REDUCCIÓN DE LA PENA PARA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PROCESO PENAL, A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUANDO SE IMPUGNA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE LA NIEGA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 4 DE JUNIO DE 2018. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ADALBERTO MALDONADO TRENADO Y JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. DISIDENTE: JOSÉ FÉLIX DÁVALOS DÁVALOS. PONENTE: ADALBERTO MALDONADO TRENADO. SECRETARIO: FRANCISCO RENÉ RAMÍREZ MARCIAL.
Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, correspondiente al cuatro de junio de dos mil dieciocho.
VISTOS, para resolver, los autos del expediente 4/2018, relativo a la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis.
Por oficio 1455-VII, presentado en la Oficialía de Partes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 254/2017, de su índice, y el Tercer Tribunal Colegiado de la referida especialidad de este Circuito, al fallar el recurso de queja 319/2017, de su índice.
SEGUNDO.—Trámite ante el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito.
Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito ordenó formar y registrar el expediente respectivo con el número de contradicción de tesis 4/2018, y solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes informaran si subsistían los criterios sustentados en cada uno de los asuntos mencionados y enviaran copia certificada de las ejecutorias respectivas.
TERCERO.—Remisión de constancias y turno.
Integrado que fue el expediente, mediante acuerdo de tres de abril de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 13, fracciones VI y VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó turnar la contradicción de tesis al Magistrado Adalberto Maldonado Trenado, presidente del Pleno de Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 27, 28, 29, 30 y 39 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos entre dos Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal pertenecientes a este Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación.
La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en función de que fue promovida por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco.
TERCERO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 254/2017, el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:
"Contrariamente a lo que sostuvo la autoridad de amparo recurrida, este tribunal estima que la causa de improcedencia con base en la cual se desechó la demanda de amparo, promovida por el quejoso **********, no es manifiesta ni indudable.
"...
"En efecto, tal como se dijo al inicio del presente punto considerativo, a fin de que la Juez de Distrito esté en posibilidad de desechar de plano una demanda de amparo, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, debe existir una causa de improcedencia que sea notoria e indudable; sin embargo, basta con imponerse del acuerdo por medio del cual, la a quo desechó el escrito de demanda presentado por el quejoso para advertir que ello no se satisface.
"Se arriba a la conclusión que antecede, pues de la lectura íntegra del acuerdo por esta vía recurrido es posible percatarse que éste se encuentra sustentado en diversas y extensas consideraciones (mismas que esencialmente han quedado precisadas en párrafos que anteceden), a través de las cuales, la juzgadora de Distrito, incluso realizó un análisis del artículo (sic) 5 y 107 de la Ley de Amparo, de los diversos numerales 105 y 201 a 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
"A más de que señaló que resultaban orientadoras, al caso concreto, las tesis de Colegiados, con rubros: ‘MINISTERIO PÚBLICO, CUANDO PUEDE TENER DOBLE CARÁCTER, COMO AUTORIDAD Y COMO PARTE.’, ‘MINISTERIO PÚBLICO, AGENTE DE. AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’ y ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’
"Asimismo, transcribió una parte de la ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha treinta de abril de dos mil catorce, dictada en el amparo directo en revisión 736/2017.
"Lo anterior pone de manifiesto que, al no ser lo suficientemente notoria ni indudable la causal de improcedencia en estudio, la juzgadora de amparo estimó necesario explicar y desarrollar de tal manera los motivos que creyó pertinentes para que se pudiera concluir en el sentido en que ella lo hizo; empero, la realidad es que ello es motivo de análisis de la sentencia que se llegara a emitir en la audiencia constitucional y no al momento de decidir respecto de la admisión de la demanda de garantías.
"Cobra aplicación, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 47, Tomo XXI, mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"‘AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’ (se transcribe texto)
"En tales condiciones, lo que procede es declarar fundada la queja interpuesta por **********, defensor público federal del quejoso **********, contra el desechamiento de la demanda de amparo que promovió contra el acto que reclamó del delegado estatal en Jalisco, de la Procuraduría General de la República, consistente en la resolución de siete de septiembre de dos mil diecisiete, que contiene la negativa a reducir en favor del imputado –aquí recurrente– la pena mínima, en una tercera parte, para terminar el proceso, a través del procedimiento abreviado, dentro de la causa penal 285/2017."
2. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 319/2017, el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, esgrimió, en esencia, las consideraciones siguientes:
"En principio, es necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.
"En tal sentido, se aprecia que el Juez de Distrito está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; se entiende por manifiesto, lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara; y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.
"En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, y aun en el supuesto de admitirse y sustanciarse el procedimiento de amparo, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.
"Ahora bien, de acuerdo con la problemática planteada en este medio de impugnación, no obstante que existe criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al tema relativo a determinar si una autoridad señalada como responsable tiene o no ese carácter para efectos del juicio de amparo, por lo general, es susceptible que se realice en el dictado de la sentencia; sin embargo, ello de manera alguna impide que el juzgador, ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pueda realizarlo al recibir la demanda, como en el caso ocurrió.
"Ciertamente, en la demanda de amparo, el quejoso aquí recurrente señaló con el carácter de autoridad responsable al delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Jalisco, **********, a quien le atribuyó la emisión contenida en el oficio 1519/2017, de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, el cual obra en la carpeta de investigación número FED/JAL/1218/2017, que se integró en la Agencia Primera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República con sede en Guadalajara, Jalisco, a cargo del agente del Ministerio Público de la Federación **********.
"En el caso, el Juez de amparo correctamente desechó la demanda de amparo, al señalar que dicha determinación reclamada no puede ser considerada como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida de que quien lo emitió, no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerado como autoridad responsable.
"Lo anterior es así, pues opuesto a lo que refiere el recurrente, conforme a la naturaleza del acto que se atribuye al delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Jalisco, consistente en la negativa a reducir en favor del quejoso la pena mínima (en una tercera parte), para dar por terminado el proceso, a través del procedimiento abreviado en la causa penal 318/2017, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, se aprecia que ello constituye una decisión emitida conforme a la Institución del Ministerio Público, quien tiene la calidad de parte procesal en la causa instruida al imputado quejoso, en un plano de igualdad.
"Esto es, la determinación reclamada en la que el delegado de la Procuraduría General de la República, en esta entidad, se negó a reducir la pena en una tercera parte de la prevista respecto del delito por el que se le vinculó a proceso, tal como lo estimó el Juez de amparo, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que actuó como parte en el procedimiento penal en términos del artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
"Lo anterior es así, pues no obstante que es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos.
"Sin embargo, en la fase en la que se emitió la determinación reclamada, el delegado de la Procuraduría General de la República no actuó como autoridad, como tampoco como una institución independiente del Ministerio Público, como erróneamente lo hace valer el recurrente en sus agravios, sino que su actuación se traduce en una sola institución que se rige por los principios de unidad e indivisibilidad.
"En efecto, en términos de las diversas disposiciones (artículos 201 al 206) que regulan el procedimiento abreviado establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, al agente del Ministerio Público le corresponde solicitar al Juez de la causa dicho procedimiento; también lo faculta a solicitar la reducción de la pena en los supuestos señalados en el numeral 202 del precitado código adjetivo; precisándose en el último párrafo de este artículo, que el Ministerio Público, al solicitar la pena en los términos previstos en dicho artículo, deberá observar el acuerdo que al efecto emita el procurador.
"Aunado a que, tal como lo estimó el Juez de amparo, las determinaciones emitidas en torno a la reducción de las penas no son obligatorias para el imputado, pues de acuerdo con el artículo 201, fracción III, inciso c), del código procedimental de referencia, tiene la facultad de consentir o no la aplicación del procedimiento abreviado.
"De ahí que, la inconformidad que plantea a través del juicio de amparo, en torno a la determinación emitida por el delegado de la Procuraduría General de la República, en esta entidad, en el que niega la reducción de la pena en una tercera parte de la prevista respecto del delito por el que se le vinculó a proceso, no es un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional.
"Ello es así, pues el citado funcionario al desplegar su función lo hizo en representación de la institución ministerial, quien tiene el carácter de parte procesal dentro del procedimiento penal instruido al quejoso, pero que carece de imperio, obligatoriedad y coercitividad, pues la determinación reclamada no es obligatoria ni vinculante para el imputado, por ello no es posible que afecte su esfera jurídica como lo refiere, ya que tiene el derecho de negarse a la aplicación del mencionado procedimiento abreviado, por no convenir a sus intereses, y continuar con el procedimiento respectivo (juicio oral). Máxime porque, corresponde al Juez de Control, autorizar el procedimiento abreviado.
"Por ello, en el caso concreto, en la actuación reclamada al delegado de la Procuraduría General de la República en esta entidad, señalado como responsable, es posible determinar que no realizó actos obligatorios en su carácter de autoridad, a pesar de que en cierta fase del procedimiento penal actúe como autoridad; empero, en el caso concreto, actuó como parte procesal, incluso, a solicitud del propio imputado (quejoso), a través de su defensora, pues refirió en los antecedentes del acto reclamado, que solicitó la reconsideración de la reducción de la pena ya autorizada a una mayor, de manera que, con ello no se genera relación alguna de supra a subordinación, entre la institución ministerial y el peticionario del amparo, sino que, como ya se precisó, esa determinación fue en un plano de igualdad como partes procesales del procedimiento penal instruido al imputado.
"En esa tesitura, al delegado de la Procuraduría General de la República en esta entidad, no puede considerársele como autoridad responsable, al no haber realizado acto de autoridad alguno; pues con su actuar no crea, modifica o extingue en forma unilateral, coercitiva y obligatoria, alguna situación jurídica o fáctica del promovente del amparo.
"Así, en dicha determinación, contrario a lo que refiere el recurrente, no se inobservó lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Federal, porque no obstante que en dicho precepto se exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona); puesto que la aplicación de este principio no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo, ya que su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia del juicio constitucional.
"Tiene aplicación, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 530, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes:
"‘PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe texto)
"Por tanto, opuesto a lo que refiere el recurrente en sus agravios, existe la causa manifiesta e indudable de improcedencia en que se apoyó el Juzgado de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que el acto concreto que se reclamó al citado delegado de la Procuraduría General de la República en este Estado señalado como autoridad responsable no tienen ese carácter, dadas las particularidades que al efecto se han precisado."
CUARTO.—Procedencia de la contradicción de tesis.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado jurisprudencialmente cuáles son los requisitos necesarios para la existencia de una contradicción de tesis, a saber:
I. La presencia de dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y,
II. Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.
Lo expuesto se sustenta en la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)
QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis.
Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito considera que sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 254/2017, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al fallar el recurso de queja 319/2017, pues ambos Tribunales Colegiados de Circuito se ocuparon de la misma cuestión jurídica, tomaron en consideración elementos similares y llegaron a conclusiones distintas, con lo que están satisfechos los requisitos para que exista la contradicción de criterios.
En efecto, como puede corroborarse en los asuntos en controversia, cuyas consideraciones esenciales fueron transcritas, se analizó si es factible o no, desechar una demanda de amparo por considerar, de manera manifiesta e indudable, que cuando se reclama de la autoridad ministerial la negativa a reducir la pena mínima en una tercera parte, para dar por terminado anticipadamente el proceso penal, a través de un procedimiento abreviado, no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
Así es, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito estimó que no se está en presencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que, para establecer si se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es necesario realizar extensas consideraciones, lo cual es propio de la sentencia que se llegue a emitir y no del acuerdo inicial donde toca decidir respecto de la admisión de la demanda de amparo.
En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito consideró que sí se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, puesto que no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando la autoridad ministerial se niega a reducir la pena en una tercera parte de la prevista, respecto del delito imputado, para dar por terminado anticipadamente el proceso penal, a través de un procedimiento abreviado, dado que, en ese supuesto, actúa como parte y no como autoridad.
Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito no emitió un pronunciamiento de fondo, como sí lo hizo el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circunscripción, en torno a si, en ese tipo de actos, la autoridad ministerial los emite de manera unilateral y obligatoria, para que pueda ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo.
Aun así, la contradicción de criterios surge respecto del momento en el que dicho análisis puede realizarse, puesto que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito decidió en el sentido de que una determinación en ese ese sentido debe llevarse a cabo en la sentencia; en tanto que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito dejó establecido que una decisión de esa naturaleza puede formarse desde el auto inicial.
En estos términos se da la contradicción de tesis, pues los Tribunales Colegiados de Circuito examinaron un mismo problema jurídico, es decir, si es factible desechar una demanda de amparo por actualizarse, de manera manifiesta e indudable, una causal de improcedencia, cuando se reclama de la autoridad ministerial la negativa a reducir la pena mínima en una tercera parte, para dar por terminado anticipadamente el proceso penal, a través de un procedimiento abreviado, y sostuvieron criterios discrepantes.
SEXTO.—Aclaraciones.
Cabe señalar que el hecho de que los criterios adoptados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no hayan sido expuestos formalmente como tesis, no es obstáculo para que este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito se ocupe de la contradicción de tesis denunciada, pues a fin de que se determine su existencia, basta que diversos Tribunales Colegiados de Circuito adopten criterios distintos al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Tampoco lo es la circunstancia de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no hayan integrado jurisprudencia, toda vez que la normatividad establecida para dirimir una contradicción de tesis no exige dicho requisito, tal como se indica en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 41-Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo.
Corolario a lo previo, se estima que el sistema de denuncia de contradicción de tesis entre las establecidas por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, tiene por objeto que el Pleno de Circuito correspondiente, a través de la sustentación de un criterio que tenga carácter jurisprudencial y, por ende, obligatorio, supere la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de criterios divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho, máxime cuando respecto del problema o punto de derecho dichos Tribunales Colegiados de Circuito actúen como órganos terminales.
Por tanto, de estimarse que la denuncia de contradicción de tesis resulta improcedente sólo porque los criterios en contradicción no tienen la categoría de jurisprudencia, no se cumpliría con el objeto o propósito que inspiró tanto al Constituyente como al legislador ordinario al establecer la denuncia de contradicción de tesis como un sistema de integración de jurisprudencia, tendente a superar la inseguridad jurídica derivada de la sustentación de criterios diferentes sobre un mismo problema jurídico, provenientes de órganos jurisdiccionales que deciden con carácter terminal sobre el punto de derecho en conflicto.
En consecuencia, al resolver los Tribunales Colegiados de Circuito los asuntos sometidos a su potestad como órganos terminales, lógicamente pueden sustentar criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, por lo que de estimarse improcedente la denuncia de contradicción de tesis derivada de lo establecido por éstos, al resolver los asuntos de su competencia, so pretexto de que los criterios divergentes no constituyen jurisprudencia, se llegaría al extremo de hacer nugatoria la intención del Constituyente al establecer a los Plenos de Circuito como aquellos órganos encargados de homogeneizar los criterios sustentados por los tribunales de su circuito, permitiendo con ello que subsista la inseguridad jurídica provocada por la aplicación de criterios divergentes al interior del circuito.
SÉPTIMO.—Estudio de fondo.
Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que este Pleno de Circuito sustenta en la presente resolución.
El punto de contradicción implica el análisis del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece la facultad del órgano jurisdiccional de desechar una demanda de plano, cuando exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Dicho artículo señala:
"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."
Conforme a dicha disposición, el órgano jurisdiccional tiene facultades para desechar una demanda al advertir una causal de improcedencia; no obstante, se requiere que dicha causal sea manifiesta e indudable.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha establecido por el concepto de manifiesto e indudable: todo lo que resulta claro, cierto, seguro, lo que es sabido por todo el mundo; lo que es descubierto, patente, público, evidente y que no se puede poner en duda.
De dicho significado se advierte que las causales de improcedencia se dice que se actualizan como notorias, manifiestas e indudables, cuando saltan a la vista de la simple lectura de las constancias de autos, y por más elementos de pruebas que se ofrezcan en su contra, éstas no desaparecerán, ni el órgano jurisdiccional podrá variar su estudio.
Cobra vigencia al respecto, por analogía, la tesis P. LXXII/95, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 72 del Tomo II, octubre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual se transcribe a continuación:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los E
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27978-6c4a565a/reduccion-de-la-pena-para-dar-por-terminado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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