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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO FIRME.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 133/2023. · Registro digital (IUS): 32004
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-12-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo III, Pág.3321.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 133/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ Y EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. PONENTE: MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE. SECRETARIO: EDUARDO ALFONSO GUERRERO SERRANO.

II. COMPETENCIA

9. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022, del propio Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción territorial de este Pleno Regional.

III. LEGITIMACIÓN

10. La denuncia proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por la Magistrada presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

IV. RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DENUNCIADOS

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

11. Requerimiento de cumplimiento de laudo. En la etapa de ejecución de laudo, mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco requirió al Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, de la misma entidad, para que en el plazo de tres días cumpliera con la condena establecida a su cargo en el fallo laboral.

12. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se remitiría oficio al Congreso del Estado de Jalisco, para que verificara si las actuaciones actualizaban alguna causa grave que ameritara la suspensión por quince días sin goce de sueldo del presidente municipal.

13. Transcurrido el plazo, en acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, el Tribunal de Arbitraje, con fundamento en el primer párrafo del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco,(1) impuso al citado Ayuntamiento una multa por el importe de cincuenta unidades de medida y actualización, y ordenó a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco que la hiciera efectiva.

14. Amparo indirecto 1983/2022. Inconforme, el Ayuntamiento sostuvo en vía de conceptos de violación, entre otros argumentos, que el auto reclamado era incongruente, porque le imponía una multa de la cual no fue apercibido, dado que en el acuerdo de requerimiento inicial se apercibió al presidente municipal con la suspensión en el cargo por quince días sin goce de sueldo; aunado a que la cuantía de la medida de apremio no fue individualizada.

15. En su demanda solicitó la suspensión provisional y definitiva de la ejecución de la multa.

16. Resolución incidental. Admitida la demanda, el Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco negó la suspensión provisional a la parte quejosa; y, posteriormente, en audiencia incidental de siete de octubre de dos mil veintidós, negó la suspensión definitiva del acto reclamado.

17. Con base en el numeral 128 de la Ley de Amparo, concluyó que era improcedente la suspensión, pues de concederse, para que no se hiciera efectivo el cobro de la multa impuesta en el auto reclamado ante la contumacia de la parte demandada, se tornaría nugatorio el derecho de la parte que obtuvo laudo favorable para lograr su cumplimiento, cuestión de orden público e interés social reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

18. Revisión incidental 16/2023. Fue interpuesta contra esa resolución por el Ayuntamiento referido a través de su síndico municipal.

19. El recurrente, en esencia, sostuvo que de ser ejecutada la multa reclamada, se dejaría sin materia al juicio de amparo y se le ocasionarían daños de difícil reparación, pues pese a obtener un eventual fallo favorable, la devolución respectiva sería "tardada" y no erradicaría los perjuicios que se le pudieran causar; máxime que el cobro de multas se aplicaba al gasto público del Ayuntamiento.

20. También afirmó que el otorgamiento de la medida cautelar no lesionaría el interés social, ni afectaría disposiciones de orden público e interés social, porque el tribunal responsable contaba con mecanismos alternos para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones; de ahí que, de concederse la suspensión definitiva contra la multa reclamada, no se impediría a la responsable ejecutar la sentencia.

21. Determinación. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito confirmó la resolución del Juez de Distrito y, en consecuencia, negó al recurrente la suspensión definitiva.

22. Consideró que el análisis efectuado por el Juez de Distrito fue apegado a derecho, pues de conceder la suspensión definitiva se afectaría al interés social al impedir la ejecución de un laudo, en contravención de los artículos 140 al 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

23. Lo anterior, porque al margen de que la autoridad laboral contara con medidas alternas para lograr el cumplimiento de sus determinaciones, la finalidad de la imposición de la multa era la ejecución de un laudo firme cuyo cumplimiento es de orden público.

24. Citó en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL."(2)

25. También indicó que, si el quejoso obtuviera una sentencia de amparo favorable, la ejecución de la multa podría repararse de manera efectiva con la devolución de la cantidad cobrada, razón por la cual dicha ejecución tampoco dejaría sin materia el juicio. Asimismo, sostuvo que la afirmación realizada por el quejoso relativa a que la devolución sería "tardada" representaba una especulación subjetiva.

26. Entre las consideraciones del órgano colegiado, en lo que interesa, destacan las siguientes:

"...

"Los agravios resumidos son ineficaces para revocar la resolución recurrida y conceder la suspensión definitiva de la ejecución del acto reclamado, en tanto que, como se verá, lo resuelto por el Juez de Distrito es correcto. Es inoperante lo argumentado y resumido en el inciso a), ya que es claro que de ejecutarse el cobro de la multa impuesta y obtenerse posteriormente, por parte del Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, sentencia favorable en el amparo, con la devolución de la cantidad entregada, se repararía de manera efectiva el posible daño ocasionado, porque ya podría el Ayuntamiento disponer del numerario para realizar los fines propios de esa dependencia, y lo que aduce de que esa devolución sería tardada, es una aseveración dogmática, que carece de sustento concreto, pues se trata de una mera especulación subjetiva sobre el tiempo que la autoridad exactora se tomaría para regresar la cantidad pagada. Es infundado lo resumido en el inciso c), primero porque al caso no es aplicable, ni siquiera por analogía, lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, que dice:

"‘Artículo 135.’ (Lo transcribe)

"En tanto que se advierte que esa norma legal regula específicamente los casos sobre la suspensión de determinaciones, liquidaciones, ejecuciones o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, en los cuales podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, lo que no sucede en el asunto particular que nos ocupa, en los cuales se trata de la suspensión de la ejecución de una multa impuesta como medio de apremio a una dependencia pública obligada al cumplimiento de un laudo, siendo éste uno de los únicos recursos jurídicos con los que cuenta el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco para hacerlos cumplir, por lo cual se afecta el interés social y se contravienen disposiciones de orden público, ya que de concederse la suspensión solicitada, se impediría que el laudo se acatara.

"Lo anterior, al margen de que, como lo aduce el inconforme, la autoridad responsable cuente con medidas alternas para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, pues lo que subyace en la especie es la finalidad de la imposición de la multa, consistente en lograr la ejecución de un lado firme, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público.

"Así se obtiene, en lo conducente, de la 1a./J. 36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, julio de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.’ (La transcribe)

"Por otro lado, también es infundado lo resumido en el inciso d), ya que es incorrecto que, como lo afirma el recurrente, de ejecutarse el cobro de la multa impuesta, se deje sin materia el fondo del juicio de amparo, ya que aun así es posible determinar si la imposición de la multa por la autoridad responsable al quejoso y ahora recurrente, es o no correcta, en tanto que si se llegara a conceder la protección constitucional al inconforme, el efecto de la sentencia sería para que se dejara insubsistente el auto en que se impuso la multa y que la autoridad exactora devuelva el monto pagado por el Ayuntamiento por concepto de la multa, con el fin de reparar el daño ocasionado con esa ejecución.

"Infundado también que en la interlocutoria incidental recurrida se hubiera desacatado lo que prevén los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, en tanto que se aprecia que el Juez A Quo sí observó puntualmente el método que establecen esas disposiciones legales para determinar lo correspondiente sobre la procedencia de la suspensión de la ejecución del acto reclamado, en tanto que después de admitir que la medida cautelar fue solicitada expresamente por el quejoso y que éste contaba con el interés suspensional correspondiente, se consideró que no se cumplía con el requisito de procedibilidad de la medida suspensional, en el sentido de que con ella no se contravinieran disposiciones de orden público y no se afectara el interés, social, respecto de lo cual el Juez consideró que con la interrupción de la ejecución de la multa, se contravendría lo que disponen los artículos del 140 al 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios al impedirse el acatamiento del laudo firme emitido en el juicio de instancia y con lo cual se afectaría el interés social en que se cumplan las sentencias o laudos que hayan determinado derechos de manera firme y definitiva, por lo que ya resultó innecesario continuar con el análisis de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora y menos con la forma de garantizar el resarcimiento de los daños y perjuicios causados con la suspensión, en tanto que la misma fue negada por no satisfacerse el requisito previo previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo.

"Resta señalar que semejante criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el recurso de revisión incidental 164/2022, en sesión de primero de febrero de dos mil veintitrés.

"Por lo antes considerado, al resultar ineficaces los agravios formulados, lo procedente es confirmar la sentencia interlocutoria recurrida y negar la suspensión del acto reclamado, consistente en el cobro de la multa impuesta al quejoso y ahora recurrente, en acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós.

"..."

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

27. A continuación, se sintetizan los antecedentes más relevantes del asunto.

28. Requerimiento de cumplimiento de laudo. En etapa de ejecución de laudo, mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco requirió al Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, de la misma entidad, a efecto que diera cumplimiento al laudo dictado en su contra, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se les impondría una multa a su secretario general, tesorero y presidente municipal.

29. Ante la falta de cumplimiento, por acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintidós, el tribunal laboral determinó hacer efectivo el apercibimiento e imponer multa a la tesorera municipal por el importe de cien unidades de medida y actualización; consecuentemente, ordenó girar oficio a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, a fin de que realizara las gestiones correspondientes para ejecutar la medida de apremio.

30. Amparo indirecto 27/2023. Contra esa determinación, la encargada de la hacienda pública municipal sostuvo, en vía de conceptos de violación, entre otros argumentos, que no se atendió a su solicitud de prórroga, para dar cumplimiento a lo laudado y que fue presentada oportunamente.

31. En su demanda solicitó la suspensión provisional y definitiva de la ejecución de la multa.

32. Resolución incidental. Admitida la demanda, el Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco negó la suspensión provisional a la parte quejosa; y, posteriormente, en audiencia incidental de once de mayo de dos mil veintitrés, también negó la suspensión definitiva.

33. Con base en el artículo 128 de la Ley de Amparo, concluyó que era improcedente la suspensión, pues de concederse, para que no se hiciera efectivo el cobro de la multa impuesta en el auto reclamado ante la contumacia de la parte demandada, se tornaría nugatorio el derecho de la parte que obtuvo laudo favorable, para lograr su cumplimiento; cuestión de orden público e interés social reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

34. Revisión incidental 169/2023. Contra esa resolución, la encargada de la hacienda pública municipal del Ayuntamiento citado interpuso recurso de revisión.

35. Expresó que la ejecución del acto reclamado dejaría sin materia al juicio de amparo y causaría daños de difícil reparación, en virtud de que, una vez aplicada la multa, demoraría el proceso de devolución de la cantidad entregada, en caso de que posteriormente obtuviera sentencia favorable.

36. Precisó que aun en la hipótesis de que se ordenara la devolución del monto de la multa, esa circunstancia no erradicaría los daños y perjuicios que se le pudieran causar.

37. Sostuvo que otorgar la suspensión contra la imposición de la multa no vulneraría el interés social, pues no impediría al tribunal burocrático local la ejecución de sus sentencias, en tanto que contaba con distintos mecanismos para hacer cumplir sus resoluciones aunado a las multas.

38. Determinación. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito revocó la determinación del Juez de Distrito y concedió la suspensión definitiva a la recurrente.

39. Afirmó que otorgar la medida cautelar no impediría que el tribunal laboral continuara con el procedimiento de ejecución del laudo, porque el propósito de la suspensión era paralizar la aplicación de la multa, no detener el cumplimiento de la sentencia.

40. Tras analizar los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, determinó que conceder la suspensión definitiva no representaría un perjuicio al interés social, ni contravendría disposiciones de orden público, reiterando que no se impediría a la responsable continuar con la ejecución del laudo en términos de los artículos 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

41. Al respecto, subrayó que, aun cuando se suspendiera la ejecución de la multa, el tribunal laboral estaba obligado a dictar todas las medidas necesarias para conseguir el cumplimiento del fallo laboral, como la imposición de otras medidas de apremio (multas) e incluso la suspensión sin goce de sueldo de las personas servidoras públicas contumaces.

42. Entre las consideraciones del órgano colegiado, en lo que interesa, destacan:

"Resultan sustancialmente fundados los agravios previamente sintetizados.

"Ello es así, pues tal como lo aduce la aquí recurrente, el juzgador federal indebidamente determinó negar la suspensión definitiva solicitada, al considerar que de hacerlo se contravendría el interés social y el orden público, por estimar que la sociedad está interesada en el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral primigenio y en que no se entorpezca su ejecución; sin embargo, adverso a esa determinación, la concesión de la medida cautelar no impide que la autoridad responsable continúe con el procedimiento de ejecución del laudo respectivo, es decir, la suspensión no tendría como consecuencia la paralización del juicio laboral en su fase respectiva, ni impediría que se continúe con la ejecución del laudo, dado que ésta no se solicitó para que no se cumpla con el fallo dictado en el sumario de origen, sino para que no se ejecute la medida de apremio que le fue impuesta (multa), de ahí que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones del orden público.

"A fin de evidenciar lo anterior, se considera necesario señalar que la parte quejosa aquí recurrente, en su escrito de demanda, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, señaló que la solicitó para los efectos siguientes:

"‘Solicito se conceda la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva de los efectos del acto reclamado, consistente en el auto de fecha del 02 de diciembre de 2022, en el que se decretó hacer efectivos apercibimientos, ordenando girar oficio a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para hacer efectiva la multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, interpuestas (sic) a la TESORERA MUNICIPAL, para el efecto de que el Tribunal y la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, señalados como autoridades responsables, se abstengan de ejecutar dichas sanciones hasta tanto se resuelva el presente juicio.

"‘En el supuesto de que el Tribunal responsable haya girado los oficios en comento, desde estos momentos se solicita a este Honorable Juzgado la suspensión de los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, para el efecto de que se abstenga de llevar a cabo aquellos actos tendentes a lograr la ejecución ordenada por la diversa ordenadora.’

"En ese sentido, el juzgador federal en la resolución incidental recurrida, en lo que aquí interesa, precisó que la quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, en esencia, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban y para que no se ejecutara la sanción impuesta; sin embargo, determinó negarle la suspensión definitiva, al considerar que se actualizaba el supuesto contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que de concederse la medida cautelar solicitada se atentaría contra disposiciones de orden público y se alteraría el interés social, es decir, que de concederse la suspensión para que no se ejecute el acuerdo en el que se ordenó hacer efectiva una multa en su contra, al no dar cumplimiento con el pago de lo laudado en el juicio de origen, se violentarían disposiciones de orden público, en la medida que se tornaría nugatorio el derecho de la parte que obtuvo laudo favorable para lograr su cumplimiento. "Proceder que este órgano jurisdiccional considera incorrecto, al tener en cuenta lo previsto por los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente:

"(Se transcriben)

"De los artículos previamente transcritos se advierte, que para otorgar la suspensión del acto reclamado se requiere que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El requisito señalado en primer lugar se satisface cuando, como en el caso, la quejosa, en la demanda de amparo, solicita expresamente la medida cautelar, y el segundo, implica un estudio más amplio, puesto que para determinar si se satisface o no, debe tenerse en cuenta qué se entiende por interés social y orden público.

"Así, como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2020, los conceptos de orden público e interés social están estrechamente vinculados, en tanto el primero se refiere al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno; de ahí que, por disposiciones de orden público debe entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y por interés social se considera al hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho o la satisfacción de una necesidad colectiva o bien, le evite un trastorno o un mal público.

"Además de los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución General de la República, se deberá tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada y realizarse un cálculo de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante; lo cual se reitera en las disposiciones legales de la Ley de Amparo antes transcritas, en las que se establece que, para conceder la suspensión provisional de los actos reclamados, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social (artículo 138) y, si procediera la suspensión solicitada, se deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta que se decida sobre la suspensión definitiva (artículo 139).

"La apariencia del buen derecho requiere una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, en tanto que, el peligro en la demora consiste en la posible violación de los derechos del solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Es decir, para otorgarse la suspensión del acto reclamado, se requiere un cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita.

"En apoyo a lo anterior, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.’ (Se transcribe)

"Ahora bien, en el caso, este tribunal colegiado estima que se cumplió con el primer requisito previsto en la fracción I, artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión del acto reclamado en su escrito de demanda; asimismo, respecto al segundo de los requisitos en comento (fracción II, artículo 128 de la legislación mencionada), también se considera quedó satisfecho, ya que con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público.

"Ello es así, toda vez que el efecto de la suspensión no tendría como consecuencia la paralización del juicio laboral ********** en su fase respectiva, ni impediría que se continúe con el procedimiento de ejecución, dado que los efectos de la concesión de la medida suspensional no serían para que no se ejecute el laudo dictado en el asunto de origen, sino que solamente serían para que no se ejecute la medida de apremio que le fue impuesta (multa).

"Lo anterior, porque con el otorgamiento de la medida cautelar no se impediría a la autoridad responsable continuar con el procedimiento de ejecución del laudo respectivo en términos de los artículos 140, 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, pues aun cuando se encontrara suspendida la ejecución de la multa impuesta en el acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintidós, el Tribunal responsable tendría la obligación de continuar y proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo y, para ese efecto, dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes, como sería la imposición de diversas medidas de apremio o incluso, la suspensión del cargo de los servidores públicos omisos.

"De ahí que si la quejosa solicitó la suspensión para que no se ejecute la multa que le fue impuesta en el acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintidós, equivalente a cien veces el valor inicial de la Unidad de Medida de Actualización (UMAS), la concesión de la medida cautelar no limitaría o impediría al tribunal responsable para que continúe con el procedimiento de ejecución del laudo respectivo.

"En razón de lo anterior, con apoyo en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se revoca la resolución recurrida y se concede la suspensión definitiva solicitada, a efecto de que no se ejecute la medida de apremio impuesta a la quejosa en su carácter de Encargada de la Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco, consistente en una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMAS), contenida en el auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral **********; siempre y cuando no se haya girado el oficio respectivo a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, y en caso de haberse remitido, para que no la haga efectiva.

"..."

V. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

43. Este estudio debe emprenderse desde un enfoque que permita advertir la necesidad de unificar criterios y su objetivo es otorgar seguridad jurídica a las personas justiciables y juzgadoras.

44. Así, en primer lugar, debe establecerse si en el caso que se analiza se configura la contradicción de criterios, porque sobre este supuesto será posible efectuar el análisis relativo, con el fin de determinar la postura que deba prevalecer como jurisprudencia.

45. También es importante destacar que, para que se configure la contradicción de criterios, se requiere que los órganos contendientes hayan:

a) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,

b) Llegado a conclusiones encontradas en torno a la solución de la controversia planteada.

46. Por tanto, habrá contradicción cuando se satisfaga los supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean idénticos en torno a los hechos que los sustentan.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis ’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32004-09b06f3d/suspension-definitiva-en-el-juicio-de-amparo-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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