LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS DE TODA CLASE, IMPUESTO SOBRE. LA FACULTAD DE LEGISLAR SOBRE ÉL ES DE ESTRICTA COMPETENCIA FEDERAL (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 61 BIS AL 61 BIS O DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO).
AMPARO EN REVISIÓN 1523/99. ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR, A.C.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En el primer agravio se sostiene que el Juez de Distrito no se pronunció respecto a la casual de improcedencia que se hizo valer en el juicio de garantías, sobre lo que en particular (sic), se hizo del primer acto de aplicación de la ley reclamada, incurriendo en violación al artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo.
Sobre este particular debe decirse que dicho motivo de inconformidad resulta infundado, en mérito a que contrariamente a lo que se asevera, el a quo sí se pronuncia respecto a la causal de improcedencia que invocó la autoridad recurrente, pues al respecto dijo:
"CUARTO. No se está en el caso de sobreseer en lo restante en el presente juicio de garantías, como lo solicitan el Gobernador Constitucional, secretario general de Gobierno y Congreso del Estado de Jalisco en sus respectivos informes justificados, porque el hecho de que los actos reclamados resulten constitucionales no trae como consecuencia el sobreseimiento del juicio sino la negativa del amparo, y porque si bien del acta en la que aparece la orden de embargo que aquí se reclama se desprende que a los actos de aplicación combatidos precedieron una visita domiciliaria y la orden relativa, no debe perderse de vista que en autos no existe prueba fehaciente de que en las aludidas visita y orden se aplicó por primera vez, como se pretende, las legislaciones que tilda de inconstitucionales la parte quejosa. Sirven de apoyo a lo anteriormente considerado, los criterios sustentados en las tesis que a continuación se transcriben: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. DEBEN ESTAR ESPECIFICADAS POR LA LEY Y PROBARSE PLENAMENTE.’ (Se transcribe). ‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.’ (Se reproduce). Por otra parte, cabe hacer notar que a la persona moral quejosa le asiste interés jurídico para reclamar en este juicio el Decreto Número 16503, mediante el cual ‘se adicionan dos capítulos, octavo y noveno al título segundo de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para 1997’, así como el Decreto Número 17073, por el cual se aprueba la ‘Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 1998’, aunque en la orden de embargo aquí reclamada no se citen expresamente esas legislaciones, toda vez que en ellas se prevé uno de los elementos de los impuestos de referencia, como es la tasa, y de conformidad con el criterio sustentado en la jurisprudencia que a continuación se transcribe: ‘LEY DE INGRESOS. SI EL QUEJOSO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA LEY QUE REGULA UN IMPUESTO ESPECÍFICO, TAMBIÉN LO TIENE PARA IMPUGNAR ÉSTA.’."
Luego, si como se advierte de la transcripción realizada, el Juez de Distrito se ocupó de la causal de inejercitabilidad hecha valer, es evidente que no se incurre en la transgresión a los preceptos de la Ley de Amparo que se invoca en el agravio.
Por otra parte se aduce que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que se invoca, porque el primer acto de aplicación de la ley reclamada, ocurrió con el levantamiento del acta de inicio de visita domiciliaria de fechas tres y treinta de mayo de mil novecientos noventa y ocho, con números de folio 119392, 119393, 119394 y 119395, por el personal adscrito a la Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.
Con el objeto de examinar el planteamiento de referencia se toma en cuenta que el acta a que se refiere la responsable, es de este tenor:
"Folio No. 119392. Oficio número: 21190/98. Orden de visita número: A.I.E. 06/98/98. Contribuyente: Enseñanza e Investigación Superior, A.C. Actividad: Clave 934200 Servicios no remunerados de asistencia social. Ubicación: Av. Américas No. 243, colonia Ladrón de Guevara. Ciudad: Guadalajara, Jalisco. R.F.C. EIS 4307/4 ET2. Clase de acta: Inicio. Visitadores: Los que se indican. En Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas del día 22 de mayo de 1998, los CC. Carmen Alicia Huizar González, Jesús González Pérez y Laura Carolina Paz Navarro, auditores visitadores adscritos a la Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, constituidos legalmente en la finca marcada con el número 243 de la Avenida Américas en la colonia Ladrón de Guevara de Guadalajara, Jalisco, domicilio fiscal de la contribuyente Enseñanza e Investigación Superior, A.C., con objeto de levantar esta acta parcial en la que se hacen constar los siguientes hechos: Se hace constar que el día 21 de mayo de 1998, a las 13:00 horas los CC. Carmen Alicia Huizar González y J. Jesús González Pérez, visitadores de la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, Dirección de Auditoría Fiscal se constituyeron en la finca marcada con el número 24 de la Avenida de las Américas en la colonia Ladrón de Guevara de Guadalajara, Jalisco, domicilio fiscal de la contribuyente Enseñanza e Investigación Superior, A.C., con el objeto de hacer entrega del oficio número 21190/98 de fecha 20 de mayo de 1998, girado por el director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, Lic. Ramón Navarro Bañuelos, a la contribuyente Enseñanza e Investigación Superior, A.C., y habiendo requerido la presencia física del representante legal idóneo de la destinataria de la orden de visita pero al no estar presente procedieron a dejar citatorio contenido en el oficio número 21191/98, de fecha veintiuno de mayo de 1998, el cual se entregó al C. Lorenzo Santos García, en su carácter de tercero de la contribuyente Enseñanza e Investigación Superior, A.C., con ocupación de contador, para que lo hiciera de su conocimiento, a efecto de que estuviera presente el día 22 de mayo de 1998, a las 12:30 horas. Se hace constar que siendo las 12:30 horas del día 22 de mayo de 1998, el personal de visita antes mencionado, nos constituimos en el domicilio también referido, para hacer entrega de la orden de visita domiciliaria número A.I.E. 06/98/98 contenida en el oficio número 21190/98 de fecha 20 de mayo de 1998, girado por el director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, Lic. Ramón Navarro Bañuelos, a la contribuyente Enseñanza e Investigación Superior, A.C., relativo al periodo comprendido del 01 de enero de 1997 a la fecha de notificación de la citada orden, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, y del impuesto sobre enajenación de boletos de rifas y sorteos, e iniciar la revisión fiscal ahí ordenada. Para tal efecto siendo las 12:30 horas del día 22 de mayo de 1998, se requirió la presencia física del representante legal idóneo de la destinataria de la orden de visita, y después de haber transcurrido un lapso de tiempo razonable de 15 minutos sin que se presentara y habiéndonos informado el C. Alfredo Altamirano Suárez, en su carácter de tercero (empleado) de la contribuyente Enseñanza e Investigación Superior, A.C., que se encuentra el representante legal en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, motivo por el cual no se presenta a desahogar la diligencia, los auditores visitadores, con fundamento en el artículo 27, fracción II, del Código Fiscal del Estado de Jalisco en vigor, proceden a entender la diligencia con el C. Alfredo Altamirano Suárez, en su carácter de empleado de la contribuyente Enseñanza e Investigación Superior, A.C., quien se identifica mediante credencial para votar, número de folio 102739662, año de registro 1997, clave de elector ALSRAL62120628H001, expedida por el titular del Instituto Federal de Electores en funciones de director general C. Agustín Ricoy Saldaña, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, mismo que se tuvo a la vista, se examinó y devolvió de conformidad a su portador, pasa al folio No. 119393. Viene del folio No. 119392. Persona a quien en lo sucesivo se le denomina ‘el compareciente’. Así mismo, se hace constar que el compareciente manifiesta que es de nacionalidad mexicana, de 35 años de edad, de estado civil casado, con ocupación empleado de la contribuyente Enseñanza e Investigación Superior, A.C., tener su domicilio particular en la calle Génesis número 4194 en la colonia Juan Manuel Vallarta en Zapopan, Jalisco y estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con cédula personal número AASA 621206. Hecho lo anterior, los auditores visitadores entregaron al compareciente la orden de visita en cuestión, firmada autográficamente por el director de Auditoría Fiscal del Estado, Lic. Ramón Navarro Bañuelos, quien para su constancia estampa de su puño y letra la siguiente leyenda: ‘Previa lectura e identificación de los auditores visitadores recibí original del presente oficio con firma autógrafa siendo las 13:30 horas del día 22-mayo-1998’, anotando a continuación su nombre y firma en el original y dos copias de la orden. Ante el compareciente, los auditores visitadores en el orden indicado al principio de esta acta, se identificaron mediante constancias de identificación contenidas en los oficios números 11325/98, 11363/98 y 11378/98, todos ellos de fecha abril 1 de 1998 con vigencia a partir de su fecha de expedición y hasta el día 30 de septiembre de 1998, expedidos y firmados autográficamente por el titular de la Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, Lic. Ramón Navarro Bañuelos con fundamento en los artículos 12, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Tesorería General del Estado de Jalisco, en relación con el artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, documentos en los cuales se les acredita como servidores públicos adscritos a la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado de Jalisco, sita en el cuarto piso del edificio ubicado en la confluencia de las avenidas Magisterio y Tamaulipas de la ciudad de Guadalajara y se les confiere el carácter de auditor visitador, así como la facultad para practicar visitas domiciliarias, verificar y notificar todos los actos inherentes al desarrollo y conclusión de las auditorías y en los cuales aparece su nombre, su filiación como a continuación se indica HUGC 650218 F79, GOPJ 631220 QEA y PANL 650109 D55 y en el margen izquierdo el Escudo de los Estados Unidos Mexicanos y la leyenda ‘Gobierno de Jalisco, Poder Ejecutivo, Secretaria de Finanzas y Dirección de Auditoría Fiscal’ así como el sello de la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado, la fotografía y firma del auditor visitador; dichos documentos identificatorios fueron exhibidos al compareciente, quien los examinó, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con los de la orden de visita y con el perfil físico de cada uno de los auditores visitadores, expresando su conformidad sin producir objeción alguna, devolviéndolos a sus portadores. Acto seguido, los auditores visitadores requirieron al compareciente, en cumplimiento a lo señalado por la fracción II del artículo 27 del Código Fiscal del Estado de Jalisco vigente, para que designe dos testigos de asistencia, si éstos no son designados por él, serán designados por los auditores visitadores, a lo que manifestó: ‘acepto el requerimiento’ y designó como testigos de asistencia a los CC. Gustavo Adolfo Martínez Quezada y Lorenzo Santos García ambos de nacionalidad mexicana, de 34 y 28 años de edad, de estado civil soltero y casado, con ocupación director administrativo y contador, respectivamente; con domicilios particulares el primero en la calle Cuicuilco número 2091, en el Fraccionamiento Pinar de la Calma en Zapopan, Jalisco y el segundo en la calle Palma Sola número 1475 en el Fraccionamiento 18 de Marzo en Guadalajara, Jalisco, quienes se identificaron ambos mediante credenciales para votar, números de folio 23323593 y 20234054, años de registro ambos de 1991, claves de elector MRQZGS64012114H100 y SNGRLR70050814H300, respectivamente, expedida la primera por el titular del Instituto Federal Electoral, Registro. Pasa al folio No. 119394. Viene del folio No. 119393. Federal de Electores en funciones de director general el C. Agustín Ricoy Saldaña y la segunda expedida por el titular del Instituto Federal Electoral en funciones de director general el C. Emilio Chuayffet Chemor, documentos en los cuales aparecen sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma, mismos que se examinaron y devolvieron de conformidad a sus portadores, quienes manifiestan estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes con cédulas personales números MAQG 640121 LE7 y SAGL 700508 respectivamente; dichos testigos aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad y no tener impedimento legal para actuar como tales. Descripción de los hechos: Único. Se hace constar que fue requerido el compareciente para que bajo protesta de decir verdad, manifieste si se han presentado o no a la fecha de la presente diligencia su aviso de inscripción al registro de contribuyentes ante la Oficina de Recaudación Fiscal correspondiente a su domicilio fiscal en el Estado de Jalisco y demás movimientos al Registro Estatal de Contribuyentes, así como las declaraciones para efectos del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta y concursos de toda clase, y del impuesto sobre enajenación de boletos de rifas y sorteos, de la contribuyente Enseñanza e Investigación Superior, A.C., por el periodo comprendido del 1o. de enero de 1997 al 22 de mayo de 1998, sujeto a revisión, expresando el compareciente que no se ha presentado aviso de inscripción ante el Registro Estatal de Contribuyentes, ni las declaraciones para efectos del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta y concursos de toda clase, y del impuesto sobre enajenación de boletos de rifas y sorteos. Asimismo, fue requerido el compareciente para que exhibiera los libros principales de contabilidad, auxiliares, registros y cuentas especiales, papeles, discos y cintas, así como otros medios procesables de almacenamiento de datos y toda la documentación que integra su contabilidad, relacionados con el periodo comprendido del 1o. de enero de 1997 al 22 de mayo de 1998, sujeto a revisión, hecho lo cual, en el domicilio en que se levanta la presente acta, el compareciente no exhibe la documentación solicitada por los auditores visitadores manifestando que dicha documentación se encuentra en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; asimismo se hace constar que mediante pólizas de cheque, se conocieron las siguientes cuentas bancarias: Del banco Bital, S.A., cuenta número 033-100288-4; de Banca Serfín, S.A., cuenta número 8016962; del banco Inverlat, S.A., la cuenta número 112802-7; del banco Bancomer, S.A., la cuenta 1336894-4; del banco Banamex, S.A., la cuenta número 176409-4; del banco Bancrecer, S.A., la cuenta número 0022755579; y del banco Banorte, S.A., las cuentas números 168-02045-7, 168-01325-6 y 168-01369-8, todas a nombre de Enseñanza e Investigación Superior, A.C., y mediante ficha de depósito se conoció de la cuenta bancaria de Concentración Inmediata Empresarial número de convenio 5061-5 a nombre de Enseñanza e Investigación Superior, A.C. Asimismo, se hace constar que el compareciente proporcionó a las auditores visitadores copias fotostáticas del control de ingresos de los sorteos 128, 129, 130, 131 y 132. Lectura y cierre del acta. Leída que fue la presente acta parcial de inicio y explicado su contenido y alcance al compareciente, no habiendo más hechos que hacer constar, se dio por terminada esta fase de la diligencia, siendo las 16:50 horas del día 22 de mayo de 1998. Levantándose la presente acta en original y tres copias, de las cuales se entrega una legible al compareciente, después se pasa al folio No. 119395. Viene del folio No. 119394. Firman al margen de todos y cada uno de los folios de que consta esta acta, con excepción del que concluye, el cual se firma al calce, por los que en ella intervinieron con los caracteres ya mencionados. Conste. Fe de erratas: Todo lo testado en la presente acta carece de validez. Por la contribuyente visitada Enseñanza e Investigación Superior, A.C. Se negó a firmar. C. Alfredo Altamirano Suárez Tercero. La copia legible de esta acta se dejará en el mostrador de la recepción del domicilio de la contribuyente visitada ubicado en Avenida Américas número 243, colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara, Jalisco. Por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. Dirección de Auditoría Fiscal. Firma C. Carmen Alicia Huizar González. Firma C. J. Jesús González Pérez. Firma C. Laura Carolina Paz Navarro. Firma C. Gustavo Adolfo Martínez Quezada. Firma C. Lorenzo Santos García."
Del examen minucioso de la documental de mérito se aprecia que la misma constituye un acta parcial de inicio de visita domiciliaria, en la que se hace constar que los visitadores Carmen Alicia Huizar González, J. Jesús González Pérez y Laura Carolina Paz Navarro, dependientes de la Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, acudieron al domicilio fiscal de la quejosa, con objeto de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta y concursos de toda clase y enajenación de boletos de rifas y sorteos.
Ahora bien, respecto a las actas parciales de inicio de una visita domiciliaria, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de la Novena Época, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, tesis 2a. CXLIII/98, página 421, ha sustentado lo siguiente:
"ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN SU CONTRA, PORQUE NO CONSTITUYEN RESOLUCIONES FISCALES DEFINITIVAS. Las actas de inspección o auditoría fiscal encuadran dentro de la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con la forma de liquidación (acto administrativo definitivo o resolutorio), de ahí que, por regla general, dichas actas no sean impugnables. Sin embargo, la irrecurribilidad de tales actas es una regla de orden y no una regla material absoluta, pues no se puede afirmar que los actos de trámite no son impugnables o inmunes a los medios de defensa. Lo que quiere decirse, simplemente, es que los actos de trámite, no son impugnables aisladamente, sino en su caso, hasta que se produzca la resolución final del procedimiento, oportunidad en la cual podrán plantearse todas las irregularidades que el visitado aprecie sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, así como sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos que lo originaron, como falta de identificación de los visitadores, entre otros."
De ello se puede concluir, con certeza, que si bien es verdad que en la documental de referencia se alude al impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta y concursos de toda clase y enajenación de boletos de rifas y sorteos, también lo es que la promoción del juicio de garantías en contra de ese acto, resultaba improcedente, en mérito a que dicha acta constituye sólo el acta de inicio de visita domiciliaria, la que encuadra dentro de la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final, de ahí que en el caso específico dicha acta no sea impugnable.
Atento a lo anterior, es de concluirse que contrariamente a lo que se afirma por la responsable, no se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues al no ser impugnable en amparo indirecto, por ser una actuación que constituye el inicio de un procedimiento, la quejosa no estaba en condiciones de acudir al juicio de garantías reclamando dicha acta, de ahí que no puede estimarse que se hubiese consentido el acto reclamado, por haberse aplicado la ley combatida en dicha acta de visita.
Además en la referida acta únicamente se interroga a la quejosa, por conducto de la persona con que se entiende la visita, en el sentido de que si han presentado el aviso del Registro Estatal de Contribuyentes ante la oficina de recaudación fiscal respectiva, así como las declaraciones del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta y concursos de toda clase y enajenación de boletos de rifas y sorteos, lo que implica que en realidad, dicha acta no le causa perjuicio alguno a la quejosa para que estuviera en condiciones de combatirla en amparo indirecto, ya que únicamente se le interroga si se presentaron las documentales que ahí se citan, razón por la cual, por este motivo, tampoco se actualiza la causal de improcedencia que se anota.
Tiene aplicación al caso la tesis de la Novena Época, instancia: Segunda Sala, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, julio de 1999, tesis 2a./J. 67/99, página 104, que dice:
"AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO.-Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio."
Por las anteriores consideraciones resultan inaplicables las tesis que se invocan en el agravio que se estudia.
CUARTO.-Son infundados los argumentos que hace valer la autoridad recurrente, en el segundo agravio, toda vez que es correcta la concesión del amparo decretado en la sentencia recurrida con base a que la Legislatura del Estado de Jalisco, carece de facultades para establecer el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, establecido en los artículos 61 bis A al 61 bis O, de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.
En efecto, ello es así, atento a lo resuelto por este Tribunal Pleno en el amparo en revisión número 137/95, promovido por Enseñanza e Investigación Superior, A.C., fallado el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, por mayoría de seis votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente Aguinaco Alemán, en contra de los votos de los señores Ministros Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Ortiz Mayagoitia y Román Palacios.
En dicha sentencia, se resuelve el problema que aquí se plantea, con base a las consideraciones que enseguida se reseñan:
"Que en el caso que nos ocupa, se impugna el impuesto aplicado en el Distrito Federal que grava la celebración y premios obtenidos por loterías, rifas, sorteos y concursos, por lo que la cuestión a dilucidar se reduce a justificar o desechar, la interpretación literal o integradora del artículo 124, respecto a las fracciones X y XXIX del artículo 73 constitucionales."
El artículo 124 citado establece:
"Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."
Este artículo establece una norma de exclusión, toda vez que ordena que las competencias o facultades que no tengan el calificativo de federales, serán estatales. Asimismo, establece una reserva de dos grados; el primer grado se forma por facultades que expresamente se conceden a la Federación, lo cual exige examinar detenidamente la Constitución, a fin de determinar el área en la que la Federación tiene el predominio en el ejercicio de las facultades conferidas; el segundo grado, constituye las materias reservadas expresamente a los Estados.
Ahora bien, en tratándose del artículo 73 constitucional, encontramos que se trata de una norma que reserva de manera exclusiva determinadas facultades a la Federación. Concretamente la Constitución establece un catálogo de materias para que el Congreso de la Unión sea el órgano que en forma exclusiva actúe sobre ellas.
Así las cosas, el artículo 73 constitucional establece en su fracción X, una facultad exclusiva de la Federación: la de legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos.
Esto significa, que la Constitución fija el primer grado del artículo 124 constitucional, es decir, establece lo que es materia federal. Asimismo, el artículo 73, fracción X, fija la primera parte de la regla de exclusión, es decir, una porción de lo que es exclusivamente federal.
Por tanto, si la facultad de legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos es facultad reservada exclusivamente a la Federación, no corresponde a los Estados dicha materia; en consecuencia, la regla de exclusión y el primer grado que derivan del artículo 124 constitucional, deben surtir plenos efectos, es decir, debe excluirse la materia juegos y sorteos de la competencia estatal, ya que dicha materia está reservada a la Federación.
Debe decirse además que existe la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, cuyo artículo 10 establece que todas las autoridades federales, las locales y la fuerza pública, cooperarán para hacer cumplir las determinaciones que dicha ley establece; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual en su artículo 27, fracción XI, dispone que corresponde a la Secretaría de Gobernación reglamentar, autorizar el juego, las apuestas, las loterías y rifas, en términos de la ley relativa; y por último, los artículos 129 a 131 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya gravan la celebración de juegos con apuestas, sorteos y loterías.
Por tanto, no se debe soslayar que la materia de juegos con apuestas y sorteos ya está regulada por leyes y autoridades federales; esto es, con apoyo precisamente en las facultades que sobre la materia otorga la fracción X del artículo 73 constitucional, es que el Congreso de la Unión ha expedido normas y controles federales sobre la materia.
De lo relacionado, se puede sostener que se estará en presencia de competencias exclusivas de la Federación en el marco de la Constitución en los siguientes supuestos:
a) Cuando se atribuye la materia en bloque a la Federación, sin distinguir por tanto las diversas facultades que ésta pueda asumir sobre aquélla.
b) Cuando se atribuye a la Federación no la materia en bloque, sino un determinado sector de la misma; por ejemplo, gasolina, energía, etc., es decir, la Federación detenta competencias exclusivas de legislación, reglamentación y gestión.
c) Cuando se atribuye a la Federación un determinado tipo de potestades sobre una materia, como la legislación sobre la misma. Así, por ejemplo, cuando la fracción X del artículo 73 constitucional habla de que el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en toda la República sobre comercio. En estos casos, la Federación poseerá la competencia exclusiva de legislación sobre la materia en cuestión.
Fuera de estos tres supuestos, no estaremos en presencia de facultades exclusivas de la Federación, sino de algún otro tipo de facultades, en que podrían subclasificarse las facultades expresas, por razón de los textos constitucionales que las prevén, y así, tendríamos:
1. Facultades explícitas, que son precisamente las previstas en la enumeración que limitativamente establece la Constitución, con absoluta claridad;
2. Facultades implícitas, que son las que necesariamente deben utilizarse para poder ejercer las facultades explícitas, es decir, son los medios de valor instrumental necesarios para ejercer las facultades explícitas, siendo así, la razón de la existencia de la fracción XXX del artículo 73 constitucional;
3. Facultades coincidentes, son aquellas que la Constitución permite se ejerzan en forma simultánea, tanto por la Federación, como por los Estados versando sobre el mismo contenido o ámbito material;
4. Facultades coexistentes, son aquellas que versando sobre la misma materia, su contenido ha sido dividido para su ejercicio entre la Federación y los Estados, delimitando el ámbito material de acción de cada autoridad;
5. Facultades concurrentes, las cuales suponen el ejercicio por parte de los Estados de facultades otorgadas a la Federación, siempre que no constituyan facultad exclusiva o no sean facultades prohibidas a los Estados y no hayan sido ejercidas por la Federación; se trata de facultades sucesivas y supletorias, y en caso de que la Federación las ejerza, la actividad estatal queda abrogada por virtud de ese ejercicio.
De acuerdo a lo anterior, queda claro que el artículo 124 constitucional establece un régimen de facultades expresas, es decir, en tratándose de cualesquiera de los diversos tipos de facultades a que antes se ha hecho referencia, ya facultades explícitas, facultades implícitas, facultades coincidentes o bien, facultades coexistentes, deben estar expresamente establecidas en la Constitución para que puedan ejercerse; por ello en la especie no se puede sostener que respecto a la materia de juegos con apuestas y sorteos, haya facultades concurrentes, facultades coincidentes o facultades coexistentes, pues respecto de este tipo de facultades, existe justificante constitucional para arribar a esa conclusión, porque hay normas que las establecen; sin embargo, en el rubro de juegos con apuestas y sorteos, la norma constitucional establece una facultad explíci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6469-f2304c8b/loterias-rifas-sorteos-juegos-con-apuestas-y-concursos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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