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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA MULTA IMPUESTA AL AYUNTAMIENTO CONDENADO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO, EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 65/2024. · Registro digital (IUS): 32672
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-08-30
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo V, Volumen 1, Pág.229.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 65/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR, Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR. SECRETARIA: LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 65/2024, suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

El posible problema jurídico planteado para resolver por este Pleno Regional consiste en determinar si es procedente el juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual se impone una multa al Ayuntamiento condenado, en la etapa de ejecución del laudo.

I. TRÁMITE DE LA DENUNCIA

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 15/2024 firmado electrónicamente por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre:

• El citado órgano jurisdiccional al resolver el recurso de revisión 175/2023; y,

• El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver el recurso de revisión 83/2021.

2. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil veinticuatro, el presidente del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, formó y registró electrónicamente el expediente de contradicción de criterios bajo el número estadístico 65/2024; admitió a trámite la denuncia, solicitó a la presidencia de los tribunales contendientes la remisión de diversas constancias e informes sobre la vigencia de los criterios sustentados y, entre otras cuestiones, turnó el presente asunto a la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar.

3. Vigencia de criterios. Las presidencias de los tribunales contendientes remitieron las constancias solicitadas e informaron la vigencia de los criterios, lo cual se acordó en los proveídos de dos y cuatro de abril de dos mil veinticuatro, respectivamente.

4. Información sobre radicación de contradicción de criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por oficio DGCCST/X/355/04/2024, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que se encuentra relacionada con el tema: "PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DETERMINAR SI PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN, EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE LA CUAL SE IMPONE MULTA A LA PARTE DEMANDADA POR INCUMPLIMIENTO DEL LAUDO CONDENATORIO". El Pleno de ese Alto Tribunal resolvió en sesión de cuatro de mayo de dos mil diez, la contradicción de tesis 215/2009, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE."(1)

5. Turno. Por acuerdo de diez de abril de dos mil veinticuatro, el magistrado presidente del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, confirmó el turno del presente asunto a la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar.

6. Temporalidad en la elaboración del proyecto de resolución. El plazo genérico de treinta días hábiles para formular el proyecto de resolución,(2) transcurrió del once de abril de dos mil veinticuatro (día hábil siguiente a la fecha de confirmación de turno) al veintitrés de mayo del mismo año, descontándose como inhábiles los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de abril; uno, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de mayo siguientes. (3)

7. Luego, si el proyecto se listó el catorce de mayo de dos mil veinticuatro, es claro que se hizo dentro del tiempo que contempla tal obligación normativa.

Amicus Curiae

8. Conforme lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

9. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios.

II. COMPETENCIA.

10. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 94, quinto y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; 1, 2 y 3 del Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro Norte y Centro Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; 1 del Acuerdo General 1/2024, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia laboral y tienen jurisdicción territorial en este Pleno Regional.

III. LEGITIMACIÓN.

11. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III(5) de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

12. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.

13. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 175/2023.

14. Juicio de amparo. La Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra el acuerdo emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por el cual se impone multa al Ayuntamiento y ordena a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco que la haga efectiva, señalando a esta última como autoridad ejecutoria.

15. El Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, previo requerimiento, admitió la demanda de amparo indirecto (expediente 1112/2023) y requirió a las autoridades para que rindieran sus respectivos informes justificados, dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y fijó fecha para la audiencia constitucional.

16. Seguidos los trámites legales, el veinte de julio de dos mil veintitrés se celebró la audiencia de ley y en el mismo acto se dictó sentencia, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo contra los actos reclamados de las autoridades responsables, Tribunal y Oficial Mayor Notificador del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, así como de la Secretaría de la Hacienda Pública, todas del Estado de Jalisco.

17. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior determinación, la síndica, en representación del Ayuntamiento quejoso, interpuso recurso de revisión.

18. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, a quien correspondió conocer del asunto, por auto de presidencia lo admitió; en sesión de veinte de febrero de dos mil veinticuatro, resolvió modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio respecto de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado y del Oficial Mayor Notificador del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, ambos del Estado de Jalisco; y, negar el amparo al Ayuntamiento recurrente, en lo que interesa, bajo las siguientes consideraciones:

• En relación con el análisis de los agravios relacionados con el sobreseimiento decretado contra actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se calificaron de fundados y suficientes para revocar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV del propio ordenamiento aplicado a contrario sensu.

• En el caso de estudio, el juez de Distrito estimó que la determinación reclamada se trataba de un acto de carácter intraprocesal emitido en la etapa de ejecutiva, respecto de la cual no se actualizaba la excepción a la regla prevista en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, al no ser un acto autónomo a la cosa juzgada que afecta directamente algún derecho sustantivo.

• El Juez de Distrito añadió que, de conformidad con el artículo 143 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la multa impuesta debe cubrirse con recursos económicos del presupuesto de esa entidad y no con el peculio de sus integrantes.

• Luego, el juez analizó el procedimiento de ejecución de los laudos, contemplado en los artículos 140 a 143 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; razonó que sólo se permiten como medios de apremio para hacer cumplir las determinaciones del tribunal, la imposición de multa y la suspensión sin goce de sueldo; a diferencia de lo que sucede en un procedimiento laboral regido por la Ley Federal del Trabajo, en donde la ejecución forzosa de un laudo, cuando se trata de una obligación de pago en cantidad líquida, se ejecuta a través del embargo y el procedimiento de remate.

• El órgano colegiado determinó que eran fundados los agravios en los que la parte recurrente aduce que el juez de Distrito indebidamente sobreseyó en el juicio, al realizar una incorrecta interpretación de los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la aplicación inversa del diverso 107, fracciones IV y V de la propia norma general.

• Señaló que, el acto atribuido al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco –acuerdo por medio del cual se impuso una multa al Ayuntamiento de Tomatlán y sus consecuencias–, se ubica en un supuesto excepcional de procedencia del juicio de amparo, ya que si bien se emitieron en la etapa de ejecución del juicio burocrático, gozan de autonomía, porque no se dirigen a ejecutar el derecho reconocido en el fallo decisorio de la controversia, sino que pretenden vencer la contumacia del condenado a cumplir con las obligaciones reconocidas a su cargo.

• Precisó que, el procedimiento de ejecución de laudos previsto en los artículos 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, se desprende que el tribunal burocrático de Jalisco, para satisfacer la obligación de ejecutora sus laudos, podrá imponer todas las medidas que estime procedentes a las personas servidoras públicas obligadas a darles cumplimiento, incluyendo las multas y la suspensión del cargo sin goce de sueldo.

• Determinó que, eso se traduce en un medio a su alcance, tendente a vencer la renuncia o contumacia del ente obligado a brindar cumplimiento de las determinaciones; pero, no tiene como propósito definitivo ejecutar de manera directa lo sentenciado.

• Estimó que, aun cuando el Tribunal de Arbitraje y Escalafón estatal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos dictando todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, incluso para hacer cumplir sus determinaciones, lo cierto es que puede hacer uso de los medios de apremio respectivos que, en el caso, se traducen en la imposición de una sanción que va desde diez hasta cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y la suspensión en el cargo de los funcionarios por quince días sin goce de sueldo.

• Reconoció que, en relación con la imposición de ese tipo de sanciones pecuniarias por contumacia; necesariamente debe imponerse a la autoridad demandada y obligada a acatar ese fallo, quien a su vez deberá cubrir el monto con recursos del presupuesto asignado (no con el peculio de los servidores públicos que la integran), tal y como se advierte del texto del citado artículo 143 de la ley burocrática estatal.

• Estableció que, lo anterior era razón suficiente para comprender que, un cobro indebido impactaría negativamente sobre los recursos materiales de los entes públicos que poseen la calidad de autoridades demandadas, los cuales están destinados a atender necesidades de interés social, destacadamente, la prestación de servicios públicos.

• Además, señaló que la ejecución de multas sobre el patrimonio de aquéllos también podría incidir directamente en su capacidad de pago respecto de las eventuales condenas decretadas en los laudos dictados en su contra. De ahí la afectación directa e inmediata de los derechos sustantivos de la persona moral oficial quejosa.(6)

• Afirmó que, en atención a las particularidades del caso, era válido que la resolución a través de la cual individualizó la multa impuesta como medida de apremio a la parte condenada en un juicio burocrático –Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán–, derivada de un supuesto desacato, sí se traduce en un acto con el potencial suficiente para afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues deriva de un procedimiento auxiliar del procedimiento principal y, como tal, ajeno a su ejecución. Por tanto, contra dicha determinación sí procede el juicio de amparo indirecto.

• Determinó que, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo; motivo por el cual levantó el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo por el juez de Distrito y, consecuentemente, revocó la sentencia recurrida, y ante la improcedencia de reenvío, reasumió jurisdicción para dictar la sentencia.

• En el fondo del asunto, calificó de ineficaces los conceptos de violación enderezados por el Ayuntamiento constitucional quejoso, y negó el amparo.

19. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 83/2021.

20. Juicio de amparo. El Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por conducto de su síndico municipal, promovió juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el que se hace efectivo el apercibimiento, se impone multa al Ayuntamiento quejoso y ordena girar atento oficio a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, para que la haga efectiva.

21. El Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente de amparo indirecto 1504/2020. Seguido el procedimiento en todas sus instancias, el Juez de Distrito dictó sentencia el diez de marzo de dos mil veintiuno, en la que resolvió, por un lado, sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado a una de las autoridades responsables; y, por el otro, negar el amparo al Ayuntamiento quejoso.

22. Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación, el Ayuntamiento quejoso interpuso recurso de revisión.

23. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por auto de presidencia admitió y registró el medio de impugnación y, en sesión de veintitrés de junio de dos mil veintidós resolvió revocar la sentencia recurrida y, sobreseer en el juicio, al advertir de oficio una causa de improcedencia, en lo que interesa, bajo las siguientes consideraciones:

• Que de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo y 107 fracción III inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede decretar el sobreseimiento en el juicio con relación a la autoridad ordenadora y acto que a ésta se le atribuye, es decir, el acto reclamado al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, consistente en el acuerdo dictado dentro de la etapa de ejecución de un laudo en el juicio laboral, mediante el cual impone una multa al Ayuntamiento (quejoso), pues se trata de un acto contra el cual no cabe promover el amparo indirecto, sino hasta la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución.

• Estableció que, de la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se obtiene que la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente.

• Consideró que, la interpretación en sentido contrario del referido numeral, implicaría que el juicio de amparo es improcedente tratándose de actos de los tribunales del trabajo efectuados dentro del procedimiento de ejecución, que no sea aquella resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente.

• Determinó que, en el caso concreto, el acto reclamado consistente en el acuerdo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual se impuso una multa al Ayuntamiento demandado, con fundamento en los artículos 140, 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que fue emitida en la etapa de ejecución de laudo, no constituye la última resolución dictada en ese procedimiento, pues, si en el proveído la autoridad responsable impuso multa a la parte quejosa, en la etapa de ejecución del laudo, sin que el tribunal responsable haya tenido por cumplido el laudo o declarado su imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien hubiera ordenado el archivo definitivo del expediente; entonces, el juicio de amparo indirecto intentado resulta improcedente, porque dicho acto, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución del laudo.

• Precisó que, no se actualiza un caso de excepción a laregla prevista en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, puesto que no se trata de un acto autónomo a la cosa juzgada que afecte de manera directa algún derecho sustantivo, puesto que la multa se impuso al demandado, no a un ajeno, y esto significa que conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, debe cubrirse con recursos económicos del presupuesto de esa entidad y no con el peculio de sus integrantes. • Consideró que, para el efecto de establecer la trascendencia del acto reclamado en su justa dimensión, se debe atender, principalmente, a que, en los juicios laborales seguidos conforme a lo establecido en los artículos 140 a 143 de la ley burocrática estatal, los demandados tienen la calidad de patrones, cuyo origen deriva de las relaciones de trabajo burocráticas, donde las partes se ubican en un plano de coordinación y de igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos.(7)

• Estimó que, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del tribunal, consiste en dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio referidas en el artículo 143 de la ley burocrática estatal, precepto que permite, como únicos medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, la imposición de multa y la suspensión sin goce de sueldo.(8)

• Determinó que, a diferencia de lo que puede suceder en un procedimiento laboral regido por la Ley Federal del Trabajo, en donde la ejecución forzosa de un laudo, cuando se trata de una obligación de pago en cantidad líquida, se ejecuta a través del embargo, y el procedimiento de remate; no sucede lo mismo cuando se trata de los titulares que forman parte de la administración pública, sobre cuyos bienes no puede trabarse embargo.

• Precisó que, en esa entidad federativa, las multas que se imponen deben cubrirse con el presupuesto del ente público.(9)

• Determinó que, si la ejecución de un laudo tiene como propósito que las obligaciones en ella impuestas no queden de modo alguno incumplidas por la entidad pública demandada, debe hacerse uso de los medios de apremio que la autoridad laboral tiene a su alcance de manera enérgica sobre las obligadas, para que los laudos se cumplan.

• Estableció que, la multa impuesta a efecto de lograr vencer la resistencia de dar cumplimiento al laudo, constituye precisamente uno de esos instrumentos, pues es a través de su imposición que se pretende desaparecer los obstáculos que, en el caso, impiden el eficaz cumplimiento de la sentencia y, por ende, puede señalarse que la multa es una medida de apremio dirigida a que el afectado por dicha determinación, responda económicamente ante su omisión de dar cumplimiento al ordenamiento realizado por el tribunal burocrático, pues busca romper con la resistencia a brindar satisfacción de lo condenado. Tan es así que, esa multa se impone al propio demandado el que debe cubrirla con recursos económicos de su presupuesto.

• Consideró que, la regla de excepción a la procedencia del juicio de amparo contra actos de ejecución de sentencia no es aplicable al caso concreto, porque el acto reclamado de manera autónoma no puede deparar un perjuicio de manera inmediata a los derechos sustantivos, en este caso, de la parte quejosa; pues, precisamente, deberá afrontar con su patrimonio, al momento de ser requerida de la cantidad total impuesta, sin que se trate en este caso de un acto independiente a la ejecución de la sentencia, pudiéndose reparar con posterioridad, esto es, promoviendo juicio de amparo hasta la resolución definitiva que recaiga al procedimiento de ejecución del laudo.

• Determinó que, de aceptar la procedencia del juicio de amparo en contra de la imposición de la multa iría contra el espíritu del legislador que es impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de un laudo o sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, motivo por el que, consistente con las reglas que indican que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, es que debe persistir la posibilidad de que sólo proceda contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento.

• Es así, pues la multa es una de las dos únicas medidas de apremio con las que cuenta el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para hacer cumplir los laudos, por lo que, no puede desarticularse su imposición del procedimiento de ejecución, pues se corre el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de amparo.

• Estableció que, incluso, cabe considerar que, respecto de la medida consistente en la suspensión en el cargo por incumplimiento de un laudo, el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, emitió la jurisprudencia PC.III.L. J/34 L (10a.),(10) que abona a la necesidad de ubicar en la justa medida la procedencia del amparo contra los actos de ejecución del laudo.

• Consideró que, admitir la procedencia del juicio de amparo implicaría retardar o entorpecer la ejecución del laudo que constituye la verdad legal, siendo que la sociedad está interesada en que se ejecute, y ello fue lo que inspiró al legislador al limitar la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dicte la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como lo es, la imposición de la multa impuesta al recurrente.

• Señaló que, la multa como medida de apremio, no tiene autonomía propia, porque la misma constituye uno de los dos instrumentos con los que cuenta el Tribunal de Arbitraje y Escalafón para vencer la contumacia de la demandada, esto es, tiene como finalidad directa e inmediata, ejecutar el laudo dictado en el juicio natural, como así lo determinan las jurisprudencias 2a./J. 133/2008 y 2a./J. 34/2018.

• Consideró que, si cuando la entidad pública quejosa acudió en demanda de amparo, se estaba sustanciando el procedimiento de ejecución en el juicio natural, es evidente que no puede válidamente intentar la acción de amparo, sino hasta que se dicte la última resolución en esa fase, esto es, cuando se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo laudado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien, se ordene el archivo definitivo del expediente; contra lo que deberá promover la acción constitucional, pudiendo, en la misma demanda reclamar, como antes se explicó, todas las violaciones cometidas durante ese procedimiento, incluida la imposición de la multa.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN.

24. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para que se actualice la contradicción de criterios basta que exista oposición respecto de idéntico punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.(11)

25. La existencia de la contradicción no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos se opongan, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

26. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, dado que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando la postura que prevalezca sea única y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

27. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar los requisitos para la existencia de una contradicción de criterios,(12) a saber:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a idéntico tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

28. En el caso, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, considera que se cumple con los requisitos de existencia de la contradicción de criterios. A continuación, se desarrollan las razones para alcanzar dicha conclusión.

29. Primer requisito: Ejercicio in

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32672-89be5e57/amparo-indirecto-procede-contra-la-multa-impuesta-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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