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Modo: Corpus Pro

CHEQUE. SI SE EJERCITA LA ACCIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO FUNDADA EN LA NOTORIA FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA Y EL BANCO DEMANDADO NO EXHIBE LOS DOCUMENTOS QUE LA ACTORA SOLICITA PARA SU COTEJO, LAS AFIRMACIONES DE ÉSTA DEBEN TENERSE POR CIERTAS PARA TENER ACREDITADA DICHA ACCIÓN SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 501/2010. · Registro digital (IUS): 22433
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, , Pág. 2675.

AMPARO DIRECTO 501/2010. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Entrando al estudio de los conceptos de violación, este tribunal advierte que son en parte infundados e inoperantes en otra.

La parte quejosa aduce, esencialmente, que la resolución impugnada vulnera lo previsto por los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los artículos 1061, fracción III, 1194, 1195, 1196, 1324, 1325, 1326 del Código de Comercio, pues la entonces actora, hoy tercera perjudicada no acreditó los extremos de su acción.

Refiere que la parte actora no se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el que señala los casos de excepción en los cuales el titular de una cuenta de cheques puede objetar el pago hecho por el librado, siendo éstos los siguientes: a) si la alteración o falsificación en los cheques fuere notoria o, b) si habiendo perdido el esqueleto o el talonario hubiera dado aviso de su robo o extravío.

Lo anterior, porque no se acreditó de manera alguna que la falsificación de las firmas contenidas en los documentos controvertidos hubiere sido en forma notoria, y tampoco que se hubiese dado aviso oportuno del robo o extravío de éstos.

En diverso agravio, manifiesta sustancialmente que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1194 del Código de Comercio, si el elemento sustancial de la acción es la notoriedad en la falsificación de las firmas, la carga procesal de probarla recae en el librador, parte actora en el juicio. Señala que ésta no acreditó con prueba alguna su afirmación consistente en que la firma que calza los cheques no corresponde a su puño y letra y que se trata de una falsificación en forma notoria; de ahí que se haya transgredido el artículo citado en este apartado.

En otro motivo de inconformidad, la parte quejosa esencialmente aduce que la Juez de origen está pasando por alto el contenido del artículo 1061, fracción III y 1062 del Código de Comercio pues, con la simple petición del actor, tiene por ciertos los hechos de una prueba que la parte actora debió haberse allegado previamente a instaurar el juicio, o bien, demostrar que ya había sido solicitada.

Refiere que la Juez de origen está tomando como base en su resolución el apercibimiento por el cual se tuvieron por ciertos los hechos que se pretendían acreditar con las pruebas que no fueron exhibidas por la parte actora. Es decir, la sentencia se encuentra sustentada en una presunción que admite prueba en contrario, y no así en una prueba fehaciente, con la cual pueda sustentarse de manera objetiva e infalible.

Ello porque, aun cuando se le haya apercibido, tal requerimiento no suple la deficiencia del actor en el cumplimiento de los preceptos citados en este apartado y tampoco le da legalidad al apercibimiento decretado.

En ese sentido, señala que se le pretende condenar con base en una simple apreciación subjetiva, realizada por la juzgadora, no obstante que es necesario que la firma que calza el documento controvertido esté falsificada de manera notoria, esto es que la firma se encuentre realizada en forma burda, es decir, que pueda advertirse a simple vista. A efecto de apoyar sus manifestaciones invocó el criterio de rubro: "CHEQUES, NOTORIEDAD EN LA FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA DE LOS. EL ELEMENTO NOTORIEDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO SUPONE QUE LA FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA DEL LIBRADOR ES TAN BURDA QUE PUEDA ADVERTIRSE SIN POSEER CONOCIMIENTOS ESPECIALES EN GRAFOLOGÍA."

Por otra parte, aduce sustancialmente que en la sentencia recurrida se valoró indebidamente la presunción legal a su favor que deriva de lo previsto en el artículo 1196 del Código de Comercio y que obliga al actor a demostrar los extremos de su acción. Lo anterior, porque tiene a su favor la presunción legal derivada de los siguientes hechos:

a) Que la chequera que contenía los títulos de crédito controvertidos le fue entregada a la parte actora;

b) Que los cheques controvertidos y presentados ante su representada para su pago se encuentran en los esqueletos que le fueron proporcionados a la parte actora;

c) Que sólo la parte actora se encuentra facultada para el uso y manejo de su chequera;

d) Que los cheques fueron librados por la parte actora, en virtud de tener ésta, en su poder, el talonario que contenía los cheques controvertidos, más aun cuando no existió aviso en contrario;

e) Que de la firma contenida en los documentos controvertidos no se advierte que exista una notoria falsificación y, mucho menos, que ésta sea apreciable a simple vista.

Asimismo, refiere que la sentencia recurrida es incongruente e ilegal, ya que los razonamientos por los cuales se le condena se encuentran en contradicción con las constancias de autos, las cuales demuestran que el actor no probó su acción.

Los motivos de inconformidad se examinan de manera conjunta, en términos de lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo, a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada y son infundados.

En principio, debe decirse a la parte quejosa que, contrariamente a sus manifestaciones, la parte actora sí demostró que las firmas de los cheques controvertidos no fueron suscritas por su representante, esto es, que las firmas que obran en los citados documentos no fueron plasmadas de su puño y letra y, por tanto, acreditó la acción intentada. Ello, como se verá a continuación.

De una revisión integral de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la acción intentada en el juicio natural es la prevista en el artículo 194, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, consistente en la objeción de pago por notoria alteración o falsificación de la firma en diversos cheques pertenecientes a las cuentas números ********** y ********** a nombre de la hoy tercera perjudicada.

En efecto, por escrito inicial de demanda la entonces actora **********, por conducto de sus representantes, demandó en la vía ordinaria mercantil de la institución de crédito quejosa, entre otras prestaciones, la restitución de la cantidad de US$4,250.00 (cuatro mil doscientos cincuenta dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América), así como de la cantidad de $36,455.00 (treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), en virtud del pago indebido realizado por la institución de crédito quejosa respecto de diversos cheques notoriamente falsificados.

En los hechos de la demanda, la entonces actora básicamente señaló: que celebró con la ahora quejosa dos contratos, el primero de depósito bancario de dinero en moneda nacional a la vista con expedición de chequera, con número de cuenta **********, el segundo de depósito bancario de dinero en dólares americanos a la vista con expedición de chequera, con número de cuenta **********; que el veintiséis de agosto de dos mil nueve, mediante consulta electrónica se percató que en la primera cuenta en cita había un faltante de $36,455.00 (treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) y en la segunda citada, existía un faltante por la cantidad de US$4,250.00 (cuatro mil doscientos cincuenta dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América), lo que motivó que formulara escrito de aclaración a la institución de crédito quejosa, solicitándole una copia de los cheques que a continuación se relacionan:

a) **********, por la cantidad de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 moneda nacional).

b) **********, por la cantidad de $14,500.00 (catorce mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional).

c) **********, por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional).

d) **********, por la cantidad de US$1,050.00 (mil cincuenta dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América).

e) **********, por la cantidad de US$1,100.00 (mil cien dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América).

f) **********, por la cantidad de $1,000.00 (mil dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América).

g) **********, devuelto por falta de fondos.

h) **********, devuelto por falta de fondos.

Refirió, además, que el nueve de septiembre de dos mil nueve, la institución de crédito quejosa le entregó copia de los cheques citados, de los que advirtió que la firma que obra en éstos difiere notoriamente de la de su representante ********** y, no obstante ello, la ahora quejosa autorizó el pago de los citados documentos.

También señaló en su demanda que con el objeto de lograr la devolución del monto pagado indebidamente, formuló dos reclamaciones ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a las cuales les fueron asignados los números de expediente ********** y **********. Señaló que, en su momento, presentaría los dictámenes de dicha autoridad, los cuales se exhibieron como prueba superveniente el 8 y 12 de marzo del año en curso, respectivamente, en los cuales se concluyó que se presumía la procedencia de lo reclamado por la entonces usuaria, hoy tercera perjudicada, en relación con las reclamaciones relativas a las cuentas ********** y **********.

Asimismo, la entonces actora manifestó, bajo protesta de decir verdad, que la institución de crédito quejosa se negó a recibir su solicitud de tres de diciembre de dos mil nueve, por la cual requería se le entregaran los originales de los cheques controvertidos, los videos de la fecha de cobro de tales documentos y la tarjeta muestra de firmas. En ese sentido, solicitó a la Juez de origen que ordenara a la entonces demandada la entrega de los documentos requeridos, los cuales se encontraban en su poder, apercibiéndola que, para el caso de no exhibirlos, se tendría por cierto el hecho de que todas las firmas de los cheques cuestionados son notoriamente falsas.

La Juez de origen admitió a trámite la demanda y requirió al banco quejoso para que en el término de quince días exhibiera ante el local del juzgado, los cheques descritos con anterioridad, el tarjetón de firmas y/o tarjeta muestra de firmas de las cuentas ********** y ********** y los videos de las sucursales en donde fueron cobrados los cheques antes referidos, documentos que le habían sido solicitados por la parte actora, mediante escritos de veintiséis de agosto y tres de diciembre, ambos de dos mil nueve. Además, la apercibió que de no cumplir con lo anterior dentro del término indicado, o bien, sin haber manifestado la imposibilidad que tuviera para ello, se le tendrían por ciertas las afirmaciones de la parte actora, relacionadas con esos documentos y videos, salvo prueba en contrario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia.

En escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil diez, el banco demandado contestó la demanda incoada en su contra y opuso excepciones y defensas, lo que fue acordado de conformidad en auto de diecinueve del mismo mes y año y, posteriormente, en proveído de veintiséis de febrero de dos mil diez, la Juez de origen, a petición de la parte actora, hizo efectivo el apercibimiento decretado en contra de la institución bancaria entonces demandada, en virtud de que no exhibió los documentos solicitados. En ese sentido, se tuvieron por ciertos los hechos que con los mismos pretendía demostrar la entonces actora, en términos de lo dispuesto en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio.

Una vez precisado lo anterior, se afirma que los conceptos de violación son infundados pues, contrariamente a lo manifestado por la ahora quejosa, la entonces actora sí cumplió con la carga probatoria que nace de lo previsto en el artículo 1194 del código citado y acreditó la procedencia de la acción, que descansó en atribuir la falsedad de las firmas respecto de los cheques que la entonces demandada omitió exhibir, correspondientes a las cuentas ********** y **********, respectivamente.

Lo anterior es así, porque aun cuando es verdad que en términos de lo dispuesto en el artículo citado en el párrafo anterior, a la entonces actora correspondía la carga de la prueba de demostrar la falsedad de la firma plasmada en los títulos de crédito controvertidos, ésta expresó con toda claridad en su demanda, que solicitaba la exhibición de los cheques controvertidos, pues impugnaba la firma en éstos contenida al ser notoriamente falsa, debiendo destacarse que tales documentos resultaban indispensables para el esclarecimiento de la verdad y así estar en aptitud de cumplir con la carga probatoria que corresponde a toda parte en un procedimiento.

En efecto, del escrito inicial de demanda se aprecia que la entonces actora solicitó la exhibición de dichos documentos señalando lo siguiente:

"En virtud de lo anterior, rogamos a su Señoría, requerir a la parte demandada que exhiba los cheques en original. No obstante que dicha institución crediticia los exhibió en copia en diverso procedimiento, sin embargo, la reiterada solicitud es para que Usía, al tener los documentos en original y los coteje con la firma, que de nuestro puño y letra consta en varios documentos que se exhiben con la presente demanda, de inmediato se percate de la notoria falsificación de la firma de la que fuimos objeto."

Sin embargo, a pesar de haber sido requerida por la Juez de origen, la institución bancaria, entonces demandada, no exhibió los documentos requeridos y tampoco justificó la causa por la cual no los presentó, lo que trajo como consecuencia que en auto de veintiséis de febrero de dos mil diez, se hiciera efectivo el apercibimiento decretado en su contra consistente en tener por ciertos los hechos que el actor pretendía demostrar con los mismos; sin que este Tribunal Federal esté en condiciones de examinar sobre la legalidad o ilegalidad de dicha determinación por haber sido consentida por el banco quejoso al no haberla impugnado mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, el cual, en lo conducente, dispone:

"Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio."

Siendo el recurso procedente, en atención a que el juicio natural no admite el de apelación, por la cuantía de la suerte principal, la cual es inferior a la prevista en el artículo 1340 del ordenamiento en cita, para la procedencia de dicho recurso.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, derivada de la contradicción de tesis 51/2010, en sesión de fecha siete de julio de dos mil diez, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que este tribunal tuvo conocimiento, en términos del artículo 195, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:

"REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el Juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión 'recurribles' fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación."

En este orden de ideas, es correcto que la Juez de origen haya resuelto la controversia con las anteriores circunstancias; es decir, sobre la base del apercibimiento que se hizo efectivo en contra de la institución quejosa, pues si ésta omitió la exhibición de dichos documentos y, por ello, se le hizo efectivo el apercibimiento en el sentido de tener por ciertos los hechos que con éstos se pretendía demostrar, consistente en que la parte actora no los suscribió pues no contienen la firma del legalmente autorizado para suscribirlos; tal declaración de tener por ciertos los hechos antes señalados (como prueba indirecta), sí tiene el alcance que se pretende acreditar con ésta, lo que denota que, contrariamente a lo señalado por la institución bancaria quejosa, sí quedó demostrada la falsedad de la firma que obra en títulos de crédito controvertidos.

Máxime que la institución de crédito quejosa no desvirtuó con algún elemento de prueba la presunción que nace de lo dispuesto en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, que dispone:

"Artículo 89. Cuando una de las partes se oponga a la inspección o reconocimiento ordenados por el tribunal, para conocer sus facultades físicas o mentales, o no conteste las preguntas que le dirija, deben tenerse por ciertas las afirmaciones de la contraparte, salvo prueba en contrario. Lo mismo se hará si una de las partes no exhibe, a la inspección del tribunal, la cosa o documento que tiene en su poder o de que puede disponer."

De la interpretación armónica del precepto transcrito se infiere que la intención del legislador al prever que se tengan por ciertas las afirmaciones que la contraparte pretende acreditar con un documento ante la negativa de una parte para exhibirlo en el juicio, el cual esta última posee, tiene sustento en el hecho de que esa es la única forma en que la parte respectiva pueda acreditar sus afirmaciones cuando no tiene en su poder los documentos que necesita para ello, pues, de otra manera, no podría obligarse a la parte que los tiene en su poder a que los exhiba, en tanto que al saber que éstos son necesarios para que su contraria pueda acreditar sus afirmaciones y quizá la procedencia de la acción ejercitada en su contra, se negará a exhibirlos y ante tales circunstancias, se dejaría en estado de indefensión a la parte que las requiere, pues no tendría forma alguna de obligar a su contrario a que los exhiba.

Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis I.11o.C.181 C que sustentó este Tribunal Federal en relación a la objeción de pago de cheques, que puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 3113, que establece:

" Cuando se ejercita la acción de objeción de pago prevista en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, fundada en la notoria falsificación de la firma que contiene el cheque base de la acción y el banco demandado se niega a exhibir el original de éste y la tarjeta de registro de firmas que la parte actora solicitó se le requiera para hacer el cotejo correspondiente, las afirmaciones de la citada actora, relativas a que la firma que contiene el aludido cheque es notoriamente distinta a la que contiene la ficha de registro de firmas, deben tenerse por ciertas y, por tanto, la presunción que se desprende de esa certeza es suficiente para tener acreditada la acción, salvo prueba en contrario; atento a que lo único que tenía que acreditar dicha actora para demostrar sus afirmaciones era, precisamente, que la firma contenida en el cheque era notoriamente distinta a la que contiene la ficha de registro de firmas del banco. Se estima lo anterior, porque del artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles se infiere que la intención del legislador al prever que ante la negativa de una parte para exhibir en el juicio un documento que tiene en su poder, se tengan por ciertas las afirmaciones que su contraparte pretendía acreditar con él, lo que tiene sustento en el hecho de que esa es la única forma en que el actor puede acreditar sus afirmaciones cuando no tiene en su poder los documentos que necesita para ello pues, de otra manera, no podría obligarse a la parte que los tiene en su poder a que los exhiba, en tanto que al saber que éstos son necesarios para que su contraria pueda acreditar sus afirmaciones y quizá la procedencia de la acción ejercitada en su contra, se negará a exhibirlos y ante tales circunstancias, se dejaría en estado de indefensión a la parte que los requiere, pues no tendría forma alguna de obligar a su contrario a que los exhiba."

En tal virtud, en el caso se dieron las circunstancias para que la Juez de origen determinara de manera correcta que la parte actora probó la acción de objeción de pago por notoria falsificación de firmas, al haberse hecho efectivo el apercibimiento decretado en contra de la institución bancaria quejosa y tener por ciertos los hechos que con los cheques materia de la litis se pretendía demostrar, pues ello conllevó a la presunción de que el representante de la parte actora no los suscribió y que, por tanto, las firmas estampadas no corresponden a su puño y letra; actualizándose la presunción de certeza de los hechos precisados por la entonces actora como hechos constitutivos de su acción.

En consecuencia, tal como lo consideró la Juez de origen, lo anterior es suficiente para tener por acreditada la acción, máxime que tal presunción no quedó desvirtuada por la solicitante del amparo con ningún medio de convicción, y de ahí que resulte inaplicable el criterio invocado por la parte quejosa.

En este orden, debe anotarse que en situaciones como la analizada, para tener por acreditada la pretensión de la parte actora sí es suficiente que se haya hecho efectivo el apercibimiento a la ahora quejosa, pues el mismo está fundado en legislación aplicable al caso concreto y es acorde al equilibrio procesal entre las partes, y a la aplicación del principio de la buena fe procesal que rige en materia probatoria, y cuya infracción trae consecuencias para éstas.

Se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia I.4o.C. J/28, que este tribunal comparte, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la foja 1098, junio de 2008, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:

"DOCUMENTO EN PODER O A DISPOSICIÓN DE LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE. LA CONTUMACIA DE ÉSTA PARA APORTARLO AL JUICIO MERCANTIL GENERA LA LEGALIDAD DE LA DECLARACIÓN DE CERTEZA DE LAS AFIRMACIONES SOBRE LOS HECHOS CONTENIDOS EN ESE INSTRUMENTO, PRODUCIDAS POR QUIEN OFRECIÓ DICHO MEDIO DE PRUEBA. En los juicios mercantiles es apegada a derecho la determinación del juzgador, en el sentido de tener por ciertas las afirmaciones producidas por la parte que, para demostrar su dicho, ofrece el medio probatorio, cuya incorporación al juicio depende de la voluntad de su contraparte; pero ésta, en desacato a la prevención formulada al efecto, impide que la prueba llegue al proceso. En la emisión de este punto de vista se tiene en consideración, que en los procesos mercantiles hay ocasiones en que alguna de las partes no cuenta o no tiene a su disposición el medio de prueba, cuya aportación al proceso le es indispensable para acreditar la afirmación sobre un hecho relevante, pues se encuentra en poder o está a disposición de su contraparte. A este respecto, específicamente con relación a los documentos que deben acompañarse a la demanda, el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 1061 del Código de Comercio autoriza al juzgador a que, si se surte la hipótesis prevista en el propio precepto, aperciba con la imposición de una medida de apremio a quien tenga la responsabilidad de proporcionar el documento al interesado, para que éste se encuentre en condiciones de aportarlo al juicio. Este precepto regula una de las manifestaciones de los poderes con que cuenta el juzgador en materia probatoria, para alcanzar la finalidad que sobre el tema, le impone el artículo 1205 del Código de Comercio, que es la de arribar a la verdad sobre los hechos litigiosos. En concordancia con los referidos preceptos se tiene asimismo en cuenta, que el artículo 1158 del propio código faculta al Juez a utilizar, sin limitación de ninguna especie, toda clase de apercibimientos de los que permite la ley, para hacer cumplir las determinaciones que dicte en toda clase de medios preparatorios a juicio. Si esta potestad es admisible usarla en toda clase de medios preparatorios, con mayor razón debe ser empleada dentro de los juicios, en los cuales la sociedad está interesada, no sólo en su pronta resolución, sino en que en cada fallo se haga patente el Estado de derecho, a través de la emisión de una sentencia justa. Por este motivo, es apegado a derecho que para recabar documentos en casos como el previsto en el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 1061 del Código de Comercio, el juzgador requiera la prueba con el apercibimiento de tener por ciertas, salvo prueba en contrario, las afirmaciones de la parte, cuyo oponente se niegue a proporcionar el propio medio probatorio que, estando en su poder o en condiciones de disponer, haya sido ofrecido por aquélla, tal y como lo dispone el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La aplicación de este precepto se justifica, porque el artículo 1054 del Código de Comercio autoriza la supletoriedad de la referida legislación procesal federal, sin que pueda considerarse que se esté ante la presencia de una institución ajena o contraria a las bases del código citado, pues los artículos reguladores de la prueba evidencian un sistema armónico en el que, en uso de los poderes conferidos por la ley, el Juez realiza los actos necesarios para determinar la verdad sobre los hechos debatidos, en acatamiento a la última parte del artículo 1205 de ese cuerpo de leyes, ordenamiento en el cual está prevista la institución del apercibimiento, por lo que solamente se recurre a la supletoriedad indicada, para obtener el medio gracias al cual se logra el alto fin que en materia probatoria establece el código en comento. De este modo, ante la imposibilidad material de traer al proceso la documental ofrecida por la parte que no cuenta con ella, la pretendida información cierta que esa prueba pudiera proporcionar se colma, con la presunción de certeza de los hechos afirmados por el oferente, obtenida al hacerse efectivo el apercibimiento con que fue prevenido quien impidió la obtención de la probanza para el juicio. Al procederse de esta manera, el juzgador recurre a la potestad que le confiere la ley, como director del proceso, para hacer cumplir sus determinaciones, incluso contra la voluntad de los sujetos vinculados, además de que utiliza un medio legal para constatar la verdad de las afirmaciones expuestas por las partes, aunque sea indirectamente, ya que no debe perderse de vista que en conformidad con el principio ontológico en materia de prueba (lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba) lo ordinario es que quien obstaculiza la obtención de un medio de convicción en el juicio es porque perjudica a su posición, o bien, porque favorece a la de su contraparte; por eso es que cobra especial relevancia en el proceso la presunción juris tantum mencionada, pues la verdad que no pudo obtenerse con la prueba requerida se logra mediante el referido medio indirecto."

En este apartado, cabe destacar que el apercibimiento que se hizo en contra de la institución bancaria quejosa sí corresponde a las constancias del juicio de origen, por lo que, contrariamente a lo manifestado por la parte quejosa, la Juez Federal no actuó contra actuaciones judiciales.

Por otra parte, no pasa inadvertido que la parte quejosa refiera que con las presunciones consistentes en que la chequera que contenía los títulos de crédito controvertidos le fue entregada a la parte actora; que sólo ésta se encuentra facultada para el uso y manejo de la misma; que los títulos de crédito controvertidos fueron librados por la actora; y que no se advierte que la firma se encuentre notoriamente falsificada, se desvirtúa la presunción legal derivada de su omisión de exhibir los documentos que le fueron requeridos. Sin embargo, lo anterior es insuficiente para desvirtuar la citada presunción.

Esto es así, porque el hecho de que la chequera se le entregue a la entonces actora, no exime al banco quejoso de su obligación de verificar que la firma que contienen los títulos de crédito, al momento que se le requiere el pago que amparan, coincida con la que tiene registrada para tal efecto, pues sólo así estará en aptitud de realizarlo.

Ello, porque las instituciones bancarias se encuentran obligadas a conducirse de conformidad a lo previsto por los artículos 77 y 91 de la Ley de Instituciones de Crédito, en particular a cerciorarse plenamente de que las firmas que amparan los documentos que se le presentaron correspondían a la que se tiene registrada de la parte actora. Los artículos citados en este apartado establecen:

"Artículo 77. Las instituciones de crédito prestarán los servicios previstos en el artículo 46 de esta ley, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, y con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de esas oper

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22433-5dfb070f/cheque-si-se-ejercita-la-accion-de-objecion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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