RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL AMPARO DIRECTO, CONTRA LA SENTENCIA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS NO GRAVES.
AMPARO DIRECTO 211/2023. 30 DE ENERO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JESÚS DE ÁVILA HUERTA. PONENTE: GLORIA AVECIA SOLANO. SECRETARIA: ALMA ROSA ENRÍQUEZ TORRES.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.—Procedencia. En el caso, se actualiza el supuesto de procedencia previsto en la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, al tratarse de una sentencia definitiva dictada por un Tribunal Administrativo que declaró la validez de la resolución impugnada, lo que encuentra sustento en los numerales 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo.
Sin que al respecto proceda el recurso de apelación previsto por el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.
Retomando el contenido de la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 298/2015,(3) el derecho fundamental de acceso a la justicia implica que toda persona debe contar con un recurso eficaz y sencillo que pueda hacer valer en contra de violaciones a derechos humanos, el cual está consagrado en los artículos 14 y 17, de la Constitución Política del país.(4)
Ese derecho fundamental también pertenece al ámbito de protección de los preceptos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(5) el cual forma parte de los vigentes parámetros de control de regularidad constitucionales a que deben sujetarse todas las autoridades del país.(6)
En torno a esta importante prerrogativa fundamental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para garantizar el desarrollo de un recurso judicial, no es suficiente la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aun a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad.
Es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un mecanismo de disenso o de impugnación, por virtud del cual, pueda ser restituido el derecho fundamental que considera vulnerado.(7)
Al respecto, la Suprema Corte ha establecido que el contenido de este derecho consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y de promover la actividad jurisdiccional ante tribunales competentes e imparciales a fin de que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, se obtenga una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas.(8)
Asimismo, ha señalado que dicho derecho se encuentra integrado por diversos principios como son el de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita(9) y que el acceso a los tribunales no puede supeditarse a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva y carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, pues ello constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales.(10)
De esta forma, el derecho de acceso a la justicia es un mandato esencial que hace posible la protección del resto de los derechos humanos y, por ello, no puede entenderse como una garantía meramente adjetiva sino que debe ser entendido como un derecho humano en sí mismo, pues se erige en el instrumento que hace justiciables al resto de los derechos.
Es importante señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el legislador tiene un amplio margen de discrecionalidad para establecer requisitos formales o presupuestos necesarios para acceder a los recursos judiciales.(11)
Por ende, la existencia y aplicación de las causales de admisibilidad de un medio de impugnación, resultan compatibles con el derecho fundamental de acceso a la justicia, en su vertiente de contar con un recurso, mientras que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan dichos requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos.(12) Sin embargo, es muy importante destacar que dichos requisitos no pueden llegar al extremo de hacer inaccesible el recurso.
En este sentido, para que los recursos judiciales sean accesibles para los gobernados, es necesario que los requerimientos de procedencia estén regulados de tal forma que brinden certeza y seguridad jurídica.(13)
De esta manera, si la regulación procesal es arbitraria, restrictiva, incluso, regresiva en la protección de derechos humanos, podría cuestionarse la eficacia del recurso, al comprometer el acceso al mismo en favor de los gobernados.
Por otro lado, el Pleno del alto tribunal, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 11/2013(14) determinó que el derecho fundamental de acceso a la justicia conlleva a los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa previstos en la Constitución y en la ley, por lo que no basta que los medios de impugnación estén previstos legalmente, sino que se requiere que se eliminen para su admisión y tramitación cualquier cúmulo de requisitos o formalismos técnicos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo que persiguen.
Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 1080/2014,(15) determinó que la tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial.
En dicho precedente también se precisó que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.
Por ello, que los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro persona e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados.
Precisados las generalidades del derecho de acceso a la justicia, procede analizar el contenido de la causa de improcedencia examinada en las ejecutorias que contienden en esta contradicción, que es la contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
"Se exceptúa de lo anterior:
"...
"Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;"
La redacción de este precepto permite afirmar que regula el principio de definitividad que debe regir como requisito de procedencia para acceder al juicio de amparo cuando se reclaman actos jurisdiccionales, el cual exige del agotamiento de los recursos ordinarios de manera previa a promoverse la acción de amparo.
Asimismo, esta causa de improcedencia regula dos excepciones al referido principio de definitividad que tornarán potestativa la posibilidad de agotar el medio de impugnación ordinario antes de acudir al juicio de amparo:
a) Cuando para hacer valer el recurso relativo deba realizarse una interpretación adicional al contenido de la norma que regula su procedencia; o
b) Que el fundamento que prevé la procedencia al medio de impugnación sea insuficiente interponerlo.
La justificación tras las referidas excepciones al principio de definitividad cuando se reclaman actos de autoridades judiciales radica en que la exigencia de acudir a interpretaciones adicionales para hacer procedente el recurso o la falta de previsión expresa del recurso en contra de un acto constituyen circunstancias carentes de razonabilidad o proporcionalidad para acceder a los recursos, pues incumplen con el principio de interpretación estricta que favorece el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, ya que al final, no brindan certeza ni seguridad jurídica.
En esa idea, no es razonable exigir que las personas que promueven un juicio de amparo conozcan los métodos de interpretación que se obtienen de los distintos componentes de una norma para definir con certeza el recurso ordinario aplicable a un determinado acto.
En contraste, las citadas excepciones al principio de definitividad obligan a que el legislador establezca con precisión los requisitos de acceso a un específico medio de impugnación, o bien, que para identificar el recurso baste hacer una interpretación simple de la norma, como en un sentido gramatical, afirmativo o negativo.
Así, no es jurídicamente correcto exigir a la parte quejosa en un juicio de amparo que interprete en sentido amplio o restrictivo el contenido de una norma para deducir la procedencia de un recurso. Esta afirmación es congruente con el principio pro persona y pro actione para acceder a un recurso efectivo.(16)
De esta forma, la actualización de cualquiera de las dos hipótesis examinadas supondría una excepción al principio de definitividad, puesto que quien promueve un juicio de amparo no estaría obligado a interponer previamente los recursos ordinarios.
Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 102/2017 precisó que el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo también busca privilegiar el derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de adecuada defensa, al garantizar que el gobernado tenga acceso al juicio de amparo, en aquellos casos en que la legislación ordinaria no es clara y suficiente, con relación a la procedencia de un medio ordinario de defensa.(17)
Esa misma porción normativa ha sido interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la contradicción de tesis 83/2018, en el sentido de que fijar como excepción al principio de definitividad el que la norma no establezca un medio de impugnación claro y suficiente garantiza el respeto a los principios de seguridad jurídica y de acceso a la justicia.
También señaló que no se actualizan las referidas excepciones derivadas de la incertidumbre generada a partir de la falta de previsión o insuficiencia de requisitos para establecer la procedencia de un recurso cuando la Suprema Corte ya hubiera establecido en un criterio obligatorio la procedencia del medio ordinario de defensa existente en contra de un determinado acto reclamado.(18)
Ahora bien, el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, dispone:
"Artículo 96. Las sentencias definitivas podrán ser impugnadas por las partes a través del recurso de apelación, el cual tendrá por objeto modificar o revocar la sentencia impugnada. La sentencia que se dicte al resolver el recurso de apelación tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada.
"Procede el recurso de apelación:
"I. Cuando el asunto al que corresponde la sentencia impugnada sea de una cuantía determinada o determinable que exceda de setecientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
"II. Cuando el asunto sea de cuantía indeterminable;
"III. Cuando la controversia que motivó el juicio sea entre entidades públicas; y
"IV. Contra las sentencias definitivas en materia de afirmativa ficta."
El numeral antes transcrito, establece que las sentencias definitivas podrán ser impugnadas por las partes a través del recurso de apelación, el cual tendrá por objeto revocarla, modificarla o confirmarla, cuando el asunto sea de cuantía indeterminable o en el caso de que la controversia que motivó el juicio sea entre entidades públicas y contra sentencia definitivas en materia afirmativa ficta.
En el caso, el asunto no es de cuantía determinada o determinable toda vez que en la resolución definitiva que emitió el Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Jalisco, en el expediente **********, el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, determinó la responsabilidad administrativa del quejoso, ordenó su destitución en su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal por un año, confirmada por esa autoridad al resolver el recurso de revocación que interpuso el quejoso y que la Sala responsable declaró válida.
Sin embargo, no debe perderse de vista que el procedimiento seguido por las autoridades demandadas al ahora quejoso en el expediente de responsabilidad administrativa ********** se tramitó conforme lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y por la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; y el expediente ********** seguido por la Sala responsable, se tramitó Ley General de Responsabilidades Administrativas, por la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y por la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.
En el auto de admisión que dictó la Presidenta de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, en lo que interesa precisó:
"Respecto de los escritos de mérito, se tiene al citado promovente cumpliendo parcialmente la prevención efectuada, por lo que y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 118 y 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 118 y 210 de la Ley General de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, así como 1, 2, 3, 4, 5, 31, 35, 36 y 39, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, SE ADMITE A TRÁMITE la demanda interpuesta por ********** ..."
Ahora bien, el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, dispone:
"Artículo 60.
"1. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa estará facultada para conocer y resolver los recursos de Apelación en Materia de Responsabilidades Administrativas, presentados por la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior del Estado, los órganos internos de control, los responsables o los terceros interesados, para impugnar las resoluciones de las salas unitarias sobre:
"I. Los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas administrativas graves cometidas por los servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves; y
"II. Los procedimientos para fincar las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de sus entes públicos."
En ese contexto, se está en el caso de excepción a que alude el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, a la procedencia del recurso de apelación, toda vez que de estimar que procede el recurso de apelación contra la sentencia reclamada, en atención a que el asunto no es de cuantía determinada o determinable exigen acudir a interpretaciones adicionales para hacer procedente el recurso, si en cuenta se tienen que el procedimiento seguido al quejoso derivó de una responsabilidad administrativa y de conformidad con el artículo 60 transcrito, si en cuenta se tiene que éste numeral es claro al establecer que el recurso de apelación procede en un procedimiento administrativo de responsabilidad por faltas administrativas graves cometidas por los servidores públicos.
Luego, en el caso se atribuyó al quejoso una falta administrativa no grave.
De ahí que la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia reclamada en la que se declaró la validez de la resolución en la que se determinó su responsabilidad por una falta no grave requiere una interpretación adicional, y en ese sentido a fin de otorgar seguridad jurídica al ahora quejoso no está obligado a interponer el recurso de apelación, toda vez que no es jurídicamente correcto exigir al quejoso que interprete el sentido de un precepto en relación con el contenido de otro, para deducir la procedencia de un recurso contra un determinado acto no previsto como impugnable en la ley, lo que supone además un avance al principio de progresividad de las normas para acceder al servicio de administración de justicia bajo la óptica de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Certeza del acto reclamado. La existencia de la sentencia que constituye el acto reclamado se demostró con su original, la cual consta en los autos del juicio número **********, mismo que la autoridad responsable envió con su informe justificado; documentales públicas que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del último ordenamiento en cita.
CUARTO.—Legitimación. El juicio de amparo lo promovió parte legítima, toda vez que el escrito inicial de demanda aparece signado por **********, en su carácter de actor en el juicio de nulidad, que le reconoció la Sala responsable, en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en el expediente **********,(19) personería que se admite en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo vigente, que dispone:
"Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido.
"En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada.
"La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta."
Además, la sentencia reclamada le resultó desfavorable, lo que lo legitima para impugnarla.
QUINTO.—Oportunidad. La demanda de amparo se interpuso dentro del plazo de quince días que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que la sentencia que constituye el acto reclamado, se notificó a la parte quejosa por medio de boletín electrónico, el treinta de mayo de dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, (foja 407 del juicio de origen).
Así, la notificación surtió efectos al tercer día hábil siguiente; es decir, el dos de junio del citado año, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, de manera que el término de quince días que establece el numeral 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda de amparo, transcurrió del cinco al veintitrés de junio del presente año, sin contar los días diez, once, diecisiete y dieciocho del año en curso, por haber sido sábados y domingos y por ende, inhábiles de acuerdo con el numeral 19 de la Ley de Amparo.
Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es inconcuso que tal presentación se hizo en tiempo.
SEXTO.—Resulta innecesario transcribir tanto las consideraciones que sustentan el sentido de la sentencia reclamada (de la que se ordena agregar copias al expediente en que se actúa), como los conceptos de violación hechos valer, de conformidad con la tesis XVII.1o.C.T.30 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, así como por la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros respectivamente establecen: "SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA."(20)
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(21)
SÉPTIMO.—Estricto derecho.
Los conceptos de violación planteados se analizarán bajo el principio de estricto derecho, en la medida que no se actualiza alguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo para suplir su deficiencia.
En efecto, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...
"II. ... En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. ..."
Principio constitucional que aparece como una reacción al de estricto derecho, el cual rige al juicio de amparo y que consiste en que la sentencia se dicte en el juicio de amparo, esto es, el Tribunal de la Federación únicamente deberá tomar en consideración los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su demanda o los agravios expresados por el recurrente, al promover un medio de impugnación, sin poder comprender otras cuestiones que no fueron alegadas vía conceptos de violación o agravios.
Es decir, atento al estricto derecho, el juez de amparo debe concretarse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación que se expresen en la demanda, y si se trata de resolver un recurso interpuesto contra la resolución pronunciada por el juez de distrito, en que el revisor se limite a apreciar tal resolución tomando en cuenta, exclusivamente, lo argüido en los "agravios".
No podrá, entonces, el órgano de control constitucional, realizar libremente el examen del acto reclamado ni de la resolución recurrida, pues debe limitarse a establecer, respectivamente, si los citados conceptos de violación o, en su oportunidad, los agravios, son inoperantes. De manera que no estará legalmente en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por un razonamiento no expresado en la demanda; ni que la sentencia o resolución recurrida se aparta de la ley, por una consideración no aducida, ya en los conceptos de violación, ya en los agravios respectivos.
En virtud de este principio, puede ocurrir que, no obstante el acto reclamado sea notoriamente inconstitucional, se niegue la protección de la Justicia Federal solicitada, por no haberse hecho valer el razonamiento idóneo, conducente a aquella conclusión; y también que, siendo ostensiblemente ilegal la resolución recurrida, deba confirmarse por no haberse expuesto el agravio apto que condujera a su revocación.
Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 17/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA. Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado."(22)
Además, en el caso la sentencia reclamada deriva del procedimiento de responsabilidad administrativa seguido contra el quejoso como servidor público; de ahí que la suplencia de la queja es improcedente.
Al respecto resulta exactamente aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 190/2016 (10a.),(23) que dice:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo."
OCTAVO.—Antecedentes, conceptos de violación y solución al caso.
I. Antecedentes.
Del expediente ********** remitido por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierten los antecedentes siguientes:
1. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, la Directora del Jardín de Niños "Idolina Gaona Ruiz", remitió al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Jalisco, la documentación de los hechos acontecidos en ese plantel el veintitrés anterior, relativos a un "... posible caso de abuso sexual infantil" por parte de **********.
2. El treinta de octubre de dos mil dieciocho fue radicada esa denuncia con el número de expediente administrativo ********** y seguido el procedimiento la autoridad investigadora remitió al Área de Responsabilidades el Informe de Presunta Responsabilidad en el que se incluyó el acuerdo en el que se calificaron como no graves las falta administrativas atribuidas a **********.
3. El doce de septiembre de dos mil diecinueve, el Área de Responsabilidades admitió el Informe de Presunta Responsabilidad, con el que dio inicio al procedimiento administrativo **********; y seguido el procedimiento el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, emitió la resolución definitiva con los puntos resolutivos siguientes:(24)
"RESOLUTIVOS:
"PRIMERO: Por los motivos y fundamentos que han quedado debidamente establecidos a lo largo de esta resolución, se determina que **********, servidor público en la época en que acontecieron los hechos que se le atribuyen, se desempeñaba como Servidor Público de la Secretaría de Educación Jalisco, adscrito al turno vespertino del ********** con Clave de Centro de Trabajo **********, ubicado en **********; desempeñando el cargo auxiliar de servicios y mantenimiento, con la Clave Presupuestal **********; ES RESPONSABLE ADMINISTRATIVAMENTE de la imputación que en su contra realizaron **********, en su carácter de directora del ********** con Clave de Centro de Trabajo **********, **********, madre de la menor afectada ********** y **********, madre de la menor **********; toda vez que no actuó conforme a lo establecido en los artículos 47, 48 apartado 1, fracciones I, II y VIII de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, en correlación con los numerales 7 fracciones I y IV así como 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; servidor público que no observó el desempeño de su cargo, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.
"SEGUNDO: Acorde a lo señalado en el considerando último de esta resolución y a los artíc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32518-31835168/recurso-de-apelacion-previsto-en-el-articulo-96 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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