RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2000. LA REGLA 5.2.2. EXCEDE LO DISPUESTO TANTO POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO POR LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LO QUE CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LEY.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 295/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y TERCERO DEL OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de criterios sustentados en materia administrativa y no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
El primer párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."
Como se ve, entre los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Tribunales Colegiados que sustentaron los criterios que se denuncian como contradictorios. En el caso, la denuncia fue formulada por el Magistrado Jesús Ávila Huerta, en su carácter de presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, que es uno de los órganos jurisdiccionales que sustentó uno de los referidos criterios. Siendo así, es claro que dicho funcionario está legitimado para denunciar la contradicción de tesis.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, en la sentencia que pronunció en el juicio de amparo directo 233/2010, en lo que interesa, sostuvo:
"Es infundado el concepto de violación hecho valer, relativo a que no es correcto que la autoridad señalada como responsable haya ponderado que los sujetos que tributan dentro del régimen de pequeños contribuyentes no pueden realizar el acreditamiento del impuesto al valor agregado.
"Para justificar esta conclusión, es necesario, primero, atender a la naturaleza de los mencionados impuesto y régimen, para luego entrar al análisis de la figura del acreditamiento fiscal.
"El impuesto al valor agregado forma parte de los impuestos indirectos, los cuales inciden en el consumo; es pues el consumidor quien soporta el peso de la carga fiscal.
"El productor e importador de bienes y servicios, con el carácter de contribuyente sujeto a todas las obligaciones fiscales, determina la carga del gravamen, la cobra a la persona que adquiere los productos con el fin de consumirlos y entera al fisco el impuesto recaudado.
"...
"Con el fin de evitar este llamado ‘efecto en cascada’ se estableció el impuesto al valor agregado, en el cual se pretende que el consumidor final pague el impuesto sobre los productos que adquiera o sobre los servicios que reciba en un monto fijo y conocido de antemano.
"Para ello se estableció un sistema en el cual el fabricante inicial vende el producto trasladando y cobrando un importe de impuesto al valor agregado al distribuidor o transformador (mismo que deberá cubrir al fisco).
"El segundo lo vende a su vez con una utilidad o ‘valor agregado’ por su transformación y traslada al siguiente comprador un impuesto sobre el importe del precio total de la operación. En este caso el distribuidor o transformador no tiene que entregar al fisco todo el impuesto que trasladó al tercer comprador, pues puede recuperar el importe del impuesto que a su vez le trasladó el fabricante original, es decir, puede ‘acreditar’ el impuesto que le fue trasladado originalmente, entregando al fisco un importe de impuesto que equivale solamente al que corresponde al valor que le agregó.
"De esta manera, el impuesto trasladado, en una fase de la producción o distribución, no es un costo para el que lo recibe, pues lo podrá recuperar al hacer la siguiente operación: el impuesto al valor agregado se causa al comprar, para acreditarse del impuesto causado al vender, de manera que se pague al fisco sólo por la diferencia que se considera causada sobre el valor agregado.
"Entendiéndose por traslación el procedimiento mediante el cual el sujeto percutido, contribuyente, transfiere a un tercero en forma total o parcial la carga impositiva que, por determinación legal, debe pagar el primero a la autoridad hacendaria, convirtiéndose el tercero en sujeto incidido (la persona que realmente lo paga).
"Ahora bien, es preciso atender a la regulación jurídica de la pequeña empresa que capta un gran número de negocios en México, debido a que son los contribuyentes con menores ingresos y que menos obligaciones tienen ante la autoridad fiscal, es decir, los pequeños contribuyentes.
"Esa regulación se encuentra inserta en los artículos 119-M a 119-O, contenidos en el título IV (‘De las personas físicas’), capítulo II (‘De los ingresos por actividades empresariales y profesionales’), sección III (‘Del régimen de pequeños contribuyentes’), de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"De esos numerales, únicamente se transcriben, por su vinculación con el presente caso, los dos primeros, ya que se refieren a la naturaleza opcional del régimen, los requisitos que se deben satisfacer, así como al método para pagar el impuesto relativo: (resulta innecesaria la transcripción de dichos preceptos).
"Como se desprende del capítulo en el que se encuentra inserto este régimen, las actividades que desempeñan los pequeños contribuyentes son de naturaleza empresarial, las cuales están precisadas en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación: (no es necesario su transcripción).
"Ahora bien, el término ‘acreditamiento’ es usado por las leyes fiscales para indicar que una cantidad de un impuesto o tributo pagado en ciertas circunstancias puede ser ‘tomado en cuenta para el pago del mismo o de otro impuesto que haya de pagarse en otras circunstancias.’
"Así, el acreditamiento fiscal consiste en restar del impuesto que se deba pagar, el impuesto cobrado, siempre y cuando se lleve a cabo el procedimiento que corresponda de conformidad con las leyes fiscales.
"Para efectos del impuesto al valor agregado, el artículo 4 de la ley relativa, vigente en los ejercicios respecto de los cuales la quejosa solicita la devolución, prevé que el acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esa ley, la tasa que corresponda según sea el caso.
"El mencionado artículo, vigente en el año de mil novecientos noventa y nueve, en sus dos primeros párrafos y su fracción primera, estatuían lo siguiente:
"‘Artículo 4.’ (resulta innecesaria su transcripción).
"Numeral que el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, fue modificado para quedar en los siguientes términos:
"‘Artículo 4.’ (no es necesaria su transcripción).
"En esa virtud, el impuesto al valor agregado acreditable es el tributo causado que un contribuyente traslada a otro, susceptible de recuperación por el segundo en sus liquidaciones de impuesto al valor agregado, acreditándolo contra el impuesto al valor agregado que a su vez causen sus operaciones propias.
"Este impuesto al valor agregado se recupera porque se trata de un gravamen que en etapas anteriores ya fue recaudado por el fisco y porque su peso no debe recaer en el contribuyente, sino que lo debe soportar el consumidor en la etapa final.
"El mencionado artículo 4 señala al impuesto al valor agregado acreditable como resultado de un procedimiento, dentro del cual se contempla el relativo a que las adquisiciones sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.
"Desde su expedición, la Ley del Impuesto al Valor Agregado utilizó el sistema de deducciones del impuesto sobre la renta en virtud de que éstas se originan con las erogaciones estrictamente indispensables para que las personas físicas o jurídicas lleven a cabo sus actividades empresariales.
"De este modo, el legislador estableció en el citado artículo 4 que sólo las erogaciones que fuesen deducibles para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrían ser tomadas en cuenta para acreditar el impuesto al valor agregado trasladado o repercutido, ya que al ser dichas deducciones un beneficio para el cálculo del impuesto sobre la renta, pueden reflejarse de igual manera en el impuesto al valor agregado al considerarse como base del impuesto acreditable.
"La Ley del Impuesto sobre la Renta, en el ya transcrito artículo 119-N, prevé que esta contribución será la que resulte de aplicar la tasa correspondiente (conforme a la tabla), a la diferencia de restar las deducciones autorizadas a los ingresos acumulables; de ahí que el legislador ordinario determinó que sólo los gastos, adquisiciones y erogaciones que tuvieran una relación directa y básica para la realización de los fines de los sujetos del impuesto podrían ser deducibles.
"En igual forma, el legislador trasladó dicho razonamiento al cálculo del impuesto al valor agregado, al establecer que para obtener el impuesto acreditable, únicamente se podrá tomar en cuenta el impuesto al valor agregado pagado por los conceptos que son deducibles para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, pues de no preceptuar tal relación entre los mencionados impuestos, existía la posibilidad de que gastos que no se pueden deducir en el cálculo del impuesto sobre la renta, se acrediten al momento de calcular el impuesto al valor agregado, lo que significa que la voluntad del legislador al condicionar el acreditamiento del impuesto al valor agregado a los requisitos de deducción exigidos por el impuesto sobre la renta, se traduce en una medida de control y congruencia entre los sistemas impositivos referidos.
"Se expone tal aserto, porque el artículo 25, fracción XVI, de la anterior Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado por decreto publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, vigente en los ejercicios respecto de los cuales solicita la devolución la quejosa, disponía: (es innecesaria su transcripción).
"Bajo esa óptica jurídica, es indudable que el requisito de que las erogaciones o gastos fuesen deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta no conlleva a establecer que la persona jurídica o física tuviese que ser contribuyente de ambos impuestos, ya que no debe perderse de vista que simplemente se empleó el sistema de las deducciones del impuesto sobre la renta para dar uniformidad tributaria al esquema de acreditamiento de los gastos, compras y demás erogaciones a través de las cuales se repercutió o trasladó el impuesto al valor agregado.
"Dicho lo anterior y, precisamente en esta intención de uniformidad tributaria, a fin de responder a la pregunta relativa a si los pequeños contribuyentes pueden acreditar el impuesto al valor agregado o no, es necesario invocar el artículo 2o. C de la ley relativa, vigente en los mencionados ejercicios fiscales:
"‘Artículo 2o. C.’ (resulta innecesaria su transcripción).
"Como se observa, el pago del impuesto al valor agregado no es una obligación a cargo de los pequeños contribuyentes, siempre y cuando los ingresos obtenidos en el año calendario anterior no excedan del monto precisado por la ley, es decir, un millón de pesos para el año de mil novecientos noventa y nueve o sus posteriores modificaciones; por ende, de una interpretación en sentido contrario, estarán obligados al pago del impuesto en comento los que excedan ese ingreso.
"En esa virtud, este rango cuantitativo permite identificar a las personas físicas que se encuentren en esa hipótesis normativa como pequeños contribuyentes, aunque el citado artículo no lo reconozca expresamente.
"Por ello, en el supuesto de que los ingresos fueran mayores a la citada cantidad, deberá entenderse que la persona no tributa bajo el régimen de pequeños contribuyentes y, por ende, debe pagar el impuesto al valor agregado.
"En el caso concreto, no existen en el expediente datos que permitan concluir que la peticionaria de amparo haya obtenido ingresos superiores al monto que se ha mencionado y, es por esta razón que, al no poderse presumir lo contrario, se encuentra inmersa en el citado régimen; aunado a que la autoridad administrativa demandada en el juicio de nulidad, en el oficio a través del cual negó la devolución solicitada, le reconoció el carácter de pequeño contribuyente.
"Ahora, como se dijo en párrafos precedentes, por remisión expresa del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para obtener el impuesto acreditable únicamente se podrá tomar en cuenta el impuesto al valor agregado pagado por los conceptos que son deducibles para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta; luego, al no haberse pagado esa contribución, inconcuso es que no se podrá acreditar.
"Además, como lo precisó la Sala responsable, con base en el artículo 119-N de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los pequeños contribuyentes, a los ingresos obtenidos por su actividad empresarial, sólo podrán disminuir un monto equivalente a tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, lo que implica que no tienen derecho a deducción alguna y, por ende, al acreditamiento del impuesto al valor agregado que les hubiera sido repercutido.
"Fue hasta el ejercicio de dos mil tres en el que ese mismo artículo señala que los pequeños contribuyentes pagarán impuesto al valor agregado; sin embargo, robusteciendo la aseveración vertida en el párrafo inmediato anterior, acota que los contribuyentes no tendrán derecho al acreditamiento del impuesto al valor agregado.
"‘Artículo 2o. C.’ (no es necesaria su transcripción).
"Por tanto, fue correcta la decisión asumida por la autoridad responsable ya que, se insiste, los pequeños contribuyentes no tienen derecho al acreditamiento del impuesto al valor agregado.
"En esa virtud, también es infundado el concepto de violación relativo a que la negativa de devolución del impuesto al valor agregado se fundó en las reglas 5.2.12 y 5.2.2. de las Resoluciones Misceláneas Fiscales de los años mil novecientos noventa y nueve, dos mil y dos mil uno, las que superan y contradicen lo estatuido en los artículos 22 del Código Fiscal de la Federación y 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
"Una Resolución Miscelánea Fiscal, es una resolución dictada por una autoridad fiscal mediante la cual se establece una disposición de carácter general, cuya publicación se realizó atendiendo a lo dispuesto en el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación y en el diverso 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, pero que en manera alguna se rige por lo dispuesto en el artículo 35 del ordenamiento citado ni, menos aún, en el párrafo penúltimo del propio artículo 33. Los referidos preceptos señalan: (es innecesaria su transcripción)
"De estos preceptos, debe distinguirse entre los criterios de carácter interno que emiten las autoridades fiscales con el fin de lograr el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, previstos en los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del citado código tributario y las disposiciones de observancia general que una específica autoridad hacendaria puede emitir, las cuales encuentran su origen en una habilitación legal mediante la cual el Congreso de la Unión, en términos de lo previsto en los artículos 73, fracción XXX y 90 de la Constitución General de la República -en ejercicio de sus atribuciones para distribuir los negocios del orden administrativo entre los órganos que integran la administración pública federal centralizada-, faculta a una autoridad administrativa para emitir disposiciones de observancia general en virtud de lo previsto en el artículo 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
"En efecto, la atribución que se confiere a diversas autoridades fiscales para dar a conocer los criterios internos que deben seguirse en la aplicación de las diferentes normas tributarias se refiere a las interpretaciones que esas autoridades realicen de cualquier disposición de observancia que incida en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla general administrativa, por lo que, por su propia naturaleza no pueden generar obligación alguna a los gobernados sino, en todo caso, ser ilustrativas sobre el alcance de alguna norma de esa naturaleza y, en su caso, de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, otorgarán derechos a los contribuyentes. Es decir, se trata de la difusión del alcance que conforme al criterio de una autoridad fiscal debe darse a una disposición general, sin que tal interpretación sea vinculatoria para los gobernados; lo que se explica porque no son actos producto del ejercicio de una potestad normativa que permite establecer nuevos supuestos y las correspondientes consecuencias de derecho, sino simplemente de interpretaciones administrativas.
"En cambio, las disposiciones de observancia general cuya publicación debe realizarse en términos de lo previsto en el inciso g) de la fracción I del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación y en la fracción III del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, tienen como finalidad pormenorizar y precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el presidente de la República con el fin de lograr su eficaz aplicación y están sujetas a una serie de principios incluidos en la garantía de seguridad jurídica de los gobernados, entre otros, los de reserva de la ley y primacía de la ley, por lo que no deben incidir en el ámbito reservado a la ley ni ir en contra de lo dispuesto en ésta, para lo cual deben ceñirse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que habilita su emisión.
"Entonces, al tratarse de actos de diversa naturaleza no existe razón alguna para considerar que las disposiciones de observancia general agrupadas en la Resolución Miscelánea Fiscal se rigen por lo previsto en los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal de la Federación, ya que estos numerales se refieren exclusivamente a los criterios interpretativos que sostengan las autoridades fiscales, los que en ningún momento serán obligatorios para los gobernados, a diferencia de las disposiciones de observancia general que emita el jefe del Servicio de Administración Tributaria las que son de cumplimiento obligatorio para los gobernados, sin menoscabo de que alguna de ellas, en virtud de una sentencia dictada en alguno de los medios de defensa jurisdiccionales que prevé el orden jurídico nacional, pueda perder sus efectos total o parcialmente, por no respetar los principios que rigen su emisión.
"...
"Precisada la naturaleza de estas resoluciones, es necesario puntualizar que las reglas invocadas por la autoridad demandada, aquí tercero perjudicada, en que se basó la negativa de devolución de impuestos solicitada, al disponer que en ningún caso procede la devolución de impuestos, tratándose de las personas que tributen conforme al régimen establecido en la sección III, capítulo VI, título IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (pequeños contribuyentes), establece una prohibición para determinados contribuyentes a quienes pretende regular.
"Sin embargo, como se precisó en párrafos precedentes, esa prohibición nace de la interpretación congruente de las leyes de los impuestos al valor agregado y sobre la renta.
"En esa virtud, adversamente a lo que aduce el quejoso, las mencionadas resoluciones misceláneas no contradicen ni sobrepasan lo estatuido en los artículos 22 del Código Fiscal de la Federación y 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que son disposiciones de jerarquía superior.
"Así es, el mencionado numeral 6o., invocado por la responsable en el acto reclamado, prevé lo relativo al acreditamiento y devolución de la contribución que regula cuando en la declaración de pago provisional resulte saldo a favor, con ciertas limitantes respecto de la devolución.
"...
"Mientras que el diverso artículo 22 del código tributario prevé la obligación de las autoridades consistente en devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales.
"...
"Por todo lo anterior, las reglas impugnadas estatuyen una prohibición referente a la devolución del impuesto al valor agregado, respecto de determinado tipo de contribuyentes, es decir, los del régimen de pequeños contribuyentes; empero, se insiste, esta limitante es preceptuada por las mencionadas leyes de los impuestos al valor agregado y sobre la renta, las que, inclusive, son de mayor jerarquía que las reglas misceláneas.
"Ello aunado a que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, prevé que las autoridades fiscales devuelvan las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales.
"...
"En el caso concreto, la Sala Fiscal, para emitir su fallo, precisó las siguientes premisas:
"1. Conforme al artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para determinar el impuesto acreditable, las adquisiciones deben ser deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.
"2. Atendiendo al contenido del numeral 119-N de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los pequeños contribuyentes no tienen derecho al acreditamiento del impuesto al valor agregado, porque no pueden realizar deducción alguna.
"3. No pueden obtener un saldo a favor de impuesto al valor agregado de acuerdo con lo establecido en los artículos 5, cuarto párrafo y 56 de la ley relativa.
"4. Conforme a las reglas 5.2.12 y 5.2.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para mil novecientos noventa y nueve, dos mil y dos mil uno, el acreditamiento del impuesto al valor agregado debe efectuarse, por los pequeños contribuyentes, en la declaración del periodo en el que se hubiere efectuado el pago del bien o servicio de que se trata, sin que proceda en ningún caso la devolución.
"5. Esas reglas no niegan el derecho a la devolución, pues no pueden negar algo que la Ley del Impuesto al Valor Agregado no les concede a los pequeños contribuyentes.
"6. Las referidas reglas no superan lo establecido en la ley, pues si no existe precepto legal que establezca que los pequeños contribuyentes tengan derecho a solicitar la devolución, tampoco existe otro en el que se indique que no tienen derecho.
"Como se observa, en los cuatro primeros puntos habla sobre el acreditamiento del impuesto; sin embargo, en el cuarto puntualiza que en ningún caso procede la devolución, lo que, además, constituye una reiteración de lo previsto en las reglas misceláneas.
"Consecuentemente, es dable concluir que, en forma correcta, la autoridad responsable reconoció la validez de la negativa de devolución, con base en el argumento inserto por la autoridad demandada en el acto que la contiene, es decir, el relativo a que las Reglas 5.2.12 y 5.2.2. de las Resoluciones Misceláneas de mil novecientos noventa y nueve, dos mil y dos mil uno prohíben la procedencia de la devolución del impuesto al valor agregado.
"Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación vertidos por la quejosa, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados."
CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 95/2002, sostuvo las consideraciones que a continuación se citan:
"Se dice que el anterior argumento es infundado, pues contrario a lo que se aduce, la multicitada Regla 5.2.2. en que se basó la negativa de devolución de impuestos solicitados, al disponer que en ningún caso procede la devolución de impuestos, tratándose de las personas que tributen conforme al régimen establecido en la sección III, capítulo VI, título IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (personas físicas, régimen de pequeños contribuyentes), establece una prohibición para determinados contribuyentes a quienes pretende regular, que contradice y sobrepasa lo establecido por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que son disposiciones de jerarquía superior, pues el aludido numeral 6o. que prevé lo relativo al acreditamiento y devolución de la contribución que regula, no limita en forma alguna el derecho de los contribuyentes a la devolución del saldo a favor que hubiesen obtenido en sus declaraciones.
"Ahora bien, en la especie no se encuentra a discusión el hecho de que la Resolución Miscelánea Fiscal constituye un agrupamiento de disposiciones de carácter general, que se publica anualmente y que regula diversas figuras previstas en las leyes fiscales, las que se expiden en uso de las facultades que otorga a las autoridades fiscales el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación.
"En el caso concreto se considera conveniente transcribir el artículo 22, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigentes en el año dos mil, así como la Regla 5.2.2., los cuales disponían: (su transcripción se hará en el considerando de estudio).
"...
"Como se desprende del contenido de la citada jurisprudencia, las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal -como la que se examina- no tienen el carácter de reglamento pues ‘no fue expedida por el presidente de la República en uso de su facultad reglamentaria, sino por un subsecretario de Estado con base en el referido precepto del código tributario (refiriéndose al artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación), esto es, aun cuando la resolución miscelánea fiscal contiene reglas generales, impersonales y abstractas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, ello no da lugar a considerar que tal resolución tiene el carácter de reglamento.’
"Desde esa perspectiva se considera que acorde a lo dispuesto en el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, la citada Regla 5.2.2., es de carácter general y fue publicada ‘para el mejor cumplimiento’ de las facultades de las autoridades fiscales, y por tanto no debe sobrepasar o contradecir la ley, en acatamiento al orden jerárquico normativo establecido en el 133 constitucional.
"...
"Por consiguiente, si la regla de carácter general 5.2.2. no tiene las características de una ley formalmente emitida por el Poder Legislativo, es claro que no puede ni debe rebasar la disposición contenida en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación transcrito, como adecuadamente lo consideró la Sala recurrida, precepto que prevé que las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales, y que la devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado, de ahí que el agravio que se examina resulta infundado, pues como quedó claro, la multicitada Regla 5.2.2. al establecer una prohibición referente a la devolución del impuesto al valor agregado respecto de determinado tipo de contribuyentes que no preceptúa norma legal alguna que haga excepción de determinados contribuyentes atendiendo al régimen bajo el que tributan (sic).
"En las relatadas circunstancias, ante lo infundado del agravio de la recurrente, procede confirmar la sentencia que se revisa."
Los razonamientos antes expuestos sirvieron de sustento para integrar la jurisprudencia visible en la página 1079 del Tomo XVI, correspondiente al mes de noviembre de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2000. LA REGLA 5.2.2. CONTRADICE Y SUPERA LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 6o. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. La regla 5.2.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, si bien tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes fiscales expedidas por el Poder Legislativo, no puede ir más allá de los límites de esas leyes, en observancia del principio de la preferencia o primacía de la ley, reconocido y recogido en el artículo 72, inciso F), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que las leyes fiscales no pueden ser modificadas por una norma de carácter general emitida por órgano diverso al Legislativo, ya que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos deben observarse los mismos trámites establecidos para su formación. Por consiguiente, si la regla de carácter general 5.2.2. no tiene las características de una ley formalmente emitida por el Poder Legislativo, resulta de ello que al establecer que tratándose de las personas que tributen conforme al régimen establecido en la sección III, capítulo VI, título IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (personas físicas, régimen de pequeños contribuyentes), contradice y supera lo dispuesto por los artículos 22 del Código Fiscal de la Federación y 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en tanto que estos numerales no limitan en forma alguna el derecho que tienen los contribuyentes de obtener la devolución del saldo a favor que resulte en sus declaraciones.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22612-bb336274/resolucion-miscelanea-fiscal-para-2000-la-regla-5 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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