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INFONAVIT. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES FUNDADA EN EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY DE AQUEL INSTITUTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997. INFONAVIT. LA ELECCIÓN VOLUNTARIA DEL RÉGIMEN PENSIONARIO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, NO PRODUCE EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY DE AQUEL INSTITUTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 140/2009. · Registro digital (IUS): 22913
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, , Pág. 258.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 140/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia de trabajo, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la planteó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito a través de su presidente.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver en sesión del dieciocho de mayo de dos mil siete el amparo en revisión ********** (cuyo criterio se reiteró en los amparos en revisión **********, **********, ********** y **********, que conlleva a su innecesaria transcripción), sobreseyó en relación con el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, y negó el amparo en cuanto al acto de aplicación de tal precepto, con base en las siguientes consideraciones:

"Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, correspondiente al día dieciocho de mayo de dos mil siete.

"VISTO, para resolver el amparo en revisión administrativo **********, relativo al juicio de amparo **********; y,

"RESULTANDO

"PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil seis, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en León, Guanajuato, y remitido por razón de turno al Juzgado Cuarto el mismo día, **********, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben:

"‘III. Autoridades responsables.

"‘1. El Congreso de la Unión.

"‘2. El presidente de la República.

"‘3. El secretario de Gobernación.

"‘4. El director del Diario Oficial de la Federación.

"‘5. El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

"‘6. La subgerente del área jurídica de la Delegación XVI-Guanajuato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

"‘IV. Actos reclamados.

"‘1. Del Congreso de la Unión, reclamo la aprobación del artículo octavo transitorio, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 06 de enero de 1997.

"‘2. Del presidente de la República, reclamo la promulgación y orden de publicación, del decreto citado anteriormente.

"‘3. Del secretario de Gobernación, reclamo el refrendo del decreto por el cual se aprobó y promulgó el citado decreto;

"‘4. Del director del Diario Oficial de la Federación, reclamo la publicación en dicho órgano de difusión del mencionado decreto;

"‘5. Del director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reclamo las instrucciones que haya dado a la subgerente del área jurídica de la Delegación Regional VXI, en Guanajuato para que se me aplique el artículo octavo transitorio, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

"‘6. De la subgerente del área jurídica de la Delegación VXI-Guanajuato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reclamo la resolución contenida en el oficio número**********, de fecha 13 de junio de 2006, mediante la cual se niega a hacerme entrega de mis fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del 4to. bimestre de 1997.’

"El quejoso señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1o., 14 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relatando como antecedentes de su demanda de amparo, a los que denominó ‘Hechos’, los siguientes:

"‘1. Con fecha 24 de noviembre de 2005, el jefe de pensiones subdelegacional del IMSS en Guanajuato, emite resolución para el otorgamiento de la pensión de cesantía a favor del suscrito.

"‘2. Con fecha 22 de febrero de 2006, presenté escrito de forma pacífica y respetuosa en el área de servicios jurídicos de la delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Guanajuato, para solicitar la entrega de los fondos de mi subcuenta de vivienda que ascienden a la cantidad de **********.

"‘3. El día 15 de junio de 2006, por conducto de mi autorizado se notificó el oficio número **********, de fecha 13 de junio de 2006, emitido por la subgerente del área jurídica de la Delegación Regional VXI-Guanajuato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante el cual se niega a hacerme entrega de mis fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del 4to. bimestre de 1997.’

"...

"QUINTO. Son en parte infundados y en otra fundados pero inoperantes los agravios.

"Sostiene el quejoso recurrente que contrario a lo apreciado por la Jueza de Distrito, la documental consistente en la hoja de elección de régimen 1973-1997, exhibida por el jefe del departamento del Instituto Mexicano del Seguro Social, no puede demostrar que consintió expresamente el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, al no contenerse inserto en esa constancia ni desprenderse que se le hubiera hecho de su conocimiento, que al optar por el esquema del régimen 1973, su pensión se pagaría con los fondos de la subcuenta de vivienda, pues no estuvo en posibilidad de elegir el destino de los recursos.

"Es infundado el anterior argumento.

"El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado o, bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate.

"El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría improcedente, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta.

"En el caso, la Jueza de Distrito estimó acreditado con la constancia de elección de régimen 1973-1997, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que el quejoso, ahora recurrente, optó por el primer régimen de pensión por cesantía, con lo cual consintió expresamente el artículo octavo transitorio.

"En relación con los requisitos que deben satisfacerse para reputar consentido un acto de autoridad, pueden señalarse los siguientes:

"a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso;

"b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera de acuerdo con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo; y

"c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoya en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento.

"En esas condiciones, como lo estimó la Jueza de Distrito, se actualiza la causal de improcedencia consistente en el consentimiento expreso, puesto que se actualizan los requisitos previstos antes señalados, que son:

a) En primer lugar, la existencia del artículo octavo transitorio debe considerarse reconocida por el quejoso, puesto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, fecha anterior a la constancia de elección de régimen;

"b) Por su parte, el perjuicio que se causa se demuestra con el contenido de la disposición reclamada, que determina que las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda, posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, deberán abonarse al Gobierno Federal, si el trabajador opta por acogerse al régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio del año citado; y

"c) Finalmente, el quejoso manifestó su voluntad de elegir el régimen de pensión por cesantía 1973, con lo cual consintió la disposición impugnada.

"A efecto de constatar que efectivamente el quejoso consintió el precepto reclamado, debe tenerse que la Ley del Seguro Social que entró en vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, derogó la anterior publicada en el Diario Oficial de la Federación, el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, y en su artículo décimo tercero transitorio previó la hipótesis relativa al destino de los fondos de la subcuenta del seguro de retiro, en los siguientes términos:

"‘Décimo tercero. Por cuanto hace a los fondos de los trabajadores acumulados en las subcuentas de retiro se estará a lo siguiente:

"‘a) Los sujetos que se encuentren en conservación de derechos y que se pensionen bajo el régimen de la ley anterior, recibirán además de la pensión que corresponda, sus fondos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro en una sola exhibición.

"‘b) Los sujetos que lleguen a la edad de pensionarse por cesantía en edad avanzada y vejez bajo la vigencia de esta ley pero que opten por lo (sic) beneficios de pensiones regulados por la ley anterior, recibirán la pensión indicada bajo los supuestos de la ley que se deroga y además los fondos que se hubieran acumulado en su subcuenta de seguro de retiro. Los acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez serán entregados por las Administradoras de Fondos para el Retiro al Gobierno Federal.’

"De tal manera, esa norma sólo se refirió a los fondos de la subcuenta del seguro de retiro, mientras que el destino de las cantidades que integran la subcuenta de vivienda se reguló por el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (precepto reclamado), reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, el cual dispuso:

"‘Octavo. Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado. Las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir dichas pensiones.’

"Esa disposición, señala que los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de ese año y los rendimientos que se hubieran generado, y que las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir dichas pensiones; en otras palabras, determina que las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda, posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, deberán abonarse al Gobierno Federal, si el trabajador opta por acogerse al régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio del año citado.

"En ese sentido, si el quejoso manifestó su voluntad de elegir el sistema de pensión 1973, como éste se encuentra condicionado a que las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda, posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, se abonarían al Gobierno Federal, debe entenderse que aceptó los efectos de la pensión en ese régimen.

"Dicho en otras palabras, si el precepto legal que motivó la promoción del amparo ocasionó un perjuicio para el quejoso, al establecer que las mencionadas aportaciones se abonarían al Gobierno Federal, pero también le otorgó un beneficio, al concederle su pensión en los términos de la Ley del Seguro Social derogada y recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, así como los rendimientos que se hubieran generado, debe entenderse que también aceptó la legalidad de la norma que determinó su pensión (sometimiento a sus supuestos normativos), pues no puede tenerse derecho al beneficio -pensión en términos de la Ley del Seguro Social derogada y recibir determinadas aportaciones con sus rendimientos-, con independencia de la otra parte de la norma que le perjudica -entrega de las aportaciones al Gobierno Federal a partir de un periodo-.

"Pues, incluso, como lo destacó la resolutora, la jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad de la norma impugnada, destacó que las aportaciones patronales no deben confundirse entre sí ni debe dárseles el mismo destino (tratándose de las destinadas para la obtención de créditos accesibles y baratos para la adquisición de vivienda, y las del seguro de invalidez o vejez), ‘... salvo que haya consentimiento expreso del propio trabajador para que los fondos de la subcuenta de vivienda se destinen al pago de su pensión.’, como se desprende de su contenido:

"‘INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe).

"Por tanto, contrario a lo que sostiene el recurrente, la documental consistente en la hoja de elección de régimen 1973-1997 demuestra el consentimiento expreso del artículo reclamado, sin que obste que no se hubiera citado expresamente esa disposición, pues basta que se hayan actualizado las hipótesis normativas para considerarse aplicada, como fue la elección del régimen ‘1973’, por el cual obtuvo su pensión en los términos de la Ley del Seguro Social derogada y recibió en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, así como los rendimientos que se hubieran generado, con la salvedad de que las posteriores se abonarían al Gobierno Federal.

"En ese orden de ideas, no es jurídicamente correcto que el ahora recurrente no haya tenido la posibilidad de determinar el destino de los recursos, puesto que ello era una consecuencia de acogerse al régimen que eligió.

"De otra manera, tendría que sostenerse que la elección del quejoso del régimen de 1973, sólo fue respecto del beneficio de acceder al otorgamiento de su pensión en los términos de la Ley del Seguro Social derogada y recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, así como los rendimientos que se hubieran generado, pero no sobre el perjuicio de que las posteriores aportaciones se abonaran al Gobierno Federal, lo cual se contrapondría a la interpretación que se contiene en la jurisprudencia antes mencionada, de rubro:

"‘CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO.’

"En ese sentido, no obstante que en el caso opere la hipótesis de suplencia de la queja deficiente, de conformidad con la fracción I, del artículo 76 bis, de la Ley de Amparo, como lo sostiene el quejoso, por haberse declarado inconstitucional el precepto reclamado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe destacarse que dicha figura jurídica sólo se vincula con el fondo del asunto, de manera que no puede tener el alcance de hacer procedente un juicio que no lo es. En apoyo se cita la jurisprudencia P./J. 7/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (se transcribe).

"Asimismo, es pertinente destacar que tampoco es factible aplicar la suplencia de la queja deficiente, en términos de la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, por lo que se refiere al acto de aplicación, consistente en el oficio número **********, de trece de junio de dos mil seis, mediante el cual se negó la entrega de las aportaciones de la subcuenta de vivienda generadas a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete.

"Para justificar lo anterior, debe tenerse presente que en relación con la obligación de aplicar la referida hipótesis de suplencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia P./J. 8/2006, publicada en la página 9, Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY.’ (se transcribe).

"En dicho criterio, se interpretó que la prerrogativa procesal contenida en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, no está sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, y lo que se va a analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; siendo necesario destacar que en la parte final de la ejecutoria de esa jurisprudencia, se sostuvo lo siguiente:

"‘Por último, resulta de especial importancia señalar que para la aplicación de la suplencia de la queja deficiente, es básico e indispensable ponderar si sus efectos restitutorios pueden concretarse en favor del quejoso, pues de acuerdo con el sistema previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo no tiene efectos retroactivos en la esfera de derechos del quejoso, sino sólo presentes y futuros; por tanto, el juzgador no podría considerar dicha prerrogativa respecto de actos de aplicación pasados y distintos al que motivó la demanda constitucional, porque sería darle efectos no restitutorios, sino retroactivos a la eventual concesión, creando un esquema diverso al establecido en la ley de la materia, lo cual carecería de fundamento constitucional, así como de base legal.

"‘Este principio elemental para la aplicación del beneficio que prevé el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, no puede ser soslayado ni evadirse por los juzgadores federales, en la medida de que, como se mencionó, la suplencia de la queja deficiente no es ilimitada, ni pueden dejarse de aplicar principios rectores del juicio de garantías como es el efecto de la concesión del amparo, que no es retroactivo sino restitutorio (presente- futuro).’

"Las anteriores consideraciones se pueden sintetizar en dos puntos:

"1. La concesión del amparo no puede tener efectos retroactivos, sino presentes y futuros; y

"2. La hipótesis de suplencia prevista en la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no puede aplicarse en relación con actos de aplicación pasados y distintos al que motivó la demanda constitucional, porque sería darle efectos no restitutorios, sino retroactivos a la eventual concesión, creando un esquema diverso al establecido en dicha ley, lo cual carece de fundamento constitucional, así como de base legal.

"Ante esa perspectiva, si bien la jurisprudencia antes mencionada obliga a que se aplique la prerrogativa procesal contenida en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, sin que obste que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación, ello debe interpretarse de manera conjunta con la ejecutoria que le dio origen, en la que se sostuvo que dicha suplencia de queja no puede aplicarse en relación con actos de aplicación pasados y distintos al que motivó la demanda constitucional, ya que implicaría darle efectos retroactivos a la eventual concesión, y se crearía un esquema diverso al establecido en la ley de la materia carente de fundamento constitucional y de base legal. En apoyo a la interpretación conjunta de la jurisprudencia y de la ejecutoria respectiva, por su contenido ilustrativo, se cita la diversa jurisprudencia 1a./J. 1/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 57, Tomo XIII, marzo de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO UNA DE LAS TESIS CONTENDIENTES ES CONFUSA O INCOMPLETA DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA.’ (se transcribe).

"Con base en las anteriores consideraciones, no es factible aplicar la mencionada suplencia en relación con el acto de aplicación reclamado (oficio de trece de junio de dos mil seis), toda vez que, (1) la norma fue consentida expresamente, y (2) dicho oficio no es autónomo ni está desvinculado del primer acto de aplicación (constancia de elección de régimen), por lo que la eventual concesión del amparo tendría efectos retroactivos, ya que se proyectaría sobre los efectos de aquella constancia, lo que se dijo, carece de fundamento constitucional y de base legal.

"En efecto, según se expuso, el quejoso al elegir el sistema de pensión 1973, aceptó las consecuencias de ese régimen, lo que se traduce en que también aceptó la legalidad de la norma que determinó su pensión y ello implica el consentimiento expreso del artículo reclamado; debiendo destacar que la conformidad del ahora recurrente sobre la aplicación de la ley en la constancia de elección de régimen fue sobre todo el periodo en que la ley le perjudicaría, y no sólo de uno en particular.

"Por tanto, si la constancia de elección de régimen 1973-1997, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pudo ocasionar un perjuicio para el quejoso, al establecer que a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, las aportaciones de la subcuenta de vivienda se abonarían al Gobierno Federal, entonces el oficio de trece de junio de dos mil seis mediante el cual se negó la entrega de las aportaciones de la subcuenta de vivienda generadas a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, en términos generales, se trata del segundo acto de aplicación del precepto controvertido; sin embargo, no procede suplir la queja deficiente respecto de éste, al tener su sustento en aquella constancia.

"Para visualizar lo anterior, no debe perderse de vista (a) que el quejoso consintió expresamente el artículo reclamado con motivo de la elección del régimen de pensión (primer acto de aplicación), lo que ocasionó que a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, sus aportaciones de la subcuenta de vivienda se abonaran al Gobierno Federal, y (b) que con motivo de su solicitud de devolución de esas aportaciones, se emitió el oficio de trece de junio de dos mil seis (segundo acto de aplicación) que negó esa petición.

"Por tanto, el oficio de trece de junio de dos mil seis no debe analizarse de manera aislada como un segundo acto de aplicación de la ley reclamada, esto es, independiente y autónomo de la constancia de elección de régimen que constituyó el primer acto de aplicación, sino indefectiblemente vinculado con esa constancia -por ser en la que se sustenta-, de manera que la eventual concesión del amparo en contra del oficio reclamado, tendría efectos retroactivos, puesto que se proyectaría sobre el primer acto de aplicación de la ley que le antecedió (constancia de elección de régimen); siendo que el recurrente a través del primer acto consintió todo el periodo en que la ley le perjudicaría y no sólo uno en particular.

"Estimar lo contrario, implicaría sostener que en el caso de que un particular realice el pago, por un periodo, del impuesto de alumbrado público que se prevé en las leyes de ingresos de esta entidad y no promueva en su contra juicio de amparo posterior a los quince días, existe la posibilidad de formular posteriormente una petición en la que se solicite la devolución de la cantidad enterada por haberse sustentado aquel en un precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que en el juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad fiscal de acceder a la devolución, proceda aplicar la suplencia de la queja prevista en la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, por tratarse de un segundo acto de aplicación de la ley.

"Como se observa, si bien la negativa de devolución señalada en el ejemplo constituirá el segundo acto de aplicación de la ley, no es factible desvincular que ésta deriva del pago por un periodo, en contra del cual no se promovió juicio de amparo en el término legal; por tanto, la protección federal que se llegara a conceder en contra de la negativa de devolución, tendría efectos retroactivos, porque se vincularía con el pago realizado por el particular de un periodo, desconociéndose los efectos del consentimiento respecto de ese periodo.

"Lo que se pretende demostrar con los anteriores razonamientos es que la prerrogativa procesal contenida en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, si bien puede aplicarse en relación con el primero o ulteriores actos de aplicación, no es ilimitada, puesto que debe analizarse en cada caso, la autonomía e independencia del ulterior acto en relación con los que le precedieron, porque en caso de no estar desvinculados, la eventual concesión de amparo en contra del ulterior acto, se proyectaría sobre uno diverso que le antecedió que es el sustento de los ulteriores (efectos retroactivos), lo cual crearía un esquema distinto al establecido en la ley en consulta, carente de fundamento constitucional y de base legal.

"Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la tesis 1a. XXXVII/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 647, Tomo XXV, febrero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘INFONAVIT. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997.’; ya que si dicho criterio sostiene que la existencia del consentimiento expreso en relación con el artículo octavo reclamado declarado inconstitucional, impide que se puedan concretar los efectos del amparo, entonces, por mayoría de razón, tampoco pueden concretarse respecto de un acto de aplicación que se sustente en esa disposición cuando sea consentida expresamente, ya que de lo contrario, se tendría que sostener un argumento incongruente con el aforismo a minori ad majus, como sería, que los efectos en relación con el acto de aplicación sí pueden concretarse (menor) pero no respecto de la ley (mayor)."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver en sesión del doce de septiembre de dos mil ocho, el amparo en revisión ********** (cuyo criterio se reiteró al fallarse los amparos en revisión **********, **********, **********, ********** y **********) también sobreseyó, respecto del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, pero concedió el amparo contra el acto de aplicación de dicha norma, con base en las siguientes consideraciones:

"Guanajuato, Guanajuato, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, correspondiente al doce de septiembre de dos mil ocho.

"VISTOS para resolver el amparo en revisión administrativo número ***

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22913-c45f70c8/infonavit-es-improcedente-el-amparo-contra-la-negativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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