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Modo: Corpus Pro

POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE SUS INTEGRANTES ES ATRIBUCIÓN PROPIA DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA POLICIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 215/2010. · Registro digital (IUS): 22450
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL NOVENO CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINIST
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, , Pág. 132.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 215/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL NOVENO CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL OCTAVO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, pues el asunto pertenece a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, quien emitió uno de los criterios que se estiman en oposición.

TERCERO. Para determinar si existe la contradicción de tesis, es preciso conocer las ejecutorias que emitieron los órganos colegiados en cuestión.

El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver el trece de mayo de dos mil diez, el amparo en revisión **********, determinó en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Los agravios son en una parte infundados y en otra, inoperantes. En síntesis, la delegada de la recurrente aduce: a) Que es incorrecto lo razonado por el a quo, en el sentido de que la orden de cambio de adscripción contenida en el oficio **********, fue emitida por autoridad incompetente, pues, por el contrario, si fue librada por el comisionado de la Policía Federal Preventiva, se ajustó al reglamento respectivo, en el que no sólo se prevé la remoción, como sanción, sino también como facultad de dicho titular, quien tiene atribuciones de mando, dirección y disciplina y obligaciones tendentes a garantizar la prevención, el mantenimiento, el restablecimiento del orden y la seguridad pública, entre las cuales están las de nombrar, cambiar de adscripción y remover a los servidores públicos de la institución por necesidades del servicio; y que la orden contenida en el oficio **********, de treinta de mayo de dos mil nueve, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues en él se citaron los preceptos legales aplicables al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, tomadas en consideración para la emisión del acto. b) Que el quejoso no fue cambiado de división ni servicio, pues de las constancias que obran en autos, sólo se desprende la asignación de un servicio o cambio de adscripción simple, como atribución del referido comisionado, por lo que la sentencia recurrida contraviene los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, dado que el a quo no valoró el acto reclamado tal y como aparece probado en autos. c) Que como del oficio reclamado se observa, al quejoso se le instruyó para que se presentara ‘en la Comisaría de Sector Matehuala’, la cual conforme al artículo 29 del Reglamento de la Policía Federal Preventiva son órganos de mando y dirección dependientes de las Comandancias Regionales, que dependen orgánicamente de la Coordinación de Seguridad Regional, por lo que entonces desempeñaría las mismas funciones de seguridad y vigilancia que tenía encomendadas, y percibiendo las prestaciones económicas a que tiene derecho, que patentiza que el quejoso fue cambiado de adscripción en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñando su servicio; y que el agraviado no goza del derecho a la inamovilidad en la adscripción a la que estaba asignado, lo cual se apoya en lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2008, que el oficio por el que se le comunica su cambio de adscripción, en la que venía (sic) desempeñando dentro de la Policía Federal Preventiva, no afecta sus garantías porque no lesiona sus derechos de antigüedad, estabilidad jerárquica en el empleo o aquellos de naturaleza económica como sus salarios. d) Que en todo caso se actualiza lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que el Constituyente Permanente ha pretendido que no se reincorporen elementos a las corporaciones que hayan sido separados, removidos, dados de baja, cesados o de los que haya concluido su servicio en la institución, lo que se traduce en que de otorgarse el amparo al quejoso, sólo podría ser indemnizado pero habría imposibilidad para dar cumplimiento a los efectos de dicha sentencia, pues no podrían llegarse a concretar, resultando procedente únicamente el pago al quejoso por la indemnización correspondiente, sin que el peticionario del amparo tenga un derecho legitimado por la Carta Magna para que proceda su reinstalación; que anexa copias de ejecutorias que contienen los criterios sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, en los amparos en revisión **********, **********, ********** y **********, así como de la sentencia que dictó el Juez Octavo de Distrito en el juicio de amparo **********, todos ellos en asuntos similares, a efecto de que sean tomados en consideración al momento de emitirse el fallo que corresponda. El primero de los agravios es infundado toda vez que se estima correcto lo resuelto por la a quo al determinar que el cambio de adscripción contenido en el acto reclamado -el cual bien puede considerarse constituido por el oficio número **********, de treinta de mayo de dos mil nueve-, es inconstitucional, porque carece de una debida fundamentación y adecuada motivación y no fue emitida por la autoridad competente. Lo anterior, en virtud de que es necesario tomar en cuenta que las facultades del comisionado de la Policía Federal Preventiva, de nombrar o remover a los servidores públicos de la institución, se encuentran supeditadas para desempeñarlas en términos de la ley, al Reglamento de la Policía Federal Preventiva, al Manual de Normas del Servicio Civil de Carrera Policial y demás disposiciones aplicables; y si los artículos 49, 51, 58, 59, 71, 80 y 81 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal Preventiva prevén, entre otras, que la permanencia, así como los cambios de adscripción de una división a otra, de una división a un servicio, así como de un servicio a otro, y de un servicio a una división de los miembros de la Policía Federal Preventiva, serán determinados por la Comisión del Servicio Civil de Carrera y no por el comisionado, debe considerarse carente de fundamentos y motivos el oficio reclamado. Debe precisarse, que el comisionado de la Policía Federal en el oficio **********, de treinta de mayo de dos mil nueve, que giró directamente al quejoso, le informó que el treinta y uno de mayo de dos mil nueve, concluía su cargo que venía desempeñando como comandante de la Región Chihuahua, de dicha corporación, y que debía presentarse el primero de junio siguiente, en punto de las nueve horas, en la Comisaría del Sector Matehuala, San Luis Potosí, de la Policía Federal Preventiva, en donde continuaría a partir de esa fecha sus servicios como titular y fundó su actuación, entre otros, en los artículos 2, 6, fracción IV y 7, de la Ley de la Policía Federal Preventiva, así como en el numeral 11, fracciones I y XIX del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, y en el Acuerdo Número 03/2007, emitido por el Pleno de la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial, publicado el diecisiete de octubre de dos mil siete, en el Diario Oficial de la Federación, los cuales dicen: Ley de la Policía Federal Preventiva. ‘Artículo 2.’ (se transcribe). ‘Artículo 6.’ (se transcribe). ‘Artículo 7.’ (se transcribe). Reglamento de la Policía Federal Preventiva. ‘Artículo 11.’ (se transcribe). Acuerdo Número 03/2007 del Pleno de la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial (se transcribe). Del oficio impugnado se advierte que aun cuando se indica al quejoso la finalización del cargo de comandante de región y del grado homologado de comisario; lo cierto es que ello corresponde a un cambio de adscripción o reubicación, y no una remoción, pues así lo revela el texto mismo de dicho oficio; aunado a que de conformidad con los artículos 139, fracción II y 141 del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, la remoción constituye una sanción que se impone a los miembros de la corporación policíaca en mención al incurrir en alguna falta administrativa o inobservancia de un deber, aplicable en los supuestos y conforme al procedimiento que para tal efecto prevé el propio reglamento, lo que no ocurre en la especie, puesto que no obra en autos prueba alguna que así lo demuestre. De todo lo anterior se evidencia que el quejoso sufrió un cambio de adscripción en contravención de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, porque en el oficio reclamado, el comisionado de tal corporación le informó que debía presentarse el primero de junio siguiente, en punto de las nueve horas, en la Comandancia del Sector Matehuala, San Luis Potosí, en donde continuaría sus servicios a partir de esa fecha, con fundamento, entre otros, en el artículo 11, fracción XIX, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, el cual establece que el comisionado tendrá como facultades nombrar y ‘remover a los servidores públicos’ de la institución, en términos de la ley, el reglamento y el Manual de Normas del Servicio Civil de Carrera Policial y demás disposiciones aplicables. Lo anterior, porque de los artículos invocados en el oficio reclamado, que corresponden a la Ley de la Policía Federal Preventiva y su reglamento, se advierte que no se contempla de manera expresa el cambio de adscripción de los integrantes o miembros de la Policía Federal Preventiva, como atribución propia del comisionado de dicha corporación policíaca. Atento a lo anterior, es también infundado el agravio sintetizado en el inciso b), en cuanto refiere la parte recurrente, que el quejoso no fue cambiado de división ni de servicio, porque de las constancias que obran en autos, sólo se desprende la asignación de un servicio o cambio de adscripción simple, como atribución del referido comisionado, por lo que la sentencia recurrida contraviene los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, dado que la a quo no valoró el acto reclamado tal y como aparece probado en autos, pues contrario a tal alegación, la facultad de cambiar de adscripción a miembros o integrantes de la Policía Federal Preventiva, no es competencia del multicitado comisionado, sino de la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial de dicha institución, facultad que se encuentra prevista expresamente en los artículos 71 y 81, fracción V, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, que por su orden, respectivamente, disponen: ‘Artículo 71.’ (se transcribe). ‘Artículo 81.’ (se transcribe). Así pues, como corresponde a la referida comisión determinar, de acuerdo con las necesidades del servicio, el cambio de adscripción o reubicación de los miembros o integrantes de la multicitada corporación policíaca, porque así lo estatuye expresamente el reglamento en consulta, lo que no sucede con el comisionado de la Policía Federal Preventiva, quien emitió el oficio impugnado en el presente juicio; se concluye que es la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial, el órgano colegiado que expresa y legalmente se encontraba facultado para determinar el cambio o reubicación de los miembros o integrantes de la corporación de referencia, y por el mismo motivo, no puede válidamente afirmarse que el comisionado señalado como responsable sea competente para ordenar la reubicación de dicho comandante. No es óbice a lo anterior, lo que la fracción XIX del artículo 11 del Reglamento de la Policía Federal Preventiva prevé en el sentido de que el comisionado de la institución en cita, cuenta con la facultad de nombrar y remover a los servidores públicos de dicha institución; pues como ya se precisó, en el caso particular no se ha ordenado la remoción del quejoso, sino únicamente su cambio de adscripción o reubicación y, por otra parte, la remoción es una sanción aplicable únicamente a quienes incurren en faltas administrativas, que no es lo que acontece en la especie, o al menos no se demostró así. En tal orden de ideas, resulta inconcuso que el cambio de adscripción o reubicación que reclama el peticionario de garantías, fue emitido por una autoridad que no cuenta con facultad legal o competencia para ello, lo que se traduce en una violación a la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, para todo acto de autoridad. El agravio resumido en el inciso c) es inoperante, habida cuenta que lo que el recurrente refiere en el sentido de que como en el oficio reclamado se puede apreciar que se le instruyó al quejoso para que se presentara ‘en la Comisaría de Sector Matehuala’, por lo que en su concepto y conforme al artículo 29 del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, dado que son órganos de mando y dirección dependientes de las comandancias regionales, las cuales dependen orgánicamente de la Coordinación de Seguridad Regional, conforme a lo previsto por el artículo 26 del mismo ordenamiento, el impetrante del amparo al efectuarse el simple cambio de adscripción, desempeñaría las mismas funciones de seguridad y vigilancia que tenía encomendadas, y percibiendo las prestaciones económicas a que tiene derecho, que implica que el quejoso fue cambiado de adscripción en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñando su servicio; puesto que a excepción de esa instrucción que se hacía al quejoso de que se presentara en la Comisaría del Sector Matehuala, las demás condiciones que refiere el recurrente imperarían en la nueva adscripción que se había asignado al quejoso, no fueron indicadas en el oficio en cuestión, y por ello carecen de eficacia para desvirtuar lo razonado por el Juez de Distrito, en el sentido de que el oficio número **********, carece de la debida motivación y fundamentación. Similar criterio opera, respecto de lo aducido por la parte recurrente, en el sentido de que el quejoso no goza del derecho a la inamovilidad en la adscripción a la que estaba asignado, y que ello se apoya en lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2008, que resolvió que los agentes de la Policía Federal Preventiva no tienen la titularidad del derecho a la permanencia en determinadas funciones o puestos, de lo que deviene que no sea titular de un derecho; que el oficio por el que se le comunica su cambio de adscripción, de la que venía desempeñando dentro de la Policía Federal Preventiva, no afecta sus garantías porque no lesiona sus derechos de antigüedad, estabilidad jerárquica en el empleo o aquellos de naturaleza económica como sus salarios. Lo anterior, toda vez que independientemente de que en el oficio número **********, no se le hizo saber al quejoso dichas circunstancias, concretamente que el cambio de adscripción no afectaría sus derechos de antigüedad, estabilidad jerárquica en el empleo o su salario, con lo que expresa la parte recurrente, no desvirtúa lo sostenido por la a quo en cuanto a que el comisionado responsable de la emisión del oficio de referencia, carecía de competencia para ordenar el cambio de adscripción del quejoso; cabe también señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia obligatoria para este tribunal en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, señaló que si bien es cierto que por la naturaleza del servicio los agentes de la Policía Federal Preventiva no tienen la titularidad del derecho a permanecer en la sede a la que fueron destinados o a la permanencia en determinadas funciones, puesto que dicho derecho no se establece a su favor en la Ley de la Policía Federal Preventiva ni en su reglamento, también lo es que el cambio de adscripción, remoción o conclusión del cargo no escapa al principio de legalidad ni a la obligación de la autoridad de observar, aun en los casos de los miembros de esa institución, el procedimiento que se ha establecido para esos supuestos, a fin de cumplir con las garantías de debido proceso legal y audiencia contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que, por lo tanto, la orden emitida por el comisionado de la Policía Federal Preventiva de terminación de cargo, así como la asignación de un nuevo servicio, debe estar debidamente motivada y fundada. Al efecto, se observa la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe e identifica: ‘POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA CONCLUSIÓN DEL CARGO Y SUS CONSECUENCIAS.’ (se transcribe). Por otra parte, es infundado el agravio que aquí se destaca con el inciso d), en el sentido de que aun al obtener la protección constitucional, el quejoso sólo podría ser indemnizado, al haber imposibilidad jurídica para cumplir una eventual reinstalación en el puesto del que fue cambiado de adscripción, atento a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, porque es voluntad del Constituyente Permanente que los elementos de las corporaciones policíacas, separados, removidos, dados de baja, cesados o que hubieren concluido su servicio en la institución, no sean reincorporados a sus puestos, sino sólo indemnizados. Se afirma lo anterior, porque aun cuando pueda estimarse como una regla general, que cuando se otorga el amparo contra una resolución que decreta la baja de un miembro de una institución policíaca, o la separación, remoción, cesación o conclusión de servicio, no procede la reinstalación en el puesto que desempeñaba, en función de que las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, establecieron que en tales casos, no procede la reinstalación o restitución de tales servidores públicos, cualquiera que fuera el juicio o medio de defensa para combatir tales actos; no menos cierto es que esa regla tiene como excepción, el caso en que la baja, cese, separación, remoción o conclusión del servicio, fueran decretadas por una autoridad incompetente, en razón de que un acto de tal naturaleza no surte efectos legales, de suerte que al otorgarse el amparo contra tales actos, realmente se está declarando la inexistencia jurídica de ellos; y en esas condiciones, el cumplimiento del fallo constitucional sí puede tener como consecuencia la reinstalación respectiva. Así lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que a continuación se transcribe: ‘BAJA DE POLICÍA POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO, AUNQUE LA RESOLUCIÓN HUBIERA SIDO POSTERIOR A LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA REFORMA A LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (NUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE), DEBE CUMPLIRSE A TRAVÉS DE LA REINSTALACIÓN Y EL PAGO DE LAS PRESTACIONES QUE DEJARON DE CUBRÍRSELE.’ (se transcribe). Así las cosas, con independencia que en la especie el acto reclamado no equivale a la separación, remoción, baja, cese o conclusión del servicio, pero aun cuando así se asimilara, al provenir de una autoridad incompetente, es inconcuso que se trata de un acto jurídicamente inexistente, como bien lo advirtió el Juez de Distrito, y en esa medida, la protección constitucional solicitada, sí podrá tener como efecto, la reincorporación del quejoso en el lugar de su anterior adscripción, al actualizarse el supuesto de excepción antes precisado, de la regla general establecida en la fracción XIII, apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. En cuanto a que el caso debiera seguirse conforme a los criterios sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito en los amparos en revisión **********, **********, ********** y **********, así como en la sentencia que dictó el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, en el juicio de amparo **********, emitidos todos ellos en asuntos similares, debe decirse que no fueron allegadas al juicio las copias a que alude de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión número **********, a que se refiere el recurrente; el criterio contenido en la citada ejecutoria número **********, no es similar al presente, dado que no se refiere a un cambio de adscripción, de elemento o miembro de la Policía Federal Preventiva, el criterio contenido en las ejecutorias dictadas en las revisiones números ********** y **********, así como la sentencia emitida en el juicio de amparo número **********, no se comparte, conforme a las razones antes expuestas, por las que se determina lo infundado e inoperancia de los agravios examinados, además el criterio que se sostiene en el presente asunto, lo sostuvo este Primer Tribunal Colegiado, al resolver el toca número ********** de revisión administrativa, por unanimidad de votos, promovido por **********, correspondiente a la sesión del día veinticuatro de septiembre de dos mil nueve. En tales condiciones, ante lo infundado de los agravios propuestos, lo que procede es confirmar la sentencia en la parte materia del recurso."

El mismo órgano colegiado al resolver el veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, el amparo en revisión **********, determinó en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Los conceptos de violación atinentes a las cuestiones de constitucionalidad del reglamento reclamado son inoperantes; mientras que los de mera legalidad, resultan parcialmente fundados, según se precisará. En efecto, en el primer concepto de violación, el quejoso argumenta la inconstitucionalidad de los artículos 11, fracción XIX y 13, fracciones X y XII, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, publicado el veintiséis de abril de dos mil, en virtud de que, según su apreciación, establecen una serie de facultades para el comisionado y jefe del Estado Mayor, que no se encuentran contenidas en la Ley de la Policía Federal Preventiva. Dice el peticionario del amparo, que las conferidas en el reglamento se contraponen a lo establecido en el artículo 6 de la ley que reglamenta (que establece las facultades y obligaciones del comisionado de la Policía Federal Preventiva), ya que entre las conferidas al comisionado, no se encuentran las de finalizar o concluir la adscripción a los miembros de esa institución. También refiere el impetrante que se transgrede la fracción VI del artículo 13 de la Ley de la Policía Federal Preventiva (que previene el servicio civil de carrera policial, así como las sanciones de suspensión y/o remoción, que se apliquen a los miembros de la corporación, y su procedimiento para su determinación estarán contenidas en el reglamento donde se establecerá que las mismas serán juzgadas y aplicadas por una instancia colegiada que preserve la garantía de audiencia, así como los demás requisitos y procedimientos para la selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia y promoción de dichos miembros, también serían establecidos por las disposiciones reglamentarias). De igual forma, el impetrante del amparo señala que aquellos preceptos de la ley reglamentaria, se oponen a los diversos 49, 50, 51, 58, 59, 71, 80 y 81 del mismo ordenamiento, en los que se señala que tanto la permanencia (conclusión del servicio), como los ‘cambios de adscripción’ de una división a otra, de una división a un servicio, ‘de un servicio a otro’, y de un servicio a una división, de los miembros de la policía serán determinados por la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial de dicha institución y, en su caso, por el comité de ayudantía de esa comisión, pero que en este asunto le fueron inconstitucionalmente conferidas tanto al comisionado como al jefe del Estado Mayor, ambos de la Policía Federal Preventiva. Como puede advertirse, las razones que, en síntesis, expone el peticionario del amparo en ese primer motivo de disenso para evidenciar la inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados, se reducen a afirmar que éstos rebasan los límites de la ley reglamentada. Antes de explicar las razones por las que se estiman inoperantes los motivos de disenso resumidos, es preciso destacar que la impugnación suficiente de una norma legal, en función de su aspecto constitucional, requiere de bases esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 116, fracciones III y VI, de la Ley de Amparo. Si bien es cierto que en los juicios de amparo es posible analizar cuestiones de inconstitucionalidad de reglamentos por su contravención con leyes secundarias, también lo es que el principio de reserva de ley, que la propia Constitución establece respecto de las materias en las que sólo puede legislar el Congreso de la Unión e impide a otras instancias regular la ley, se extiende a la naturaleza de los reglamentos, porque su finalidad formal y material es regular, complementar o definir los términos de una ley. Por lo tanto, un planteamiento de impugnación de la naturaleza que nos ocupa, esto es, amparo contra leyes, requiere, de modo imprescindible, de las siguientes premisas: a) El señalamiento de la norma que contraviene el citado reglamento, con disposiciones de la Ley de la Policía Federal Preventiva; y b), Los conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que el reglamento impugnado resulta contrario a la hipótesis normativa de la citada Ley de la Policía Federal Preventiva, lo cual ocasionaría violación a determinadas garantías individuales. Es aplicable al caso, la siguiente tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ‘FACULTAD REGLAMENTARIA. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE REFIERAN A SU INFRACCIÓN, DEBEN ESTABLECER UNA CONTRARIEDAD O EXCESO DE LOS MANDATOS LEGALES POR LA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA, COMO CONDICIÓN PARA REVELAR UNA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe) (tesis 2a. CXV/99, publicada en la página doscientos sesenta y seis del Tomo X, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). En congruencia con lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que el aspecto de constitucionalidad expuesto por el quejoso no colma los requisitos señalados, ya que los términos en que formula su impugnación, no evidencian problema de constitucionalidad alguno. Lo anterior es así, pues el quejoso sólo se limita a señalar que las sanciones y correcciones disciplinarias que prevé el reglamento reclamado exceden las disposiciones de la Ley de la Policía Federal Preventiva, pero no explica de qué manera se rebasa este ordenamiento secundario, ni cómo es que con esa extralimitación se trastoca el orden constitucional. Tampoco expresa o destaca por qué considera que las facultades conferidas al ‘comisionado’ en la fracción XIX del artículo 11 del reglamento reclamado, o al jefe del Estado Mayor en las fracciones X y XII del propio reglamento, significan un exceso de la Ley de la Policía Federal Preventiva, pues si bien invoca como transgredidos los numerales 6 y 13 de este ordenamiento secundario, no precisa razonadamente el porqué los artículos que invoca de la Ley de la Policía Federal Preventiva, son los que se ven excedidos por la norma reglamentaria; es decir, no sólo es suficiente afirmar que existe un exceso de funciones, sino que debía establecerse, en principio, cuáles son las atribuciones que tiene el comisionado o el jefe del Estado Mayor, en la Ley de la Policía Federal Preventiva y, en segundo término, por qué están rebasadas en el reglamento, inclusive, con la precisión del porqué el ‘nombrar y remover’ y ‘proponer’ la ‘distribución del personal’ que se prevé como facultad del comisionado; y ‘transformar las decisiones y directivas del comisionado en órdenes y supervisar su estricto cumplimiento’, que se establece como facultad del jefe del Estado Mayor, superan las atribuciones que en la ley reglamentada se les confirieron; de ahí que este órgano colegiado se encuentre impedido para analizar el aludido argumento, pues no es factible su examen oficioso, ya que aun cuando para la procedencia del estudio de un concepto de violación basta con expresar la causa de pedir, ello no implica que deba hacerse un pronunciamiento de fondo cuando el quejoso se limita a hacer simples afirmaciones sin fundamento, como acontece en la especie. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia que a continuación se transcribe: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.’ (se transcribe) (Número 1a./J. 81/2002. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página sesenta y uno, Tomo XVI, correspondiente a diciembre de dos mil d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22450-bda5ba6b/policia-federal-preventiva-la-emision-de-la-orden · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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