo requisito también queda cumplido. Del estudio de las sentencias denunciadas como contradictorias, se advierte que ambos Tribunales Colegiados sostuvieron distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por la persona imputada en contra de la determinación judicial que revoca el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y ordena la reapertura de la investigación.

45. Para el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito la determinación judicial que revoca el no ejercicio de la acción penal no es susceptible de constituir afectación a los derechos fundamentales del quejoso, lo que vuelve improcedente la demanda de amparo. Mientras que para el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, dicha determinación sí afecta los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que debe estar sujeta a control constitucional ya que no es una causa manifiesta ni indudable de improcedencia.

46. Tercer requisito: Que la existencia de la contradicción entre los criterios jurídicos de lugar a la formulación de una pregunta. Esta Primera Sala también ha determinado que, una vez que se advierte la existencia de un punto de choque o de contradicción entre los criterios jurídicos sustentados es necesario que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

47. Situación que también se advierte en el caso, pues los criterios sustentados dan lugar a responder el siguiente cuestionamiento: ¿se actualiza una causa indudable y manifiesta de improcedencia del juicio de amparo cuando la persona imputada impugna por esa vía la resolución del Juez de Control que revoca la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y ordena la continuación de la investigación?

VI. Criterio que debe prevalecer

48. Esta Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido en esta ejecutoria, por las razones que se expondrán a continuación.

49. Las sentencias de los tribunales contendientes provienen de sendos recursos de queja interpuestos por los quejosos (imputados) a quienes el Juez de Distrito que conoció de su asunto les desechó una demanda de amparo interpuesta en contra de la resolución de un Juez de Control que revoca la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y ordena continuar con las diligencias de investigación.

50. En ambos casos, los Jueces de Distrito analizaron si se actualizaba alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, que inclusive debe ser analizada de oficio, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo.(7) Ambos determinaron desechar de plano la demanda al considerar que se actualizaba una causa de improcedencia conforme a los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo.

51. En el recurso de queja 181/2019, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito declaró fundado el recurso al estimar que la resolución sí afecta los derechos de la parte quejosa, por lo que la decisión del Juez de Control debe estar sujeta a análisis constitucional por parte del Juzgado de amparo para verificar que con la misma no se haya generado algún perjuicio al peticionario de amparo.

52. Mientras que en el recurso de queja 85/2017, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declaró infundado el recurso. Concluyó que la determinación de la autoridad judicial responsable de revocar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, ordenando la reapertura de la carpeta de investigación, no causa ningún perjuicio al promovente de amparo en sus derechos sustantivos. Estimó que, como lo sostuvo la a quo, sí se desprenden de la demanda de amparo datos suficientes para haber considerado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, surtiéndose los supuestos de manifiesta e indudable improcedencia para haber resuelto en la forma que lo hizo.

53. Entonces, lo relevante en el presente asunto consiste en establecer si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que permite el desechamiento de plano, de una demanda de amparo interpuesta en contra de la resolución del Juez de Control de revocar la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y ordenar la continuación de la investigación.

54. La Ley de Amparo dispone:

"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

55. Esta Sala ha señalado que la improcedencia constituye una excepción a la regla general que es la procedencia del juicio de amparo, como medio de control contra actos de autoridad que vulneren derechos humanos. Por ello, las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones. Adicionalmente, si el desechamiento de una demanda se realiza con base en una causal notoria y manifiesta debe aplicarse de manera más estricta.

56. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.(8)

57. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor evidencia, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.(9)

58. Para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. De modo tal que, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29830-cc2b3c70/improcedencia-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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