EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ESTADOS CON LEGISLACIONES SIMILARES. ACTUACIONES O DILIGENCIAS EN LAS QUE LA PARTE QUE OBTUVO, NECESARIAMENTE DEBE ACOMPAÑAR AL ACTUARIO A FIN DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO. EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ESTADOS CON LEGISLACIONES SIMILARES. AL NO SER DE OFICIO SU PROSECUCIÓN, QUIEN OBTUVO DEBE IMPULSAR SU CUMPLIMIENTO, SO PENA DE PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO CORRELATIVO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN GENÉRICA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ANÁLOGAS). PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO E IMPULSO DE LAS DILIGENCIAS TENDENTES A ESE OBJETIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA Y LEGISLACIONES BUROCRÁTICAS SIMILARES DE DISTINTOS ESTADOS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 25/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO, EL TERCER, EL CUARTO, EL QUINTO Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PLENO DEL DECIMONOVENO CIRCUITO. 30 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y DE LOS MAGISTRADOS JORGE TOSS CAPISTRÁN Y GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR. SECRETARIO: LUIS OMAR GARCÍA MORALES.
I. Competencia
11. Este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción I, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio.
12. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, pertenecientes al Decimoquinto Circuito y el ahora extinto Pleno del Decimonoveno Circuito, sobre el que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
II. Legitimación
13. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(13) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III,(14) de la Ley de Amparo, ya que la formuló el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali.
III. Criterios denunciados
14. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias.
15. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver por mayoría de votos el juicio de amparo en revisión 178/2022.
16. Aspectos procesales. Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, a quien le reclamó el retardo en la impartición de justicia en la etapa de ejecución de laudo, por considerar que no se realizaron las gestiones necesarias para su debido cumplimiento, dentro de los plazos establecidos en la ley burocrática estatal, en contravención a lo establecido en el artículo 17 constitucional.
• El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, a quien correspondió conocer del asunto, otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal.
• En desacuerdo con tal determinación, la parte tercero interesada interpuso recurso de revisión, el cual resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
17. Postura adoptada por el órgano jurisdiccional. Revocó y ordenó el sobreseimiento en el juicio biinstancial.
• Las consideraciones torales emitidas por el órgano contendiente, fueron las siguientes:
- Advirtió de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que contempla la cesación de efectos del acto reclamado, en razón de que la persona quejosa reclamó de forma genérica que la autoridad responsable omitió dictar los acuerdos necesarios para ejecutar el laudo correspondiente, sin que se haya precisado de forma específica en qué consiste tal omisión.
- Justificó su decisión en que de autos se advertía que la autoridad responsable realizó diversos actos posteriores a la fecha de presentación de la demanda de amparo, tendentes a ejecutar el laudo, lo que implicaba la cesación de efectos del acto reclamado.
- Desestimó los argumentos formulados por la parte quejosa al desahogar la vista que le fue otorgada con la actualización de la causa de inviabilidad en comento, quien alegó que el laudo burocrático continuaba sin ejecutarse y que por ese motivo, existía una dilación excesiva, por lo que a su parecer, no era correcto que se sobreseyera en el juicio.
- El tribunal sostuvo que dichas manifestaciones no eran obstáculo para declarar improcedente el sumario constitucional, en atención a que la parte quejosa pretendía convertirlo en un instrumento con el único fin de lograr el pago de las prestaciones adeudadas, así como su reinstalación en el puesto de trabajo, lo que es estrictamente materia de cumplimiento del laudo y, que no es viable realizarlo mediante la instauración del juicio de amparo.
- Estableció que es así, debido a que se requiere no sólo la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución de la ejecución del laudo, al no erigirse en una fase donde la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa; ello impide que a través del juicio de amparo se cree alguna obligación a cargo del titular de la autoridad responsable para que de forma genérica y oficiosa, ordene proveer lo conducente dentro de los términos legales, a la ejecución forzosa del laudo.
18. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 2/2023.
19. Antecedentes procesales. Una persona presentó demanda de amparo indirecto en contra del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a quien le atribuyó la omisión de dictar todas las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo dictado a su favor de una manera pronta y expedita, en franca violación a lo previsto en el artículo 17 de la Carta Magna.
- Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Juez Segundo de Distrito del Estado de Baja California, con sede en Mexicali; en su auxilio, dictó la sentencia el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, quien otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal.
- Inconforme con tal decisión, la parte tercero interesada interpuso recurso de revisión, y el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, lo resolvió, confirmando la sentencia recurrida.
20. Postura adoptada por el órgano jurisdiccional.
• En primer lugar, desestimó las causas de sobreseimiento invocadas por la recurrente y, determinó que sí es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de las omisiones genéricas de ejecutar un laudo, cuando ya se ha solicitado por el actor del juicio laboral y está subyacente su ejecución.
• Afirmó que de acuerdo a los artículos 144 y 145 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable, la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de éste, a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución.
• Indicó que de los referidos numerales se desprende que una vez que se solicite por parte del interesado la ejecución del laudo, el presidente del tribunal lo despachará, tomando todas las medidas necesarias para que esa ejecución sea pronta y expedita.
• Luego, al interpretar los preceptos legales en comento, sostuvo que una vez satisfecho ese extremo, ya no se requiere del impulso del ejecutante en las subsecuentes etapas del procedimiento de ejecución forzosa, por lo que, en esta etapa sí es factible que se suscite una omisión genérica de ejecutar el laudo y, en su caso, puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de constreñir al presidente del tribunal burocrático para que oficiosamente provea lo conducente a la ejecución forzosa del laudo.
21. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoquinto Circuito, al sentenciar el amparo en revisión 442/2022.
22. Aspectos procesales. Una persona promovió demanda de amparo indirecto en contra del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, a quien le reclamó el retardo en el cumplimiento de los plazos legales para lograr la ejecución del laudo, generándose una dilación en el procedimiento, asimismo, la falta de emisión y aplicación de las medidas de apremio necesarias para lograr la eficaz ejecución y cumplimiento del laudo emitido a su favor.
• El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, conoció del asunto y otorgó el amparo solicitado.
• En desacuerdo con esa resolución, la autoridad tercero interesada interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito.
23. Postura adoptada por el órgano jurisdiccional. Confirmó la sentencia recurrida que otorgó la protección constitucional.
• Asentó que conforme a los artículos 144 y 145 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento, a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución.
• Sin embargo, precisó que de los referidos numerales también se desprende, que una vez que se solicite por parte del interesado la ejecución del laudo, el presidente del tribunal despachará el laudo de ejecución, tomando todas las medidas para que esa ejecución sea pronta y expedita; y, que por lo tanto, una vez satisfecho ese extremo, ya no se requiere del impulso del ejecutante en las subsecuentes etapas del procedimiento de ejecución forzosa, puesto que es el presidente del tribunal burocrático quien oficiosamente debe proveer lo conducente a la ejecución forzosa del laudo.
• Al interpretar de forma sistemática la fracción III del numeral 96, así como el artículo 98, con los diversos 144 y 145, todos de la legislación burocrática estatal, obtuvo que la prescripción para hacer valer la ejecución de los laudos operará en el plazo de dos años, si el interesado no pide su ejecución; sin embargo, una vez solicitada se interrumpe la prescripción y, además, ya no se requiere de su impulso por la parte actora en las subsecuentes etapas del cumplimiento, porque es el presidente del tribunal burocrático quien oficiosamente debe proveer lo conducente a la ejecución forzosa del laudo.
• Concluyó que sí es factible que se suscite una omisión genérica de ejecutar el laudo.
24. Criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 26/2023.
25. Antecedentes procesales. Una persona solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, al considerar que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California incumplió con los plazos y términos legales para ejecutar el laudo emitido a su favor, generando una dilación en el procedimiento y contraviniendo en su perjuicio el artículo 17 de la Carta Magna.
• El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, al celebrar la audiencia constitucional, sobreseyó en el juicio de amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado.
• La parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de dicha sentencia y, tocó al Cuatro Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito resolverlo.
26. Postura adoptada por el órgano jurisdiccional. Confirmó la sentencia recurrida que sobreseyó en el juicio.
• Al efecto, precisó que fue correcta la determinación del Juez de Distrito al decretar el sobreseimiento en el juicio, pues éste aclaró que el verdadero acto que la quejosa tildó de inconstitucional, fue la dilación procesal de la autoridad responsable de abstenerse en emitir pronunciamiento alguno respecto de la ejecución del laudo y, que ello cesó el tres de octubre de dos mil veintidós, debido a que la autoridad responsable emitió el acuerdo relacionado con los escritos de veintidós de junio y diecinueve de agosto de dos mil veintidós.
• Asentó que durante la sustanciación del juicio de amparo se atendieron los referidos escritos, por lo que era dable considerar que subsiste la violación al contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aun y cuando con las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto se pone de manifiesto que no se ha concluido totalmente la etapa de ejecución forzosa del laudo en el juicio de instancia, con la emisión del mencionado acuerdo, cesó en sus efectos la omisión reclamada.
• Ello, al tomar en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 339/2011, en el supuesto en que se reclama la omisión de ejecutar el laudo, particularmente, por la omisión de otorgar respuesta a diversos escritos, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal, se constreñía a lo reclamado, sin atender a futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues, al requerirse el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.
• Indicó que la ejecución forzosa depende básicamente de la petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor.
• Aclaró que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal, debe constreñirse a lo reclamado sin abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.
27. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al sentenciar el amparo en revisión 165/2022.
28. Aspectos procesales. Una persona presentó demanda de amparo indirecto en contra de la omisión atribuida al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, de hacer cumplir en forma total, pronta, eficaz y diligentemente el laudo dictado a su favor.
- El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali sobreseyó en el juicio de amparo, por considerar que cesaron los efectos de la omisión impugnada.
- En desacuerdo con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual correspondió resolver el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito.
29. Postura adoptada por el órgano jurisdiccional. Confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio de amparo.
• Expresó que el tema de las dilaciones presuntamente excesivas en el procedimiento laboral, antes y después de la emisión del laudo respectivo, ha sido materia de estudio en múltiples criterios jurisprudenciales, de los que se puede extraer la regla general de que el juicio de amparo es improcedente, salvo que pueda determinarse la existencia de una abierta dilación o paralización del proceso.
• Que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla un proceso deben considerarse cuatro elementos a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y, d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo.
• Citó que el máximo órgano de control constitucional del país ya resolvió que no es posible establecer un plazo genérico que permita determinar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, debido a que la legislación laboral establece distintos procedimientos y cada uno, por su especial naturaleza prevé diversos plazos, los cuales pudieran servir de parámetro para determinar cuándo se está en la referida hipótesis, por lo que corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de laudo.
• Que en el caso sujeto a estudio, era improcedente el juicio de amparo indirecto, porque la autoridad responsable acordó todas y cada una de las promociones que presentó la parte vencedora para lograr el cumplimiento del laudo, con independencia de que no se hayan hecho efectivas las medidas de apremio para su acatamiento, por lo que era evidente que no existía una dilación procesal en su acatamiento.
30. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 537/2022.
31. Cuestiones procesales. Una persona promovió demanda de amparo indirecto en contra del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, a quien le atribuyó la omisión de dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de ejecución del laudo.
- El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, sobreseyó en el juicio de amparo.
- Disconforme con la sentencia de mérito, la parte quejosa interpuso recurso de revisión y fue el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito quien lo resolvió.
32. Postura adoptada por el órgano jurisdiccional. Revocó y concedió el amparo solicitado, bajo las siguientes consideraciones:
• Que los numerales 115, 142, 143, 144 y 145 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, que regulan la ejecución de los laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, prevén lo relativo a la ejecución de los laudos dictados por dicho órgano; que el procedimiento de ejecución del laudo, inicia con la solicitud de ejecución de la parte que obtuvo, respecto de la cual el presidente del Tribunal de Arbitraje, dentro de un término no mayor a veinticuatro horas, deberá despachar su ejecución y comisionar al actuario de su adscripción para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la parte demandada y la requiera para su cumplimiento.
• Que la legislación burocrática establece la obligación del presidente del Tribunal de Arbitraje de ejecutar los laudos dictados por el propio tribunal, a cuyo fin dictará y tomará todas las medidas necesarias para que su ejecución sea pronta y expedita.
• Reiteró que el impulso en la ejecución de un laudo en los juicios laborales, inicialmente corresponde a la parte actora; empero, del diverso precepto legal 144 del citado ordenamiento legal, se advierte que la ejecución de los laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje le corresponde a su presidente, quien debe dictar y tomar todas las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita.
33. Criterio adoptado por el ahora extinto Pleno del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al emitir la jurisprudencia PC.XIX. J/7 L.
34. Antecedentes procesales. El Pleno de Circuito, al resolver la contradicción de tesis 8/2016, fijó como punto de contradicción "determinar si notificado el laudo, el tribunal responsable está obligado a realizar actos tendentes a la ejecución del fallo, o bien, se requiere petición de parte, pasados los quince días a los que se refiere el artículo 118(15) de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas (vigente hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil trece), para iniciar la ejecución respectiva y, con base en la respuesta obtenida, si es factible la existencia de omisiones genéricas en la etapa de cumplimiento del laudo, o bien aquéllas sólo pueden darse una vez iniciada la etapa de ejecución forzosa". 35. Postura adoptada por el ahora extinto Pleno de Circuito.
- Resolvió que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas no contiene un capítulo de ejecución de laudo; sin embargo, aclaró que de su contenido se desprende que el laudo debe ser cumplido dentro de quince días hábiles a partir de su notificación, que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos prescriben en dos años a partir de que sea ejecutable la resolución respectiva y que es aplicable supletoriamente la Ley Federal del Trabajo.
- Afirmó que del artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo aplicable supletoriamente, se advierte que el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia, previa petición del ejecutante, una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 945 de la legislación supletoria, es decir, quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del laudo.
- Que una vez solicitada la ejecución del laudo se interrumpe la prescripción, por lo que es innecesario el impulso del ejecutante, en atención a que en términos de la ley burocrática estatal, no es factible la ejecución mediante embargo de bienes y sólo el tribunal puede emplear los medios de apremio previstos en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo.
- Indicó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el hecho de que la Ley Federal del Trabajo sea aplicable supletoriamente, no implica llegar al extremo de adoptar medidas que el legislador local no reguló para la ejecución forzosa.
- Que esa afirmación permite concluir lo siguiente 1) que el artículo 118 de la ley burocrática de Tamaulipas, al establecer que la resolución debe ser cumplida dentro de los quince días hábiles a partir de su notificación, se refiere a la oportunidad que tiene la parte obligada para acatar voluntariamente el laudo, por lo que para la "ejecución" del laudo es indispensable que la parte lo solicite expresamente, lo cual debe hacer dentro del término de dos años "a partir de que sea ejecutable la resolución respectiva", es decir, una vez que haya fenecido el plazo de quince días para el cumplimiento, so pena de que la acción se declare prescrita.
36. Que durante el plazo de quince días que otorga la ley para el cumplimiento del laudo, incluso antes de que la parte solicite la ejecución de la resolución, no es factible la existencia de una omisión por parte del tribunal burocrático en la ejecución del laudo; y, que una vez solicitada dicha ejecución, ya no se requiere del impulso del ejecutante, por lo que en esta etapa sí es factible la existencia de la omisión genérica de ejecutar el laudo y, en su caso, concederse el amparo a fin de que se constriña al presidente del tribunal burocrático para que oficiosamente provea lo conducente en relación con la ejecución forzosa.
37. Las consideraciones anteriores, dieron origen –entre otros–, al criterio jurisprudencial PC.XIX. J/7 L (10a.), que aquí contiende, de rubro y texto:
"LAUDO. PUEDEN SUSCITARSE OMISIONES GENÉRICAS UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO, SI EL EJECUTANTE YA HA SOLICITADO SU EJECUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). En términos del artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas (vigente hasta el 24 de septiembre de 2013), al establecer que la resolución deberá ser ‘cumplida’ dentro de los 15 días hábiles a partir de su notificación, se refiere a la oportunidad que tiene la parte obligada para acatar voluntariamente el laudo; por lo que si aún está transcurriendo ese término, sin que éste se hubiera cumplido, no puede atribuirse una omisión al tribunal laboral; pues su actuación oficiosa para obtener el cumplimiento depende de que transcurra en su totalidad dicho plazo y, además, de que el ejecutante lo solicite; empero, una vez satisfechos esos dos extremos, ya no se requiere del impulso del ejecutante en las subsecuentes etapas del procedimiento de ejecución forzosa, por lo que, en esta etapa sí es factible que se suscite una omisión genérica de ejecutar el laudo y, en su caso, puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal a fin de constreñir al presidente del tribunal burocrático para que oficiosamente provea lo conducente a la ejecución forzosa del laudo."(16)
IV. Requisitos para la existencia de la contradicción
38. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de criterios tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, en el caso, la Región Centro-Norte, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables, dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas.
39. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios, antes llamada de "tesis", basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
40. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P/J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(17)
41. Si la finalidad de estos asuntos es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31814-80565b44/ejecucion-de-laudos-en-los-juicios-laborales-burocraticos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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