MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO A LOS AYUNTAMIENTOS DEMANDADOS EN LOS JUICIOS LABORALES. DEBE CUBRIRSE CON RECURSOS ECONÓMICOS DE SU PRESUPUESTO Y NO CON EL PECULIO DE SUS INTEGRANTES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ HUEZO, ANTONIO VALDIVIA HERNÁNDEZ Y JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS, RESPECTO DE LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LA MAGISTRADA GRISELDA GUADALUPE GUZMÁN LÓPEZ Y LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ HUEZO, ANTONIO VALDIVIA HERNÁNDEZ, ALEJANDRO LÓPEZ BRAVO Y JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS, RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO. PONENTE: ANTONIO VALDIVIA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: YURIDIA ARIAS ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
I. Competencia.
Este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos séptimo y décimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 216, párrafo segundo y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Quáter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1, 3 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
II. Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado Antonio Valdivia Hernández, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(3)
III. Criterios contendientes.
Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos y las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
Recurso de revisión principal 98/2017.
Antecedentes:
1. Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tapalpa, Jalisco, promovieron juicio de amparo indirecto contra actos atribuidos al Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, a su actuario notificador (oficial mayor) y a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. Al Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, reclamaron el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, consistente en hacer efectiva una multa de cien días de salario mínimo vigente a cada uno de los regidores del Ayuntamiento de Tapalpa, Jalisco. Del actuario notificador adscrito al tribunal burocrático local, reclamaron la notificación indebida del auto de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el cual contenía los apercibimientos que les fueron realizados para el pago de la multa. De la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, como autoridad ejecutora, por ser a quien se le ordena girar oficios a efecto de que se haga efectivo el cobro de la multa.
2. La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, seguida la secuela procedimental, dentro de la audiencia constitucional se remitió el expediente relativo y anexos al Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para que en auxilio de las labores del juzgado dictara la sentencia correspondiente.
3. El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, el Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Mazatlán, Sinaloa, dictó sentencia en la que negó el amparo y protección solicitados.
4. En contra de esa resolución, los regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tapalpa, Jalisco, por conducto de su apoderado interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quien lo registró con el número 98/2017, lo admitió a trámite, y en su oportunidad, se turnaron los autos al Magistrado relator, para la formulación del proyecto de resolución.
6. (sic) El veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se resolvió la revisión principal de referencia y en la parte que interesa, se determinó:
"CUARTO.—En principio, es oportuno señalar que los agravios se analizarán bajo el principio de estricto derecho, toda vez que en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja únicamente opera en favor de la parte trabajadora, que no es la parte quejosa en el juicio de amparo ni quien presenta el recurso de revisión.
"Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que, en sustancia, reiteró el criterio en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente en favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, misma que a continuación se trasunta junto con sus datos de identificación:
"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J.42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal." [Décima Época Registro: 2010624. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, materias constitucional y común, tesis 2a./J. 158/2015 (10a.), página 359]
"En ese orden de ideas, son sustancialmente fundados los motivos de inconformidad, ya que como con acierto se alega, opuesto a lo determinado por el Juez de Distrito para negar el amparo solicitado, para poder darse una adecuada y oportuna defensa contra un acto privativo o que lesione la esfera jurídica de los quejosos, es necesaria la notificación del procedimiento y sus consecuencias, lo que dicen, se traduce en el caso, que no se respetó su derecho de audiencia y defensa.
"En efecto, el Juez Federal al dictar la sentencia que se revisa, negó el amparo solicitado bajo el argumento fundamental de que como el Ayuntamiento demandado, compareció a defender sus intereses en el juicio en que fue condenado y que con anterioridad a la imposición de la sanción materia del reclamo, se notificó de los requerimientos para su cumplimiento, que por ello, al integrarse el Municipio en términos de los artículos 115 de la Constitución Federal y 73 de la local, por un presidente municipal, un síndico y el número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional, es inconcuso que el derecho humano de los quejosos de audiencia y defensa fue respetado, a través de las notificaciones practicadas al Ayuntamiento.
"Agravios que como se dijo son fundados.
"Cierto, los quejosos reclamaron, entre otros actos, el acuerdo emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, que les hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso proveído de ocho del citado mes y año, dentro del expediente laboral 667/2007-C1, así como la ejecución de dicha multa; actos respecto de los cuales, se negó el amparo solicitado.
"De las mencionadas constancias del juicio natural se observa, en lo que interesa, que en dicho juicio figura como demandado el Ayuntamiento Constitucional de Tapalpa, Jalisco; asimismo, se advierte que se emitió el respectivo laudo, el cual le resultó adverso a la citada entidad pública, mismo que se encuentra en estado de ejecución, por lo que se han emitido diversos acuerdos tendentes a su cumplimiento, entre ellos, los que constituyen los actos reclamados, en los que entre otras cosas, se impusieron las multas que ahí se precisan a los regidores integrantes del Ayuntamiento demandado.
"Ahora, para efectos del estudio del asunto, a continuación se trasunta sólo el contenido, en la parte que interesa, de los acuerdos emitidos el ocho y veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, mismos que establecen lo siguiente:
"‘Guadalajara, Jalisco, a 8 de septiembre de 2016.—Se da cuenta del oficio 60400/2016 procedente del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado, relativo al juicio de amparo 2683/2015; visto su contenido, se le tiene haciendo del conocimiento de este tribunal lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, dentro del recurso de revisión 38/2016, el cual determinó: PRIMERO.—Se confirma la sentencia recurrida.—SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo.—Hecho lo anterior, toda vez de que la entidad demandada no dio cumplimiento al requerimiento de pago efectuado en el acuerdo fechado el 24 de agosto de 2016 y notificado este último el 31 de agosto de 2016, es procedente hacerle efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, por lo que se ordena girar atento oficio al Congreso del Estado, para que por su conducto lleve a cabo la suspensión en el cargo por un plazo de 15 días sin goce de sueldo a cada uno de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Tapalpa, Jalisco, según lo estipula el artículo 14 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en concordancia a lo dispuesto por el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la ley de la materia.—En razón de lo anterior, a efecto de dar continuidad a la secuela procesal, de conformidad a lo establecido por los numerales 140, 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta procedente requerir en el domicilio procesal al Ayuntamiento Constitucional de Tapalpa, Jalisco, a efecto de que dentro del término de 3 días hábiles, siguientes a la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al laudo dictado en autos y dé cumplimiento a la planilla de liquidación de fecha 22 de octubre de 2015, dentro de la cual fueron cuantificadas las siguientes cantidades: 1. $********** a favor de **********.—2. $********** a favor de **********.—3. $********** a favor de **********.—4. $********** a favor de **********.—5. $********** a favor de **********.—6. $********** a favor de **********.—7. $********** a favor de **********.—8. $********** a favor de **********.—9. $********** a favor de **********.—10. $********** a favor de **********.—11. $********** a favor de **********.—12. $********** a favor de **********.—13. $********** a favor de **********.—14. $********** a favor de **********.—15. $********** a favor de **********.—16. $********** a favor de **********.—17. $********** a favor de **********.—18. $********** a favor de **********.—19. $********** a favor de **********.—20. $********** a favor de **********.—21. $********** a favor de **********.—22. $********** a favor de **********.—23. $********** a favor de **********.—Lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, cada uno de los regidores del Ayuntamiento demandado se harán acreedores a una multa equivalente a 100 días de salario mínimo general vigente en esta zona económica; en los términos establecidos en el numeral 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.—Ahora bien, tomando en consideración que este tribunal se reservó a aplicar diversos medios de apremio en contra de la demandada, ello por encontrarse pendiente de resolver el recurso de revisión 38/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, lo cual ya aconteció, y al no haber dado la demandada cumplimiento a la condena decretada dentro del presente juicio laboral, se procede a aplicar los medios de apremio que a continuación serán descritos ...’ (fojas 120 y 121)
"‘Guadalajara, Jalisco, 23 de septiembre de 2016.—Analizados que son los autos y toda vez que la entidad demandada no dio cumplimiento al requerimiento de pago efectuado en el acuerdo fechado el 8 de septiembre de 2016 y notificado este último el 19 de septiembre de 2016, es procedente hacerle efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, por lo que se ordena girar atento oficio a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado, para que por su conducto aplique una multa de 100 días de salario a cada uno de los regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tapalpa, Jalisco, según lo estipula el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en concordancia a lo dispuesto por el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la ley de la materia.—En razón de lo anterior, a efecto de dar continuidad a la secuela procesal de conformidad a lo establecido por los numerales 140, 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta procedente requerir en el domicilio procesal al Ayuntamiento Constitucional de Tapalpa, Jalisco, a efecto de que dentro del término de 3 días hábiles, siguientes a la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al laudo dictado en autos y dé cumplimiento a la planilla de liquidación de fecha 22 de octubre de 2015, dentro de la cual fueron cuantificadas las siguientes cantidades: 1. $********** a favor de **********.—2. $********** a favor de **********.—3. $********** a favor de **********.—4. $********** a favor de **********.—5. $********** a favor de **********.—6. $********** a favor de **********.—7. $********** a favor de **********—. 8. $********** a favor de **********.—9. $********** a favor de **********.—10. $********** a favor de **********.—11. $********** a favor de **********.—12. $********** a favor de **********.—13. $********** a favor de **********.—14. $********** a favor de **********.—15. $********** a favor de **********.—16. $********** a favor de **********.—17. $********** a favor de **********.—18. $********** a favor de **********.—19. $********** a favor de **********.—20. $********** a favor de **********.—21. $********** a favor de **********.—22. $********** a favor de **********.—23. $********** a favor de **********.—Lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, cada uno de los regidores del Ayuntamiento demandado se harán acreedores a una multa equivalente a 100 días de salario mínimo general vigente en esta zona económica; en los términos establecidos en el numeral 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.—Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase ..." (fojas 129 y vuelta)
"De lo anterior se aprecia que el tribunal responsable en los acuerdos en mención, entre otras cosas, decidió hacer efectivo el apercibimiento decretado en diversas resoluciones al Ayuntamiento demandado y, en consecuencia, impuso multa en lo personal a cada uno de los regidores que integran el Ayuntamiento de Tapalpa, Jalisco, por un monto equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la zona económica de Guadalajara, Jalisco, por las razones que ahí se precisan, con fundamento en el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
"Sin embargo, esas decisiones en lo que atañe al apercibimiento y consecuente imposición de la multa relativa a los quejosos como regidores integrantes del Cabildo del Ayuntamiento demandado, es ilegal.
"En efecto, en principio, conviene recordar el contenido de los artículos 140, 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, contenidos en el capítulo IV, intitulado: "Del procedimiento de ejecución", establecen lo siguiente:
"‘Artículo 140. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello.’
"‘Artículo 141. El tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes.’
"‘Artículo 142. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, despachará auto con efectos de mandamiento en forma, notificándolo en el domicilio procesal y apercibiéndola (sic) de que, de no cumplir con dicha resolución, se procederá al uso de los medios de apremio.’
"‘Artículo 143. Notificado el auto de ejecución, el condenado deberá dar cumplimiento al laudo dentro de los 30 días siguientes. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones desde diez veces el salario mínimo hasta por cien veces el salario mínimo general vigente de la zona económica de Guadalajara.
"‘Cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada. Si no obstante lo anterior, la autoridad reitera la negativa de cumplir, el tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento.
"‘La suspensión empezará a partir del día siguiente de su notificación y los actos que se realicen en desacato al resolutivo respectivo serán nulos. El cumplimiento del laudo interrumpe la suspensión.
"‘Si no obstante la sanción prevista en el párrafo segundo y subsecuentes, se persiste en el incumplimiento, la suspensión se repetirá contra los responsables y podrá ampliarse en contra de quienes les sustituyan.
"‘Los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón tendrán la responsabilidad de hacer cumplir los laudos. La negativa de decretar la suspensión temporal de algún servidor público que incurriere en alguna de las causas señaladas en el presente artículo, será motivo para que a dichos funcionarios se les aplique la sanción que corresponda en acatamiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, salvo que se trate de servidores públicos de otros poderes, niveles de gobierno o Municipios, en cuyo caso remitirán las constancias de las actuaciones que se hubieren efectuado al servidor o servidores públicos encargados de aplicar la sanción correspondiente.’
"De las disposiciones legales antes transcritas, se obtiene que las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello; asimismo, se impuso al referido órgano jurisdiccional la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a sus Magistrados integrantes, la responsabilidad de hacerlos cumplir, facultando al susodicho tribunal para dictar, en aras de lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, todas las medidas que estime necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, disponiendo, en forma específica, en el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que el indicado órgano jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones, cuya cuantía puede ir de diez a cien veces el salario mínimo general vigente en la zona económica de Guadalajara; y que cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada y si no obstante lo anterior, la autoridad reitera la negativa de cumplir, el tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento.
"Lo que se ha puesto de relieve muestra que si bien es cierto, en términos generales, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio, sean procedentes, incluso para hacer cumplir sus determinaciones, puede hacer uso de los medios de apremio respectivos, que en el caso, se traducen en la imposición de una sanción que va desde diez hasta cien veces el salario mínimo general vigente en la zona económica de Guadalajara, Jalisco.
"En ese sentido, contrario a lo considerado en el fallo recurrido, el hecho de que la notificación del proveído de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, se hubiese notificado personalmente al Ayuntamiento demandado, por conducto de su autorizado del juicio de origen, no conlleva lógica y jurídicamente a concluir que los quejosos tuvieron conocimiento cierto, exacto y completo del contenido del mencionado acuerdo, por la sola circunstancia de ser parte integrante de esa entidad en su carácter de regidores.
"En efecto, de las constancias que remitió la responsable al rendir su informe justificado, no obra constancia alguna de la que se advierta fehacientemente que los recurrentes en su carácter de regidores, del mencionado Ayuntamiento hubiesen tenido conocimiento cierto, exacto y completo del contenido del aludido acuerdo, brindándoles así la garantía de previa audiencia, puesto que únicamente se advierte la citada notificación, pero se insiste, no se desprende que los peticionarios de forma personal ni con el carácter citado, hayan tenido conocimiento del referido acuerdo que contiene el apercibimiento ni aquel en el que se le impuso la multa.
"Asimismo, tampoco puede considerarse que hubiese tenido tal conocimiento por la sola circunstancia de ser parte integrante de esa entidad, en su carácter de regidores, pues no puede perderse de vista que la parte directamente demandada fue el Ayuntamiento Constitucional de Tapalpa, Jalisco y no los quejosos con el mencionado carácter, luego, si bien dicha entidad está facultada para designar apoderados que la representen en los litigios, en términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 52 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y que las notificaciones realizadas a los apoderados de las partes se entenderán efectuadas personalmente a sus representados, según lo establece el arábigo 749 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; empero, como se dijo, los quejosos no fueron los demandados directamente, sino el Ayuntamiento, por lo que no es dable jurídicamente considerar que los peticionarios hayan tenido conocimiento de los mencionados acuerdos, en virtud de la notificación que se realizó con el autorizado de dicha entidad pública.
"De lo que se concluye que para considerar que los impetrantes tuvieron conocimiento pleno, cierto y completo del acto reclamado, dada la naturaleza de lo resuelto, debe constar fehacientemente que de forma personal tuvo noticia del acuerdo que apercibió con multa, aspectos que como se dijo, no se advierten.
"Sobre la aplicación supletoria del numeral 749 de la Ley Federal del Trabajo, debe decirse que si bien la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no regula específicamente el tema de los efectos que surten las notificaciones personales practicadas a los apoderados o autorizados de las partes, es factible atender a las normas que resulten supletorias. Para ese efecto, conviene considerar lo dispuesto en el artículo 10 de la ley burocrática en cita, que dispone lo siguiente:
"‘Artículo 10. En lo no provisto por esta ley, se aplicarán supletoriamente, y en su orden:
"‘I. Los principios generales de justicia social, que derivan del artículo 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"‘II. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;
"‘III. La Ley Federal del Trabajo;
"‘IV. La jurisprudencia;
"‘V. La costumbre; y
"‘VI. La equidad."
"Ahora bien, en su prelación, de los principios generales de justicia social, que derivan del artículo 123, apartado B, constitucional, no se advierte que contemple esa circunstancia.
"La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tampoco la prevé. En cambio, el artículo 749 de la Ley Federal del Trabajo vigente hasta el treinta de noviembre del año dos mil doce, sí establecía lo siguiente:
"‘Artículo 749. Las notificaciones hechas al apoderado o a las personas expresamente autorizadas legalmente por las partes, acreditadas ante la Junta, surtirán los mismos efectos que si se hubiesen hecho a ellas.’
"Por tanto, es de concluirse que sí resulta aplicable supletoriamente esta disposición normativa, en cuanto a que las notificaciones personales practicadas a los apoderados o autorizados de las partes, surtirán los mismos efectos como si se hubiesen hecho a éstas.
"Luego, por las razones asentadas, no puede sostenerse que la citada notificación practicada al autorizado del Ayuntamiento, constituyen prueba plena de que se le haya brindado su garantía de audiencia; además de que no existe constancia fehaciente de la que se advierta que los quejosos personalmente tuvieron conocimiento de los pluricitados acuerdos, para no dudar que eran sabedores de los mismos.
"Lo anterior pone de relieve que el motivo de inconformidad en el que se alegó violación a la garantía de audiencia, es esencialmente fundado.
"Máxime que, como lo señalan los disconformes, la medida de apremio debe estar dirigida al verdaderamente obligado al cumplimiento del laudo, que en el caso a estudio, lo es el Ayuntamiento Constitucional de Tapalpa, Jalisco, por la precisa razón de que la parte demandada y condenada en el controvertido de origen fue dicho Ayuntamiento, no así los quejosos en lo personal ni como regidores de tal Ayuntamiento, puesto que el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así lo establece en su segundo párrafo, al precisar: ‘Cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada.’
"De lo anterior se infiere que, de existir el incumplimiento a la ejecución del laudo condenatorio dictado en favor de la parte actora, las multas que podrían imponerse por observarse una conducta contumaz, en todo caso, podrían ser en contra de la entidad pública demandada, como lo previene el artículo 143 de la citada Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su segundo párrafo, no así en contra de los quejosos en lo personal ni como regidores de tal Ayuntamiento, puesto que la imposición de la medida de apremio tiene como propósito vencer la contumacia del ente directamente obligado.
"Luego, si como se vio, en el acuerdo reclamado se decidió, entre otras cosas, hacer efectivo el apercibimiento decretado en diversa resolución al Ayuntamiento demandado y en consecuencia, se impuso multa en lo personal a los regidores del Ayuntamiento demandado, por un monto equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la zona económica de Guadalajara, Jalisco, por las razones que ahí se precisan, con fundamento en el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; es inconcuso que tal determinación es ilegal, porque como se puso de relieve, la multa que podría imponerse por observarse una conducta contumaz, en todo caso, podría ser en contra de la entidad pública demandada, al ser la directamente obligada a dar cumplimiento al laudo, como lo previene el artículo 143 de la citada ley burocrática jalisciense, no así en contra de los quejosos en lo personal ni como regidores del referido Ayuntamiento; de ahí
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28330-713ec13c/multa-impuesta-por-el-tribunal-de-arbitraje-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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