TARJETAS DE CRÉDITO. LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EMISORAS DE LAS MISMAS, TIENEN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE RESGUARDAR EN SUS ARCHIVOS, LOS VOUCHERS O PAGARÉS QUE FIRMA EL TARJETAHABIENTE EN EL MOMENTO DE LAS OPERACIONES DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS.
AMPARO DIRECTO 558/2011. 14 DE OCTUBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES. SECRETARIA: XÓCHITL VERGARA GODÍNEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. De inicio, debe señalarse que el examen de las violaciones procesales es preferente pues, de resultar fundados los conceptos de violación tendentes a demostrarlas, procedería conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable ordenara reponer el procedimiento a partir del momento en que se produjo la transgresión de las normas que lo rigen, haciendo innecesario el estudio del fondo del asunto.
En tal virtud, este órgano colegiado se avoca al examen de la pretendida violación procesal que alega la impetrante en el identificado erróneamente como tercer concepto de violación, ya que en realidad corresponde al cuarto, por haber repetido en dos ocasiones el numeral "segundo", violación intraprocesal que hizo consistir en:
Que el Juez natural sostuvo la legalidad del requerimiento a la institución bancaria de exhibir el original de los vouchers cuya nulidad reclamó, sobre la base de que la quejosa no expuso los motivos para justificar su omisión.
En principio, debe decirse que, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, las infracciones intraprocesales son impugnables en amparo directo, vía concepto de violación, siempre que se promuevan contra la sentencia definitiva del juicio respectivo y se cumplan los siguientes requisitos:
a. Que la infracción alegada se surta en el trámite del juicio.
b. Afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo.
c. Hayan sido combatidas durante el procedimiento a través del recurso ordinario idóneo previsto en la ley.
d. Si los recursos procedentes contra las violaciones procesales durante el transcurso del juicio, fueran desechados o declarados improcedentes, deben reiterarse en el recurso de apelación que se interponga en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el precepto constitucional antes invocado y en el artículo 161 de la Ley de Amparo, siempre y cuando sea impugnable a través de tal recurso el fallo definitivo y se tenga oportunidad de realizar la reiteración.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 26/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 455, la cual es del tenor literal siguiente:
"VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO CIVIL. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA APELACIÓN DEL FALLO DE PRIMER GRADO, NO DEBE CONDUCIR A LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO YA FUERON ANALIZADAS POR EL TRIBUNAL DE ALZADA A TRAVÉS DE DIVERSOS RECURSOS (ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN, Y 161 DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a una recta interpretación de los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución General de la República, y 161 de la Ley de Amparo, debe concluirse, que la omisión del tribunal de alzada de examinar los agravios respecto de las violaciones procesales, hechos valer en el escrito de apelación interpuesta contra el fallo de primera instancia, sobre el argumento de que en diverso recurso se ocupó de su estudio, no debe conducir al otorgamiento del amparo para el efecto de que sean analizados, pues se obligaría a dicha autoridad a pronunciarse en relación con un tema del cual ya emitió su opinión jurídica, con desconocimiento del principio de seguridad en que se sustenta la Ley Suprema, y originando la proliferación de juicios de amparo con el consiguiente retardo injustificado de la administración de justicia. Además, cabe aclarar que en los supuestos en donde la parte afectada hace valer durante el juicio natural el recurso ordinario previsto en contra de la violación procesal controvertida, de conformidad con el artículo 161 de la Ley de Amparo, no es necesario que se impugne dicha violación en vía de agravio en el recurso de apelación correspondiente para tener por preparada la acción constitucional, ya que ello debe realizarse únicamente cuando dicho recurso no exista, o si, existiendo, fuere desechado o declarado improcedente."
En el caso, la violación procesal señalada está prevista como impugnable en vía de amparo directo, al tenor de la aplicación analógica de la fracción III, conforme a lo previsto en la diversa fracción XI del artículo 159 de Ley de Amparo.
En relación con la preparación de la violación procesal, cabe precisar que de las constancias que integran el juicio de amparo en estudio, que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en lo que interesa, se aprecia que:
- Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil diez, **********, por su propio derecho, demandó en la vía ordinaria mercantil, de **********, la declaración de nulidad absoluta de dos pagarés o vouchers expedidos al amparo de la tarjeta de crédito **********, como consecuencia de ello, la cancelación de la cantidad de $32,370.00 (treinta y dos mil trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional) y el pago de gastos y costas.
- En el cuarto punto petitorio de dicho escrito, la actora solicitó al a quo lo siguiente:
"Cuarto. De conformidad a lo solicitado en el presente escrito inicial, requerir a la institución de crédito hoy demandada para que junto con su escrito de contestación de demanda exhiba en original los pagarés controvertidos de fecha 16 de abril de 2010, mismos que han quedado identificados en el capítulo de prestaciones del presente libelo, específicamente en la prestación ‘A’ y de igual forma exhiba el original de la solicitud del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente de la tarjeta de crédito número **********, a nombre de la suscrita la C. **********, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia mercantil, se tendrán por ciertos los hechos que la suscrita pretende acreditar con los citados documentos, consistentes en que la misma no firmó los pagarés controvertidos."
El Juez de Distrito responsable admitió a trámite la demanda y, entre otras cuestiones, acordó favorable la solicitud de la demandante; por ende, requirió al banco demandado exhibiera lo que sigue:
"... En otro aspecto, como lo solicita el actor, se requiere a la parte demandada **********, para que al momento de dar contestación a la demanda, exhiba el original de los pagarés suscritos por las cantidades de $10,580.00 y $22,390.00, así como el original de la solicitud del contrato de apertura de crédito número ********** a nombre de **********, apercibida que de no hacerlo, o bien omita manifestar la imposibilidad que tenga para hacerlo, la cual deberá estar legalmente justificada, se tendrán por ciertas las afirmaciones vertidas por la actora en su escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio."
- La demandada dio contestación a la demanda incoada en su contra y en esencia manifestó que era improcedente la acción de la actora, porque no dio el aviso oportuno de robo o extravío de la tarjeta de débito y en relación con el requerimiento expresó:
"Desahogo de requerimiento. En cumplimiento a lo solicitado por su Señoría, mediante proveído de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diez, el cual fue notificado personalmente a mi representada con fecha seis de octubre de dos mil diez se adjunta al presente escrito: Contrato individual de apertura de crédito en cuenta corriente y depósito. Contrato de adhesión que se encuentra debidamente registrado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros bajo el número **********, de fecha 28 de enero de 2009, el cual se encuentra actualizado bajo el número **********, de fecha 4 de agosto de 2009, no obstante lo cual considerando la fecha en la que fueron realizadas las disposiciones materia de la presente controversia, se atenderá a lo estipulado en el primero de los mencionados, contratos que pueden ser consultados, tanto por su Señoría como por la parte actora, en la página de Internet de la citada comisión, http://www.condusef.gob.mx, recuadro **********; tipo de producto tarjeta de crédito **********, y su última actualización, contratos que de forma impresa se acompañan al presente escrito como anexo 2, el cual en su momento se le hizo llegar a la actora, tal y como se desprende del penúltimo párrafo que obra en el reverso de la copia certificada del estado de cuenta que con fecha de corte al 5 de abril del año en curso, que como anexo 3 se acompaña al presente escrito; contrato al que no se le puede negar efecto jurídico, validez o fuerza obligatoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 89 Bis del Código de Comercio, al encuadrar el mismo en las definiciones que refiere el tercer párrafo del artículo 89 del ordenamiento en cuestión, en términos del cual mi representada adquiere el carácter de emisor y como firmante, y la parte actora como destinatario y titular del certificado, el contenido del contrato como firma electrónica, la comisión como intermediario y prestador de servicio y la página de ésta como sistema de información. Contrato cuya aceptación, por parte de la actora, deriva por el solo uso de la tarjeta de crédito, en atención a lo estipulado en el segundo párrafo de la cláusula segunda del mismo, por lo cual dicha actora debió estar a los términos y condiciones plasmados en el mismo. Copias certificadas en términos de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, de los pagarés por la cantidad de $22,390.00 pesos, derivado de un consumo efectuado el 16 de abril de 2010, procesado en el establecimiento comercial denominado ‘**********’ a las 11:32 y otra del pagaré con cargo por la cantidad de $10,580.00 pesos, derivado de un consumo el 16 de abril 2010, procesado en el establecimiento comercial denominado ‘**********’ a las 10:48, ambas con la tarjeta de crédito número **********, los cuales se adjuntan al presente escrito como anexo 6 y 7, respectivamente. Es de manifestar a su Señoría, bajo protesta de decir verdad, que mi representada ya no cuenta con los originales de los pagarés en comento, por lo que se encuentra imposibilitada para exhibir los mismos, sin embargo, con la finalidad de desahogar el requerimiento ordenado se exhibe en términos de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, copia certificada de los pagarés en comento. Copias certificadas respecto de las cuales su Señoría deberá tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual refiere que la contabilidad, los libros y documentos correspondientes, así como el plazo que deben ser conservados, se rigen también por las disposiciones de carácter general que dicta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendientes a asegurar la oportunidad y transparencia de la información contable y financiera de las instituciones. En atención a lo cual, a dicha documentación le es aplicable lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 299 de las citadas ‘Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito’, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al amparo del cual las instituciones pueden conservar mediante medios electrónicos los documentos relacionados con su contabilidad, tales como los pagarés que al efecto fueron requeridos a mi mandante, al disponer textualmente dicha disposición, lo siguiente: ‘Las instituciones, al conservar todos aquellos libros, registros y documentos en general que obren en su poder relativos a sus operaciones activas, pasivas, de servicios y demás documentos relacionados con su contabilidad, podrán utilizar la microfilmación, grabación, o bien, cualquier otro medio que para tal efecto les autorice la comisión. ...’. Lo que aunado a lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, que a la letra refiere: ‘Las instituciones de crédito podrán microfilmar o grabar en discos ópticos, o en cualquier otro medio que les autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos aquellos libros, registros y documentos en general, que obren en su poder, relacionados con los actos de la propia institución, que mediante disposiciones de carácter general señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación o la grabación en discos ópticos, su manejo y conservación establezca la misma. Los negativos originales de cámara obtenidos por el sistema de microfilmación y las imágenes grabadas por el sistema de discos ópticos o cualquier otro medio autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que se refiere el párrafo anterior, así como las impresiones obtenidas de dichos sistemas o medios, debidamente certificadas por el funcionario autorizado de la institución de crédito, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos microfilmados o grabados en discos ópticos, o conservados a través de cualquier otro medio autorizado. Transcurrido el plazo en el que las instituciones de crédito se encuentran obligadas a conservar la contabilidad, libros y demás documentos de conformidad con el artículo 99 de esta ley y las disposiciones que haya emitido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los registros que figuren en la contabilidad de la institución harán fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta ley.’. Lo que faculta a mi representada a exhibir las copias certificadas de los pagarés, los que deben tener el mismo valor probatorio que un documento en juicio, ya que dichos pagarés fueron microfilmados con el propósito ‘de la conservación de los mismos’. Sin dejar de referir que conforme a lo dispuesto por el artículo 301 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, que a la letra refiere: ‘Las instituciones sólo estarán obligadas a conservar el original de los libros, registros y documentación, relativos a sus operaciones activas, pasivas y de servicios, así como aquélla relacionada con su contabilidad, no obstante haber utilizado la microfilmación, grabación o cualquier otro medio autorizado para tal efecto por la comisión, en los casos de excepción expresa a lo previsto por el artículo 100 de la ley, que la legislación federal o la propia comisión mediante disposiciones de carácter general determinen, y por el plazo que, en su caso, las mismas señalen. Las instituciones no podrán destruir, aun cuando se hubieren microfilmado o grabado, los originales de los documentos públicos relativos a su contabilidad, la escritura constitutiva y sus modificaciones, las actas de asambleas generales de accionistas, sesiones de consejo, y sus comités, las actas de emisión de valores, los estados financieros, la documentación de apoyo a dichos estados financieros, el dictamen del auditor externo, así como la que ampare la propiedad de bienes propios o de terceros cuyo original se encuentre bajo su custodia. En todo caso, dicha información deberá conservarse durante los plazos que establecen las disposiciones legales en materia mercantil y fiscal aplicables. Asimismo, tampoco podrán destruirse los documentos de valor histórico que, en su caso, correspondan a la Institución o que aquélla mantenga en custodia.’. Es decir la institución sólo está obligada a conservar los originales de los documentos públicos e históricos, características que no atañen a la documentación que al efecto fue requerida a mi representada, en atención a la petición de la actora, por lo cual su conservación mediante microfilmación, es válida. En razón de todo lo anterior, mi representada tiene permitido, conforme a la legislación aplicable conservar la documentación que le fue requerida mediante medios electrónicos, los cuales impresos y certificados tienen el mismo valor probatorio que los documentos originales en juicio ..."
- Por auto de cuatro de noviembre de dos mil diez, el Juez natural acordó:
"... Asimismo y en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de veintinueve de septiembre de dos mil diez, se tiene a la parte demandada, manifestando bajo protesta de decir verdad, que su representada no cuenta con los originales de los pagarés y, respecto al contrato, refiere que puede ser consultado en una página de Internet; en tal virtud dése vista a la parte actora para que manifieste lo que a su derecho convenga."
- Por escrito de once de noviembre de dos mil diez, la actora desahogó la vista en cuestión, sobre la base de que la demandada ni siquiera manifestó por qué no contaba con los documentos, y de presumir que los destruyó, ello lo hizo bajo su propio riesgo. Además, la actora solicitó que se hiciera efectivo el apercibimiento decretado a la parte demandada.
- En auto de dieciséis de noviembre de dos mil diez, el Juez de origen determinó:
"... En cuanto al ocurro, con registro **********, téngase a la parte actora, desahogando en tiempo la vista que se le mandó dar en auto de cuatro de noviembre del año en curso, en términos de las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, respecto de su petición de hacer efectivo el apercibimiento que menciona, dígasele que no ha lugar en acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que como se advierte de la constancia secretarial, la demandada, mediante escrito con registro **********, exhibió copia certificada de los pagarés suscritos por las cantidades de $10,580.00 y $22,390.00, así como impresión de solicitud del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, de la tarjeta de crédito número **********, a nombre de **********; por tanto, y no obstante no haber exhibido los originales, exhibió copia certificada, por lo que no ha lugar en hacer efectivo el apercibimiento que refiere, en virtud de haberse pronunciado en relación al requerimiento formulado."
- Inconforme con el anterior proveído, la parte actora interpuso recurso de revocación, el cual mediante resolución interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil diez, se declaró fundado y, en consecuencia, el auto impugnado quedó en los siguientes términos:
"... Ahora bien, respecto de su petición de hacer efectivo el apercibimiento que menciona, dígasele que no ha lugar en acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que como se advierte de la constancia secretarial la demandada, mediante escrito con registro **********, exhibió copia certificada de los pagarés suscritos por las cantidades de $22,390.00 y $10,580.00, tal circunstancia no colma con el requerimiento realizado en autos, ya que en la especie se hace necesaria la exhibición de los originales, siendo que en caso de objeción de un cargo por parte del usuario, es obligación que las instituciones bancarias emisoras de las tarjetas tengan, necesariamente, en su poder los denominados vouchers que documentan las citadas operaciones, sin que las manifestaciones que al respecto vierte el banco demandado justifiquen su omisión de exhibir la documentación requerida; en consecuencia, al no exhibir los originales de los pagarés y menos aún el diverso documento requerido, consistente en el original de la solicitud del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente número **********, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, se tienen por ciertas las afirmaciones de la contraparte, en relación con los documentos solicitados ..."
De lo anterior se aprecia que la actuación por la que se hizo efectivo el apercibimiento decretado, de tener por ciertas las afirmaciones de la actora en relación con que las firmas que se hallan signadas en los pagarés basales eran falsas, ya no podía ser materia de impugnación por parte de la peticionaria de garantías, porque justamente ante la revocación del auto de dieciséis de noviembre de dos mil diez, por el que no se había acordado favorablemente la petición de hacer efectivo el apercibimiento de mérito, la parte demandada ya no podría inconformarse nuevamente.
Luego, es hasta esta instancia constitucional que dicha inconformidad, como violación intraprocesal, debía hacerse valer y así aconteció; por lo que, en la especie, ante la imposibilidad de preparar la violación intraprocesal aludida, tal requisito se tiene satisfecho, en la inteligencia de que en términos de los artículos 1336, 1339 y 1341 del Código de Comercio, la sentencia emitida en el juicio natural no es apelable, por lo que no es factible la reiteración de la violación procesal.
De ahí, que se está en un caso de excepción, de acuerdo con los antecedentes relatados en párrafos precedentes.
Por otra parte, se estima que dicha violación procesal sí trasciende al resultado del fallo, porque se hizo efectivo el apercibimiento al banco demandado; en consecuencia, se tuvieron por ciertos los hechos de la actora, esto es, la existencia de la solicitud del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, en virtud del cual fue expedida la tarjeta de crédito número **********, y que la firma que contiene cada uno de los pagarés o vouchers fundatorios de la acción, no fue puesta del puño y letra de la demandante.
Entonces, procede el análisis de la referida violación procesal, en este juicio de amparo directo que nos ocupa.
Así, respecto a la violación procesal, el banco quejoso refiere:
Que el Juez natural omitió advertir la imposibilidad jurídica y material de poseer los originales de los pagarés, pues éstos le fueron expedidos a una persona moral diversa a la quejosa, quien en términos de lo previsto por el Código Fiscal de la Federación y su reglamento (artículos 29, fracción IV y 30), está obligada a conservar los vouchers originales y, por ende, es al establecimiento a quien debe requerirse la exhibición de los documentos originales.
Que en términos del artículo 99 de la Ley de Instituciones de Crédito, la impetrante está facultada para conservar en copia certificada los pagarés, aun cuando tuviera en su poder los originales.
Que la contabilidad, libros y documentos correspondientes se rigen por las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales en su artículo 299 prevén que las instituciones, al conservar todos aquellos libros, registros y documentos en general que obren en su poder relativos a sus operaciones activas, pasivas, de servicios y demás documentos relacionados con su contabilidad, podrán utilizar la microfilmación, grabación, o bien, cualquier otro medio que para tal efecto les autorice la comisión.
Que en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, los documentos exhibidos en copias certificadas tienen el mismo valor probatorio que un documento original, por haber sido expedidas a propósito de la conservación de los documentos relacionados con la institución de crédito.
Que además, la obligación de la institución bancaria de conservar los vouchers no refiere el modo en que ello debe hacerse y que en términos de los párrafos quinto y sexto del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y del artículo 301 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, se concluye que la quejosa no estaba obligada a conservar los vouchers por diez años, por no tratarse de la excepción expresa al artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, esto es, no son documentos públicos ni tienen valor histórico.
Son infundados los argumentos resumidos.
En efecto, del auto por el que se hizo el requerimiento al banco quejoso, se aprecia con claridad que el Juez natural solicitó a la institución quejosa que exhibiera tanto los originales de los pagarés cuya nulidad se reclamaba, como el original de la solicitud contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, por virtud del cual se expidió la tarjeta de crédito número ********** o, en su caso, que expusiera de forma legalmente justificada la imposibilidad que tuviera para hacerlo.
La institución bancaria exhibió copia certificada de los vouchers en cuestión y la impresión del contrato de apertura de crédito, manifestando que este último podía ser consultado en una página de Internet y exponiendo que estaba imposibilitado para presentar los originales de los documentos referidos, con motivo de que ya no los tenía en su poder. Al efecto, señaló que el artículo 99 de la Ley de Instituciones de Crédito, refiere que la contabilidad, los libros y documentos correspondientes, así como el plazo que deben ser conservados, se rigen por las disposiciones de carácter general que dicta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el artículo 299, primer párrafo, de dichas disposiciones, prevé que las instituciones pueden conservar mediante medios electrónicos, los documentos relacionados con su contabilidad (tales como los pagarés que le fueron requeridos), lo que aunado al artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, que refiere que las copias certificadas por el funcionario autorizado de la institución de crédito, tienen en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos microfilmados o grabados en discos ópticos o conservados a través de cualquier otro medio autorizado, facultaba a la institución bancaria a exhibir los pagarés requeridos en copias certificadas por haber sido microfilmados con el propósito de su conservación; que además, en términos del artículo 301 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, las instituciones bancarias sólo están obligadas a conservar los originales de los documentos públicos e históricos y que esas características no atañen a los pagarés basales.
Una vez revocado el auto por el que no se había acordado de conformidad la solicitud de hacer efectivo el apercibimiento, porque a juicio del juzgador la parte demandada sí había dado cumplimiento al requerimiento con la exhibición de las copias certificadas de los vouchers, el Juez Federal responsable consideró que las manifestaciones expuestas por el banco demandado respecto de la imposibilidad de exhibir el original de los vouchers reclamados y de la solicitud del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, no se hallaban justificadas, por lo que estimó hacer efectivo el apercibimiento decretado de tener por ciertos los hechos de la demanda.
Esa consideración del Juez es correcta pues, ciertamente, no basta la manifestación del banco demandado de hallarse imposibilitado para presentar los originales de los documentos referidos, con motivo de que ya no contaba con ellos y, en consecuencia, exhibir copia certificada de los vouchers en cuestión y la impresión del contrato de apertura de crédito, en términos de los preceptos legales que invocó, ya que la sola manifestación de que no tenía los documentos en su poder, ni el hecho de que un funcionario autorizado de la institución de crédito esté facultado para certificar copias de los libros, registros y documentos que se hallen en su poder, constituyen una justificación suficiente para no enviar los originales; ni tampoco lo es, como ahora lo expone, que los originales de tales documentos los resguarda el establecimiento emisor de los mismos.
Para sustentar lo anterior, es necesario precisar diversas disposiciones jurídicas que regulan las operaciones con tarjetas de crédito, así como algunas de las consideraciones emitidas por el Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis número 119/2006-PS, que dio origen a la jurisprudencia número 1a./J. 11/2007, publicada en la página 143, del Tomo XXV, abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "NULIDAD ABSOLUTA. PROCEDE CUANDO SE ALEGA LA FALSEDAD DE LA FIRMA IMPRESA EN UN PAGARÉ (VOUCHER) SUSCRITO EN VIRTUD DE UNA COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE UNA TARJETA DE CRÉDITO.", para establecer si la razón que dio el banco demandado para justificar la no exhibición de los vouchers requeridos, constituye o no una imposibilidad real y jurídica a efecto de tener por actualizada o no la presunción de veracidad de las afirmaciones de la actora en cuanto a la falsedad de las firmas de los vouchers objetados.
En efecto, debemos recordar que la actividad de los bancos se encuentra regulada por diversas disposiciones de carácter mercantil, contenidas en diversos ordenamientos y circulares, en el entendido de que en el caso, sólo nos referiremos a aquellos que se vinculan con el uso de tarjetas de crédito.
Los artículos 6o., fracciones I y II, 46, fracción VI y 77 de la Ley de Instituciones de Crédito disponen:
"Artículo 6o. En lo no previsto por la presente ley y por la Ley Orgánica del Banco de México, a las instituciones de banca múltiple se les aplicarán en el orden siguiente: I. La legislación mercantil; II. Los usos y prácticas bancarios y mercantiles, y ..."
"Artículo 46. Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes: ... VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; ..."
"Artículo 77. Las instituciones de crédito prestarán los servicios previstos en el artículo 46 de esta ley, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, y con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de esas operaciones y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23334-bb2aed85/tarjetas-de-credito-las-instituciones-bancarias-emisoras-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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