QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE LA INTERPUESTA POR LA QUEJOSA CONTRA EL AUTO QUE NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE QUIENES CONSIDERA COMO TERCEROS PERJUDICADOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 309/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, SEXTO EN MATERIA CIVIL, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; ello, porque aun cuando la contradicción denunciada se refiere a criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre materia común, es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado que existen criterios que orientan la solución del asunto.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, se señala que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes:
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció del recurso de queja 40/2010, interpuesto por ADT Security Services, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del auto dictado el ocho de junio de dos mil diez, en el juicio de amparo indirecto 457/2010-II del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; órgano jurisdiccional que resolvió el recurso mencionado apoyando su resolución, en la parte que interesa, en las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Este tribunal considera innecesario el análisis de las consideraciones que sustentan el acuerdo recurrido así como los agravios enderezados en su contra, en virtud de que dicho recurso debe desecharse porque es improcedente, de acuerdo con las razones que a continuación se expresan. El presente recurso de queja se interpuso contra el auto de ocho de junio de dos mil diez, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en el juicio de amparo indirecto 457/2010-II, con fundamento en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo; sin embargo, dicho recurso es improcedente, porque el acuerdo mencionado no constituye una determinación de naturaleza trascendental y grave, que pueda causar a la recurrente daños o perjuicios irreparables. En efecto, el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone: ‘Artículo 95.’ (se transcribe). Conforme a la hipótesis de procedencia de la fracción transcrita, este recurso procede en dos supuestos: el primero, contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, Tribunal Unitario de Circuito o el superior del tribunal al que se impute el acto reclamado, en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: a) Que dicha resolución sea dictada durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión. b) Que la resolución emitida no admita expresamente el recurso de revisión, en términos del artículo 83 de la ley citada; y, c) Que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. En el segundo supuesto, el recurso de queja es procedente contra las determinaciones que se dicten después de finalizada la primera instancia y no sean reparables por las mismas autoridades (Jueces de Distrito, Tribunal Unitario de Circuito o superior del tribunal responsable) o por el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, este tribunal considera que el caso no se ubica en ninguna de las dos hipótesis de procedencia referidas, y para demostrarlo conviene señalar algunos antecedentes que se advierten de las constancias remitidas por el Juez de Distrito en su informe justificado, de las que se advierte lo siguiente: 1. En la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo indirecto 457/2010-II del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, la quejosa **********, por conducto de su representante, señaló como terceros perjudicados a **********, a **********, a ********** y a **********. Lo anterior se corrobora de la siguiente transcripción: (se transcribe). 2. Mediante proveído de ocho de junio de dos mil diez, previo desahogo de prevención, el Juez de Distrito -en términos de lo previsto en el artículo 5, fracción III, inciso a)- tuvo como tercera perjudicada a **********, y en relación a los demás (**********, a ********** y a **********) consideró que no había lugar a tenerlos como terceros perjudicados, porque no tenían intereses contrarios a la quejosa, ahora recurrente. Lo anterior se advierte de la siguiente transcripción parcial del auto recurrido: (se transcribe). 3. En contra de ese acuerdo, la quejosa interpuso el presente recurso de queja. De los antecedentes relatados se advierte que el acuerdo recurrido constituye una determinación dictada durante la sustanciación del juicio de garantías, en la que se determinó que no había lugar a tener como tercero perjudicado a las personas físicas precisadas, porque no tenían intereses contrarios a la quejosa, ahora recurrente. En ese contexto, en el caso no se actualiza alguno de los supuestos de procedencia del recurso de queja, previstos en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, porque si bien es cierto que el acuerdo recurrido se dictó durante la tramitación del juicio de amparo y no admite expresamente el recurso de revisión, también lo es que atento a su naturaleza no puede considerarse un acto trascendental y grave. Se dice que no es trascendental, en virtud de que la falta de reconocimiento como terceros perjudicados a **********, a ********** y a ********** ninguna incidencia puede tener en el resultado del juicio de garantías, dado que las constancias del emplazamiento a los terceros perjudicados referidos y el emplazamiento en sí mismo, no pueden servir de base para resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Tampoco puede considerarse grave, en la medida de que la sola circunstancia de que no se lleve a cabo el emplazamiento a juicio de las personas físicas antes mencionadas, no constituye un riesgo que pueda repercutir en la esfera personal y jurídica de la recurrente, a tal grado que vuelva improcedente el juicio de garantías promovido. Además, el acuerdo impugnado no podría ocasionar a la recurrente un perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, en tanto que tal determinación no limita su derecho a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, ni vincula al Juez de Distrito a resolver la litis constitucional en un determinado sentido, dado que dicho juzgador, de ser el caso, deberá resolver el fondo del amparo atendiendo a lo expuesto en la demanda de garantías, a los actos reclamados a la autoridad responsable y al informe rendido por ésta, sin tomar en cuenta, para ese fin, los emplazamientos practicados a los terceros perjudicados. También podría suceder que en la audiencia constitucional el Juez de Distrito ordenara emplazar a quien en concepto de la recurrente tiene el carácter de tercero perjudicado, o bien podría suceder que el Tribunal Colegiado al que correspondiera conocer del recurso de revisión que, en su caso, se interpusiera contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional, advierta que a la persona que indicó la quejosa sí le corresponde el carácter de tercero perjudicado y, por ello, ordene reponer el procedimiento para que se le emplace en el juicio de garantías. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 44/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 85, Tomo IV, julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del sumario siguiente: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.’ (se transcribe). Por tales motivos este Tribunal Colegiado concluye que el primer supuesto de procedencia del recurso de queja no se actualiza en este caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1959, del Tomo LIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: ‘TERCERO PERJUDICADO, QUEJA IMPROCEDENTE POR EL RECHAZAMIENTO DEL.’ (se transcribe). Igualmente apoya a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 168/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 212, Tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO Y ORDENA SU EMPLAZAMIENTO.’ (se transcribe). Tampoco se actualiza el segundo supuesto antes referido, ya que éste requiere que la resolución hubiese sido dictada después de finalizada la primera instancia, lo que no acontece en el caso, porque en el juicio de amparo indirecto de origen no se ha pronunciado sentencia. Debe destacarse que tampoco se actualiza alguna otra de las hipótesis normativas contenidas en el artículo 95 de la Ley de Amparo, en virtud de que de la lectura de cada una de las fracciones que contiene este precepto, no se advierte que proceda el recurso de queja en contra de un auto en el que el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el superior del tribunal responsable se niegue a tener como tercero perjudicado al designado con tal carácter por la parte quejosa. Aún más, la quejosa no acredita tener la representación legal o tener facultades para defender los derechos de las personas físicas a quienes pretende que se les reconozca el carácter de terceros perjudicados, pues estas últimas, en todo caso, serían a quienes afectaría la decisión del Juez Federal y, por ende, de estimar que les produce alguna lesión jurídica, tendrían expedito su derecho para comparecer ante la autoridad federal a interponer los recursos que estimaran pertinentes, lo que corrobora la improcedencia de la presente queja. Al respecto es ilustrativa la tesis publicada en la página 133, Volúmenes 127-132, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del epígrafe y texto siguientes: ‘QUEJA IMPROCEDENTE EN CASO DE FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO.’ (se transcribe). En consecuencia, y tomando en consideración lo expuesto, se desecha por improcedente el recurso de queja interpuesto. No es obstáculo para decidir lo anterior, la circunstancia de que en auto de veinticuatro de junio de dos mil diez se hubiera admitido el presente recurso, ya que los autos de presidencia de este órgano sólo constituyen determinaciones de trámite que no vinculan a este tribunal, actuando colegiadamente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 29/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio 2006, página 188, Novena Época, del rubro y texto siguientes: ‘QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DESECHARSE SI ENCONTRÁNDOSE EN ESTADO DE RESOLUCIÓN, EL PLENO DEL ÓRGANO COLEGIADO ADVIERTE QUE NO SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO.’ (se transcribe)."
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 60/2008 interpuesto por el secretario de Gestión Urbana y Obra Pública para el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en contra del acuerdo de trece de agosto de dos mil ocho, dictado en el juicio de amparo indirecto 932/2008 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil ocho, resolvió desechar el recurso en comento, apoyando su resolución en las siguientes consideraciones:
"CUARTO. No se analizarán las consideraciones que sustentan el auto recurrido, ni el único agravio formulado en su contra en la presente queja, interpuesta por el secretario de Gestión Urbana y Obra Pública para el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a pesar de haberse transcrito, pues dicho recurso es improcedente y debe desecharse, por las razones señaladas a continuación. Antes de realizar el pronunciamiento correspondiente, cabe destacar que de los autos del juicio de garantías 932/2008, enviado por la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla al rendir su informe con justificación, se advierten los siguientes antecedentes del asunto: ... Ahora bien, el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, a la letra dice: ‘Artículo 95.’ (se transcribe). Esta disposición establece como requisitos para la procedencia del recurso de queja que: a) Se interponga contra una resolución emitida por el Juez de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación, en los casos del artículo 37 del citado ordenamiento; b) Dictada durante la tramitación del juicio de garantías o del incidente de suspensión; c) No admita expresamente el recurso de revisión, en términos del artículo 83 de la ley invocada; d) Por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; y, e) Si es pronunciada después de fallo el juicio en primera instancia, el agravio que genere no sea reparable por las mismas autoridades (de primer grado), o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es claro que cuando falta uno de los requisitos anteriores, el recurso deviene improcedente. Por consiguiente, dado que en la especie se impugna el auto dictado por el juzgador a quo durante la tramitación del juicio de garantías, en el que no se reconoce el carácter de terceras perjudicadas a determinadas autoridades, señaladas con esa calidad por la responsable ahora inconforme, entonces evidentemente aun cuando se satisface el requisito concerniente a que tal resolución sea de naturaleza trascendental y grave; sin embargo, no se causa al secretario responsable un daño o perjuicio irreparable en la sentencia definitiva, en tanto que la determinación relativa no limita en manera alguna su derecho tanto a plantear causas de improcedencia y/o motivos de sobreseimiento, como a demostrar la constitucionalidad del acto reclamado, ni implica variación alguna de la litis constitucional, la cual se integra con lo expuesto en la demanda de amparo y el acto reclamado a la autoridad responsable, de ahí que este tribunal estime que el auto recurrido no le irroga agravio alguno a la ahora inconforme, por lo que, en consecuencia, dicha responsable carece de legitimación para interponer el presente recurso de queja. En cuanto al requisito mencionado en el inciso d) precedente, consistente en la naturaleza trascendental y grave de la resolución recurrida, que pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, cabe apuntar que éste se subdivide, a su vez, en tres aspectos: d1) La naturaleza trascendental y grave del acto recurrido; d2) El daño o perjuicio que éste pueda causar a alguna de las partes; y, d3) La imposibilidad de reparar ese daño o perjuicio al momento de pronunciar el fallo definitivo en primera instancia. Como se observa, los conceptos atinentes a la ‘naturaleza trascendental y grave’ del auto recurrido, el ‘daño o perjuicio’ causado a la parte recurrente, al igual que el calificativo ‘irreparable en la sentencia definitiva’, no fueron definidos por el legislador, en virtud de que es tarea del juzgador determinar si se actualizan o no, con base en la ponderación de las características del caso concreto. En la especie, no se soslaya que el acuerdo que niega el reconocimiento de un tercero perjudicado (con independencia de que sea autoridad o particular), sí es de naturaleza trascendental y grave; sin embargo, se estima que el daño o perjuicio que dicha resolución podría causar, no lo resiente la autoridad responsable ahora recurrente, sino en todo caso aquel a quien se le desconozca el carácter de tercero perjudicado, pues evidentemente éste quedaría imposibilitado para alegar y probar en su defensa dentro del juicio de garantías, o bien el propio quejoso, interesado en que se llame a los terceros perjudicados al procedimiento constitucional, a fin de no retardar innecesariamente la resolución del asunto. En esa medida, este tribunal estima que para establecer cuál es el daño o perjuicio que con el acto recurrido en queja, pudiera resentir la parte que interpone el recurso, es indispensable atender a la posición procesal que guarde frente a la resolución impugnada del Juez de Distrito y a las demás partes del juicio de garantías. Así, la autoridad responsable y el tercero perjudicado, como contraparte del quejoso, persiguen finalidades similares porque una y otro quieren, por lo general, que el juicio se sobresea o que se niegue el amparo; sin embargo, ello no implica, por sí solo, que una determinación del Juez de Distrito, relacionada con el tercero perjudicado, afecte a la autoridad responsable y viceversa, por lo que es labor del órgano que conozca de la queja interpuesta con fundamento en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, determinar, conforme a las características particulares del asunto, si el auto recurrido que en la especie previamente se ha estimado de naturaleza trascendental y grave, causa o no un daño o perjuicio a la parte recurrente, el cual no es susceptible de ser reparado al momento de la sentencia definitiva. Para ejemplificar este punto, a continuación se mencionan algunos casos contenidos en tesis aisladas y de jurisprudencia, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de los Tribunales Colegiados de Circuito (todas, excepto la última, corresponden a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta), en los que el recurso de queja interpuesto en términos de la fracción VI del precepto últimamente invocado, resulta procedente o improcedente, atendiendo para esto principalmente al carácter (quejoso, tercero perjudicado, autoridad responsable o agente del Ministerio Público) con el cual el recurrente interviene en el juicio de amparo. Queja procedente cuando el quejoso impugna el auto que ordena el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado (jurisprudencia 1a./J. 158/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 525 del Tomo XXIII, enero de 2006, con el rubro: ‘QUEJA. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO.’. Queja improcedente cuando el quejoso recurre el auto que reconoce el carácter de tercero perjudicado y ordena su emplazamiento (jurisprudencia 2a./J. 168/2006 de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, publicada en la página 212 del Tomo XXIV, diciembre de 2006, bajo el rubro: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO Y ORDENA SU EMPLAZAMIENTO.’. Queja improcedente si el tercero perjudicado combate el auto que desecha el incidente de falta de personalidad de otro tercero perjudicado tesis aislada XX.2o.29 K del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 2689 del Tomo XXVI, julio de 2007, de rubro: ‘QUEJA. EL RECURSO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO, ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD DE UN TERCERO PERJUDICADO, SI EL QUE PROMUEVE TIENE EL MISMO CARÁCTER PROCESAL.’. Queja procedente cuando el tercero perjudicado impugna el auto que le reconoció tal carácter tesis aislada III.3o.A.23 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 1123 del Tomo XXVII, mayo de 2008, bajo el rubro: ‘QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE DICHO RECURSO CUANDO SE PROMUEVE POR UN TERCERO PERJUDICADO CONTRA EL AUTO QUE LE RECONOCE ESE CARÁCTER (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 168/2006).’. Queja improcedente si la autoridad responsable combate el acuerdo que tuvo a otra autoridad también como responsable criterio aislado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 75 del Volumen 87, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘QUEJA IMPROCEDENTE.’. Bajo este contexto, este Tribunal Colegiado concluye que no es la autoridad responsable, ahora inconforme, la parte del juicio de garantías que pudiera resentir un daño o perjuicio, producido por el auto del a quo que no le reconoce a otras autoridades la calidad de terceras perjudicadas, pues con independencia de la facultad del juzgador de amparo para examinar de oficio el emplazamiento a todas las partes, lo cierto es que una resolución de esa naturaleza que, como se ha dicho, sí se considera trascendental y grave, pudiera afectar en todo caso al quejoso o a las autoridades a quienes no se les reconoce como terceras perjudicadas, mas no a la autoridad responsable que las propone con tal carácter ante el a quo, en virtud de que esta determinación no restringe en forma alguna el derecho de la ahora recurrente para hacer valer causas de improcedencia y/o motivos de sobreseimiento, ni su facultad de demostrar la constitucionalidad del acto reclamado, aunado a que tampoco implica variación alguna de la litis constitucional, en los términos que ya han sido precisados con anterioridad. En las relatadas condiciones, debe desecharse por improcedente el presente recurso de queja. No es óbice para lo expuesto, que por auto de presidencia (fojas 97 y 98 de este toca) se haya admitido a trámite el recurso en cuestión, en virtud de que por la propia naturaleza de esa clase de autos, que simplemente hacen un examen preliminar del asunto, no causan estado y no obligan al Tribunal Colegiado cuando actúa en Pleno, el cual conserva en todo momento sus facultades decisorias para desechar los recursos que sean improcedentes, como acontece en la especie. En apoyo a la conclusión que antecede, se invoca por compartirse la jurisprudencia IV.3o.A. J/5 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la página 1126 del Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente se lee: ‘AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO.’."
La anterior resolución dio origen a la tesis aislada VI.1o.A.45 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 2431, que dice:
"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE NO RECONOCE A UN TERCERO PERJUDICADO CON TAL CARÁCTER, CUANDO LA PARTE RECURRENTE ES LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La referida porción normativa establece como requisitos para la procedencia del recurso de queja que: a) se interponga contra una resolución emitida por el Juez de Distrito o por el Superior del Tribunal a quien se impute la violación, en los casos del artículo 37 del citado ordenamiento; b) dictada durante la tramitación del juicio de garantías o del incidente de suspensión; c) no admita expresamente el recurso de revisión, en términos del artículo 83 de la ley invocada; d) por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; y, e) si es pronunciada después de fallado el juicio en primera instancia, el agravio que genere no sea reparable por las mismas autoridades (de primer grado), o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto al requisito mencionado en el inciso d) precedente, consistente en la naturaleza trascendental y grave de la resolución recurrida, que pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, cabe apuntar que éste se subdivide, a su vez, en tres aspectos: d1) la naturaleza trascendental y grave del acto recurrido; d2) el daño o perjuicio que éste pueda causar a alguna de las partes; y, d3) la imposibilidad de reparar ese daño o perjuicio al momento de pronunciar el fallo definitivo en primera instancia. Los conceptos atinentes a la ‘naturaleza trascendental y grave’ del auto recurrido, el ‘daño o perjuicio’ causado a la parte recurrente, al igual que el calificativo ‘irreparable en la sentencia definitiva’, no fueron definidos por el legislador, en virtud de que es tarea del juzgador determinar si se actualizan o no, con base en la ponderación de las características del caso concreto. Ahora bien, aun cuando el acuerdo que niega el reconocimiento de un tercero perjudicado (con independencia de que sea autoridad o particular), es de naturaleza trascendental y grave; sin embargo, se estima que el daño o perjuicio que dicha resolución podría causar, no lo resiente la autoridad responsable, recurrente en queja, sino en todo caso aquel a quien se le desconozca el carácter de tercero perjudicado, pues evidentemente éste quedaría imposibilitado para alegar y probar en su defensa dentro del juicio de garantías, o bien el propio quejoso, interesado en que se llame a los terceros perjudicados al procedimiento constitucional, a fin de no retardar innecesariamente la resolución del asunto. En esa medida, para establecer cuál es el daño o perjuicio que con el acto recurrido en queja, pudiera resentir la parte que interpone el recurso, es indispensable atender a la posición que guarde frente a la resolución del Juez de Distrito y a las demás partes del juicio de garantías. Así, la autoridad responsable y el tercero per
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22697-d10b7a46/queja-prevista-en-el-articulo-95-fraccion-vi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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