DOCUMENTOS CERTIFICADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DEBEN SER EXPEDIDOS POR FUNCIONARIO AUTORIZADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA CON NOMBRAMIENTO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO Y NO POR APODERADO LEGAL, EN VIRTUD DE QUE NO REÚNE LAS EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY CITADA. TIRAS AUDITORAS CERTIFICADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUANDO SE EXHIBEN EN JUICIO DICHOS REGISTROS ELECTRÓNICOS DEBEN ACOMPAÑARSE CON EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD Y LAS FACULTADES DEL FUNCIONARIO QUE LAS CERTIFICA.
DOCUMENTOS CERTIFICADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DEBEN SER EXPEDIDOS POR FUNCIONARIO AUTORIZADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA CON NOMBRAMIENTO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO Y NO POR APODERADO LEGAL, EN VIRTUD DE QUE NO REÚNE LAS EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY CITADA.
TIRAS AUDITORAS CERTIFICADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUANDO SE EXHIBEN EN JUICIO DICHOS REGISTROS ELECTRÓNICOS DEBEN ACOMPAÑARSE CON EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD Y LAS FACULTADES DEL FUNCIONARIO QUE LAS CERTIFICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA, ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, IRMA RODRÍGUEZ FRANCO, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, BENITO ALVA ZENTENO Y GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES. DISIDENTE: DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. SECRETARIA: CINTHIA MONSERRAT ORTEGA MONDRAGÓN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una contradicción de criterios en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegiados de este Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la denuncia fue formulada por **********, apoderado general de ********** Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, quien fue parte tercero interesada y quejosa en los juicios de amparo directo 824/2016 y 122/2017 del índice de los Tribunales Colegiados Sexto y Séptimo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, fallados el veintiséis de enero y veinte de abril de dos mil diecisiete, respectivamente, criterios que son materia de la presente contradicción.
TERCERO.-Posturas contendientes de los Tribunales Colegiados Sexto y Séptimo en Materia Civil del Primer Circuito.
I. Postura del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 824/2016.
"VI. Los conceptos de violación son infundados, de acuerdo a las consideraciones siguientes:
"En efecto, la impetrante de garantías afirma:
"1. Que se violó en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, así como los numerales 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que el a quo se basó en copias simples de tiras auditoras respecto a cincuenta y siete cargos no reconocidos, siendo que eran insuficientes para acreditar la autorización de la parte quejosa respecto de las operaciones en cajero automático.
"2. Aduce, que lo anterior es así, en virtud de que el Juez Federal pretendió justificar la improcedencia de los cincuenta y siete cargos por cajero automático que la demandada realizó con cargo a su cuenta, para lo cual la institución crediticia exhibió copias certificadas por funcionario del banco demandado, en términos de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito.
"3. Argumenta, que de la leyenda de la certificación de dichas tiras auditoras, se aprecia que ********** y **********, afirman estar facultados para certificar documentos de **********, Sociedad Anónima con base en diversas escrituras; sin embargo no se acompañan tales instrumentos, por lo que al certificar un tercero, éste tiene la carga de la prueba de acreditar su personalidad, agregando el original del instrumento que lo faculta o certificando una copia de dicho poder, por ende, el Juez de Distrito no debió otorgarles pleno valor probatorio.
"4. Refiere, que no obstante que el a quo federal manifestó que las tiras auditoras eran documentos para resolver la litis, lo cierto es que ello no le autorizaba a otorgarles valor probatorio a unas copias que nunca se demostró que fueran certificadas, por lo que carecen de valor probatorio al no estar adminiculadas con otras probanzas para su perfeccionamiento.
"5. Expresa, que las copias objetadas carecen de valor probatorio y por ende, es evidente que la parte enjuiciada no acreditó su excepción, pues las tiras auditoras no fueron exhibidas en original o copia debidamente certificada, por lo que el Juez Federal debió declarar la procedencia de su acción, pues al banco le correspondía dicha carga probatoria.
"6. Manifiesta, que del contenido de las tiras auditoras en un setenta por ciento vienen en idioma extranjero, por lo que era obligación de la parte demandada anexar la traducción correspondiente, requisito exigido en los juicios de naturaleza mercantil, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1055, fracción II, del Código de Comercio, por lo que el análisis de dichas documentales debía realizarse de manera integral, por lo que el a quo federal no debió otorgarles valor probatorio.
"Que del contenido de las tiras auditoras no se desprende que la operación se hubiese realizado con la terminación del número de la tarjeta ‘7848’, ni que en idioma español se hubiese ingresado el número de identificación personal.
"Los precedentes motivos de disenso son infundados, con base en lo que a continuación se expone:
"Al respecto, el Juez Federal para otorgarles valor probatorio pleno a las tiras auditoras medularmente decidió:
"• Que de las tiras auditoras exhibidas por la demandada, se advertían los datos necesarios para justificar la realización de las disposiciones por parte de la actora, así de manera ejemplificativa tomó como referencia la tira auditora de seis de marzo de dos mil trece, de la que se desprende esa fecha; hora ‘17:17’ y lugar, Venustiano Carranza, en que se encuentra el cajero automático; el ingreso de la tarjeta a las ‘17:17:31’ el ingreso del número de identificación personal, con número de identificación de operación **********, número de folio 6400, de la cuenta con terminación ‘7848’, con saldo de ‘$19,942.73 (diecinueve mil novecientos cuarenta y dos 73/100 moneda nacional)’; posteriormente el retiro de la cantidad de ‘$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional)’, quedando un saldo de ‘$14,942.73 (catorce mil novecientos cuarenta y dos pesos 73/100 moneda nacional)’.
"• Que como podía advertirse, en la tira auditora se refleja la operación relativa al retiro en cajero automático, realizada el seis de marzo de dos mil trece, efectuada con la tarjeta número terminación ‘7848’; registrándose el número de la tarjeta, así como que se ingresó el ‘Nip’, con lo que se demuestra que esa transacción fue autorizada por la parte actora, al ingresar la tarjeta y el número de identificación personal (Nip o Pin), pues constituye un acceso personalizado a esos medios expresados a través de cifras, signos códigos, barras u otros atributos numéricos que permiten asegurar la procedencia y veracidad de su autoría, que constituye un medio de identificación del usuario y es la base para determinar la responsabilidad correspondiente a su uso.
"• Que de la misma forma se encuentran estructuradas las cincuenta y siete tiras auditoras exhibidas por la demandada, entonces, tales documentos son eficaces para justificar que existió el consentimiento del cuentahabiente para disponer de los recursos de la cuenta, puesto que de conformidad con lo previsto por el artículo 52, párrafo noveno, de la Ley de Instituciones de Crédito, el uso de los medios de identificación para realizar operaciones a través de medios electrónicos, en sustitución de la firma autógrafa, produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tienen el mismo valor probatorio.
"Aseveraciones del Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que se encuentran apegadas a derecho.
"Lo anterior es así, porque tratándose de disposiciones en efectivo de cajeros automatizados, cuyos cargos se realizan a la cuenta de los tarjetahabientes, corresponde a las instituciones crediticias acreditar que aquellas existieron y una vez que ello ocurre, corre a cargo del propio cuentahabiente demostrar que ese retiro no fue realizado por él, no extendiera su consentimiento para tal efecto, o se realizara con diverso instrumento.
"Ahora bien, respecto al tráfico de transacciones bancarias, las instituciones financieras han adoptado un sistema de tarjetas, esto es, un instrumento plástico con un chip que contiene información física y electrónica que identifica a la entidad emisora, al afiliado autorizado para emplearla, los recursos con que cuente este último, ya sean propios que tenga disponibles en su cuenta de débito o los de la institución financiera de los cuales se hace cargo y luego cobra al cliente a cambio del cobro de un interés (crédito), el periodo temporal en el que ese instrumento mantendrá su vigencia y la firma del portador legítimo; dicho instrumento es empleado con la finalidad de que el tarjetahabiente pueda extraer dinero de máquinas habilitadas para ello, con un número de identificación personal (Nip o Pin), o para efectuar operaciones mercantiles con los comercios que cuenten con los medios electrónicos pertinentes.
"Así, al ser los tarjetahabientes responsables del uso que se otorgue a dichos instrumentos plásticos, tienen la responsabilidad de no extenderlo a terceras personas, ni revelar el número de identificación personal (Nip o Pin), que le fue asignado para tal efecto; pues a diferencia de las compras efectuadas en las que debe mediar la firma del titular, en las disposiciones que se realizan en los cajeros automáticos como retiros en efectivo, puede darse el caso de que exista el consentimiento del cliente, que una persona ajena a la relación contractual entre él y el banco, se le permita realizar determinada operación bancaria; la cual por ese solo hecho, no la anula.
"Partiendo de lo anterior, las sesenta y tres disposiciones en efectivo que reclama la parte enjuiciante, derivaron de los retiros realizados por el uso de la tarjeta de débito **********, en cajero automático.
"Luego, de las cincuenta y siete tiras auditoras que exhibió la parte enjuiciada, al final de dichos documentos se desprende la certificación por funcionario autorizado de la institución crediticia, en donde constan dichas operaciones, mismas que se relacionan con la aceptación de dichos documentos por parte del tarjetahabiente; asimismo, respecto a dichas documentales, este órgano colegiado no advierte error en su redacción u operativa, de la que se advierta que esas disposiciones en efectivo no fueran efectuadas con la tarjeta bancaria de la aquí actora o con diverso instrumento; tan es así, que no objetó la operación que les dio origen, porque indica que no la realizó, es por ello, que le corresponde demostrarlo.
"Al efecto, los artículos 99 y 100 de la Ley de Instituciones de Crédito disponen:
"‘Artículo 99.’ (se transcribe)
"‘Artículo 100.’ (se transcribe)
"El contenido literal de los preceptos transcritos, se advierte que establecen la obligación para la institución de crédito de registrar en su contabilidad todo acto o contrato que signifique variación en el activo o en el pasivo el mismo día en que se efectúen y, además, la de conservar la contabilidad, los libros y documentos correspondientes por el plazo que señalen las disposiciones de carácter general que dicte la Comisión Nacional Bancaria.
"Asimismo, se establece que las instituciones de crédito podrán microfilmar o grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio que les autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los libros, registros y documentos en general, que obren en su poder, relacionados con los actos de la propia institución, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación o la grabación en discos ópticos, su manejo y conservación, establezcan las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
"Por tanto, se reconoce que los documentos obtenidos de los negativos originales de cámara, por el sistema de microfilmación y las imágenes extraídas por el sistema de discos ópticos y cualquier otro medio autorizado por la autoridad competente y sus impresiones obtenidas de dichos sistemas o medios, cuando cuentan con la certificación del funcionario autorizado de la institución, tienen el mismo valor probatorio que su fuente.
"Ahora bien, para determinar su valor probatorio resulta necesario destacar que el artículo 6o. de la Ley de Instituciones de Crédito señala que en lo no previsto por dicha ley y por la Ley Orgánica del Banco de México, a las instituciones de banca múltiple se les aplicarán en el orden, la legislación mercantil; los usos y prácticas bancarios y mercantiles; el Código Civil para la Ciudad de México, y el Código Fiscal de la Federación, para efectos de las notificaciones y los recursos a que se refieren los artículos 25 y 110 de la Ley de Instituciones de Crédito.
"Sobre esa base, en términos del artículo 1205 del Código de Comercio, son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos y, por tanto, serán tomadas en cuenta, entre otras, las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial y en general cualquier otra similar y objeto que sirva para averiguar la verdad.
"Luego, las impresiones obtenidas por los bancos, cuando cuentan con la certificación del funcionario autorizado de la institución, aunque en principio no pueden ser equiparados a un documento en sentido estricto, por disposición del legislador, sí pueden ser equiparados en cuanto a su valor probatorio a los libros, registros y documentos microfilmados o grabados en discos ópticos, o conservados a través de cualquier otro medio autorizado.
"Así las cosas, cuando los documentos así obtenidos provienen de la reproducción de libros contables tienen la misma fuerza probatoria que los originales de estos últimos, por lo que es menester recurrir, en primer lugar, a la legislación mercantil para determinar cuál será su valor en el proceso.
"En ese sentido, el artículo 1295 del Código de Comercio dispone ciertas reglas para graduar la fuerza probatoria de los libros de los comerciantes, que se refieren a que éstos probaran contra ellos, sin admitirse prueba en contrario, pero el adversario no podrá aceptar los asientos que le sean favorables y desechar los que le perjudiquen, sino que al aceptar este medio de prueba, queda sujeto al resultado que arroje en su conjunto, tomando en consideración todos los asientos relacionados con la cuestión controvertida (fracción I); si en los asientos de los libros llevados por dos comerciantes no hubiere conformidad, y los de uno se hubieren llevado con todas las formalidades mientras que los del otro adolecieren de cualquier defecto o le faltare algún requisito exigido por el código, los del primero harán fe contra los de los defectuosos, salvo que se pruebe lo contrario por otras pruebas admisibles (fracción II); si uno de los comerciantes no presentare sus libros o manifestare no tenerlos, harán fe contra él los de su adversario, llevados con todas las formalidades, salvo que se demuestre su carencia por fuerza mayor y prueba en contra de los asientos exhibidos por otros medios de prueba (fracción III); y, si los libros de los comerciantes tuvieren todos los requisitos legales y fueren contradictorios, el tribunal juzgará por las demás probanzas, según las reglas generales del derecho.
"Las reglas antes precisadas fueron establecidas por el legislador para que operaran en los conflictos habidos entre comerciantes y, sobre ese supuesto se graduó la fuerza de los libros contables y las operaciones relacionados con aquéllos. Sobre el particular resulta aplicable la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 1416, Tomo LIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto indican:
"‘LIBROS DE LOS COMERCIANTES.’ (se transcribe)
"Las instituciones de crédito participan en forma genérica de la calidad de comerciantes y en principio, los asientos de sus libros contables pueden trascender con su eficacia probatoria a terceros, a menos que éstos demuestren que no son llevados con arreglo a la ley, por no observarse el orden cronológico en que se van asentando las operaciones o porque no se da cumplimiento de las formalidades legales respectivas; de otro modo debe presumirse que los datos que provienen de las instituciones de crédito corresponde cabalmente a las constancias que en ellos figuran y corresponden a la realidad, dado que prestan un servicio público y deben garantizar el uso de sanas prácticas bancarias de todos los usuarios de los servicios bancarios y que no tienen ningún interés en favorecer a una de las partes en el juicio.
"En efecto, las instituciones de crédito conforme al artículo 46, fracción I, de la ley que las regula, están autorizadas para recibir depósitos bancarios de dinero, en sus modalidades diversas (a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso) y tales operaciones deben realizarlas, según lo previene el artículo 77 del mismo ordenamiento, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables y con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de esas operaciones y procuren la adecuada atención a los usuarios de tales servicios.
"Asimismo, como se exige que toda operación que realice la institución bancaria se registre en su contabilidad el mismo día que se efectúe, cuando es resguardada mediante el sistema de discos ópticos o cualquier otro medio aceptado, y se reproduce y certifica por el funcionario autorizado, surge una presunción de certeza que es suficiente para darle pleno valor probatorio en juicio, salvo prueba en contrario por la parte a quien afecta.
"En ese tenor, no basta que se impugne en cuanto a su alcance y valor probatorio la reproducción de un documento expedido por una institución de crédito para que éste carezca de eficacia probatoria, sino que es necesario demostrar que el mismo no se adecua a la realidad de los hechos, que no corresponde a los libros contables de donde proviene su reproducción, o que no fue certificado por el funcionario autorizado del banco, puesto que la objeción tiene que lograr destruir la presunción de certeza de la información proporcionada por la institución de crédito, derivada de la seguridad jurídica que debe caracterizar a la actividad que realizan dichas instituciones de crédito.
"Entonces, si como en el caso, la quejosa al objetar los documentos aportados por la enjuiciada al proceso natural adujo sustancialmente que las tiras auditoras no fueron exhibidas en original o copia debidamente certificada, en virtud de que los funcionarios que aparecen en la certificación relativa no exhibieron el instrumento a través del cual así los facultara, resulta evidente que dicha objeción es insuficiente para invalidar la fuerza probatorio de los documentos indicados; en primer lugar porque contrariamente a lo manifestado por la titular de la acción constitucional, del contenido de dichas tiras auditoras, se observa la fecha en que se hizo el cargo, hora, lugar, número de la cuenta, hora de introducción del número de identificación personal, monto y saldo restante y en segundo lugar, no se demuestra que el número de la cuenta que aparece en la copia certificada de las tiras auditoras no sea el asignado por la institución crediticia demandada para la utilización de la tarjeta de débito proporcionada a la actora y, finalmente, que de considerarse que existieron esos cargos, se realizaron en razón de una relación jurídica diversa, señalando en el caso concreto con prueba idónea sus circunstancias de tiempo, modo y lugar que la diferenciaran de la que quedó demostrada en el juicio natural.
"Lo anteriormente precisado, se corrobora con las cincuenta y siete disposiciones en efectivo en cajero automático, que se ven reflejadas en los estados de cuenta que comprenden los periodos del primero de marzo al treinta y uno de marzo de dos mil trece; del primero de mayo al treinta y uno de mayo de la citada anualidad; del primero de julio al treinta y uno de julio del indicado año; del primero de agosto al treinta y uno de agosto de la anualidad de mérito; del primero de septiembre al treinta de septiembre del referido año; del primero de octubre al treinta y uno de octubre de dos mil trece y del primero de noviembre al treinta de noviembre del año mencionado en el párrafo anterior, en las fechas de retiro y por los importes mencionados en la tabla precisada por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que obra transcrita a fojas treinta y uno a treinta y dos de la presente ejecutoria.
"Sin que sea obstáculo a lo anterior, que una parte del contenido de las tiras auditoras, se encuentre en el idioma inglés, dado que los datos relevantes que adujo el juzgador federal relativos a la fecha, hora y lugar en que se encuentra el cajero automático; la hora respecto al ingreso de la tarjeta, el ingreso del número de identificación personal, con número de identificación de operación, número de folio, de la cuenta con terminación ‘7848’, con saldo restante, el retiro de determinada cantidad y el saldo restante, se encuentra entendible en idioma español, y las siglas ‘Nip.’ o ‘Pin’, aunque su descripción ‘Pin Entered’ sea en idioma inglés, es sabido que hace referencia al número de identificación personal con base en sus siglas.
"En esa tesitura, es inconcuso, que la parte actora, aquí quejosa, debió ofertar prueba en contrario para restar eficacia a la excepción y defensa expuesta por la institución financiera en el sentido de que la tarjeta de débito había sido entregada a la parte actora para su uso exclusivo, la cual fue activada vía telefónica y para el efecto era necesario proporcionar datos personales de la enjuiciante que sólo ella conoce y, asimismo, por cuestiones de seguridad el número de identificación personal de la tarjeta se envía por separado y vía correo para evitar que se generen operaciones irregulares; así como el elemento probatorio aportado por la institución crediticia relativa a las tiras auditoras, como podría haber sido la pericial en materia de informática, que probara que la disposición se realizó con otra tarjeta de débito diversa a la número **********, de ahí que los motivos de disenso reseñados en los numerales uno a seis, resulten infundados.
"Aunado a lo anterior, es menester señalar que si la impetrante constitucional cuestiona la personalidad de los funcionarios del banco demandado que certificaron las tiras auditoras, a ella le correspondía acreditarlo, pues dicha certificación goza de la presunción de certeza del acto ahí consignado salvo prueba en contrario, lo que en el caso no fue demostrado por la tarjetahabiente.
"Es aplicable por analogía e identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 100/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, visible en la página 6, cuyos epígrafe y sinopsis versan de la manera siguiente:
"‘CERTIFICACIÓN CONTABLE EXPEDIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA PROBAR QUE LA PERSONA QUE LA EXPIDE NO ES CONTADOR CUANDO, VÍA EXCEPCIÓN, CUESTIONA TAL CALIDAD.’ (se transcribe)
"Es aplicable también, la tesis I.3o.C.689 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, agosto de 2008, visible en la página 1111, que literalmente dice:
"‘INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO PROVENIENTE DE LA CONTABILIDAD, LIBROS, DOCUMENTOS, CONTENIDOS EN MICROFILMES, DISCOS ÓPTICOS O CONSERVADOS A TRAVÉS DE CUALQUIER OTRO MEDIO AUTORIZADO CONSTITUYE UNA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PRUEBA PLENAMENTE SALVO PRUEBA IDÓNEA EN CONTRARIO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 46 FRACCIÓN I, 77, 99 Y 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).’ (se transcribe)
"En otro orden de ideas, la impetrante constitucional asevera que el Juez Federal omitió valorar la presunción legal que tenía a su favor, pues la autoridad responsable requirió a su contraparte el dispositivo lógico del cajero y la secuencia fotográfica, sin que el banco hubiese dado cumplimiento.
"Afirma, que se tuvieron por ciertas las afirmaciones que con las anteriores probanzas la quejosa pretendía acreditar, es decir, que no autorizó ni realizó las operaciones que fueron cargadas en su cuenta, de conformidad con el precepto 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil.
"Indica, que solamente se encontraba obligada a demostrar la resistencia de la parte demandada de exhibir en juicio los documentos u objetos que tiene en su poder, con los cuales la impetrante acreditaría que las disposiciones no fueron realizadas por ella, es decir, para identificar que la quejosa acudió a la sucursal y autorizó los cargos materia de la litis.
"Previamente debe decirse, que contrariamente a lo sostenido por la titular de la acción constitucional, el Juez Federal no omitió valorar la presuncional legal prevista en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil, que dice tenía a su favor, pues al respecto el juzgador responsable aseveró:
"Que a solicitud de la parte actora, se requirió a la demandada la exhibición de los dispositivos lógicos e inteligentes, secuencias fotográficas originales y videos originales donde se aprecie la persona que realizó los retiros en efectivo; sin embargo, tales documentos no son los idóneos para acreditar sus manifestaciones, pues de conformidad con las reglas a las que habrán de sujetarse las instituciones de crédito en la emisión y operaciones de tarjetas de crédito, las cuales son aplicables a las tarjetas de débito, la institución de crédito sólo podrá realizar un cargo en la cuenta del tarjetahabiente si éste suscribió algún pagaré o documento que sea aceptado por el banco o bien, si el banco cuenta con documentos en los que conste la utilización de dispositivos ópticos que produzcan la firma digitalizada o la autorización o la disposición a través de medios electrónicos mediante el empleo del número de identificación personal asignado y no con las secuencias fotográficas y videos que la actora pretendió allegar al juicio.
"Que lo anterior es así, en virtud de que la litis en el juicio, se centra en determinar la licitud de los cargos realizados a la cuenta **********, lo que se logra con las tiras auditoras y no con los documentos señalados por la actora.
"Que la demandada omitió exhibir los documentos que justifiquen la autorización de cinco retiros de cajero automático, el primero de dieciocho de marzo de dos mil trece por un monto de cien pesos, el segundo de esa misma fecha por igual importe, el tercero el catorce de septiembre del indicado año, por la cantidad de cinco mil veintidós pesos, el cuarto de dieciséis de marzo de la señalada anualidad por la cantidad de cinco mil veintidós pesos y el quinto de veintiuno de noviembre del precitado año, por un monto de novecientos treinta pesos.
"Que la demandada no acreditó la legalidad de dichas disposiciones en efectivo, dado que no exhibió las tiras auditoras en las que conste la realización de las disposiciones, el empleo de la tarjeta plástica, el número de identificación personal, la fecha, hora y monto de la operación.
"Que respecto de la disposición en efectivo en cajero automático realizada el diez de septiembre de dos mil trece, se advierte del estado de cuenta exhibido por la actora, que ésta fue anulada por la propia demandada, quien el día once siguiente reintegró a la cuentahabiente la disposición previamente realizada, quedando el mismo saldo que reportaba la cuenta antes de tal cargo.
"Que por ende, se tenían por acreditados los extremos de la acción respecto del pagaré, retiro en ventanilla y cinco retiros de dinero realizados en cajero automático.
"De las precedentes consideraciones del a quo federal, se desprende que contrariamente a lo sostenido por la quejosa, el Juez Federal no omitió la valoración de la presuncional que tenía a su favor, de conformidad con lo previsto por el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, pues al efecto manifestó conforme a derecho que la no exhibición de las secuencias fotográficas originales y videos, no son los idóneos para acreditar sus manifestaciones, sino aquellos documentos en los que conste la utilización de dispositivos ópticos que produzcan la firma digitalizada, la autorización o la disposición a través de medios electrónicos mediante el empleo del número de identificación personal asignado, como son las tiras auditoras, sin que obste a lo anterior, que la demandada no hubiese justificado el por qué no los exhibió, dado que, por las razones antes apuntadas, dichos medios de convicción no son veraces para el fin que persigue la parte actora
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27595-2886f3c4/documentos-certificados-en-terminos-del-articulo-100-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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