INSTITUCIONES BANCARIAS. EL AJUSTE O AGREGADO A SU DENOMINACIÓN NO MODIFICA SU PERSONALIDAD JURÍDICA, POR LO QUE SU APODERADO ESTÁ LEGITIMADO PARA REPRESENTARLAS EN UN JUICIO, AUN CUANDO EL PODER SE LE HUBIERA OTORGADO CON LA ANTERIOR DENOMINACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ, MARÍA JESÚS SALCEDO, GUSTAVO GALLEGOS MORALES, DAVID GUERRERO ESPRIÚ, ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO Y JOSÉ ENCARNACIÓN AGUILAR MOYA. PONENTE: DAVID GUERRERO ESPRIÚ. SECRETARIO: FÉLIX ARTURO CASTILLO RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por dos Tribunales Colegiados de este Circuito; lugar donde este Pleno de Circuito ejerce jurisdicción.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, el cual dispone que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, ante los Plenos de Circuito, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y dicho órgano colegiado resolvió el amparo directo civil **********, que contiende en la presente contradicción de tesis.
TERCERO.-En principio se debe precisar la materia de la presente contradicción de tesis, para lo cual resulta necesario reseñar brevemente las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
1. El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo civil ********** de su índice estadístico, sostuvo esencialmente el criterio de que el tema de la incorporación a un grupo financiero sí debe dilucidarse en el asunto que nos ocupa, como lo hizo la responsable, toda vez que el ajuste de denominación del banco actor, surgió precisamente con motivo del diverso ajuste de la denominación del grupo financiero al que pertenece (al agregarse al final únicamente la palabra "México") como se puede corroborar con la lectura de la escritura pública **********, folio **********, libro **********, de dieciocho de octubre de dos mil doce.
Que debe partirse del hecho de que el banco actor ajustó su denominación agregando la palabra "México" en razón del cambio de denominación del grupo financiero al que pertenece.
Asimismo, señaló el Quinto Tribunal Colegiado, que al tratarse el banco actor de una entidad financiera, de conformidad con el artículo 13, fracción II, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, puede usar su denominación igual a la que se identifica frente al público como integrante de un mismo grupo financiero, o bien, conservar la denominación que tenía antes de formar parte de dicho grupo financiero, ya que la incorporación de una institución de crédito a un grupo financiero no genera su extinción como persona moral con autonomía jurídica respecto de la del propio grupo, ya que mantiene su denominación sin alterar el tipo de sociedad originalmente elegido, agregando únicamente las palabras "Grupo Financiero", acompañadas del nombre de éste.
El hecho de que el banco actor que pertenece a un grupo financiero, haya añadido a su denominación original **********, la palabra "MÉXICO" al final, no genera su inexistencia ni la extinción de su personalidad jurídica; pues decir lo contrario sería confundir la figura de la "fusión" con la de la "incorporación", siendo que esta última se caracteriza por ser una asociación de entes que conservan su identidad, individualidad y forma original de constitución, quedando por ello intacta también su personalidad jurídica.
Estimó que el hecho de que la institución bancaria actora se encuentre incorporada a un grupo financiero, como lo es ********** no significa que se modifique su personalidad jurídica cada vez que el mencionado grupo financiero ajuste su denominación; por tanto, la resolución judicial que tiene por acreditada la personalidad del representante legal de una institución bancaria afiliada a una agrupación financiera, con base en el mandato otorgado por dicha institución, resulta válida.
En tal sentido, coincidió con la apreciación de la autoridad responsable, en cuanto a que el ajuste del banco actor -con motivo del diverso ajuste de denominación del grupo financiero al que pertenece-, contrario a lo indicado por los codemandados, no provoca la existencia de dos instituciones de crédito distintas, por lo que, consideró legal la determinación de la Juez de origen en cuanto a que: al no advertirse de autos que haya sido revocado el mandato aportado por **********, entonces, resulta eficaz para representar en juicio a la institución bancaria titular de los derechos derivados del contrato de crédito en cuenta corriente (Crédito Ágil) celebrado por ********** ahora **********, **********, y **********, como obligada principal y ********** como obligado solidario.
Derivado de lo anterior, que en el caso concreto, no resultaba necesario que el poder otorgado por el banco actor, hubiera sido ratificado, como lo alegó la parte quejosa, aun y cuando la demanda haya sido presentada con posterioridad a que el grupo financiero al que pertenece haya ajustado su denominación, ya que como quedó dilucidado, se trata de la misma entidad financiera quien conserva la titularidad del derecho para reclamar lo que se le adeuda.
2. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo civil **********, determinó que la calificativa de la excepción de falta de legitimación activa "ad causam" fue ilegal, puesto que no se acreditó la verdadera identidad de la parte actora y de su legítimo representante, tomando como base que a la data de presentación de la demanda ya se había materializado el cambio de denominación de la parte actora, todo lo cual debió apreciar la autoridad responsable.
Agregó que desde la ejecutoria emitida en el amparo directo ********** del índice de ese órgano de amparo, se había trazado esa directriz al destacarse un vicio de incongruencia en el fallo génesis de aquél controvertido, puesto que en aquel resolvió que se transgredían los derechos fundamentales de la quejosa, por:
"En la misma dirección, expresa que no es válido que el apoderado legal del demandante **********, tenga legitimidad para representar a la moral enunciada en primer término, cuando el poder que exhibió al juicio sólo lo autoriza para representar a la institución referida en segundo lugar, y dado que el cambio de denominación o razón social de una persona moral no es un hecho notorio, correspondía al accionante mencionar en los hechos de su demanda el aludido cambio de denominación y, además, exhibir los documentos necesarios para acreditar su legitimación..."
CUARTO.-Sentado lo anterior, se concluye que la materia de la presente contradicción de tesis, consiste en determinar si la parte actora en el juicio de origen cuenta o no con legitimación para demandar el adeudo reclamado.
QUINTO.-En el caso sí existe la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Quinto y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Décimo Quinto Circuito; presupuesto necesario para estar en condiciones de resolver cuál de las posturas jurídicas contendientes debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, o si debe adoptarse una postura jurídica que se incline a alguno de los criterios contendientes, pero con nuevos o diversos elementos.
En efecto, como se estableció en el considerando quinto de esta resolución, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, se deben reunir las siguientes condicionantes:
a) En las resoluciones respectivas, debe existir un pronunciamiento respecto de situaciones jurídicas esencialmente iguales; es decir, que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho y que lo afirmado en una se haya negado en la otra, o viceversa.
b) No se requiere que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas.
c) Es necesario que los Tribunales Colegiados contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que sea.
d) En los ejercicios interpretativos respectivos, debe encontrarse al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
e) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
f) Aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia.
Apoya lo anterior, lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, publicada en la página 7 del Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 164120, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.", así como en la tesis aislada P. XLVII/2009, publicada en la página 67 del Tomo XXX, correspondiente al mes de julio de dos mil nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 166996, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."; cuyo texto resulta innecesario reproducir, pues ya fue transcrito en párrafos anteriores.
Asimismo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 77 del Tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 189998, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo 'tesis' que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
Así como la tesis de jurisprudencia 2a./J. 94/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319 del Tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 190917, que dispone:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
En el caso, los órganos colegiados de circuito contendientes analizaron similares cuestiones jurídicas, a saber: si la parte actora en el juicio de origen cuenta o no con legitimación para demandar el adeudo reclamado.
Ahora, para evidenciar las discrepancias de criterios entre los órganos contendientes, conviene precisar las cuestiones jurídicas abordadas por ellos y las conclusiones a las que arribaron.
En esta línea de argumentos se destaca que, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo civil **********, determinó lo siguiente:
Que el tema de la incorporación a un grupo financiero sí debe dilucidarse, toda vez que el ajuste de denominación del banco actor, surgió precisamente con motivo del diverso ajuste de la denominación del grupo financiero al que pertenece (al agregarse al final únicamente la palabra "México").
Debe partirse del hecho de que el banco actor ajustó su denominación agregando la palabra "México" en razón del cambio de denominación del grupo financiero al que pertenece.
Que, al tratarse el banco actor de una entidad financiera, de conformidad con el artículo 13, fracción II, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, puede usar su denominación igual a la que se identifica frente al público como integrante de un mismo Grupo Financiero, o bien, conservar la denominación que tenía antes de formar parte de dicho Grupo Financiero.
Para tal efecto, citó el referido numeral, el cual establece lo siguiente:
"Artículo 13. Las entidades financieras integrantes de un Grupo Financiero podrán:
"I. Actuar de manera conjunta frente al público, ofrecer servicios complementarios y ostentarse como integrantes del Grupo Financiero de que se trate.
"II. Usar denominaciones iguales o semejantes que los identifiquen frente al público como integrantes de un mismo Grupo Financiero, o bien, conservar la denominación que tenían antes de formar parte de dicho Grupo Financiero. En todo caso deberán añadirle las palabras Grupo Financiero y la denominación del mismo.
"III. Llevar a cabo operaciones..."
Con apoyo en lo anterior, estimó que la incorporación de una institución de crédito a un grupo financiero no genera su extinción como persona moral con autonomía jurídica respecto de la del propio grupo, ya que mantiene su denominación sin alterar el tipo de sociedad originalmente elegido, agregando únicamente las palabras "Grupo Financiero", acompañadas del nombre de éste.
Agregó que, el hecho de que el banco actor que pertenece a un grupo financiero, haya añadido a su denominación original **********, la palabra "MÉXICO" al final, no genera su inexistencia ni la extinción de su personalidad jurídica; pues decir lo contrario sería confundir la figura de la "fusión" con la de la "incorporación", siendo que esta última se caracteriza por ser una asociación de entes que conservan su identidad, individualidad y forma original de constitución, quedando por ello intacta también su personalidad jurídica.
El Tribunal colegiado compartió por identidad jurídica, la tesis XII.2o.24 C, «Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, página 499» de la Novena Época, con número de registro digital: 197460, cuyos rubro y texto son:
"PERSONALIDAD JURÍDICA, LA INCORPORACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO A UN GRUPO FINANCIERO NO PROVOCA LA EXTINCIÓN DE LA.-Conforme a los artículos 222 a 226 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la fusión es un contrato corporativo a través del cual se transmite tanto el activo como el pasivo de la o las sociedades fusionadas para incorporarse a otra ya existente llamada fusionante, o bien, para integrar y constituir una sociedad nueva, pues según el precepto 224, párrafo tercero, de la citada ley, al llevarse a cabo la fusión, la sociedad que subsista, o la que resultare de esa operación, tomará a su cargo los derechos y obligaciones de las sociedades que se extingan con ella, conservando su personalidad la entidad fusionante, en cuyo caso será posteriormente la única titular de los derechos y obligaciones de la fusionada y, desde luego, de los que constituían su propio patrimonio; en el caso de que resultare de la fusión una sociedad nueva, ésta tendrá personalidad distinta de las fusionadas. En cambio, de acuerdo con lo establecido por los artículos 8o., fracción II, 10 y 11 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la incorporación de una institución de crédito a un grupo financiero no genera la extinción de la misma como persona moral con autonomía jurídica respecto de la del propio grupo, ya que el ente incorporado no pierde su personalidad por cuanto que conserva, aunque limitado a la supervisión de la controladora, su patrimonio y, asimismo, mantiene su denominación sin alterar el tipo de sociedad originalmente elegido, agregando únicamente a aquéllas las palabras "Grupo Financiero", acompañadas del nombre de éste. Por tanto, el hecho de que Bancomer, Sociedad Anónima se hubiere incorporado a un grupo financiero, añadiendo a su denominación original "Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero", no genera su inexistencia y, por ende, la extinción de su personalidad jurídica; opinar lo contrario sería confundir la fusión con la incorporación, pues esta última se caracteriza por ser una asociación de entes que conservan su identidad, individualidad y forma original de constitución, quedando por ello intacta también su personalidad jurídica."
A las anteriores determinaciones, arribó con sustento en las consideraciones torales siguientes:
Que el hecho de que la institución bancaria actora se encuentre incorporada a un grupo financiero, como lo es ********** no significa que se modifique su personalidad jurídica cada vez que el mencionado grupo financiero ajuste su denominación; por tanto, la resolución judicial que tiene por acreditada la personalidad del representante legal de una institución bancaria afiliada a una agrupación financiera, con base en el mandato otorgado por dicha institución, resulta válida.
En cuanto a que el ajuste del banco actor -con motivo del diverso ajuste de denominación del grupo financiero al que pertenece-, contrario a lo indicado por los codemandados, no provoca la existencia de dos instituciones de crédito distintas:
1. **********, y
2. **********.
Que se considera legal la consideración de la Juez en cuanto a que: al no advertirse de autos que haya sido revocado el mandato aportado por **********, por lo que, resulta eficaz para representar en juicio a la institución bancaria titular de los derechos derivados del contrato de crédito en cuenta corriente (Crédito Ágil) celebrado por ********** ahora **********, **********, y **********, como obligada principal y ********** como obligado solidario.
Que si a la fecha de la presentación de la demanda ya se había dado el ajuste o cambio de denominación del grupo financiero al que pertenece la moral actora (lo cual a su vez generó el diverso ajuste), ésta pudo haber iniciado su reclamo con la nueva denominación, también lo es que el no haberlo hecho así, no significa que se trate de un sujeto de derecho distinto, como la misma quejosa lo reconoce, y como consecuencia de ello, sigue conservando su personalidad y, por ende, su derecho a reclamar lo que se le adeuda, además de que tal situación no generó la imposibilidad de identificar de manera indubitable a la institución bancaria actora, y sin que resulte cierto que el banco actor "dejó de existir", sólo por haber agregado el ajuste (palabra México) a la denominación del grupo financiero al que pertenece (Grupo financiero ********** "México").
Por lo que, no resultaba necesario que el poder otorgado por el banco actor, hubiera sido ratificado, como alega la parte quejosa, aun y cuando la demanda haya sido presentada con posterioridad a que el grupo financiero al que pertenece haya ajustado su denominación, ya que como quedó dilucidado, se trata de la misma entidad financiera quien conserva la titularidad del derecho para reclamar lo que se le adeuda.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo civil **********, sostuvo lo siguiente:
Que a fin de justificar su representación de apoderado legal de la demandante, **********, exhibió copia certificada del testimonio notarial ********** del libro **********, de fecha diecinueve de febrero de dos mil nueve, donde consta que Banco ********** (México), ********** otorgó entre otros al antes mencionado, poder con las facultades y limitación a que se refiere el inciso treinta y uno de la resolución vigésima sexta, tomada al desahogarse el vigésimo tercer punto del orden del día de la sesión del consejo de administración (fojas 70 a 89 del sumario de origen).
Que si bien es cierto que la responsable concluyó que el cambio de razón social del actor no generó un sujeto distinto de derecho, sobre lo cual se encuentra de acuerdo la impetrante; sin embargo, tal consideración sí trastocó sus derechos fundamentales, en razón de que se afirmó que era eficaz el documento aportado en el juicio por el licenciado **********, para acreditar la representación de la moral actora Banco ********** (México) **********, bajo la consideración de que la incorporación de la institución bancaria que representa, a un determinado grupo financiero, no modifica su personalidad jurídica, aunado a que no se advertía que le haya sido revocado el mandato conferido.
Resulta ilegal tal conclusión, dado que como se alegó por la solicitante del amparo, a la fecha de presentación de la demanda dicha persona moral ya había cambiado de denominación por lo que, en todo caso, debió de acreditar la accionante el aludido cambio de denominación y, aportar los documentos necesarios para acreditar la representación de la persona moral en su denominación correcta.
Lo anterior, pues tal circunstancia no constituye un hecho notorio, y por ello, es carga procesal del activo procesal acreditar esa representación, a fin de dar seguridad jurídica a las partes contra las que se promueve un juicio.
Por tal razón, es que a juicio de ese órgano de control constitucional, quedó de relieve que la calificativa de la excepción de falta de legitimación activa "ad causam" fue ilegal, pues no se acreditó la verdadera identidad de la parte actora y de su legítimo representante, tomando como base que a la data de presentación de la demanda ya se había materializado el cambio de denominación de la parte actora, todo lo cual, debió apreciar la autoridad responsable.
Consideró aplicable el criterio «X.1o.50 C» del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que este establece:
"RAZÓN SOCIAL, CAMBIO DE. EL APODERADO GENERAL SÓLO PUEDE PROMOVER CON LA QUE APAREZCA EN EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA PERSONA MORAL QUE REPRESENTA.-De acuerdo con el artículo 6o., fracción III, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la escritura constitutiva de una sociedad debe contener su razón social o denominación, ya que la misma constituye un requisito indispensable para su constitución, por ser el medio idóneo para identificarla y para evitar confusiones con otras sociedades; tan es así que el nombre, cuyo uso exclusivo queda reservado a la persona moral que lo ostenta, no puede ser otro más que el autorizado y reconocido oficialmente por la autoridad competente (Secretaría de Relaciones Exteriores, fracción V del artículo 28, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal); por lo que si el apoderado general de una persona moral se ostenta con tal carácter al promover el juicio de garantías, con base en constancias notariales de las que se advierte que por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (órgano supremo de la sociedad) se tuvo por modificada la denominación social de la persona moral que representa, es claro que prácticamente quedó desautorizado por la propia asamblea para hacer uso de la razón social anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 178 y 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y por consiguiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores; por tanto, como el juicio constitucional no es el medio para constituir derechos y obligaciones ni otorgar facultades de representación a quien pretende hacer valer gestiones en nombre de otro, máxime tratándose de sociedades mercantiles, es incuestionable que dada la falta de legitimación procesal activa del promovente deviene imposible identificar de manera indubitable al sujeto de derecho realmente agraviado, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 4o. y 116, fracción I, del mismo ordenamiento."
Agregó que desde la ejecutoria emitida en el amparo directo ********** del índice de ese órgano de amparo, se había trazado esa directriz al destacarse un vicio de incongruencia en el fallo génesis de aquel controvertido, puesto que en aquel resolvió que se transgredían los derechos fundamentales de la quejosa, por:
"...En la misma dirección, expresa que no es válido que el apoderado legal del demandante **********, tenga legitimidad para representar a la moral enunciada en primer término, cuando el poder que exhibió al juicio sólo lo autoriza para representar a la institución referida en segundo lugar, y dado que el cambio de denominación o razón social de una persona moral no es un hecho notorio, correspondía al accionante mencionar en los hechos de su demanda el aludido cambio de denominación y, además, exhibir los documentos necesarios para acreditar su legitimación..."
De la síntesis de las posturas fijadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver los juicios de amparo directos civiles mencionados, se advierte que ambos se pronunciaron sobre un mismo punto de derecho y adoptaron criterios discrepantes, en lo relativo a si la parte actora en el juicio de origen cuenta o no con legitimación para demandar el adeudo reclamado.
Es así, ya que el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió que el ajuste de la Institución bancaria Banco ********** (México) ********** a Institución bancaria Banco ********** (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, **********, no significa que se trate de un sujeto de derecho distinto, por lo que sigue conservando su personalidad y, por ende, su derecho a reclamar en el juicio de origen lo que se le adeuda, porque además, con ese ajuste no se generó la imposibilidad de identificar de manera indubitable a la institución bancaria en su carácter de parte actora en el juicio natural, sin que resulte cierto que el banco actor dejó de existir, sólo por haber agregado el ajuste (palabra México) a la denominación del grupo financiero al que pertenece (**********).
En esa tesitura, no resultaba necesario que el poder otorgado por el banco actor, hubiera sido ratificado, aun y cuando la demanda haya sido presentada con posterioridad a que el grupo financiero al que pertenece haya ajustado su denominación, ya que se trata de la misma entidad financiera quien conserva la titularidad del derecho para reclamar en juicio lo que se le adeuda; de ahí que no exista falta de legitimación tanto del banco actor como de su apoderado; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito estimó que cuando la institución bancaria presentó su demanda par
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27500-6f565396/instituciones-bancarias-el-ajuste-o-agregado-a-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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