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Modo: Corpus Pro

EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY GENERAL RELATIVA QUE ESTABLECE QUE LOS PARTICULARES QUE PRESTEN EL SERVICIO DE ESTUDIOS SIN RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL, DEBERÁN MENCIONAR ESA CIRCUNSTANCIA EN SU DOCUMENTACIÓN Y PUBLICIDAD, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE ENSEÑANZA. EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY GENERAL RELATIVA QUE ESTABLECE QUE LOS PARTICULARES QUE PRESTEN EL SERVICIO DE ESTUDIOS SIN RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL, DEBERÁN MENCIONAR ESA CIRCUNSTANCIA EN SU DOCUMENTACIÓN Y PUBLICIDAD, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 147/99. · Registro digital (IUS): 6510
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO MAURER, S.A.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Junio de 2000, , Pág. 170.

AMPARO EN REVISIÓN 147/99. INSTITUTO MAURER, S.A.

MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIO: JOSÉ LUIS DELGADO GAYTÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y, 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpone contra una sentencia pronunciada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley General de Educación.

SEGUNDO. Las consideraciones en que se apoya la sentencia recurrida estriban en lo siguiente:

"SEGUNDO. No es cierto el acto reclamado al secretario de Educación Pública, consistente en el refrendo a la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993, por así haberlo manifestado el director general de Asuntos Jurídicos, en ausencia del secretario de Educación Pública al rendir el correspondiente informe justificado, el cual obra a fojas 177 de autos, y lo cual se corrobora con la publicación de dicho ordenamiento. Asimismo, no es cierto el acto reclamado al director general de Acreditación, Incorporación y Revalidación, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, consistente en la resolución de fecha 7 de abril de 1998, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado, el cual obra a fojas 180 de autos. En virtud de que no son ciertos los actos que se reclaman a las autoridades mencionadas en los párrafos anteriores, y no haber sido desvirtuadas por la parte quejosa dichas negativas, procede sobreseer en el juicio respecto de los citados actos y autoridades señaladas, con fundamento en lo establecido en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que al rubro dice: ‘INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.’. TERCERO. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso de la Unión, consistentes en la expedición y aprobación de la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993, concretamente en lo que respecta a sus artículos 59, 77, fracción II, y segundo transitorio, por así haberlo manifestado los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de dicho órgano legislativo, al rendir el respectivo informe justificado, el cual obra a fojas 172 de autos. Igualmente, es cierto el acto reclamado al presidente de la República, consistente en la expedición del decreto promulgatorio de la Ley General de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993, por así haberlo manifestado el director general de Asuntos Jurídicos, en ausencia del secretario de Educación Pública, y éste en representación del presidente de la República, al rendir el informe justificado, el cual obra a fojas 175 de autos. Es cierto el acto reclamado al secretario de Gobernación, consistente en el refrendo a la ley reclamada, por así haberlo manifestado el director general de Asuntos Jurídicos, en ausencia del secretario de Gobernación, al rendir el respectivo informe justificado el cual obra a fojas 104 de autos. Asimismo, es cierto el acto reclamado al director del Diario Oficial de la Federación, consistente en la publicación de la ley combatida, por así haberlo manifestado el subdirector de Producción en ausencia del anterior, al rendir el informe justificado el cual obra a fojas 105 de autos. La existencia de los ordenamientos impugnados, además, se encuentra acreditada con la publicación oficial de los mismos, de conformidad con lo que disponen los artículos 86 y 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo y de acuerdo con la tesis jurisprudencial visible en la página 983, Primera Parte, Pleno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo rubro y texto dice: ‘LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarse en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba.’. Es cierto el acto reclamado de la directora de Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, consistente en la resolución administrativa de fecha 7 de abril de 1998, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado, el cual obra a fojas 182 de autos. Igualmente es cierto el acto reclamado al administrador local de Recaudación del Centro del Distrito Federal, designación correcta de la autoridad que la quejosa señaló como: ‘jefe de la Administración Regional de Recaudación dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público’, consistente en el cobro de la multa a que se refiere la resolución reclamada, pues independientemente de que dicha autoridad al rendir su informe justificado, el cual obra a fojas 187 de autos, niega el citado acto, de la lectura a la resolución reclamada se advierte que es la autoridad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que corresponde conforme al domicilio de la institución hoy quejosa, ante quien deberá solicitar el formato fiscal respectivo para efectuar el pago de la multa que se le impuso, o en su caso exigir el cobro de dicha multa, por ser la autoridad competente para ello. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar las causales de improcedencia que pudieran sobrevenir en el presente juicio de amparo ya sea que las hagan valer las partes o sean advertidas de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, y de conformidad con la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el rubro: ‘IMPROCEDENCIA.’. En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no expresó conceptos de violación en contra de los artículos 77, fracción II, y segundo transitorio de la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de julio de 1993, pues de la lectura de la demanda de garantías así se advierte, lo que trae por consecuencia la improcedencia del juicio de garantías respecto de estos preceptos legales, y da motivo al sobreseimiento en el presente juicio, ello con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, las tesis visibles en las páginas 775 y 789, de la Octava Época, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dicen: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO NO EXISTEN, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARLO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate la sentencia reclamada diciendo que es incorrecta, infundada, inmotivada, que no se cumplieron las formalidades del procedimiento u otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, y la Suprema Corte no puede analizar la sentencia combatida porque el amparo civil es de estricto derecho, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 166, fracción VII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debe sobreseerse el juicio y no negar el amparo.’ y ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO EXPRESADOS, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE. Que el particular quejoso no exprese en la demanda ningún concepto de violación enderezado a impugnar el procedimiento que reclama, es causa de improcedencia al no ser posible, jurídicamente, hacer el examen de la constitucionalidad de dicho acto en caso de que el promovente sea un particular, en que el asunto es de estricto derecho; por ello se debe sobreseer el juicio y no pronunciar sentencia negando el amparo.’. QUINTO. Al no advertir otra causal de improcedencia que se actualice en el presente juicio de amparo, procede analizar el concepto de violación que formuló la quejosa en relación con el artículo 59 de la Ley General de Educación reclamado. En el primer concepto de violación la parte quejosa manifiesta, que el artículo 59 de la Ley General de Educación, viola la garantía individual de libertad profesional regulada en el artículo 3o. constitucional, al establecer que los particulares que presten el servicio educativo ‘sin reconocimiento de validez oficial’, deben incluir dicha leyenda en su documentación y publicidad. Es infundado este concepto de violación, en virtud de que el artículo 3o., fracción VI, constitucional, expresamente señala: ‘VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley.’. En efecto, en dicho precepto constitucional se establece el derecho de los particulares, de poder impartir educación en todos sus tipos y modalidades, sin embargo señala que esta actividad la podrán desempeñar en los términos que establezca la ley, esto es, en la forma y términos que la regulen las leyes que se expidan sobre la materia, pues no puede dejarse al arbitrio de los particulares la formulación de los programas y planes educativos, y por lo mismo tampoco se puede permitir el libre reconocimiento y validez oficial de los estudios que impartan las instituciones, pues implicaría un descontrol en la enseñanza. En este caso, esa regulación la establece, la Ley General de Educación, y por lo mismo no infringe en su artículo 59 al artículo 3o. constitucional. Es decir, los particulares pueden impartir educación en todos los tipos y modalidades de acuerdo con lo que establezca la Ley General de Educación, concretamente en los términos que se establecen en el capítulo V ‘De la educación que impartan los particulares’, de los artículos 54 al 59, de ahí que los particulares pueden ejercer dicha actividad de prestación de servicio educativo, en los términos establecidos en dicha ley. Por otra parte, en el segundo concepto de violación el instituto quejoso manifiesta que el artículo 59 de la Ley General de Educación reclamada, viola el artículo 5o. constitucional, en virtud de que establece que los estudios que se imparten sin reconocimiento de validez oficial, así deben mencionarlo en su documentación y publicidad. Es infundado el anterior concepto de violación, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 5o. constitucional establece expresamente lo siguiente: ‘Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. ...’. De la lectura de dicho dispositivo, se advierte que la garantía tutelada por el mismo, consiste en que el particular tiene la libertad de elegir la ocupación que más le convenga, sin embargo, dicho derecho no es irrestricto, pues tiene limitaciones, y éstas son las regulaciones que las leyes establecen a las actividades, sean comerciales, industriales o profesionales. Ahora bien, el artículo 59 de la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993, señala textualmente: ‘Artículo 59. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad. En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.’. El artículo 59 que se impugna de inconstitucional, no viola la garantía de libertad de trabajo, industria o comercio, prevista por el transcrito artículo 5o. constitucional, por el solo hecho de señalar que los particulares que presten servicios por los que se imparten estudios sin reconocimiento de validez oficial deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad, ya que no impide al gobernado dedicarse al trabajo que realiza, pues lo que establece el legislador en ese precepto, son las reglas a que debe sujetarse esa actividad, pues en caso contrario quedaría al arbitrio de los gobernados, con el posible desempeño anárquico de dichas actividades. Esto es, dicho precepto, sólo regula la actividad educativa impartida por particulares, como es el caso de la institución quejosa. Habida cuenta de lo expuesto, el artículo impugnado, no viola el referido artículo 5o. constitucional. En consecuencia, al resultar infundados los citados conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado respecto del citado artículo 59 de la Ley General de Educación. SEXTO. Por otro lado, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados en relación a la legalidad del primer acto de aplicación del precepto impugnado, consistente en la resolución de fecha 7 de abril de 1998. En los conceptos de violación tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, los cuales se analizan en forma conjunta por estar relacionados entre sí, la institución quejosa, manifiesta que se violan en su perjuicio las garantías individuales de seguridad jurídica y de legalidad, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque en la resolución impugnada se aplicaron indebidamente los artículos 59, 77, fracción II, y segundo transitorio de la Ley General de Educación, en virtud de que por acuerdo contenido en el oficio número 206-1 emitido en el expediente número N/211/1413 de fecha 3 de noviembre de 1981, el jefe del Departamento de Registros dependiente de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública le indicó que en su documentación y publicidad podría utilizar cualquiera de las tres leyendas que se le indicaban, las cuales eran: a) ‘Estudios que no requieren reconocimiento de validez oficial, con registro en la SEP’; b) ‘Estudios no incorporados con registro en la SEP’; y c) ‘Estudios que no requieren incorporación, con registro en la SEP’; que eligió la señalada en el inciso c); sigue diciendo la quejosa, que posteriormente, en el año de 1987, se inscribió en el listado de planteles no incorporados a la Secretaría de Educación Pública, con clave C-75686, según oficio 206-1 de 7 de agosto de 1987, y por lo tanto tiene un derecho adquirido de utilizar la leyenda de ‘Estudios que no requieren incorporación con registro o clave C-75686’, en toda su documentación y publicidad, que en consecuencia, la autoridad responsable al exigirle que cumpla con lo ordenado en la resolución impugnada, fundada en lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley General de Educación, vigente a partir del 14 de julio de 1993, en relación a que en su documentación y publicidad, debe mencionar que los servicios educativos que presta son ‘Sin reconocimiento de validez oficial’, se le está aplicando dicho precepto legal en forma retroactiva. Los anteriores conceptos de violación resultan infundados, en razón de las siguientes consideraciones: La Constitución General de la República en su artículo 14 consagra el principio de la no retroactividad de las leyes en perjuicio de persona alguna. Sobre la materia de la retroactividad existe una diversidad de teorías. La más frecuente es la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho; y la de las situaciones de derecho, situaciones concretas o situaciones abstractas. El derecho adquirido debe considerarse cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el bien o derecho no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por una disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso se realiza el derecho y penetra al patrimonio; en el segundo caso, el derecho está en potencia sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio. Los conceptos doctrinales anteriores han sido acogidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia ciento ochenta y seis, páginas doscientos veintiséis a doscientos veintisiete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación al Tomo L, la cual en lo conducente dice: ‘... para que una ley sea retroactiva se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores y esta última circunstancia es esencial; que la ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos’. En apoyo de lo anterior, se invoca la tesis visible en la página 80, Volumen CXXXVI, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Pleno, cuyo rubro y texto son: ‘RETROACTIVIDAD, TEORÍAS DE LA. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas o situaciones abstractas y situaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación concreta de la misma. El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federación, al establecer: «Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial.». «La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos.». «Al celebrarse un contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye.».’. Asimismo, resulta aplicable la tesis visible en la página 191, Volúmenes 133-138, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY. Para que pueda decirse que se da efecto retroactivo a una ley, se necesita que se le lesionen derechos adquiridos, por lo que no puede alegar retroactividad quien en ninguna forma justifica la existencia de esos derechos.’. Ahora bien, en el caso concreto, no se violó el citado principio de irretroactividad en perjuicio de la peticionaria del juicio de garantías, ya que no acreditó ser titular de un derecho adquirido preexistente a la vigencia del artículo 59 de la Ley General de Educación, precepto legal en el cual se fundamentó la resolución reclamada. En efecto, si bien en el oficio 206-1-22399, de fecha 3 de noviembre de 1981, emitido por el jefe del Departamento de Registro dependiente de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual se le acusó recibo a la quejosa respecto de su petición formulada por escrito de fecha 8 de octubre de 1981, y se señaló que la peticionaria del juicio de garantías podría utilizar cualquiera de las leyendas: a) ‘Estudios que no requieren reconocimiento de validez oficial, con registro en la SEP’; b) ‘Estudios no incorporados, con registro en la SEP’; y c) ‘Estudios que no requieren incorporación con registro en la SEP’ (fojas 145), y ella según manifiesta optó por la marcada en el inciso c), no implica que la autoridad con fundamento en la Ley General de Educación vigente no pueda ya exigir a la hoy quejosa diferentes requisitos o leyendas en su publicidad o documentación, ya que esos requisitos van a regir para el futuro, y el solo hecho, que la autoridad le haya otorgado el derecho de utilizar dicha leyenda en forma indefinida, no impide que pueda variársela, puesto que posteriormente en el oficio número 206-1-13052, de fecha 7 de agosto de 1987, emitido por el director general de Incorporación y Revalidación al otorgarle el registro número C-75686, en el listado de planteles no incorporados (fojas 59), y respecto del cual se hace sabedora de su existencia la parte quejosa al manifestar en el capítulo de antecedentes de la demanda de garantías, que se le otorgó la inscripción señalada para incluirla en su publicidad, precisándose en el último párrafo del citado oficio expresamente lo siguiente: ‘Será obligación del propietario, hacer cumplir que se señale en la documentación escolar y publicidad que emita, la advertencia de que los estudios que imparte dicho plantel carecen de reconocimiento de validez oficial.’. En tal virtud, desde que se emitió dicho oficio, el instituto quejoso tenía la obligación de señalar en su documentación y publicidad la leyenda de que los estudios que imparte ‘Carecen de reconocimiento de validez oficial’. En ese orden de ideas, la parte quejosa no acredita la preexistencia de un derecho adquirido a utilizar en forma indefinida la leyenda ‘Estudios que no requieren incorporación, con registro en la SEP’, al momento de emitirse la resolución reclamada, por lo que resulta infundado que se viole en su perjuicio el principio de retroactividad de las leyes establecido en el artículo 14 constitucional, máxime que los estudios que imparte la quejosa no tienen ese reconocimiento de validez oficial, y sólo se le está obligando que haga del conocimiento del público esa circunstancia. Por otra parte, en el noveno concepto de violación, la quejosa manifiesta que se viola en su perjuicio la garantía de legalidad y exacta observancia de la ley contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales, al no valorar debidamente sus pruebas, porque en su escrito de fecha 30 de junio de 1997, con el que se apersonó en el expediente DAL/064/97, claramente manifestó que incluía en su documentación la leyenda de que estaba inscrita en la Secretaría de Educación Pública con la clave número 75686, para estudios que no requieren incorporación según oficio 206-1 de 7 de agosto de 1987 y que utilizaba esa leyenda ya que la propia secretaría en oficio de fecha 3 de noviembre de 1981, le había permitido escoger entre varias leyendas y había escogido la marcada con la letra c) que decía: ‘Estudios que no requieren incorporación, con registro en la SEP’, y anexó copia en ese escrito, y que por lo mismo al estar autorizada esa leyenda desde 1981, por eso había adquirido ese derecho, prueba que no había valorado debidamente la responsable. Resulta infundado el anterior argumento, ya que la responsable sí valoró debidamente la prueba que menciona la quejosa, pues como lo mencionó en el considerando IV de la resolución impugnada, el hecho de que se le hubiese autorizado en 1981 la leyenda que eligió, consistente en que eran estudios que no requerían incorporación, con registro en la SEP, esa autorización quedaba sin validez porque esa leyenda se había fundado en la anterior Ley Federal de Educación, la cual había sido abrogada por la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de julio de 1993, y ésta en su artículo 59, prevé que los particulares que presten servicios por los que impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad, leyenda que no había utilizado la quejosa, por lo que concluyó imponerle la sanción consistente en una multa, consideración que además resulta correcta, ya que si la quejosa no tiene reconocimiento de validez oficial de los estudios que imparte, relacionados en la resolución reclamada, es claro que en términos de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley General de Educación, su documentación debe mencionarlo, pues con el oficio de 1981, con el cual se le autorizó la leyenda de estudios que no requieren de incorporación, con registro en la SEP, no desvirtúa como dice la responsable, esa obligación, ya que ella sólo tenía vigencia, mientras también estuviera en vigor la ley en base a la cual se le permitió esa leyenda, mas no le da un derecho adquirido para seguirla usando para siempre. Por último, resulta igualmente infundado lo manifestado por la parte quejosa en el décimo concepto de violación en el sentido de que la resolución impugnada viola las garantías de seguridad jurídica y legalidad, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la multa impuesta es infundada pues no se realiza una adecuación entre el hecho sancionador y la infracción. En efecto, es infundado este concepto de violación, en virtud de que en los puntos resolutivos segundo y tercero la autoridad responsable señaló que el Instituto Maurer, S.A., hoy quejoso, contravino lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley General de Educación, al omitir incluir en su publicidad, constancias y diplomas que emite, la leyenda que precisa en forma clara que las carreras que imparte son: ‘Estudios sin reconocimiento de validez oficial’, incurriendo en la infracción prevista en la fracción II del artículo 77 de la citada Ley General de Educación, se le impuso una multa por la cantidad de $6,612.50 (seis mil seiscientos doce pesos 50/100 M.N.), equivalente a 250 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y para imponerle dicha multa se tomaron en consideración las circunstancias en que se cometió la violación, es decir el conocimiento que deben tener los particulares que presten servicios por los que se imparten estudios sin reconocimiento de validez oficial, de así mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad, la gravedad de la conducta al omitir incluir en su publicidad y documentación la leyenda de que sus estudios son ‘Sin reconocimiento de validez oficial’, la capacidad económica solvente del infractor, y el daño producido a los alumnos. En ese orden de ideas, de acuerdo con lo expuesto dicha resolución combatida cumple con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, en cuanto se encuentra suficientemente fundada y motivada. Al respecto resultan aplicables las tesis visibles en las páginas 178 y 544 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI que dicen: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca.’ y ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las aut

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6510-2a3c6a18/educacion-el-articulo-59-de-la-ley-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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