CONFESIÓN FICTA POR INCOMPARECENCIA DEL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO ES SUFICIENTE PARA TENER POR CONSENTIDA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES BANCARIAS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 48/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE NOVIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: HUGO AGUILAR ORTIZ. SECRETARIA: LAURA ELIZABETH MIRANDA TORRES.
Síntesis Ciudadana
En dos juicios orales mercantiles en los que se impugnaron operaciones bancarias no reconocidas, se tuvieron por ciertos los hechos que la demandada pretendía demostrar con la prueba confesional, por inasistencia de la parte actora a su desahogo.
Al conocer de los juicios de amparo directo promovidos en su contra, un tribunal determinó que la confesión ficta derivada de la inasistencia de la parte actora al desahogo de la prueba confesional es suficiente para acreditar su consentimiento en la realización de operaciones bancarias no reconocidas, en tanto no fuera desvirtuada por prueba en contrario ofrecida por la propia actora; y, otro tribunal, sostuvo que la confesión ficta es insuficiente para demostrar tal consentimiento y agregó que era necesario que el banco demandado demostrara que las operaciones se hicieron cumpliendo la normatividad aplicable.
En la sentencia se propone declarar que sí existe contradicción de criterios y que el que debe prevalecer es el relativo a que la confesión ficta de la parte actora es insuficiente, por sí misma, para acreditar su consentimiento en la realización de las operaciones bancarias no reconocidas.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Que resuelve la contradicción de criterios 48/2025, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 444/2024, en contra del sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 462/2021.
El problema jurídico que corresponde resolver a este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la confesión ficta de la parte actora derivada de su incomparecencia al desahogo de la prueba confesional ofrecida por la demandada es suficiente o no para acreditar su consentimiento en la realización de las operaciones bancarias no reconocidas.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio 151/2025, el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito remitió copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 444/2024, de su índice, en la que se denunció la posible contradicción suscitada entre ese órgano jurisdiccional en contra de lo sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 462/2021.
2. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil veinticinco, la entonces Presidencia de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia y solicitó al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que remitiera copia certificada de la ejecutoria denunciada o bien, las versiones electrónicas de éstas en las que consten las firmas electrónicas, así como el proveído en el que informara si el criterio sustentado se encuentra vigente o, en el caso de que se tuviera por superado o abandonado, enviara la versión digitalizada de la ejecutoria que sustente el nuevo criterio. Asimismo, se ordenó turnar el asunto al entonces Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
3. Por acuerdo de trece de mayo de dos mil veinticinco, la extinta Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la manifestación del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el sentido de que continúa vigente el criterio sostenido en el juicio de amparo directo 462/2021 de su índice. En consecuencia, en ese mismo proveído se tuvo por integrada la contradicción de criterios y se remitió el asunto al Ministro designado ponente.
4. Returno. Con la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco, se returnó el presente asunto al Ministro Hugo Aguilar Ortiz.
I. COMPETENCIA
5. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo y, 16, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
II. LEGITIMACIÓN
6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que la formularon los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en uno de los criterios contendientes en la presente contradicción de criterios.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
A. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 444/2024
7. Hechos. Una persona física demandó a una institución de crédito en la vía oral mercantil la devolución de ciertas cantidades por cargos no reconocidos en su cuenta bancaria, la nulidad de las transacciones, así como, el pago de gastos y costas. El banco demandado negó la procedencia de las prestaciones demandadas y, entre otros medios de convicción, ofreció la prueba confesional a cargo del actor, con la cual dijo, acreditaría que el actor fue quien realizó las operaciones bancarias reclamadas.
8. En la audiencia preliminar se admitió la prueba confesional ofrecida por el banco demandado y se apercibió a las partes que en caso de ausencia de quien debía absolver las posiciones, pero compareciendo la parte oferente, se tendrían por ciertos los hechos que se pretendieran acreditar con la confesional.
9. En la audiencia de juicio no compareció el actor, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se tuvieron por ciertos los hechos que pretendía demostrar el banco demandado.
10. Seguida la secuela procesal, se dictó sentencia en la que la persona juzgadora consideró que la prueba confesional no es apta para tener por ciertos los hechos que expuso la parte demandada. En contra de esa consideración la institución de crédito promovió juicio de amparo.
11. Criterio contendiente. El Tribunal Colegiado que conoció del asunto concedió el amparo con base en las consideraciones siguientes:
- La parte actora negó que realizó las operaciones bancarias controvertidas y la institución de crédito demandada alegó que el accionante autorizó y ordenó tales movimientos. Es decir, es el actor quien los hizo.
- Se estableció que corresponde a la parte demandada acreditar la autorización para realizar las operaciones dado que así se desprende de la asignación de las cargas probatorias en cuanto a las afirmaciones y negaciones de hechos, en términos de los artículos 1194 y 1195 del Código de Comercio, regla que tiene sustento en la carga dinámica de la prueba conforme a la cual se impone la demostración de los hechos controvertidos a la parte que tenga mayor facilidad para aportar los medios conducentes, lo que no implica que se sustituyan las cargas de la prueba, sino que las complementa bajo criterios de valoración sustentados en la sana crítica.
- El demandado ofreció como medio de prueba la confesional a cargo de la actora y atendiendo a su incomparecencia a la audiencia en juicio, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en la audiencia preliminar, lo que tuvo por consecuencia que se tuvieran por ciertos los hechos que se pretendían probar con este medio de convicción, esto es, que se diera por sentado que el actor fue quien realizó las operaciones bancarias reclamadas.
- Esa confesional, se determinó, contrario a lo sostenido por la responsable, es idónea para tener por ciertos los hechos que expuso la parte demandada, pues con ella, la actora reconoce tácitamente que realizó las operaciones impugnadas. Además, no contradijo esa prueba confesional con otro medio de prueba.
- De los artículos 1277, 1278, 1280, 1289 y 1390 Bis 41 del Código de Comercio se colige que en el procedimiento oral mercantil la parte oferente de la prueba confesional podrá pedir que la contraparte se presente a declarar sobre los interrogatorios que en el acto de la audiencia de juicio libremente se formulen. En caso de no asistir la absolvente se tendrán por ciertos los hechos que se pretendan acreditar con la confesional, salvo prueba en contrario.
- La prueba confesional ficta produce presunción legal cuando no exista prueba en contrario, por lo que debe concedérsele valor probatorio pleno, sin que ello implique que, si se ofrecen o se allegaren otras pruebas, éstas no puedan ser apreciadas por la persona juzgadora para desvirtuar dicho medio de prueba.
- Sustentó lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 93/2006, con rubro y texto: "CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN (LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO).
- Por lo que, se concedió el amparo para el efecto de que la jueza responsable prescindiera de la consideración atinente a que la confesional ficta de la actora no es apta para demostrar el consentimiento del actor en los cargos reclamados y, con libertad de jurisdicción, determinara lo que en derecho correspondiera.
- Finalmente, denunció la contradicción de criterios entre el sustentado en la ejecutoria que se reseña y el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al fallar el amparo directo 462/2021.
B. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el amparo directo 462/2021
12. Hechos. Una persona física demandó a una institución de crédito en la vía oral mercantil la declaración de nulidad absoluta de diversos cargos realizados a su cuenta bancaria, el pago de una cantidad por tales cargos, como el pago de intereses, daños y perjuicios, así como gastos y costas.
13. El banco demandado negó la procedencia de las prestaciones demandadas y, entre otros medios de convicción, ofreció la prueba confesional a cargo del actor y ante su inasistencia a la audiencia de juicio, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se tuvieron por ciertos los hechos que pretendía probar el banco al tenor de las preguntas que fueron formuladas en audiencia. Seguida la secuela procesal, se dictó sentencia en la que se determinó que el actor no demostró su acción, por lo que se absolvió a la parte demandada de las prestaciones reclamadas. Inconforme, la actora promovió amparo directo.
14. Criterio. El Tribunal Colegiado del conocimiento concedió el amparo con base en las consideraciones siguientes:
- Retomó lo que en su concepto es la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la nulidad de cargos no reconocidos efectuados por una institución financiera. En concreto, la contradicción de tesis 128/2018(1) en la que se definió que la carga probatoria tratándose de la nulidad de operaciones efectuadas mediante el uso de tarjetas bancarias autorizadas a través de la digitación del número de identificación personal en terminales de punto de venta corresponde a la institución bancaria, quien al encontrarse en una posición dominante en la relación de consumo, debe garantizar la seguridad en todas las operaciones y ofrecer las pruebas que acrediten que fue la persona usuaria quien realizó la transacción.
- En ese precedente también se dijo que para que la institución de crédito pueda gozar de la presunción legal de tener como emisor al que envió el mensaje de datos, deberá probar los procedimientos de identificación que fueron utilizados durante la transacción y que fueron acordados con la persona usuaria, de conformidad con el artículo 310 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito.
- Se precisó que en la contradicción de tesis 206/2020(2) se retomó el criterio anterior, pero para el caso de operaciones realizadas mediante transferencias electrónicas, en la que se determinó que la institución bancaria es quien debe acreditar que los procedimientos de identificación que fueron utilizados durante la transacción y que fueron acordados con la persona usuaria fueron emitidos correctamente, además de la fiabilidad del procedimiento que se utilizó para autorizar la transacción, máxime que el banco cuenta con la infraestructura para generar la evidencia presentada ante los órganos jurisdiccionales. Esta carga de la prueba se sustenta en la mayor facilidad que tienen los bancos en la demostración de los hechos controvertidos, lo cual cobra especial aplicación en el caso de las personas consumidoras.
- Si bien la transferencia electrónica puede contar con una presunción de fiabilidad en favor de la institución financiera, es necesario que el hecho del cual se presume aquel y que le sirve de antecedente se funde en mayores elementos probatorios para que la persona juzgadora lo considere cierto y pueda aplicar la presunción. Una vez acreditado que se siguió debidamente el procedimiento normativamente exigido de la institución financiera para la operación impugnada y que no se tuvo conocimiento de incidentes que comprometieran los datos del cuentahabiente, sólo entonces la carga de la prueba se le revertirá a la persona usuaria quien tendrá el deber de desvirtuar lo aportado por aquélla, sin que lo anterior implique la imposición a los bancos de una carga imposible consistente en la demostración de la fiabilidad abstracta de todo su sistema ante cualquier tipo de riesgo, sino sólo de aquellos que se pudieran llegar a materializar.
- Por otra parte, el Colegiado analizó los planteamientos de la quejosa. Recordó que durante la secuela procesal el banco demandado no exhibió: a) las bitácoras de registro de la cuenta bancaria de la quejosa; y b) el alta o autorización de la cuenta destino de las operaciones controvertidas.
- Por lo que, para acreditar el consentimiento de la persona usuaria, no es suficiente la prueba confesional ofrecida por la institución bancaria y que desencadenó en una confesión ficta. Tratándose de las operaciones bancarias no reconocidas por las personas usuarias, la tendencia jurisprudencial de la Suprema Corte ha sido en el sentido de que la carga de la prueba debe recaer en la institución financiera.
- Teniendo en cuenta lo ya reseñado respecto de la contradicción de tesis 128/2018, se determinó que la institución financiera tiene a su favor la presunción de que un emisor envió un mensaje de datos, por lo que podrá actuar en consecuencia cuando:
1. Haya efectuado el procedimiento acordado cuya finalidad haya sido establecer que el mensaje de datos provenía del emisor, o
2. El mensaje proviniera de un intermediario autorizado con acceso a algún método con la misma finalidad referida.
- Por tanto, se sostuvo, si la institución financiera quiere gozar de la presunción legal referente a tener como emisor al que envió el mensaje de datos, deberá probar que se utilizó el procedimiento acordado con la persona usuaria para establecer que el mensaje venía de aquél de conformidad con lo pactado en el contrato. Aunado a que, el artículo 1298-A del Código de Comercio establece que, para valorar la fuerza probatoria del mensaje de datos, se tendrá en cuenta la fiabilidad del método en que haya sido generado.
- Por tanto, para lograr la presunción de que la transacción se realizó con la tarjeta con chip y el NIP primeramente se deben exhibir los documentos en los que conste que la operación se realizó con dichos factores y –conforme al criterio de esta Suprema Corte– también debe probar el hecho del cual se presume aquél y que le sirve de antecedente, lo cual necesita de mayores elementos probatorios para que el juez lo considere cierto, esto es, acreditar los procedimientos de identificación que fueron utilizados durante la transacción y que fueron acordados con el usuario.
- Nuevamente citó la contradicción de tesis 206/2020 para destacar que es la institución bancaria quien debe probar la fiabilidad de los mecanismos de banca electrónica cuando en un juicio se declare la nulidad de una transferencia de dinero utilizando dicho mecanismo, esto, cuando la institución bancaria demuestre haber seguido el procedimiento normativamente para la realización de la operación.
- De acuerdo con los protocolos exigidos por las Disposiciones de carácter general, aplicables a las instituciones de crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de diciembre de dos mil cinco, la mera acreditación de que se ingresaron los medios de autenticación conocidos como las claves y contraseñas para autorizar las operaciones corresponde a uno de los elementos que deben llevar a dicha convicción.
- Ello no contradice lo dispuesto en el artículo 1196 del Código de Comercio, en que se obliga a probar a quien niega cuando al hacerlo desconoce una presunción legal. La transferencia electrónica puede contar con una presunción de fiabilidad en favor del banco, pero es necesario que el hecho del cual se presume aquél y que le sirve de antecedente, se funde en mayores elementos probatorios para que la persona juzgadora lo considere cierto y pueda aplicar la presunción.
- Existe una carga probatoria claramente para el banco cuando una persona usuaria afirma que los cargos se realizaron sin su consentimiento, lo cual fue soslayado por la responsable en contravención a los criterios obligatorios de este Alto Tribunal.
- Así, el banco ofreció diversos medios de prueba, entre ellos, copia certificada de ocho impresiones de los movimientos de la cuenta de la parte actora. Por su parte, la actora ofreció: a) las bitácoras de registro de la cuenta de la persona quejosa; y b) el alta o autorización de la cuenta destino de las ocho operaciones controvertidas. Las cuales, al no haber sido exhibidas por el banco, la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio, en el sentido de tener presuntivamente por ciertas las afirmaciones que la parte actora pretendía demostrar con las documentales que se dejaron de exhibir, salvo prueba en contrario.
- Por ende, concluyó que la responsable no valoró la presunción generada por la no exhibición de la bitácora de registro, así como la alta o autorización de la cuenta destino de las operaciones.
- Más aún, el banco no aportó las pruebas que, bajo el estándar establecido por esta Suprema Corte, demostraran:
a) Los procedimientos de identificación que fueron utilizados durante la transacción.
b) Que dichos procedimientos fueron acordados con el usuario.
c) Que éstos se emitieron correctamente, y además de la fiabilidad del procedimiento que se utilizó para autorizar la transacción.
- Ese estándar se emitió en torno a las transacciones por SPEI y, en el caso, en uno de los cargos no reconocidos fue por concepto de "retiro sin tarjeta". Sin embargo, de la contestación de la demanda no se desprende que la institución bancaria demandada realizara alguna alegación en torno a cómo operó dicha transacción, lo que no es obstáculo para que se apliquen por analogía tanto el criterio de nulidad de cargos por terminales punto de venta, así como el de cargos por SPEI, pues lo primero que el banco debe hacer en ambos supuestos es demostrar los procedimientos de identificación que fueron utilizados durante la operación. - Con las impresiones simples aportadas por el banco no se desprende cuáles fueron los procedimientos de identificación utilizados durante las transacciones. Tampoco se observa que se contenga la información sobre el mecanismo de autenticación, la emisión del comprobante ni la notificación al usuario de la operación, el debido seguimiento de los plazos establecidos para el registro de una cuenta destinataria, según corresponda al monto y canal por el que se realice la operación.
- Máxime que, el Alto Tribunal, identificó que el artículo 316 bis 15 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, establece la obligación de que las instituciones prestadoras del servicio generen registros, bitácoras, huellas de auditoría de todas las operaciones y servicios bancarios realizados a través de medios electrónicos; bitácoras solicitadas al banco y que no exhibió.
- De acuerdo con lo anterior, se determinó que no es suficiente para tener por acreditado que la persona usuaria dio su consentimiento en las transacciones con la confesional ficta ante su inasistencia a la audiencia de juicio, dado que el artículo 1390 Bis 41 del Código de Comercio señala que ante la inasistencia de la persona absolvente deberá hacerse efectivo el apercibimiento de tener por ciertos los hechos que la parte oferente pretenda acreditar, salvo prueba en contrario.
- Por lo que, la responsable debió valorar el tipo de carga probatoria de la institución financiera y también que existió una presunción a favor de la quejosa derivada de la no exhibición de las bitácoras de registro de la cuenta bancaria y el alta o autorización de la cuenta destinataria de las operaciones cuestionadas.
- La confesión ficta no es suficiente, pues implicaría relevar de su carga probatoria a la institución de crédito de demostrar los procedimientos de conformidad con el estándar establecido por la Suprema Corte. Se trata de aspectos técnicos que no pueden sustituirse con la confesión ficta de la parte actora.
- La validez de las operaciones no puede depender sólo de una confesión ficta y se asignaría una carga probatoria desproporcionada a la actora usuaria.
- Adicionalmente, ha sido criterio del Tribunal Constitucional que la sola confesión ficta es insuficiente para tener por acreditados los hechos de la demanda que se dejó de contestar, si la misma no es congruente con las constancias de autos, por ejemplo, cuando no obra prueba tendente a demostrar los procedimientos de identificación que fueron utilizados durante la transacción. Sustentó esa afirmación en la aplicación analógica de las tesis de rubros: "CONFESIÓN FICTA POR NO COMPARECER SIN JUSTIFICACIÓN A ABSOLVER POSICIONES. ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA TENER POR ACREDITADA LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." (3) y "DEMANDA, VALOR DE LA CONFESIÓN FICTA DE LA, FRENTE A LAS CONSTANCIAS DE AUTOS".(4)
- Esta asignación de cargas probatorias también se justifica en la protección reforzada que asiste a las personas usuarias de los sistemas financieros en términos del artículo 28 constitucional.
- Por tanto, debe declararse la nulidad de las operaciones controvertidas debido a que el banco no aportó los medios de prueba a fin de demostrar que el usuario dio su consentimiento, pues ni siquiera demostró los procedimientos de identificación que fueron utilizados durante la transacción, y específicamente por lo que toca a las transacciones por SPEI no demostró tampoco que: a) dichos procedimientos fueron acordados con el usuario; b) éstos se emitieron correctamente, y además de la fiabilidad del procedimiento que se utilizó para autorizar la transacción; y c) el procedimiento fue el exigido por las disposiciones de carácter general, aplicables a las instituciones de crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, concretamente, que el mecanismo de autenticación correspondía al de la cuantía y formato de la operación, la emisión del comprobante y notificación al usuario de la operación respectiva, el debido seguimiento de los plazos establecidos para el registro de una cuenta destinataria, entre otros que se puedan advertir de las disposiciones antes citadas, según corresponda al monto y canal por el que se lleve a cabo la operación.
- Asimismo, concedió el amparo para que la responsable determinara que el banco demandado no cumplió su carga probatoria en los términos reseñados, por lo que se acreditó el tercero de los elementos de la acción consistente en la ausencia de consentimiento del usuario y en consecuencia, declarara la nulidad de los cargos impugnados. Hecho lo anterior, analice la procedencia de las demás prestaciones demandadas con libertad de jurisdicción.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
15. Con base a la exposición de las ejecutorias materia de estudio, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que sí existe contradicción de criterios entre los tribunales contendientes como se demostrará a continuación.
16. Conforme a precedentes emitidos por este Alto Tribunal, en este apartado debe analizarse si los tribunales contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia sostuvieron criterios contradictorios.
17. Así, se debe entender por tesis el criterio adoptado por la juzgadora o juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que configura la existencia de una contradicción es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes.(5)
18. En una línea de precedentes, esta Suprema Corte ha determinado que la finalidad de la contradicción de criterios es proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales mediante la unificación de la interpretación del orden jurídico nacional. Por ello, para determinar si existe la contradicción de criterios, debe atenderse a las consideraciones y razonamientos contenidos en las ejecutorias contendientes con el propósito de buscar algún punto de toque en sus estructuras argumentativas que sean genuinamente antagónicas, pues, de lo contrario, no existiría el presupuesto procesal necesario para que este Alto Tribunal ejerciera su función unificadora.
19. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales contendientes. Por ello, para comprobar que una contradicción de criterios es existente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en su producto.
20. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales. Si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de criterios sea existente es necesario que se cumplan las condiciones siguientes:
a) Los tribunales contendientes debieron resolver alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b)Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
21. En ese orden, se analizarán las condiciones para la procedencia de la contradicción de criterios.
22. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este primer requisito se satisface, pues los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver respectivamente los juicios de amparo directo que fueron sometidos a su jurisdicción, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución sobre un tópico jurídico. En ambos casos, los tribunales debieron determinar la suficiencia probatoria de la confesional ficta para demostrar que la persona usuaria que demanda la nulidad de cargos en su cuenta bancaria fue quien autorizó las operaciones.
23. En el caso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito consideró que se debe conceder valor probatorio pleno a la confesión ficta, la que es idónea y suficiente para demostrar que la actora realizó las operaciones bancarias controvertidas, en tanto que la m
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33987-058a7abf/confesion-ficta-por-incomparecencia-del-usuario-de-servicios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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