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AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA Y EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR NO SER EL IDÓNEO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 37/2016. · Registro digital (IUS): 27108
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-05-12
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Pág. 1820.

AMPARO DIRECTO 37/2016. 12 DE ENERO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MOISÉS MUÑOZ PADILLA. PONENTE: CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. SECRETARIO: ROBERTO VALENZUELA CARDONA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Procedencia.

El presente juicio de amparo, promovido en contra del auto que desechó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio administrativo, es procedente en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo,(5) ya que se trata de una resolución que, sin decidirlo en lo principal, dio por concluido el juicio.

En efecto, la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo, el acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado presidente de la Cuarta Sala Unitaria responsable, por el cual determinó no admitir el recurso de apelación promovido en contra de la sentencia de veintiuno de septiembre de ese año, en virtud de que la cuantía no excedía de setecientos días de salario mínimo, de conformidad con el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Por tanto, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el auto por el cual se desechó el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia lo dan por concluido, por lo que la sentencia dictada en el juicio natural se constituyó en definitiva para la procedencia del juicio de amparo, aun cuando se promovió el recurso de apelación y éste fue desechado.

Luego, se considera que el presente juicio de amparo promovido en contra de la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, así como del auto de cinco de octubre de ese año, por el cual se desechó el recurso de apelación intentado en su contra, es procedente.

Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de 2004, página 21, con registro digital: 180958, que a la letra dice:

"APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.-De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural."

Asimismo, cobra aplicación, por analogía sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 78/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Tomo 1, septiembre de 2012, página 428, con registro digital: 2001739, que a la letra dice:

"RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE. Acorde con los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas; ello, dada su naturaleza de medio extraordinario de defensa ante la falta de recursos ordinarios por virtud de los cuales el gobernado pueda impugnar la sentencia que le agravia. De esta manera, si el artículo 1339 del Código de Comercio, excluye la procedencia del recurso de apelación contra sentencias que decidan el juicio en lo principal, cuyo valor del negocio sea inferior a una determinada cuantía, resulta inconcuso que las emitidas en juicios ejecutivos mercantiles, que por razón de cuantía son irrecurribles, se constituyen en definitivas para efectos del juicio de amparo directo; de ahí que la circunstancia de que una de las partes interponga en su contra el recurso de apelación previsto en el citado artículo 1339 y que el Juez de la instancia determine no admitirlo, desecharlo o tenerlo por no interpuesto, no constituye un obstáculo para que, en el plazo previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo directo promovido contra dicha sentencia."

No es obstáculo a lo antes considerado, que en la ejecutoria de la cual emanó la jurisprudencia 1a./J. 78/2012 (10a.), anteriormente invocada, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal haya establecido que no era aplicable la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, de rubro: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", y en la cual este Tribunal Colegiado se apoyó para establecer la procedencia del juicio de amparo que nos ocupa, respecto del acto reclamado consistente en el auto que desechó el recurso de apelación.

Lo anterior es así, toda vez que las particularidades del caso que ahora nos ocupa, son distintas a las que acontecieron en los criterios que contendieron en la contradicción de tesis 508/2011, de la cual emanó la jurisprudencia 1a./J. 78/2012 mencionada.

Esto es así, toda vez que de los antecedentes del caso, de los considerandos relativos al estudio de la existencia de la contradicción y del que resuelve la misma, se desprende que en los criterios discordantes concurrieron las siguientes particularidades:

a) Se dictó una sentencia por un Juez de primera instancia;

b) Se promovió el recurso de apelación en su contra;

c) El Juez desechó dicho recurso, por no ser el procedente, dada la cuantía; y,

d) Se promovió el juicio de amparo en contra de la sentencia del Juez de primer grado, dentro del plazo establecido por el artículo 21 de la abrogada Ley de Amparo.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, los antecedentes revelan lo siguiente:

a) Se dictó una sentencia por una Sala Unitaria en primera instancia;

b) Se promovió el recurso de apelación en su contra;

c) La Sala emisora de la sentencia desechó dicho recurso, por no ser el procedente, dada la cuantía; y,

d) Se promovió el juicio de amparo en contra del auto que desechó el recurso y contra la sentencia de la Sala, dentro del plazo establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo.

Como puede verse, en aquellos juicios de amparo de donde emanaron los criterios contendientes, el juicio constitucional no se promovió contra el auto que desechó el recurso de apelación, sino únicamente contra la sentencia definitiva de primer grado, caso contrario al que nos ocupa, en el cual el quejoso reclamó tanto el auto que desechó el recurso, como la sentencia definitiva, lo que constituye un caso único o "sui géneris", en el que es dable estimar procedente el amparo directo en ambos casos, porque mientras el proveído de desechamiento es una resolución que puso fin al juicio, la sentencia también reclamada es definitiva y, sendas hipótesis, son susceptibles de combatirse en el juicio de garantías uniinstancial, conforme al inciso a) de la fracción III del artículo 107 constitucional,(6) y la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, página 95 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas», con registro digital: 2008791, de título, subtítulo y texto siguientes:

"TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J. 17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor."

Más aún, el presente juicio de amparo es procedente, porque el acuerdo de desechamiento de la apelación no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo,(7) sobre la procedencia del amparo indirecto, ni aun en la fracción IV que incluye a los actos de tribunales administrativos realizados después de concluido el juicio, en la medida que estando sub júdice la sentencia, no se puede decir que ya hubiera concluido el mismo; ni tampoco en la fracción V, sobre actos en juicio que afecten materialmente derechos sustantivos, porque como se advierte, sólo implicaría la transgresión de un derecho procesal, en su caso.

Por ende, la jurisprudencia 1a./J. 78/2012 (10a.) citada, no se opone para la procedencia del juicio de amparo directo en contra del desechamiento del recurso de apelación reclamado en este juicio de amparo, así como de la sentencia definitiva dictada en el juicio administrativo, en el supuesto de que concurran ambos como actos reclamados en un juicio de garantías, porque en la misma no fue materia de estudio ese caso particular; de ahí que únicamente es aplicable para establecer la procedencia del amparo directo promovido en contra de la sentencia definitiva, dictada en un juicio ejecutivo mercantil, cuando se desecha el recurso de apelación intentado en su contra y que, por razón de la cuantía, era improcedente, ya que tal situación de facto (haber intentado un recurso que se dijo no procedía), no le quita la calidad de definitiva a la sentencia.

Cabe destacar que en la propia ejecutoria de la jurisprudencia aludida, la superioridad se apoyó en lo siguiente:

"...lo jurídicamente relevante no son las situaciones de facto atribuibles a las partes en los juicios ordinarios, sino la estricta observancia y respeto al contenido de los referidos preceptos legales.

"Así, dicha interpretación, aun cuando se emitió en función de definir la prevalencia del principio de definitividad sobre las situaciones de hecho originadas por la actuación de las partes en el procedimiento ordinario, finalmente, permite establecer que la actitud procesal que asuman las partes no puede trascender sobre las reglas y principios establecidos en la ley, en este caso, la Ley de Amparo, so pena de contravenir el principio de seguridad jurídica que establece la Ley Fundamental."

En esas condiciones, se concluye que, en el caso que nos ocupa, resulta procedente el juicio de amparo directo promovido en contra del auto que desechó el recurso de apelación, así como de la sentencia que se constituyó en definitiva con motivo de ese desechamiento, a pesar de lo que sobre el recurso no idóneo se dice en la ejecutoria de la invocada contradicción de tesis, por las siguientes razones fundamentales:

1) Porque en ella, la situación de facto abordada no reunió las características específicas que sobre este asunto permean;

2) Porque partir de la afirmación de que el citado recurso no es el idóneo, por no exceder de la cuantía para su procedencia, conllevaría el estudio del fondo de la litis constitucional, dado que es justamente lo que cuestiona el quejoso en el presente juicio de amparo, por lo que arribar a la improcedencia del juicio de amparo directo partiendo de resolver el fondo del asunto, iría en contra de la petición de principio.

Máxime que las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la cual se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse, como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 135/2001, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, página 5, con registro digital: 187973, del tenor literal siguiente:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.-Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse."

3) Porque la procedencia del presente juicio de amparo tiene apoyo, también, en los principios de indivisibilidad de la demanda, concentración y expeditez o celeridad del procedimiento, establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que los actos reclamados -sentencia definitiva y auto que desechó el recurso de apelación promovido en su contra- se encuentran vinculados estrechamente y forman una unidad que no es jurídicamente conveniente desmembrar para no romper la continencia de la causa, además de que el procedimiento del amparo directo permite llevar a cabo, dentro de un mínimo de actos procesales, todas las determinaciones necesarias para resolver en forma integral la solicitud del quejoso, con el propósito de obtener la protección de la Justicia Federal; en caso contrario, se establecería la procedencia de las dos vías de impugnación a través del juicio de amparo: la del directo y la del indirecto, para el conocimiento y resolución de actos que guardan tal dependencia que lo que se resuelva respecto de uno, tiene que resolverse igualmente por lo que toca al otro, de modo que el Juez de Distrito no podría decidir algo distinto a lo que, en su caso, resuelva este Tribunal Colegiado de Circuito y, a pesar de esa circunstancia se viera constreñido a observar los trámites previstos para la sustanciación del juicio de amparo indirecto, con el consiguiente retardo en la solución integral de la controversia planteada.

Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia 2a./J. 63/97, de la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de 1997, página 295, con registro digital: 197275, de rubro y texto siguientes:

"AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO. PUEDEN SEÑALARSE COMO RESPONSABLES LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, CUANDO EL AMPARO EN SU CONTRA NO SE PROMUEVE POR VICIOS PROPIOS.-De una interpretación sistemática de los artículos 107, fracciones III, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, se advierte que el ejercicio de la acción constitucional en la vía uniinstancial, permite al quejoso impugnar la constitucionalidad de los actos de ejecución exclusivamente en vía de consecuencia, es decir, por considerar inconstitucional la resolución que pone fin al juicio, la sentencia definitiva o laudo reclamados, ya que la vinculación de causalidad jurídica tan estrecha que existe entre éstos y su ejecución, llevan a estimar que en el juicio de amparo directo sí pueden señalarse como responsables a las autoridades ejecutoras, puesto que la declaración de ser contrarios a la Carta Magna los actos de los tribunales de que se trata, igualmente comprenderá los actos de ejecución, pues serán frutos de actos viciados; interpretación que tiene apoyo también en los principios de la indivisibilidad de la demanda, de concentración, y de expeditez o celeridad del procedimiento, establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los actos reclamados se encuentran vinculados estrechamente y forman una unidad que no es jurídicamente conveniente desmembrar para no romper la continencia de la causa, además de que el procedimiento del amparo directo permite llevar a cabo, dentro de un mínimo de actos procesales, todas las determinaciones necesarias para resolver en forma integral la solicitud del quejoso con el propósito de obtener la protección de la Justicia Federal; en caso contrario, se establecería la procedencia de las dos vías de impugnación a través del juicio de amparo: la del directo y la del indirecto, para el conocimiento y resolución de actos que guardan tal dependencia que lo que se resuelva respecto de uno tiene que resolverse igualmente por lo que toca al otro, de modo que el Juez de Distrito no podría decidir algo distinto a lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia, en su caso, y a pesar de esa circunstancia se vería constreñido a observar los trámites previstos para la sustanciación del juicio de amparo indirecto, con el consiguiente retardo en la solución integral de la controversia planteada. Da igualmente apoyo a la anterior interpretación, el contenido de la fracción III del artículo 166 de la Ley de Amparo, que dice: ‘La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: ... III. La autoridad o autoridades responsables; ...’, expresión que, al estar empleada también en plural, es indicativa de que la ley de la materia no limita el señalamiento de autoridades a sólo la que emitió el laudo, sentencia o resolución definitivos, sino también permite la designación de la autoridad a quien se atribuye la ejecución de la misma, máxime que la Ley de Amparo, en el artículo 11, dispone: ‘Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.’. No es obstáculo a la consideración anterior el criterio jurisprudencial visible en la página seiscientos cincuenta y uno del Tomo I de la obra ‘Jurisprudencia por Contradicción de Tesis’, de rubro: ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA CONCEDERLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE SE SEÑALE COMO RESPONSABLE A LA AUTORIDAD ENCARGADA DE LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN.’, porque esta jurisprudencia únicamente significa que no existe obligación de señalar a las autoridades ejecutoras pues, aun cuando no se haga, de todas formas los actos de ejecución deben suspenderse; mas no puede derivarse de la misma el que si se señalan a las autoridades ejecutoras en el amparo directo éste sea improcedente, pues la procedencia del juicio de amparo directo se rige por principios independientes al trámite del incidente de suspensión."

4) Porque, como se explicó, el acto de mérito no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia del amparo indirecto establecidos en el artículo 107 de la Ley de Amparo.

En esas condiciones, se concluye que el presente juicio de amparo, promovido en contra de la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis y del auto de cinco de octubre de ese año, por el que se desechó el recurso de apelación intentado en su contra, es procedente.

QUINTO.-Sentencia y acuerdo reclamados y conceptos de violación.

Se tienen por reproducidas las consideraciones que sustentan la sentencia y el acuerdo reclamados, de los que se ordena agregar copia certificada a los presentes autos e, igualmente, se dan por copiados los conceptos de violación hechos valer en su contra, sin que para ello sea necesaria su transcripción, dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben contener las sentencias de amparo no lo prevé así, ni existe precepto legal alguno que establezca esa obligación a cargo de este Tribunal Colegiado de Circuito; además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, resulta innecesaria su transcripción, ya que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos a debate, derivados de la demanda de amparo, los cuales deben ser estudiados y dárseles respuesta, misma que debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad y constitucionalidad establecidos en el libelo relativo, sin introducir aspectos diversos a los que conforman la litis constitucional.

Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, de rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.-De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."

Asimismo, resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, la tesis XVII.1o.C.T. 30 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyo criterio se comparte, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 2115, que dice:

"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.-El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver."

SEXTO.-Estricto derecho.

Es oportuno precisar en esta ejecutoria, que en el caso opera el principio de estricto derecho, porque el asunto versa sobre una cuestión administrativa, sin que se advierta razón legal alguna para suplir la queja deficiente a favor de la parte quejosa, puesto que no se actualiza alguno de los supuestos previstos para ello en el artículo 79 de la Ley de Amparo vigente; de tal suerte que el examen de fondo correspondiente se limitará a los conceptos de violación formulados para tal efecto.

Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 17/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, octubre de 2000, página 189, que a la letra dispone:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA.-Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado."

SÉPTIMO.-Estudio de fondo.

Son parcialmente fundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, cuyo análisis se emprenderá de forma conjunta, separada o en grupos, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente.(8)

Al caso cobra aplicación la jurisprudencia (IV Región)2o. J/5 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que se comparte, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo III, abril de 2016, página 2018 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de abril de 2016 a las 10:08 horas», con registro digital: 2011406, que a la letra dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."

Previo a exponer los motivos por los cuales se califican de tal manera los conceptos de violación, es oportuno hacer una sucinta narración de los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden del juicio de nulidad número **********, remitido por la autoridad responsable y previamente valorado.

1. Mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil dieciséis, ante la Cuarta Sala Unitaria del Tri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27108-e0c3a04d/amparo-directo-en-materia-administrativa-procede-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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