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Modo: Corpus Pro

DERECHOS HUMANOS EN MATERIA LABORAL. VÍAS PROCESALES PARA SU DEFENSA Y GARANTÍA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 29/2022. · Registro digital (IUS): 31309
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-03-10
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo IV, Pág.3382.

AMPARO EN REVISIÓN 29/2022. 4 DE AGOSTO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO SILVA GARCÍA. SECRETARIO: NICOLÁS ORTEGA ROSAS.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Estudio.

I. Precisión de los actos reclamados a la Jueza Cuadragésima de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

13. La recurrente alega que fue ilegal que el Juzgado de Distrito determinara sobreseer en el juico por considerar que la Jueza Cuadragésima de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene el carácter de patrón y no la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.

14. En ese sentido la quejosa, ahora parte recurrente, refiere que el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó que tratándose de temas relativos a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2, los patrones se encuentran equiparados a una autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que considera que no se actualiza la causal de improcedencia señalada.

15. En otra porción, los agravios expuestos refieren que el Juzgado de Distrito transgredió el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues desatendió que la quejosa reclamó actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, ya que si bien sí los señaló, no analizó ni valoró los motivos por los que sobreseyó respecto de esos actos, limitándose a señalar que no se ha presentado queja alguna y que hay otras vías.

16. Ahora, este Tribunal Colegiado de Circuito estima necesario que, previo a abordar el estudio de los motivos de inconformidad que expone la recurrente y que se sintetizaron con antelación, es necesario delimitar los actos reclamados, los cuales deberán examinarse no sólo respecto de la forma en cómo se asentaron en el capítulo correspondiente, sino cómo se adviertan de la lectura e interpretación de la demanda en su totalidad, para así determinar la intención de la quejosa.

17. Lo anterior en términos de la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro digital: 192097, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."

18. En ese orden, este órgano revisor advierte que los actos reclamados a la Jueza responsable consisten:

19. A. Malos tratos, humillaciones, insultos, faltas de respeto y vejaciones;

20. B. Cargas excesivas de trabajo, la revisión de sus asuntos por diversas personas, la negativa de autorizar el cambio de adscripción, la exigencia de presentar la renuncia al puesto que ostenta, las cargas desproporcionadas en relación con sus homólogos, la negativa de disfrutar de su periodo vacacional, la obligación de trabajar en horarios extenuantes y,

21. C. La omisión de proporcionar equipo de protección personal suficiente para prevenir el contagio del virus SARS-CoV2.

22. Hechos que la quejosa refirió constituyen actos de tortura, hostigamiento, tratos crueles e inhumanos hacia su persona, puesto que con ellos se le ha ocasionado una afectación psicológica de importancia y trascendencia, en menoscabo de su persona.

23. Como veremos, este órgano jurisdiccional advierte que respecto de los actos identificados con los incisos A y B, relativos a los malos tratos, insultos, cargas de trabajo, obligación de trabajar en horarios extenuantes sin el periodo vacacional y las demás precisadas previamente, deberá subsistir el sobreseimiento decretado, por emitirse por la Jueza en su carácter de patrón en una relación laboral.

24. No obstante, este tribunal advierte que respecto de los diversos actos que se sintetizaron en el inciso C, referentes a la omisión de proporcionar equipo de protección personal para prevenir el contagio del virus SARS-CoV2, deberá levantarse el sobreseimiento decretado y abordar el estudio de los motivos de disenso expuestos por la quejosa en sus conceptos de violación, por tratarse de actos reclamables a través del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia.

II. Motivación adecuada. Legalidad de la resolución al sobreseer el juicio de amparo indirecto respecto de los malos tratos, humillaciones, insultos, faltas de respeto y vejaciones (A); cargas excesivas de trabajo, la revisión de sus asuntos por diversas personas, la negativa de autorizar el cambio de adscripción, la exigencia de presentar la renuncia al puesto que ostenta, las cargas desproporcionadas en relación con sus homólogos, la negativa de disfrutar de su periodo vacacional y la obligación de trabajar en horarios extenuantes (B).

25. Respecto de los actos reclamados que se precisaron en los incisos A y B, consistentes en malos tratos, humillaciones, insultos, faltas de respeto, vejaciones, cargas excesivas de trabajo, la negativa de autorizar el cambio de adscripción, la exigencia de presentar la renuncia al puesto que ostenta, las cargas desproporcionadas en relación con sus homólogos, la negativa de disfrutar de su periodo vacacional, la obligación de trabajar en horarios extenuantes, este órgano jurisdiccional estima que fue acertada la determinación del Juzgado de Distrito de sobreseer en el juicio de amparo por los siguientes motivos:

26. Ello, atendiendo a que respecto de los actos reclamados resulta improcedente el juicio de derechos fundamentales, al tratarse de actuaciones emitidas por la Jueza responsable en su calidad de patrón dentro de una relación de trabajo.

27. Lo anterior, puesto que, se insiste, en el asunto que nos ocupa y de acuerdo con los hechos expuestos por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, se aprecia que los actos atribuidos a la autoridad señalada como responsable, acontecieron en su calidad de representante del Estado, en su calidad de patrón sustituto, pero no como ente gubernamental susceptible de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los justiciables.

28. En ese sentido, este órgano jurisdiccional no desatiende el argumento de la quejosa, referente a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la tortura en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos", primera edición, publicada en 2014, en el que se advierte, en lo conducente, lo siguiente:

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29. En ese sentido, la determinación del juzgado recurrido fue acertada, puesto que la Jueza Cuadragésimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, señalada como responsable, no se ubica en los supuestos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los actos precisados con antelación.

30. Ello, puesto que como lo sostuvo el secretario en funciones de Juez de Distrito, tales actos derivan de la relación laboral existente entre las citadas funcionarias públicas, en su calidad de patrón y trabajadora, por lo que las controversias que entre ellas se susciten deben ser dirimidas ante la autoridad ordinaria correspondiente.

31. Al respecto, resulta aplicable el criterio contenido en la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, con número de registro digital: 199459, el cual establece:

32. "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.’, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." (lo subrayado es propio de este órgano)

33. Al respecto, la quejosa también alegó que se transgredieron en su perjuicio las normas esenciales del procedimiento, en virtud de que el Juzgado de Distrito de origen no atendió la tramitación especial que establece el artículo 109 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados se ubican en los supuestos que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo de disenso que deviene inoperante.

34. En ese sentido, en nada trasciende al resultado del fallo el hecho de que el procedimiento no se haya seguido con el trámite establecido por el artículo 109 de la ley de la materia, puesto que al resultar improcedentes los actos reclamados, por no constituir actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta innecesario abordar el estudio de tales argumentos.

35. Ello, pues esos aspectos en nada modifican los puntos medulares por los que el juicio de amparo indirecto deviene improcedente.

36. Idéntica situación acontece con el agravio expuesto en el sentido de que el Juzgado de Distrito no respetó las normas esenciales del procedimiento al omitir dar vista al agente del Ministerio Público Federal para que, en uso de sus facultades, realice las diligencias correspondientes en relación con los hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura, puesto que dicha vista en nada trasciende al resultado del fallo constitucional, pues las indagatorias ordenadas por la autoridad ministerial no forman parte del análisis en el juicio de amparo, ya que éstas conformarían un proceso de diversa naturaleza –penal–.

37. La inoperancia decretada abarca los argumentos relativos a que el Juzgado de Distrito debió ordenar el desahogo de las diligencias necesarias para investigar los hechos señalados para conocer la verdad material de éstos, en términos del artículo 7 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como los argumentos relativos a que se debió ordenar la preparación y desahogo de la prueba pericial denominada "Protocolo de Estambul".

38. Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito estima conveniente precisar que la presente determinación no deja en estado de indefensión a la quejosa, pese a que ésta alegó violaciones directas a su derecho a la integridad personal, como tortura, hostigamiento, tratos crueles e inhumanos.

39. Lo anterior, puesto que si los actos reclamados específicos consistieron en malos tratos, humillaciones, cargas excesivas de trabajo, exigencia de presentar la renuncia al puesto que ostenta, las cargas de trabajo desproporcionadas, la negativa de disfrutar de su periodo vacacional y los demás precisados, sobre ellos tiene expedito sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma que estime pertinentes.

40. Así, la quejosa y recurrente puede acudir ante las autoridades ordinarias correspondientes, ya sea a través de las instancias civiles –daño moral, del proceso laboral ordinario, protección de los derechos laborales y de las condiciones generales de trabajo (incluyendo el pago de prestaciones adeudadas)–, administrativas –denuncia por actos que pueden constituir responsabilidad administrativa o penal, comisión de hechos constitutivos de delito–, el cual atenderá al nivel de afectación y lesión sufridos por la víctima y las compensaciones que pretenda reclamar.

41. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció sobre el tema en específico, al resolver el amparo directo 47/2013 de su índice, en el que, sobre el tema en análisis determinó:

42. "Tal como se ha dicho, las conductas que configuran el mobbing o acoso laboral pueden generar daños o afectaciones susceptibles de reclamarse mediante distintas vías que, de acuerdo a la pretensión que alegue el demandante, habrán de ventilarse ante los órganos jurisdiccionales en las diferentes materias; así, a guisa de ejemplo, si el trabajador pretende la rescisión del contrato por causas imputables al empleador (sustentadas en el mobbing o acoso laboral) ese reclamo habrá de verificarse en la vía laboral; si, verbigracia, el trabajador acosado ha sufrido una agresión que pueda ser considerada como delito, tendrá la vía penal para lograr que el Estado indague sobre la responsabilidad y, en su caso, sancione a sus agresores; asimismo, según el tipo de prestación que intente, podrá incoar la vía administrativa o la civil, cada uno de cuyos procedimientos dará lugar a la distribución de cargas probatorias distintas, según la normatividad sustantiva y procesal aplicable al caso específico."

43. En el mismo sentido, diversos Tribunales Colegiados de Circuito han determinado la procedencia de que las autoridades del trabajo analicen los actos referentes al acoso laboral o mobbing, así como también se pronuncien en relación a las medidas precautorias necesarias para evitar que se continúe vulnerando la integridad física de las personas y, de forma enunciativa, se cita el criterio contenido en la tesis aislada I.11o.T.82 L (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 4, Tomo V, agosto de 2021, página 4878, con número de registro digital: 2023405, de título, subtítulo y texto siguientes:

44. "MOBBING O ACOSO LABORAL. ANTE UNA DEMANDA POR ESA CONDUCTA, LA JUNTA ESTÁ FACULTADA PARA PROVEER, EN LA VÍA INCIDENTAL, LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE GARANTICEN LAS PRERROGATIVAS ELEMENTALES EN FAVOR DEL TRABAJADOR.

"Hechos: Una mujer, adulta mayor, que laboró como costurera desempeñando diversas funciones relativas a dicha categoría, ejercitó la acción de rescisión de la relación laboral y demandó el pago de los salarios devengados y diversas prestaciones laborales, derivado de que el patrón dejó de pagarle su salario en diversas ocasiones. Asimismo, señaló que fue víctima de acoso laboral por quien era su superior jerárquico, siendo objeto de amenazas, y argumentó que su salud se vio mermada por dicho acoso. Al contestar la demanda, el patrón se excepcionó en el sentido de que era improcedente lo solicitado por la actora, aunado a que era falso que se le hubieran tratado con violencia. La Junta, al emitir el laudo, absolvió de todo lo reclamado por la trabajadora, limitándose a analizar la acción de rescisión.

"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que ante una demanda por mobbing o acoso laboral, cuando la víctima es obligada a regresar al entorno que denuncia mientras se tramita y resuelve el juicio, sin antes realizarse un análisis para advertir el probable daño que se le puede ocasionar, se le sitúa en un estado de peligro, ya que puede sufrir daños psicológicos, físicos e, incluso, la muerte. Por ello, en la vía incidental, la Junta está facultada para proveer las medidas cautelares correspondientes que, atento al caso concreto, pueden ser: a) La reubicación de la víctima a un área en la cual no esté en contacto con su agresor; y, b) La posibilidad de mantener la suspensión de labores con pleno respeto a sus derechos de seguridad social y que, cuando el juicio concluya, de resolver que efectivamente se trató de acoso laboral o mobbing, sea reintegrada a sus labores, lejos de su agresor y con el pago de los emolumentos dejados de percibir.

"Justificación: Lo anterior es así, toda vez que cuando un trabajador señale que ejercita como acción principal la de conservación del trabajo digno, basada en el acoso laboral, es decir, para continuar laborando pero sin sufrir malos tratos, la autoridad laboral deberá, con fundamento en los artículos 1o. y 17 constitucionales, dictar las medidas cautelares correspondientes para garantizar que mientras se encuentra separado de su empleo, no pierda sus prerrogativas elementales, como sus derechos a la seguridad social e, incluso a la reanudación de éste. Ello, en función de que ante una conducta de ese tipo se pueden generar en la persona trastornos psicológicos, así como problemas de salud, incluso el suicidio, aunado a que el artículo 40 de la Ley General de Víctimas, aplicable a la materia laboral de conformidad con su artículo 1, dispone que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deben actuar conforme a los principios y criterios establecidos en dicha legislación, brindando atención inmediata, en especial en materias de salud, educación y asistencia social; asimismo, prevé las medidas de protección que deben decretarse para beneficiar a las víctimas de cualquier violación de derechos humanos."

45. Consecuentemente, debe subsistir el sobreseimiento decretado por el secretario en funciones de Juez Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, únicamente respecto de los actos que hizo consistir en: tortura, hostigamiento, tratos crueles e inhumanos, malos tratos, humillaciones, insultos, faltas de respeto, vejaciones, cargas excesivas de trabajo, la negativa de autorizar el cambio de adscripción, la exigencia de presentar la renuncia al puesto que ostenta, las cargas desproporcionadas en relación con sus homólogos, la negativa de disfrutar de su periodo vacacional, la obligación de trabajar en horarios extenuantes, toda vez que dichas actuaciones han sido reclamadas a la dependencia señalada como responsable en su calidad de patrón en una relación de coordinación de carácter laboral ajena a un contexto de derecho público, en cuyo caso la eficacia de los derechos humanos formulados por la trabajadora debieron plantearse centralmente a través del proceso laboral ordinario, por lo que no se actualizan las condiciones de procedencia del amparo previstas en el artículo 5o. de la Ley de Amparo. SEXTO.—Levantamiento del sobreseimiento respecto de la omisión de proporcionar equipo de protección personal suficiente para prevenir el contagio del virus SARS-CoV2 (C), respecto de hechos previos a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 34/2021 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

III. Inaplicabilidad de la contradicción de tesis 56/2021 y de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 34/2021 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

46. En principio, es dable mencionar que no es inadvertido para este tribunal que en sesión de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 56/2021, en la que determinó que la negativa de autorizar el resguardo domiciliario en favor del trabajador de instituciones de salud pública como medida preventiva de contagio del virus SAR-CoV2 no es de autoridad para efectos del juicio de amparo, misma que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de enero de 2022 a las 10:08 horas.

47. Tampoco la tesis de jurisprudencia 2a./J. 34/2021 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 9, Tomo II, enero de 2022, página 1253 con número de registro digital: 2023974, que derivó de dicha contradicción de tesis, de rubro: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2."

48. No obstante, debe decirse que el juicio de amparo fue promovido el once de agosto de dos mil veintiuno, esto es, con anterioridad a que fueran publicadas en el Semanario Judicial de la Federación la contradicción de tesis y jurisprudencia de referencia (7 de enero de 2022), por lo que no son aplicables al caso concreto.

49. Lo anterior es así, pues atendiendo al principio pro persona, debe atenderse a la sentencia emitida el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 327/2017, que será transcrita parcialmente en líneas posteriores, en el que se determinó que para establecer el carácter de autoridad responsable a un particular: a) Es secundario que la relación entre las partes sea de coordinación; b) Lo importante es verificar si el contenido del acto se relaciona con el cumplimiento de una norma jurídica, que atribuya a dicho particular la potestad de emitir actos unilaterales que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas; y, c) La materialidad de esa potestad pueda calificarse como una función con relevancia pública, atribuida como una responsabilidad delegada por el Estado, o bien, porque tenga como contenido un servicio público, lo que debe determinarse considerando distintos factores que denoten esa naturaleza.

50. En ese sentido, considerar que en el caso sí es aplicable el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 56/2021 y la tesis de jurisprudencia que de ésta emanó, implicaría violar en perjuicio del quejoso el principio de irretroactividad, previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, puesto que al momento de la presentación de la demanda de amparo éstos no estaban vigentes.

51. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo I, enero de 2017, página 464, con número de registro digital: 2013494, de la literalidad siguiente:

52. "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y, (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta –ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica–, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo."

53. De igual forma, no pasa inadvertida la tesis de jurisprudencia PC.I.L. J/6 L (11a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 7, Tomo III, noviembre de 2021, página 2360, con número de registro digital: 2023762, de contenido siguiente:

54. "AUTORIDAD RESPONSABLE EQUIPARADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. TIENEN TAL CALIDAD LOS PATRONES AL DESATENDER LA NORMATIVA, LOS MANDATOS ADMINISTRATIVOS O LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), GENERADOS DE MANERA EXTRAORDINARIA PARA COMBATIR LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), CUANDO NIEGAN, IMPIDEN U OMITEN AUTORIZAR LA AUSENCIA AL CENTRO DE TRABAJO DE UN TRABAJADOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA.

"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas divergentes al analizar el reclamo del quejoso respecto de la omisión de su patrón de ordenar el resguardo domiciliario por encontrarse en un grupo considerado vulnerable, pues uno determinó que el ente demandado en amparo no tenía la calidad de autoridad responsable, debido a que la relación existente entre las partes es de coordinación entre patrón y empleados, otro de los Tribunales resolvió que sí reunía las características propias del acto de autoridad susceptible de ser impugnado mediante el juicio de amparo, al no aplicarle en su beneficio el resguardo domiciliario a pesar de que pertenece a un grupo vulnerable, mientras que un diverso Tribunal contendiente concluyó que no solamente se había realizado en el ámbito laboral, sino también con el carácter de derechohabiente, por lo cual el juicio de amparo indirecto es procedente, ya que el ente demandado es un organismo público descentralizado que, conforme a la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral u obligatoria, o bien, puede incurrir en omisión de actos que, de realizarse, crearían, modificarían o extinguirían situaciones jurídicas.

"Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito determina que las entidades patronales –independientemente del nivel al que pertenezcan–, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, actúan como autoridad responsable equiparable al desatender la normativa, los mandatos administrativos o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), generados de manera extraordinaria para combatir la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), cuando niegan, impiden u omiten autorizar la ausencia al centro de trabajo de un trabajador en situación de vulnerabilidad en el contexto de la epidemia generada por la enfermedad citada, ya que ponen en riesgo los derechos humanos a la vida, a la salud y a la integridad personal de la parte trabajadora, además de poner en riesgo el bienestar de la comunidad; derechos que no es posible garantizar en forma efectiva y verdadera a través del juicio laboral ordinario, por lo cual procede el juicio de amparo indirecto, puesto que el estar sujetos a una relación de coordinación derivada de un vínculo de trabajo no les quita el estatus de particular, y de ser igual de vulnerables que el resto de la población.

"Justificación: El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone: ‘Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.’; bajo tal descripción normativa, y en atención al estándar determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para caracterizar a un acto de particular como acto de autoridad en la tesis aislada 1a. XXI/2020 (10a.), de título y subtítulo: ‘AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.’

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31309-a388a969/derechos-humanos-en-materia-laboral-vias-procesales-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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