ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. TIENE ESE CARÁCTER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL COMITÉ ACADÉMICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MINATITLÁN PARA DAR DE BAJA DEFINITIVAMENTE A UN ALUMNO DE EDUCACIÓN SUPERIOR MATRICULADO EN DICHA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 12/2002).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 21/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO CIRCUITO. 29 DE NOVIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALFREDO BARRERA FLORES (PRESIDENTE), ÁNGEL RODRÍGUEZ MALDONADO, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, EDUARDO ANTONIO MÉNDEZ GRANADO, CARLOS SOLÍS BRICEÑO Y JERÓNIMO JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ. PONENTE: JAIME FLORES CRUZ; EN AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO ALFREDO BARRERA FLORES. SECRETARIO: IVÁN OSBALDO JACOBO CORTÉS.
Villahermosa, Tabasco. El Pleno del Décimo Circuito, tiene visto este asunto, para su solución en sesión virtual de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós.
VISTOS; y
RESULTANDO
PRIMERO.—Inicio. Por oficio 51/2022, recibido en la Secretaría de Acuerdos del Pleno del Décimo Circuito el día veinticinco de agosto de dos mil veintidós, el Magistrado José Luis Gómez Martínez, integrante y presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito denunció la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por el referido Segundo Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión 359/2021 y el diverso emitido por el Primer Tribunal Colegido del mismo Circuito, al resolver el amparo en revisión 270/2021.
SEGUNDO.—Trámite. Por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del Pleno del Décimo Circuito recibió el oficio relativo, ordenó formar y registrar el expediente con el número 21/2022 y, ordenó agregar las ejecutorias de los tribunales contendientes; asimismo, tuvo al Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, informando que el criterio que sostuvo se mantiene vigente, mientras que requirió al Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito para que informara si el criterio sustentado en el asunto de su índice que motivó la contradicción de criterios, se encuentra vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
TERCERO.—Informe. Por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito informó que el criterio ahí sustentado se encuentra vigente, sin que haya sido modificado ni abandonado por dicho Tribunal Colegiado.
CUARTO.—Turno. Finalmente, con fundamento en los artículos 41 Quáter 1, fracción III, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 13, fracción XI y 46 del Acuerdo General 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, y recibidos al día siguiente, se turnaron los autos al Magistrado Jaime Flores Cruz, para la formulación del proyecto respectivo.
QUINTO.—Mediante oficio 6456/2022 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó la licencia al Magistrado Jaime Flores Cruz, del veintiocho de noviembre al uno de diciembre de dos mil veintidós, razón por la que se encontró imposibilitado para asistir a la sesión de Pleno de Circuito programada para el día martes veintinueve de noviembre del actual, en la que daría cuenta del presente proyecto de resolución a la contradicción de criterios 21/2022, el cual tuvo a bien, hacer suyo el Magistrado Alfredo Barrera Flores.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Décimo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; porque se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de dos Tribunales Colegiados del Décimo Circuito.
No se soslaya la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual, en lo que interesa, en el artículo 94 se estableció la creación de los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, a quienes se les otorgó la facultad de resolver las contradicciones de criterios que se generen por distintos Circuitos que conforman determinados territorios, y así, se defina un solo criterio obligatorio en varios Circuitos de una misma Región.
Al respecto, mediante circular SECNO/17/2021, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno emitida por la secretaria ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en cumplimiento a lo decidido por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de justicia federal, publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación", se informó que en su punto de acuerdo primero se determinó que los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo, hasta el inicio de la vigencia de las leyes secundarias relativas a la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.
Por tanto, se sostiene que este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que la formuló el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, órgano jurisdiccional que resolvió uno de los asuntos de los que deriva la presente contienda.
TERCERO.—Consideraciones contenidas en los criterios denunciados. Con el propósito de dilucidar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el que habrá de prevalecer, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias respectivas.
i. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.
El veintiuno de abril de dos mil veintidós, al resolver el amparo en revisión 270/2021, en lo que trasciende sostuvo:
"En el escrito de revisión adhesivo, se observa que la autoridad responsable director del Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz, a grosso modo alega que el Juez de Distrito inadvirtió que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el arábigo 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que, a su parecer, no le asiste la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio constitucional.
"Para fortalecer su deposado, invocó los precedentes judiciales de rótulo: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’, ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL.’, ‘AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.’, ‘AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. SU ALCANCE.’, ‘UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.’, ‘UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.’, ‘UNIVERSIDADES PÚBLICAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON SU AUTODETERMINACIÓN, COMO LA EVALUACIÓN ACADÉMICA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.’, ‘UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA. LA DETERMINACIÓN DE NO APROBAR EN UN EXAMEN DE GRADO AL SUSTENTANTE NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.’ y ‘UNIVERSIDADES PÚBLICAS. COMPETENCIAS QUE DERIVAN DE SU FACULTAD DE AUTOGOBIERNO.’
"Son fundados los motivos de disenso así expuestos, en razón de que, en el caso concreto, este Tribunal Colegiado estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, respecto a la autoridad recurrente adhesiva, lo que se hará extensivo a las demás responsables por las que se negó la protección constitucional.
"Ello, al no asistirles la calidad de responsables para efectos del juicio de amparo, a las autoridades designadas por el inconforme principal.
"Efectivamente, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales en vigor, establece:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’
"De la lectura que se emprende a tal contenido legal, se arriba a la convicción que el legislador dejó abierta la posibilidad para el caso que las autoridades de amparo consideren alguna causa ajena al catálogo relacionado con dicho numeral, que conlleve la improcedencia del juicio constitucional, o bien, a su sobreseimiento.
"En caso dado que se actualice tal supuesto, los operadores del amparo pueden invocarlo a efecto de que se finalice el juicio constitucional sin determinar la materia de fondo.
"En ese talante, como el tema nuclear refiere a la calidad o no de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, que fue señalada por la demandante, como apéndice a lo que se abordará, cabe reseñar doctrinariamente la conformación de un Estado, sus componentes y sus características.
"Bien, como ente propiamente hablando y según la doctrina, el Estado debe contener los siguientes elementos:
"• Territorio.
"• Población.
"• Gobierno.
"En la parte gubernamental, el Estado Mexicano se encuentra constituido políticamente por autoridades que velan el orden público, el correcto funcionamiento de la administración pública federal y de cada uno de los Estados que la conforman; así como el autocontrol entre ellas mismas, así para evitar un ejercicio abusivo de poder.
"Entonces, se comprende que la autoridad o agente de la ley, es el nivel de influencia que tiene una persona sobre un colectivo; y tienen la facultad de mandar y dar órdenes, que deben ser acatadas siempre que actúen con respecto a las leyes y normas vigentes.
"La autoridad, por tanto, es una forma de dominación ya que exige o pide la obediencia de los demás.
"Contrario a ello, sin obediencia no existe esa figura representativa o de mando.
"Pero, no solamente es preciso que exista una norma que faculte a una autoridad a ejercer funciones que se le encomienden, porque existen fragmentos en la sociedad que se resisten a ello, pueden obligarla a actuar fuera del marco legal o corromperla.
"Entonces, es cuando la propia ley debe apoyar al funcionario o agente para hacer valer sus determinaciones, de acuerdo al rango de sus atribuciones.
"Así, también se parte de la fuente doctrinaria inicial, atinente al Estado de derecho, cuya acepción descansa en que debe regirse por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una Ley Suprema.
"En un Estado de derecho las leyes organizan y fijan límites de derechos en que toda acción está sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento público (en ese sentido no debe confundirse un Estado de derecho con un Estado democrático, aunque ambas condiciones suelan darse simultáneamente). Esta acepción de Estado de derecho es la llamada ‘acepción débil’ o ‘formal’ del Estado de derecho.
"Éste se crea cuando toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma; es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público.
"El vínculo a la observación de las leyes sería inútil e ineficaz si no se pudiera garantizar que las leyes que ellos mismos son los garantes de los derechos fundamentales. Por tanto, los elementos formales del Estado de Derecho se han desarrollado y ampliado por parte de elementos materiales del Estado, en particular mediante la adopción de normas que protegen los derechos fundamentales.
"En apoyo de lo anterior, se invoca la tesis 2a. LXIII/2001, sostenida por la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 189723, Tomo XIII, mayo de dos mil uno, materia común, que dice:
"‘DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que «En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho»; mientras que en su párrafo tercero dispone que «En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.». Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen.’
"Por las mismas razones, se cita la jurisprudencia II.2o.P. J/24, que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a foja 1436, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero de dos mil siete, con número de registro digital: 173314, materia común, de rubro y texto:
"‘DOCTRINA. LA CITA O INVOCACIÓN DE UNA POSICIÓN TEÓRICA DETERMINADA NO IMPLICA QUE SEA ACERTADA, NI OBLIGATORIA PARA LOS ÓRGANOS JUDICIALES. Devienen infundados los planteamientos del quejoso en los que involucra lo que denomina como opiniones de diversos doctrinarios, puesto que, en principio, la cita o invocación de doctrina no implica lo acertado de tales posiciones teóricas, las cuales, por cierto, no tienen carácter obligatorio para los órganos judiciales, pues éstos, en su caso, deberán fundar sus resoluciones en la ley aplicable y si bien la argumentación empleada puede guiarse por los criterios reconocidos o imperantes en el ámbito cultural y normativo conforme al desarrollo de la ciencia jurídica, son los órganos de jurisdicción los que bajo su responsabilidad y propio criterio afrontan y resuelven las cuestiones y conflictos legales de la nación, como parte del exclusivo ejercicio de la administración de justicia.’
"En relación con el tema que se desarrolla, es oportuno citar que el Diccionario de la Real Academia Española, edición del tricentenario, actualización dos mil veinte, define el término de autoridad de la forma siguiente:
"‘autoridad.
(Del lat. auctoritas, -atis)
"‘1. f. Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho.
"‘2. f. Potestad, facultad, legitimidad.
"‘3. f. Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia.
"‘4. f. Persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad.
"‘5. f. Solemnidad, aparato.
"‘6. f. Texto, expresión o conjunto de expresiones de un libro o escrito, que se citan o alegan en apoyo de lo que se dice.’
"Del cuerpo de acepciones de mérito, se observa que enlista un numerado del significado de la palabra de trato.
"Entre el concepto más apegado a la legislación mexicana, encuentra justificación de que autoridad es aquel poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho, o de derecho (potestad), en virtud de la facultad y legitimidad otorgado por la sociedad, para el correcto ejercicio de sus funciones.
"Lo que comprende que, la autoridad es aquel órgano legal, formal y constitucionalmente conformado o establecido, con la finalidad de que un grupo de personas designadas al efecto (funcionarios o agentes de ley), cumplan con actividades ciertas y específicas para la administración, regulación, autorregulación, operación y/o funcionamiento del Estado propio.
"Por lo anterior, es pertinente citar la tesis con número de registro digital: 251946, que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por compartirse criterio, visible a foja 105 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, «Volúmenes» 121-126, Sexta Parte, que a la letra dice:
"‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY. DICCIONARIOS COMUNES. Este tribunal considera que los diccionarios formados por cuerpos sin facultades legislativas no son fuente de derecho, por lo que la interpretación de las leyes no queda sujeta a las definiciones que dichos diccionarios den de las palabras. Y sin que esto implique que tales diccionarios no puedan ser útiles y utilizados por los Jueces, se deben considerar sólo como elementos auxiliares para determinar el sentido que el legislador le quiso dar a la palabra, para lo cual es básico buscar el significado común de esa palabra en el lugar y en el tiempo en que se la empleó.’
"Además que el propio artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente:
"‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"‘...
"‘II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. "‘Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.’
"De la comprensión literal a tal precepto, se desprende que, para efectos del juicio de derechos fundamentales, tienen calidad de ‘autoridad responsable’, independientemente de la formalidad que les revista (sean oficiales o de facto), las que cuentan con facultades de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o emita el acto que, de realizarse, tuviera impacto sobre la citada situación jurídica.
"Brinda apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XXI/2020 (10a.), que sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional de la República, visible a foja 3041, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Tomo IV, materia común, registro digital: 2021955, que dice:
"‘AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.
"‘Hechos: El juicio fue promovido en contra de una escuela privada de nivel básico. La materia de la revisión consistió en determinar el estándar aplicable para determinar cuándo un acto de particular puede ser impugnado en amparo.
"‘Criterio jurídico: El precepto legal citado establece que los particulares tendrán dicha calidad si se reúnen dos condiciones: 1) Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos; y, 2) Que sus funciones estén determinadas por una norma general. La textura abierta de los términos utilizados por el legislador genera la necesidad interpretativa, la que debe abordarse mediante la exclusión de los extremos y optarse por una modalidad interpretativa intermedia.
"‘Justificación: Así, con base en una interpretación teleológica y sistemática del referido precepto, para caracterizar a un acto de particular como acto de autoridad debe cumplirse un estándar de dos pasos. El primero exige relacionar el reclamo de la violación constitucional al ejercicio de una prerrogativa o poder normativo cuya fuente sea de una autoridad estatal en términos generales, en otras palabras, debe comprobarse que la autoridad pública –a través de alguna norma jurídica– haya otorgado los medios (un respaldo normativo) para posicionar a ese particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano. Este primer paso puede denominarse del «nexo», el cual es formal y busca excluir dentro del ámbito de actos justiciables en amparo, aquellos de los particulares cuyo único fundamento es una relación de coordinación solamente. El segundo paso es material y exige evaluar la materialidad de dicha prerrogativa, es decir, si el acto reviste un interés público diferenciado, ya sea porque su ejercicio cuenta con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal –por ejemplo, gozar de un reconocimiento jurídico especial o acceder a una ejecución equivalente al de una orden de autoridad–, o bien, porque la función es una que corresponda tradicionalmente a la autoridad y se ejerza de manera delegada por un particular, o bien, porque la materialidad de la acción se vincule con el tipo de obligaciones cuyo correlativo sea una de las prestaciones nucleares de un derecho social cuya responsabilidad sea del Estado Mexicano. Este segundo paso busca verificar que el Estado no es neutral respecto del contenido del acto, sino que lo apuntala afirmativamente como relevante, desde una perspectiva pública, que es la propia de las autoridades. Este segundo paso puede denominarse de la constatación de la función pública.’
"Asimismo, por su tópico, es aplicable la tesis III.4o.C.10 K (10a.), autoría del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a foja 1828, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de dos mil quince, materia común, folio en la red (sic): 2008197, que se lee:
"‘AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad.’
"La propia ley también establece que los particulares, que además de tener las facultades de autoridades sin serlo, se rijan por una norma general.
"Sobre esa temática, el Máximo Tribunal ha considerado que el legislador decidió emitir reglas con un lenguaje abierto al redactar el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, con lo cual se evidencia su intención de legislar conceptos que invitan al ejercicio prudente de la discreción judicial.
"Ello, ya que ambas condiciones de actualización del concepto de ‘autoridad’, aplicables a los actos de los particulares, se formulan en el precepto legal a través de enunciados con términos que presentan distintos grados de indeterminación semántica, ya que a éstos se puede atribuir distintos sentidos o significados.
"Ciertamente, el legislador determinó que debía calificarse como actos de autoridad aquellos realizados por particulares cuando fueran ‘equivalentes’ a los de autoridad que ‘afecten derechos’ y ‘cuyas funciones estén determinadas por una norma general’.
"Esta textura abierta de los términos utilizados por el legislador, generan la necesidad interpretativa, la cual ahora se aborda, primeramente, mediante la exclusión de los extremos.
"En efecto, el Supremo Tribunal constitucional decidió que debe excluirse un primer extremo que ampliaría injustificadamente el ámbito de aplicación de la hipótesis del parámetro de control.
"Si los términos ‘que afecten derechos de las personas’ y ‘cuyas funciones estén determinadas por una norma’ se entendieran literalmente para determinar qué actos de los particulares son ‘equivalentes’ a los de la autoridad, esto supondría que la mayoría de los actos de los particulares podrían actualizar la propiedad de ser de autoridad, ya que bastaría indicar que un acto de particular tiene incidencia en el ámbito de proyección de algún derecho constitucional, consagrado en términos amplios como un principio, y precisar que esa actuación se encuentra regulada en una norma jurídica para calificarlo como de autoridad, lo cual no resultaría difícil, ya que en un ordenamiento jurídico avanzado, como el que impera en este país, una gran cantidad de conductas de los particulares se encuentren reglamentadas por una norma jurídica.
"Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que, con la interpretación literal del artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se vaciaría de contenido a las jurisdicciones ordinarias diseñadas para resolver los conflictos entre particulares –laborales, mercantiles, civiles, familiares, penal–, con el indeseable resultado de trivializar al juicio de amparo, cuya arquitectura procesal lo busca apuntalar como un genuino medio de control constitucional, limitado a reparar violaciones a derechos constitucionales.
"También, es criterio de este tribunal que deba rechazarse la interpretación opuesta, esto es, aquella que limitaría injustificadamente el ámbito de aplicación del segundo párrafo de la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo, ya que conllevaría a que sólo se podría caracterizar a los actos de particulares como equivalente a los de autoridad aquellos que muestren la máxima semejanza posible, al grado de excluir aquellos que incluyan un cierto grado de discreción del particular o aquellos que puedan asociarse de alguna manera con una relación de coordinación; un estándar tan estricto, por ejemplo, pondría en riesgo la utilidad de esta nueva posibilidad diseñada por el legislador, y podría llevar a considerar como actos de autoridad sólo aquellos actos de particulares que ejecute los actos de las autoridades.
"Esta interpretación vaciaría de contenido al nuevo diseño del juicio de amparo y resultaría redundante, ya que esta posibilidad –al menos en sus efectos prácticos– ya había sido reconocida por el Más Alto Tribunal en precedentes previos a la reforma constitucional.
"En conclusión, dicho tribunal consideró que la correcta interpretación del artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es aquella que se ubica en medio de estos dos extremos, la cual no debe abordarse mediante el método literal, sino mediante el teleológico y sistemático, esto es, a través de aquel que busca atribuir significado a un enunciado normativo mediante la consideración del fin o propósito de la medida en la que se inserta, así como mediante la consideración del resto del parámetro de control constitucional.
"Al igual, estimó que le determinación del constituyente permanente de junio de dos mil once de reconfigurar los principios de diseño del juicio de amparo y la legislación secundari
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31183-5230a141/acto-de-autoridad-para-efectos-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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