COSTAS. PROCEDE SU CONDENA CUANDO SE DECRETA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
AMPARO DIRECTO 51/2010. **********.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Transcritas las consideraciones del fallo reclamado y los conceptos de violación, a continuación se procede a centrar la litis constitucional, de la que se ocupará la presente ejecutoria, para lograr con ello mayor claridad -del calificativo que de los conceptos se dará-.
Para justificar la siguiente narrativa, nos apoyaremos en las constancias remitidas por la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del toca número **********, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente **********, relativo al juicio ordinario civil promovido por **********, en contra de ********** y otros, así como del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital y del notario público número **********; mismas que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(1) aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.
Así, mediante escrito de demanda recibido el siete de abril de dos mil seis (fojas 1 a 28 del juicio natural), en la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles del Primer Distrito Judicial del Estado, la parte actora acudió reclamando, entre otras prestaciones, la "declaratoria de nulidad absoluta de diversas escrituras públicas", así como los gastos y costas judiciales que se originaran por la tramitación del juicio.
Ocurso el cual, por cuestión de turno, fue remitido al Juez Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, quien por auto de veintiuno de abril de dos mil seis, se "excusó" de conocer del negocio, admitiendo que existían lazos de amistad entre él y dos de los actores representados por la promovente, remitiendo la demanda y sus anexos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que fuera turnado al Juez correspondiente (foja 30 ídem).
Posteriormente, remitidos que fueron los autos al Juez Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de quince de mayo de dos mil siete, admitió a trámite y ordenó emplazar a los demandados (foja 38 ídem).
Seguido el juicio por sus trámites respectivo, ante lo infructuoso que resultó el emplazar a diversos codemandados, se advierte de autos que a petición de la parte actora, por auto de seis de julio de dos mil seis, el a quo natural, ordenó se giraran oficios a diversas autoridades, a fin de que se investigarán sus domicilios (foja 215 ídem).
Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil nueve, compareció **********, en su carácter de apoderado legal de **********, solicitando la caducidad de la instancia con motivo de la inactividad procesal imperante en el juicio; dicha petición fue acordada de conformidad a través del proveído del día veinticuatro del mismo mes y año, el cual por su trascendencia, se procede a transcribir en lo conducente (fojas 422, 423 y 424 ídem):
"... En atención al contenido de lo peticionado, tomando en cuenta el estado procesal que guarda el presente juicio y, advirtiéndose del mismo que de la última actuación judicial realizada dentro del presente procedimiento en fecha 16 dieciséis del mes de febrero del año 2009 dos mil nueve a la actualidad, se ha producido una inactividad procesal superior a 120 ciento veinte días que marca la ley, transcurriendo al efecto un total de 128 ciento veintiocho días en el lapso de término antes señalado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3o. del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, esta autoridad tiene a bien decretar la caducidad de la instancia dentro del presente juicio, debiéndose archivar el mismo como asunto concluido y haciéndose las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado. Finalmente, y una vez que cause estado el presente proveído, hágase devolución de los documentos originales allegados, previa copia autorizada que de los mismos se dejen en autos para su constancia legal, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 y 71 del Código de Procedimientos Civiles. Notifíquese personalmente a las partes."
Posteriormente, se peticionó al Juez natural que ante la declaración de caducidad, se ordenara la condena en gastos y costas a la parte accionante, recayendo a tal petición el proveído de seis de julio de dos mil nueve, que estableció que debía estarse a lo ordenado en aquel auto que decretó la caducidad, sin resolver sobre dicha petición.
Inconforme con la determinación del Juez de autos, ********** por medio de su apoderado, interpuso recurso de apelación, medio de impugnación del que se abocara a su conocimiento la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien el veintinueve de octubre de dos mil nueve -acto reclamado-, dictó sentencia, la que concluyó con los puntos resolutivos siguientes:
"... PRIMERO. Es fundado el primer agravio, aunque inoperante el segundo, de los expuestos por el codemandado **********, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas **********, en contra del auto de fecha 24 veinticuatro de junio de 2009 dos mil nueve, dictado por el ciudadano Juez Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro del expediente judicial **********, relativo al juicio ordinario civil promovido por **********, en contra de **********, **********, Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Distrital, licenciado ********** como notario público **********, licenciado ********** como notario público suplente **********, **********; asunto del que conoce esta Sala bajo el número de toca de apelación en artículo **********; en consecuencia: SEGUNDO. Se modifica la resolución impugnada descrita en el resolutivo anterior, para el único efecto de condenar a la parte actora a pagar al hoy apelante los gastos y costas que hubiere erogado con motivo de la tramitación del presente juicio en primera instancia, según se explicó en el considerando cuarto del presente fallo. TERCERO. Cada parte deberá soportar las costas que hubiere erogado con motivo de esta segunda instancia. Notifíquese personalmente ..."
Las consideraciones en las que se basó la responsable para decretar fundado el agravio son, en esencia:
1. De inicio, en el considerando cuarto del fallo reclamado, la Magistrada responsable sintetizó el primero de los agravios propuestos en el cual, el apelante, en esencia, señaló que era incorrecto que no se hubiera condenado a la parte actora a pagarle gastos y costas, ya que había intentado una acción para después abandonarla cuando, en el caso, el demandado (y apelante) al haber comparecido a defenderse y estar al pendiente del proceso, tenía que soportar los gastos necesarios para afrontarlo, circunstancia que consideró injusta.
2. Dicho agravio, la Magistrada lo calificó fundado y suficiente para modificar el auto apelado, citando los preceptos del Código de Procedimientos Civiles del Estado que estimó aplicables, para luego definir los sistemas o criterios para regular la condena en costas (el objetivo y subjetivo); previamente a esto, dicha autoridad había establecido lo siguiente:
Aunque el proveído que decretó la caducidad no puede ser considerado como una sentencia que resuelve la cuestión de fondo, éste sí pone fin al juicio, dado que la caducidad debe entenderse como una forma atípica de concluir un proceso, que sanciona la inactividad de quien habiendo activado el órgano jurisdiccional desatiende el juicio.
Las costas están reguladas en los artículos 89, 90, 91 y 92 del código adjetivo civil de la entidad; de dichos dispositivos se colige la obligación del juzgador de que en todo juicio de carácter contencioso haya condenación en costas a cargo de la parte que no obtuviere fallo favorable a sus intereses, sin obstar que se trate de sentencia interlocutoria o definitiva.
3. Para luego concluir que, además del dictado de una sentencia interlocutoria o definitiva, existen otras figuras que motivan la condena en costas a cargo de las partes, como pueden ser "el desistimiento o la caducidad de la instancia", siendo aplicable a la actual hipótesis, en forma extensiva, lo establecido para el caso de desistimiento de la contienda por parte del actor, sin anuencia de la parte demandada.
4. Así, al haber abandonado la parte actora por más de ciento veinte días la contienda el efecto es que no obtendrá sentencia favorable, puesto que los puntos de su demanda quedaron sin analizar; por ello, conforme a la teoría del vencimiento adoptada por el numeral 91 de la ley procesal aplicable, debe condenarse a la parte actora a pagar a su contraparte y único apelante, los gastos y costas que hubiere erogado con motivo de la tramitación del juicio.
5. A su vez, al abordar el estudio del segundo agravio, éste fue declarado inoperante por inatendible, dado que versaba sobre aspectos tendientes a aclarar a partir de cuando se dio inicio el cómputo de la caducidad, empero, incluso la fecha de la actuación referida por el apelante era anterior a la que se tomó en cuenta para decretar dicha sanción procesal, por lo que a ningún fin práctico conducía su análisis.
6. Finalmente, en el considerando quinto de su fallo, la Magistrada responsable, tomando en cuenta el resultado favorable obtenido por el apelante, atendiendo a que ni la actora y ni tampoco los demás codemandados comparecieron ante la segunda instancia, estimó que, en la especie, no se actualizaban los supuestos previstos en los numerales 91 y 92 de la ley procesal civil del Estado; por ello, decretó que cada parte soportaría las costas que hubiere erogado por la tramitación del recurso de apelación.
Lo sintetizado consta de fojas 591 a 595 del cuaderno de apelación.
Además, en lo relativo al estudio de los agravios, de los cuales estimó fundado y suficiente el primero para modificar la sentencia apelada, citó como fundamento lo dispuesto en los artículos 3o., 89, 90 y 91 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; así como la tesis de rubro: ""
Consideraciones y fundamentos emitidos en la sentencia reclamada, que denotan lo gratuito de la afirmación de la quejosa, pues ésta no transgrede lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales (sustento constitucional de la garantía de fundamentación y motivación de las determinaciones judiciales), a los que alude como violados en su perjuicio (causa de queja que se expone con mayor amplitud en el segundo concepto de violación, de la hoja 16 a la 23 del escrito de demanda de amparo).
Efectivamente, basta imponerse de la resolución combatida para advertir que, contrario a lo aducido, sí está fundada y motivada, pues en ella -como ya se evidenció en párrafos precedentes- la Magistrada responsable citó los preceptos que normaron su proceder, las razones particulares y causas especiales que tomó en consideración para resolver en la forma en que lo hizo, además de invocar una tesis que estimó aplicable al caso (emitida por este tribunal).
Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asequible en la página 175, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguientes:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
Además, cobra aplicación al caso, la jurisprudencia número 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, que a la letra establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." (El énfasis es propio de este tribunal).
Así, sólo resta declarar infundados aquellos argumentos tendientes a cuestionar la fundamentación y motivación del fallo reclamado.
En otro orden de ideas, en el primer concepto de violación se asevera que el proceder de la Sala responsable es trasgresor de los artículos 3o., 89, 90, 91 y 92 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues el auto que decreta la caducidad de la instancia no puede condenar al pago de gastos y costas.
Aunado a ello, se cita y se reproduce el artículo 19 del Código Civil del Estado como sustento para afirmar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las controversias judiciales únicamente pueden resolverse con fundamento en la ley, y que cuando ésta es clara no procede su interpretación (a su vez se define el término judicial de sentencia definitiva).
Se asegura que sólo cuando se agotaron los medios de interpretación de la ley es posible hacer uso de los principios generales del derecho. Aseveraciones las anteriores que dan pie a que se afirme que si el artículo 3o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado no establece la condena en costas cuando se decrete la caducidad, es evidente la ilegalidad del proceder de la Sala responsable al haber decretado la condena.
Se añade que el contenido del artículo 3o. en cita, no es objeto de oscuridad, por lo cual la Magistrada responsable se encontraba obligada a atender su literalidad y no pretender interpretarlo, pues ello se tradujo "... en verdaderos actos legislativos ..." (se afirma, que no fue voluntad del legislador condenar por concepto de costas cuando se decretara la caducidad, a diferencia de la materia mercantil).
Por último, se asevera que la Sala incurrió en una contradicción, al aseverar que no existe dispositivo alguno que establezca la condena en costas al actualizarse la caducidad de la instancia y, no obstante, declaró dicha condena; que a su vez -de sus razonamientos- pasó por alto, que con el desistimiento se extingue la acción y en la caducidad no, por lo cual resulta inaplicable el principio general del derecho que reza "donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición".
Causas de queja sintetizadas que resultan infundadas; veamos por qué.
De inicio, resulta preponderante evidenciar que el estudio de la Sala responsable se apoyó -e incluso se parafraseó- en un criterio de este tribunal, para arribar a la conclusión de que era procedente la condena en costas a raíz de la caducidad de la instancia.
Particularidad que permite adelantar que, a criterio de los que ahora resuelven, resulta apegado a la legalidad el actuar de la Sala responsable, acorde a las siguientes consideraciones.
La problemática de fondo planteada vía agravio de la que se ocupó el tribunal de apelación, ya fue materia de reflexión por parte de este Tribunal Colegiado en sesión de fecha quince de junio del año dos mil seis, al resolver el amparo directo identificado con el número ********** promovido por **********; pues en él, se resolvió en síntesis: "que no sólo el dictado de una sentencia (definitiva o interlocutoria) determina la condena en costas, pues es viable decretarla cuando se actualiza la caducidad de la instancia."
Dicha resolución dio lugar a la emisión, por parte de este tribunal, de la tesis número IV.1o.C.63 C, visible a página 1684, Tomo XXV, febrero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son:
" Del contenido del primer párrafo del artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone: "En toda sentencia definitiva o interlocutoria dictada en asuntos de carácter contencioso, se hará forzosamente condenación en costas, determinando cuál de las partes debe pagar a la parte contraria las costas que se le hayan causado en el juicio.", se advierte que la ley impone al juzgador la obligación de condenar en costas en toda sentencia definitiva o interlocutoria dictada en asuntos de carácter contencioso; sin embargo, no puede considerarse que sólo en esos casos ha lugar a imponer dicha condena, pues un juicio no necesariamente concluye con el dictado de una resolución de las anteriormente referidas, como ocurre, por ejemplo, cuando el actor desiste de la demanda o se decreta la caducidad de la instancia. Al respecto, el artículo 3o. del citado ordenamiento prevé la condenación en costas cuando el actor desista de la acción, si los demandados ya han sido emplazados; consecuentemente, se concluye que no sólo el dictado de una sentencia (definitiva o interlocutoria), da lugar a la condena en costas. La misma regla puede aplicarse analógicamente tratándose de la declaratoria de caducidad de la instancia, de acuerdo con el principio general de derecho que establece: "donde existe la misma razón debe existir la misma disposición", ello en virtud de que tanto el desistimiento como la caducidad llevan implícito el desinterés del actor por la continuación del procedimiento (el primero en forma expresa, y el segundo por una presunción de la ley); además, ambas figuras extinguen el juicio en forma anticipada y, por ende, excluyen la posibilidad de dictar sentencia definitiva."
Criterio que, como ya se anticipó, fue en el que se apoyó la Sala responsable y se aprecia su transcripción a foja 594 del toca de apelación.
De la ejecutoria génesis del anterior criterio, se advierte que fue este tribunal quien concluyó que no sólo el dictado de una sentencia (definitiva o interlocutoria) determina la condena en costas, pues el desistimiento excluye esa posibilidad; supuesto que debe aplicarse en forma extensiva, tratándose de la declaratoria de caducidad, en atención al principio general del derecho que reza "donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición".
Además que, cuando se decreta la caducidad de la instancia el actor debe ser condenado a satisfacer a su contrario los gastos y costas del juicio, pues ello constituye un impedimento legal para analizar las cuestiones propuestas, provocado por el abandono de la contienda, incumpliendo así una carga procesal que sólo es imputable a él. Entonces, por efecto de esa resolución, la parte actora no obtendrá resolución favorable sobre ninguno de los puntos de su demanda.
Para mayor exactitud de lo hasta aquí expuesto, se insertará la parte conducente de la referida ejecutoria:
"Ahora, aun cuando el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado parte de una premisa genérica, a saber, que en toda sentencia definitiva o interlocutoria dictada en asuntos de carácter contencioso se impondrá forzosa condena en costas, no debe perderse de vista que esa regla no es absoluta, pues no puede soslayarse que un juicio no necesariamente termina con una sentencia, ya que existen otras posibilidades para darle fin, verbigracia, una transacción judicial, el desistimiento, o bien, la caducidad de la instancia.
"Al respecto, conviene traer a colación que la razón toral subyacente en lo resuelto por la Magistrada responsable fue que, en la especie, de conformidad con el artículo 90 del código adjetivo civil, no procedía la condena en costas ‘... ya que la resolución combatida no se trata de una sentencia definitiva ni interlocutoria ...’; y ‘... que el mismo no se ocupa de las prestaciones reclamadas, es decir, del fondo del asunto ...’. Asertos que, a juicio de este tribunal, no son del todo correctos, pues si bien el numeral 90 del ordenamiento referido así lo establece, no menos es verdad que el diverso artículo 3o., primer párrafo, prevé la condena en costas en supuesto donde no existe sentencia, esto es, el desistimiento (cuando los demandados han sido emplazados), ya que si el actor desiste de la demanda, lógicamente, no se dictará sentencia (que fue la razón toral en que se apoyó la ad quem).
Desde esa perspectiva, es dable concluir, mediante una interpretación sistemática de la ley procesal en comento (en concreto, los preceptos mencionados en el párrafo anterior), que no sólo el dictado de una sentencia (definitiva o interlocutoria) determina la condena en costas, pues el desistimiento excluye esa posibilidad; supuesto que puede aplicarse en forma extensiva, tratándose de la declaratoria de caducidad de la instancia, en atención al principio general del derecho que reza: "donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición".
Luego, si de acuerdo con lo expuesto con antelación la teleología de las costas es tutelar, vía indemnización, el detrimento patrimonial de quien se ha visto en la necesidad de hacer erogaciones para promover un juicio con la finalidad de hacer valer sus derechos (o exigir el cumplimiento de una obligación), o bien, ha tenido que realizar diversos gastos para defenderse de una reclamación injusta o no del todo justificada; puede válidamente concluirse que el segundo de esos extremos se actualiza cuando una persona estimula la actividad jurisdiccional contra otra y, a la postre, abandona sus pretensiones y, por consecuencia, se declara caduca la instancia; pues, por efecto de esa resolución, la parte actora no obtendrá resolución favorable sobre ninguno de los puntos de su demanda, al existir un impedimento legal para analizar las cuestiones propuestas, provocado por el abandono de la contienda, incumpliendo así una carga procesal que sólo es imputable a él.
Entonces, es dable concluir que cuando se decreta la caducidad de la instancia el actor debe ser condenado a satisfacer a su contrario los gastos y costas del juicio.
Precedente reproducido -en el que se apoyó la responsable-, donde se aprecia que se verificó una interpretación sistemática de los artículos 3o. y 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para concluir que sí procede la condena en costas en un supuesto donde no existe sentencia, a guisa de ejemplo el desistimiento, hipótesis, que se hace extensiva a la caducidad de la instancia en atención al principio de derecho, que reza: "donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición"; sanción procesal (caducidad), que sólo es atribuible a la parte actora quien abandonó sus pretensiones -por lo que no obtiene resolución favorable sobre ninguna de ellas-.
Ejecutoria de fecha quince de junio del dos mil seis, que se tiene a la vista y que se invoca como hecho notorio, al ser del conocimiento de este Tribunal Colegiado con motivo de la actividad jurisdiccional que desarrolla, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2o. de este último cuerpo de leyes.
Sirve como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 27/97 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 117, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época, cuyos rubro y texto establecen:
"HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial."
De esa guisa -como se evidenció-, al existir pronunciamiento por parte de este órgano colegiado sobre todos los temas de fondo planteados por la quejosa vía conceptos de violación, no queda más que declarar lo infundado de sus planteamientos.
Ahora bien, por lo que respecta a aquellos argumentos tendientes a combatir la interpretación del artículo 3o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado, los mismos devienen igualmente infundados; veamos por qué.
Contrariamente a lo sostenido por la solicitante del amparo en sus conceptos de violación, la interpretación realizada al artículo 3o. del código adjetivo civil del Estado, no es ilegal, ni conculca garantía individual alguna o principio de derecho (en la inteligencia, que la interpretación realizada no invade la función del poder legislativo); como se demostrará a continuación.
La interpretación es un esfuerzo sistemático, metódico y racional por comprender el mejor sentido de una norma determinada a la luz de los valores, principios y reglas del ordenamiento legal en su conjunto; siendo ella una de las principales funciones del Poder Judicial.
Hay que recordar, que tratándose, como en la especie, de asuntos de materia civil, el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, contiene las reglas fundamentales de interpretación e integración en el derecho mexicano, pero sólo en relación con las sentencias.
El texto del referido párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, es el siguiente:
"Artículo 14. ... En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."
En ese sentido, el párrafo transcrito no sólo es regla de interpretación, sino de integración. Tiene indudablemente el defecto de referirse de modo exclusivo al acto por el cual el negocio es fallado, como si los problemas hermenéuticos, en esta materia, únicamente pudieran presentarse cuando el Juez dicta la sentencia. Las cuestiones interpretativas surgen no sólo al resolver los conflictos, sino en cualquier acto de aplicación de leyes y, por ende, en cualquier momento del juicio, desde la formulación de la demanda hasta el postrer acto de ejecución.
El párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Federal establece, en su primera parte, que en los asuntos del orden civil la sentencia deberá ser conforme a la letra de la ley ¿Quiere decir que las leyes civiles han de interpretarse de manera puramente literal o gramatical?
Por tanto, la primera parte del párrafo cuarto debe entenderse así: el Juez Civil ha de resolver, de acuerdo con la ley, las controversias de que conoce, cuando aquélla prevé la situación jurídica controvertida. Expresado en otro sentido: el Juez está ligado a los textos legales, si éstos le brindan la solución que busca.
Sin embargo, cuando el sentido de la ley es dudoso, debe el intérprete buscar en todos los recursos que el arte de la interpretación le ofrece. Intervienen entonces las llamadas interpretación histórica, interpretación lógica e interpretación sistemática. A ello aluden las palabras "o a la interpretación jurídica." (Nota: la interpretación sistemática fue la empleada por este tribunal en la ejecutoria en cita).
Mas no hay que olvidar que se trata de la búsqueda del sentido de la ley, y que éste no ha de identificarse con la voluntad del legislador. Si la labor interpretativa revela al Juez
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22573-c59bb72d/costas-procede-su-condena-cuando-se-decreta-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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