CÉDULAS DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. PARA FUNDAMENTAR DEBIDAMENTE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LOS SUBDELEGADOS REGIONALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EMITIRLAS ES INNECESARIO QUE ÉSTOS INVOQUEN EL ARTÍCULO 251 A DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA QUE TENGAN VALIDEZ, BASTA CON QUE LA INFORMACIÓN QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DEL CITADO ORGANISMO SEA IMPRESA POR ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO DE ÉSTE.
AMPARO DIRECTO 41/2010. **********.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los conceptos de violación transcritos son jurídicamente ineficaces; éstos se analizarán en un orden distinto al propuesto en la demanda de amparo por razón de técnica jurídica.
En principio, se analizarán los argumentos relativos a la constitucionalidad de normas generales, con apoyo en la tesis 2a. CXIX/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos noventa y cinco, Tomo XVI, octubre de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que cuando en amparo indirecto se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación, el Juez de Distrito, al pronunciarse respecto al fondo, debe analizar primero la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el criterio aludido no es de aplicación exclusiva al juicio de amparo indirecto, sino que, por identidad de razón, debe hacerse extensivo al juicio de garantías en la vía directa, a fin de que los Tribunales Colegiados de Circuito ajusten sus sentencias a este orden de análisis de los conceptos de violación propuestos, en términos del artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal."
Sin que ello entrañe la inobservancia de la tesis de jurisprudencia P./J. 3/2005, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 37/2003-PL, en la que participó el criterio antes transcrito, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.", en razón de que los argumentos que hace valer la impetrante resultan jurídicamente ineficaces.
En el octavo concepto de violación la peticionaria del amparo aduce que el artículo 4 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales.
La circunstancia anterior la hace depender de que dicho precepto legal otorga facultades al instituto para expedir certificaciones de la información conservada por éste, lo que -dice- la deja en estado de indefensión al no tener la certeza de cuál de todos los funcionarios que laboran en la citada institución es el que concretamente cuenta con tales facultades.
Lo anterior es infundado, pues si bien es verdad que en el citado artículo 4 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización no se precisa sobre en quiénes recae la facultad conferida al Instituto Mexicano del Seguro Social para expedir las certificaciones a que ahí se alude, ello se desprende del numeral 8, segundo párrafo, del Reglamento Interior del Seguro Social, el cual señala:
"Artículo 8. ...
"La secretaría general, los órganos normativos, de operación administrativa desconcentrada y operativos, estarán facultados para certificar documentos y expedir las constancias correspondientes que se requieran en las materias de su competencia."
Esto es, el precepto legal transcrito precisa que las áreas que estarán facultadas para certificar documentos y expedir las constancias correspondientes que se requieran en las materias de su competencia serán la Secretaría General, los órganos normativos, de operación administrativa desconcentrada y operativos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Lo anterior obedece a que, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, será en el reglamento interior de cada una de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, expedido por el presidente de la República, en donde se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas.
De lo que se sigue que la inconstitucionalidad del artículo 4 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización no podría derivarse de su estudio aislado, sino que éste debe hacerse acorde con el numeral 8, segundo párrafo, del Reglamento Interior del Seguro Social, que lo complementa.
Por tanto, si la interpretación sistemática para decidir el significado de una norma permite que no se atienda a la disposición misma aisladamente considerada, sino al contexto en el que está situada, resulta inconcuso que de la combinación de los preceptos legales mencionados se obtiene una norma completa, que respeta lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Luego, como se anticipó, es infundado el argumento en estudio.
En el noveno y décimo quinto conceptos de violación, la peticionaria del amparo aduce medularmente que el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que en el texto de dicho reglamento se señala, como parte de la fundamentación utilizada para su expedición, el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece cuáles serán los asuntos que tocará despachar a la Secretaría de Desarrollo Social, de los cuales no se desprende que exista alguno que la vincule con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Esto es -manifiesta la impetrante- el citado reglamento señala un precepto que resulta inaplicable para fundamentar su expedición y, por ende, no se encuentra en aptitud de conocer si el titular de dicha secretaría tenía la obligación de refrendarlo o no.
Asimismo, la quejosa solicita que en el supuesto de que este tribunal considere que dicho reglamento sí se encuentra debidamente fundamentado, tome en cuenta que esa circunstancia debe traer entonces como consecuencia la obligación del secretario de Desarrollo Social de refrendarlo, al ser un asunto de su competencia y al no haberlo hecho así -dice- es evidente que aquél incumple con lo establecido en los artículos 92 constitucional y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
No le asiste razón a la promovente, atendiendo a lo que se expone a continuación:
En primer lugar, debe precisarse que son dos cuestiones las que reclama la parte actora, a saber:
a) Que el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización es ilegal en razón de que indebidamente se funda en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque la Secretaría de Desarrollo Social no tiene relación alguna con el Instituto Mexicano del Seguro Social ni con la finalidad por la que fue expedido el citado reglamento; y,
b) Que de considerarse debidamente fundado el citado reglamento, entonces, es inconstitucional porque no se encuentra refrendado por el secretario de Desarrollo Social; por tanto, contraviene lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es tales condiciones -por razón de método- en primer término se procederá al análisis del segundo de esos argumentos, por una cuestión de inconstitucionalidad y posteriormente se estudiará el primero, relacionado con la legalidad del aludido reglamento.
Ahora bien, el artículo 92 de la Carta Magna establece:
"Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos."
Asimismo, el numeral 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala:
"Artículo 13. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el secretario de Estado o el jefe del departamento administrativo respectivo, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más secretarías o departamentos, deberán ser refrendados por todos los titulares de los mismos.
"Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el Congreso de la Unión, sólo se requerirá el refrendo del titular de la Secretaría de Gobernación."
Como se observa, en los preceptos legales transcritos se regula la figura jurídica del refrendo, que consiste en que los reglamentos, decretos y acuerdos emitidos por el presidente de la República deben estar firmados por el secretario de Estado relacionado con el asunto que corresponda, y si son varios los que se encuentran vinculados, deberá ser por todos.
Y además, se aclara que cuando se trate de decretos promulgatorios de leyes o que sean emitidos por el Congreso de la Unión, sólo se requerirá el refrendo del secretario de Gobernación.
Por tanto, el refrendo del decreto promulgatorio de las leyes difiere del otorgado al de los reglamentos administrativos. El primero autoriza la orden de publicación de la norma legal, y el segundo se refiere a la materia sustantiva de regulación desarrollada por el presidente de la República.
Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a. CIV/97 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos once, cuyo contenido es el siguiente:
"REFRENDO DE REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. NO CORRESPONDE OTORGARLO AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN CUANDO SÓLO LE COMPETE REALIZAR SU PUBLICACIÓN. El análisis sistemático de diversos criterios emitidos por este Alto Tribunal en interpretación de la facultad conferida a los secretarios de Estado por el artículo 92 de la Constitución, conduce a establecer que el refrendo del decreto promulgatorio de las leyes difiere del otorgado a los reglamentos administrativos, en razón de que el primero autoriza la orden de publicación de la norma legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 72, inciso a), de la Carta Magna, mientras que el refrendo del ordenamiento reglamentario se refiere a la materia sustantiva de regulación desarrollada por el presidente de la República, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución. Por tanto, si un reglamento no aborda de modo esencial alguna de las atribuciones legales a cargo del secretario de Gobernación, la sola publicación de la norma en el Diario Oficial de la Federación no es motivo para estimar que le corresponda otorgar el refrendo relativo, dado que dicha actividad publicitaria no guarda relación alguna con la materia sustantiva de sus disposiciones."
Pues bien, en la especie se está en presencia de un reglamento, por lo que para cumplir con el mandato constitucional el mismo debe estar refrendado por todos los secretarios que tengan facultades relacionadas con las materias que regula aquél.
Así las cosas, el quejoso manifiesta que el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización debió ser refrendado por el secretario de Desarrollo Social, por tanto, se deben analizar dos cuestiones:
a) Si el citado secretario omitió refrendar el aludido reglamento; y,
b) De ser negativo el punto anterior, se debe constatar si el secretario mencionado tenía la obligación de refrendar el reglamento.
En relación con el primer punto, se debe atender al decreto respectivo, el cual se encuentra en los siguientes términos:
"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 11 a 15, 16, 70 a 76, 240 a 245 y 304 A a 304 D, de la Ley del Seguro Social; 27, 31, 32, 39 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. ... Dado en la residencia del Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de octubre de dos mil dos. Vicente Fox Quesada. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz. Rúbrica. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos María Abascal Carranza. Rúbrica. El Secretario de Salud, Julio Frenk Mora. Rúbrica."
De lo anterior se puede constatar que efectivamente el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, no se encuentra refrendado por el secretario de Desarrollo Social. En tales circunstancias, procede analizar si tenía la obligación de hacerlo.
Al respecto, es menester señalar que el objeto del reglamento citado se encuentra previsto en su artículo 1, como se puede constatar:
"Artículo 1. El presente reglamento establece las normas para: I. El registro de los patrones y demás sujetos obligados, así como la inscripción de los trabajadores y demás sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio; II. El aseguramiento de los sujetos de continuación o incorporación voluntaria al régimen obligatorio y del seguro de salud para la familia; III. La determinación y pago de las cuotas, capitales constitutivos, actualización y recargos, a cargo de patrones, demás sujetos obligados y, en su caso, de trabajadores; de los gastos por inscripciones improcedentes y los demás conceptos que el instituto tenga derecho a exigir a personas no derechohabientes, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Seguro Social y demás disposiciones legales o reglamentarias aplicables; IV. La clasificación de las empresas y la determinación de la prima para la cobertura del seguro de riesgos de trabajo, a que se refiere la Ley del Seguro Social; V. El dictamen y la corrección sobre el cumplimiento de las obligaciones de los patrones ante el instituto; VI. La comprobación del cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y administrativas ante el instituto, y VII. La determinación, imposición y pago de multas, y aplicación de otras sanciones, por infracciones a las disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos."
De lo anterior se desprende que el mencionado reglamento tiene como finalidad establecer las normas para:
a) El registro de patrones y sujetos obligados y la inscripción de los trabajadores y demás sujetos del régimen obligatorio, así como el aseguramiento de los sujetos que continúen o se incorporen voluntariamente al régimen citado y al seguro de salud; y,
b) Diversas cuestiones impositivas relacionadas con el cumplimiento de la Ley del Seguro Social (determinación y pago de cuotas, capitales constitutivos, actualización, recargos, gastos clasificación de empresas y determinación de la prima de riesgos de trabajo dictamen y corrección sobre cumplimientos de obligaciones comprobación del cumplimiento de éstas y multas y sanciones).
Ahora bien, el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente al momento de la expedición del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, establecía como facultades de la Secretaría de Desarrollo Social, las siguientes:
"Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda; II. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, la planeación regional; III. Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control; IV. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal y los gobiernos estatales y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción II que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos en favor de Estados y Municipios, y de los sectores social y privado que se deriven de las acciones e inversiones convenidas, en los términos de las fracciones anteriores; VI. Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los grupos indígenas y de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado; VII. Estudiar las circunstancias socioeconómicas de los pueblos indígenas y dictar las medidas para lograr que la acción coordinada del poder público redunde en provecho de los mexicanos que conserven y preserven sus culturas, lenguas, usos y costumbres originales, así como promover y gestionar ante las autoridades federales, estatales y municipales, todas aquellas medidas que conciernan al interés general de los pueblos indígenas; VIII. (Derogada, D.O.F. 30 de noviembre de 2000). IX. Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, conjuntamente con las dependencias y entidades de la administración pública federal que corresponda, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los Ejecutivos Estatales para la realización de acciones coincidentes en esta materia, con la participación de los sectores social y privado; X. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; XI. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales; XII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos estatales y municipales, y los sectores social y privado; XIII. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía. XIV. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes, de los gobiernos estatales y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales; XV. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, y el bienestar social, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado; XVI. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponde a la Secretaría de Economía así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; bajo principios que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos institucionales; XVII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. XVIII. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XIX. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XX. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XXI. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XXII. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XXIII. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XXIV. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XXV. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XXVI. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XXVII. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XXVIII. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XXIX. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XXX. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XXXI. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XXXII. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994). XXXIII. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1994)."
Del artículo anterior se desprende que la Secretaría de Desarrollo Social, al momento en que se emitió el reglamento multicitado, tenía, en esencia, las siguientes facultades:
a) La conducción de la política general de desarrollo social y coordinar la participación de los gobiernos estatales y municipales, en su región;
b) Coordinar acciones de combate a la pobreza conducir programas especiales para atender a los grupos más desprotegidos, en especial a los indígenas, y pobladores de zonas áridas, con la finalidad de elevar el nivel de vida, así como evaluar las condiciones socioeconómicas de los grupos indígenas y dictar medidas para conservar sus culturas, lenguas, usos y costumbres;
c) Evaluar la aplicación de fondos a favor de los Estados y Municipios, así como el sector social y privado que se deriven de las acciones señaladas en los puntos anteriores;
d) Proyectar la distribución de la población y ordenación territorial de los centros de población, prever a nivel nacional las necesidades de la tierra para el desarrollo urbano y de vivienda, así como promover programas para tal efecto y su financiamiento;
e) Conducir programas para satisfacer las necesidades del suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el desarrollo de los centros de población;
f) Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción;
g) Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano; y,
h) Asegurar la distribución y abastecimiento de productos de consumo básico a la población de escasos recursos.
De las ideas expuestas, se concluye que el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización no contempla una materia que sea competencia directa de la Secretaría de Desarrollo Social.
No obstante, tampoco le es en su totalidad ajeno tal reglamento a la unidad administrativa citada, puesto que su injerencia es accesoria, lo que se demostrará a continuación:
El decreto por el que se expidió el reglamento cuya inconstitucionalidad se demanda, se funda además de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los artículos 11 a 15, 16, 70 a 76, 240 a 245 y 304 A a 304 D, de la Ley del Seguro Social, así las cosas, en lo que interesa al presente asunto, se hará referencia a los preceptos 11 a 13, los cuales establecen lo siguiente:
"Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de: I. Riesgos de trabajo; II. Enfermedades y maternidad; III. Invalidez y vida; IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y V. Guarderías y prestaciones sociales."
"Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones; II. Los socios de sociedades cooperativas, y III. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta ley y los reglamentos correspondientes."
"Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados; II. Los trabajadores domésticos; III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; IV. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, y V. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y Municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. Mediante convenio con el instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo. Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal."
De los anteriores artículos se desprende que el régimen obligatorio se compone de los siguientes seguros: riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Asimismo, se indica cuáles son los sujetos de ese régimen, aunado a que prevé la posibilidad de que diversos gobernados puedan acceder voluntariamente.
Dentro de los sujetos que se encuentran en el régimen obligatorio están los socios de las sociedades cooperativas (artículo 12, fracción II); asimismo, entre los gobernados que voluntariamente se pueden incorporar al citado régimen están los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios (artículo 13, fracción III).
De lo anterior se desprende la participación accesoria de la Secretaría de Desarrollo Social en una de las materias que regula el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
En efecto, como se señaló en el artículo 1, fracciones I y II, del reglamento citado, una de sus finalidades es regular lo relativo a la inscripción de los trabajadores sujetos al régimen obligatorio, entre ellos, los socios de las sociedades cooperativas, conforme al artículo 12, fracción II, de la Ley del Seguro Social, así como el aseguramiento de los sujetos que continúen o se incorporen voluntariamente al régimen citado y al seguro de salud (entre éstos los ejidatarios, comuneros y colonos, de conformidad con el numeral 13, fracción III, de la ley citada), y como se puede advertir dentro de las facultades de la Secretaría de Desarrollo Social se encuentra el fomento de las sociedades cooperativas (artículo 32, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), así como conducir programas especiales para atender a los grupos más desprotegidos, en especial a los indígenas y pobladores de zonas áridas, con la finalidad de elevar el nivel de vida, así como evaluar las condiciones socioeconómicas de los grupos indígenas y dictar medidas para conservar sus culturas, lenguas, usos y costumbres (artículo 32, fracciones VI y VII).
Por tanto, se concluye que debido a que las atribuciones de la secretaría citada son de naturaleza social, se determina que tiene injerencia indirecta o accesoria en las materias que regula el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
Sin embargo, tal situación es insuficiente para considerar que el secretario de Desarrollo Social estaba obligado a refrendar el multicitado reglamento, puesto que como se ha expuesto, aquél no tiene relación directa con las materias que regula éste.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 165, del Pleno del más Alto Tribunal del país, visible en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen CVIII, página sesenta y cuatro, que dice:
"REFRENDO DE LOS DECRETOS DEL EJECUTIVO POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO RESPECTIVOS. El refrendo del decreto promulgatorio de una ley por parte de los secretarios de Estado cuyos ramos sean afectados por la misma, es indispensable para la validez de éste de acuerdo con el artículo 92 de la Constitución Federal; pero esta tesis no debe ser llevada hasta el extremo de exigir el refrendo de un decreto por parte de un secretario de Estado, cuando en el mismo se toque, sólo de manera incidental o accesoria, alguna materia."
Consecuentemente, es inoperante el concepto de violación en análisis, pues como se ha plasmado en anteriores párrafos, la Secretaría de Desarrollo Social tiene relación accesoria con una de las materias que regula el citado reglamento, por tanto, contrario a lo que sostiene el quejoso,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22171-66278337/cedulas-de-liquidacion-de-cuotas-obrero-patronales-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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