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Modo: Corpus Pro

JUICIO AGRARIO. CUANDO EN ÉL SE CONTROVIERTE LA POSESIÓN DE UN BIEN EJIDAL Y LAS PARTES FUNDAN SUS PRETENSIONES EN SENDOS CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS CELEBRADOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA DEROGADA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA QUE LOS PROHIBÍA, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE A FIN DE DETERMINAR CUÁL DE ELLOS, CONFORME A SUS ELEMENTOS, DEMUESTRA EL MEJOR DERECHO A POSEER.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 40/2010. · Registro digital (IUS): 22275
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, , Pág. 1956.

AMPARO DIRECTO 40/2010. **********.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El estudio de los conceptos de violación, hecho en un orden diverso al planteado por la parte quejosa, permite arribar a las siguientes consideraciones.

Previo a su análisis, es conveniente recordar que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince, con residencia en Guadalajara, Jalisco, por medio de la cual se declaró procedente la acción de controversia por la posesión con relación a un solar urbano con una superficie de **********, perteneciente al ejido de **********.

Enseguida se atenderán los motivos de disenso formulados por la parte quejosa, mismos que resultan jurídicamente ineficaces, aunque cabe puntualizar que, por razón de técnica jurídica, tales argumentos serán analizados en un orden distinto de aquel en el que fueron planteados, a fin de abordar en primer término, el estudio correspondiente al tercero de ellos, en el cual se destaca la probable existencia de una violación de naturaleza procesal que amerita ser estudiada en forma previa.

En el referido motivo de impugnación (tercero), el impetrante de garantías señala que la responsable restó valor probatorio a la copia certificada del contrato de cesión de derechos presentado de su parte, con motivo de que no tiene inserta la fecha; empero, se violan las formalidades esenciales del procedimiento, pues al valorarse el documento de la parte quejosa, el mismo se ofreció en copia certificada, respecto de lo cual, los artículos 186 y 187 de la ley de la materia establecen la obligación de hacerse llegar las pruebas y elementos suficientes para acceder a la verdad y la responsable no solicitó el original de dicho documento.

El anterior concepto de violación es ineficaz.

A manera de preámbulo, conviene destacar que la litis consiste en dilucidar quién de las partes en el juicio agrario tiene el mejor derecho a poseer el bien, luego, el aquí quejoso (parte demandada en el juicio de origen) destaca la violación procesal consistente en que no se le requirió la exhibición del original del contrato de cesión de derechos presentado de su parte, toda vez que el mismo constituye el documento fundatorio de sus excepciones y fue desestimado por el tribunal responsable, con motivo de que no contenía, entre otros datos, el año de su celebración.

Ahora bien, es fundado lo relativo a que en el contrato exhibido por la parte demandada, en copia certificada, la segunda cesión no contiene el año de su celebración; sin embargo, aun cuando pudiera ordenarse la reposición a efecto de que el tribunal agrario recabara de las partes, el original del propio documento, a efecto de verificar si el original cuenta con el año de la celebración del contrato de cesión, el punto de reclamo deviene inoperante, pues ello a nada práctico conduciría, porque aun contando con la fecha de ese acuerdo de voluntades, éste no es un dato preponderante que lleve a determinar que esta probanza tiene mayor valor probatorio como enseguida se verá.

Para mejor comprensión sobre el tema, requerirá la realización de alguna referencia a las disposiciones de derecho común, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley Agraria, que dispone:

"Artículo 2o. En lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate.

"El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes aplicables."

Ahora bien, la posesión se encuentra protegida a través de distintas disposiciones de nuestro sistema jurídico. Esa tutela jurídica se proyecta tanto en las relaciones de carácter horizontal (entre particulares) como en las de tipo vertical (entre particulares y poderes públicos).

De ese modo, la posesión implica deberes de no afectación a cargo de los particulares, así como deberes positivos de protección a cargo de los poderes públicos.

La Constitución protege la posesión frente a particulares (dimensión horizontal) y poderes públicos (dimensión vertical), al reconocer en su artículo 14, segundo párrafo, que: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos ...", sino bajo las condiciones que en dicho precepto se prevén, exigiendo así de los particulares un deber de no afectación, garantizado a través de la obligación positiva de los poderes públicos de impedir la violación injustificada del derecho de posesión de otros, si se toma en cuenta que el primer párrafo del artículo 17 de la Norma Suprema señala que: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho."

En esa virtud, por autoridad del Constituyente existe el deber de todos los poderes públicos (autoridades administrativas, legislador, Jueces y tribunales) de proteger la posesión y los derechos que de ella se deriven frente a intromisiones injustificadas de otro particular, con el fin de que adquiera eficacia jurídica dicha garantía individual en su dimensión horizontal.

Ese primer acercamiento constitucional a la figura de la posesión, pone de manifiesto la necesidad de que en los conflictos de esa índole, los tribunales del caso examinen si la afectación de la posesión por parte de un particular frente a otro se encuentra o no justificada jurídicamente (análisis del mejor derecho a la posesión).

La posesión jurídica, como todos los derechos, está protegida por el ordenamiento jurídico a través de acciones procesales tendentes a garantizarla.

En el ámbito civil, el título de la posesión se ha entendido como un contrato o hecho, cualquiera que sea conforme al derecho, en consecuencia de la cual ha sido recibida o tomada la posesión con el objeto de adquirir la propiedad. Los principales hechos que producen una justa causa de posesión podrían ser consecuencia de una compraventa, una donación, un pago o del apoderamiento de una cosa abandonada, por ejemplo, en sus respectivos casos.

En general, dicha acción se intenta para que se resuelva sobre la mejor posesión. La controversia se referirá siempre a la calidad de la posesión; se trata siempre de investigar quién tiene una mejor posesión originaria entre actor y demandado.

Lo anterior pone de manifiesto que el derecho a poseer, en el ámbito civil, es una cuestión susceptible de ser controvertida y, por ende, materia de prueba.

Lo antes expuesto permite entender que en materia civil existe la necesidad constitucional y legal de examinar lo relativo a la justificación jurídica o causa generadora de la posesión en los conflictos de esa índole.

La institución de la causa generadora de la posesión en materia civil también se puede aplicar a la materia agraria, según criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 28/2005, publicada en la página 255 del Tomo XXI, marzo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa:

"POSESIÓN DE PARCELAS EJIDALES Y COMUNALES. EN LOS CONFLICTOS RELATIVOS, EL TRIBUNAL AGRARIO DEBE EXAMINAR SU CAUSA GENERADORA, CUANDO LAS PARTES NO TENGAN TÍTULO AGRARIO QUE AMPARE LOS DERECHOS SOBRE LAS TIERRAS EN DISPUTA. De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la protección de los derechos sobre las parcelas ejidales y comunales, entre ellos, la posesión, está condicionada al cumplimiento de los requisitos para poder adquirir la calidad de ejidatario o comunero. Por tanto, tratándose de conflictos sobre posesión y goce de una parcela ejidal o comunal, en que las partes no acreditan la titularidad formal de los derechos de uso y disfrute respectivos (asignación formal por parte del órgano supremo del núcleo de población o transmisión de derechos debidamente formalizada), el tribunal agrario debe examinar la causa generadora de la posesión, es decir, la existencia de título suficiente para dar derecho a poseer, lo cual puede acreditarse únicamente por los sujetos aptos para ser ejidatarios o comuneros. Por ende, no basta que dicho Tribunal decida sobre el mejor derecho a la posesión observando sólo el disfrute fáctico de las parcelas ejidales o comunales en un momento determinado, sino que es preciso acudir al análisis del mejor derecho de posesión atendiendo a su causa generadora, lo cual es acorde con los artículos 14, segundo párrafo y 17, primer párrafo, de la Constitución Federal, pues así se impide la violación injustificada del derecho de posesión de otros, al mismo tiempo que se cumple con el mandato consistente en que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho."

A la luz del criterio jurisprudencial transcrito, tratándose de conflictos sobre posesión y goce de una parcela ejidal o comunal, en que las partes no acreditan la titularidad formal de los derechos de uso y disfrute respectivos, el tribunal agrario debe examinar la causa generadora de la posesión, es decir, la existencia de título suficiente para dar derecho a poseer.

Bajo esa perspectiva, el tribunal deberá analizar los documentos o medios de prueba presentados por las partes a fin de determinar a quién corresponde el mejor derecho a poseer a la luz de la causa generadora de la posesión.

En la especie, el tribunal agrario, al resolver en definitiva, restó valor probatorio a la documental privada presentada por el demandado (aquí quejoso), consistente en la copia certificada del contrato de cesión de derechos otorgada en Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, con fecha dieciséis de marzo sin año, relativa a un lote de terreno que se encuentra en la zona urbana de la comunidad agraria denominada Santa Ana Tepetitlán, del Municipio de Zapopan, con una superficie de once mil metros que realiza ********** a favor de ********** y la cual al reverso contiene una leyenda "Cedo los derechos al señor ********** a los 28 días de junio de 199 (ilegible)".

A continuación se transcribe el texto del contrato de referencia (folio 153 del expediente agrario):

"Contrato de cesión (sic) de derecho. ********** Mexicano, mayor de edad, con domicilio conocido, por medio del presente hago constar y certifico. Que encontrandome (sic) dentro de mis facultades mentales sin que se ejerza presión en mi contra, ni física (sic), ni moral en mi calidad de titular de los derechos y viendo los múltiples favores que en mi beneficio ha hecho el Sr. (a) ********** he decidido ceder en su favor un lote de terreno que se encuentra en la zona urbana de la comunidad agraria de Santa Ana Tepetitlán (sic) del Municipio de Zapopan y que se encuentra ubicado en col. Palmira y que mide; 11.000 aprox. con los siguientes linderos: al norte 78.00 mts. calle ********** (sic) al sur 76.00 mts. lote sin numero (sic) al poniente 1(ilegible).00 mts. calle ********** (sic) y al oriente 150.00 mts. calle Las Torres. Motivo por el cual con (sic) esta misma fecha se hace entrega de la posesión del inmueble y por cuyo motivo todos los gastos que me origine serán sufragados por el beneficiario Sr. (a) **********. Quien se obliga a respetar los acuerdos y estatutos de la comunidad, suplicando por tales motivos a las autoridades tanto agraria, como civiles y militares le brinden todas las facilidades necesarias para que le sea posible tomar posesión como único y legítimo titular del lote de terreno que con esta fecha le estoy (sic) cediendo, y pidiendo a mis familiares o quienes creese (sic) con algún derecho sobre el mencionado terreno respetar esta que es mi voluntar (sic). Lo anterior lo hago constar para los efectos legales a que haya lugar extendiendo (ilegible) la presente por duplicado quedando un ejemplar en poder cada uno de las parte (sic) interesada en Santa Ana Tepetitlan (sic) Municipio (ilegible) a los 16 días del mes de marzo de 19_____. El cedente beneficiario dos firmas que dicen ********** y ********** (ilegible) ********** "

Al reverso el documento indica:

"Cedo los derechos al señor, ********** a los 28 días de junio 199 (ilegible) ********** Yo, Licenciado Luis Guerrero Campos, notario público titular número 72 setenta y dos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, actuando por autorización del Ejecutivo del Estado según fiat, expedido con fecha 3 tres de febrero de 1983 mil novecientos ochenta y tres, y además notario del patrimonio inmueble federal, en los términos de los artículos 82 ochenta y dos, fracción II dos, de la Ley del Notariado en vigor y en ejercicio de mis funciones: Certifico: Que la presente copia fotostática constituida por 01 una foja útil que antecede, impresa tanto en su anverso como en su reverso, concuerda fielmente con su original, de donde se tomó, tuve a la vista y coteje (sic). Esta certificación no releva a su tenedor de la obligación que tuviere de justificar la licitud y validez del documento materia de la compulsa. Se extiende la presente a solicitud del señor **********, quien se identifica con la credencial para votar con fotografía folio 98396556 nueve, ocho, tres, nueve, seis, cinco, cinco, seis, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, Guadalajara, Jalisco, a los 23 veintitrés días del mes de octubre del año 2006 dos mil seis, un sello que dice Lic. Luis Guillermo Campos notario público (sic) No.72 Guadalajara, Jal. una firma ilegible y un holograma."

Los motivos que tuvo en cuenta la responsable para no otorgar valor probatorio a dicho documento en favor de las pretensiones del demandado, fue porque dicho convenio no precisaba la fecha de la cesión, por lo que no se podían establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar; asimismo, porque no se advertía que se tratara del predio controvertido y no cuenta con la anuencia del comisariado ejidal (folio 609 del expediente agrario), además de lo manifestado por el comisariado ejidal al momento que contestó la reconvención planteada al señalar que sólo se certificó vía PROCEDE el área parcelada dejando fuera la zona urbana donde se encuentra la superficie aquí controvertida se puede afirmar que dicho inmueble no ha salido del dominio del ejido, es decir, sigue siendo propiedad social, por lo cual es facultad de dicho órgano el reconocimiento de la posesión, situación que se dio al reconocer firmas y sellos.

Al respecto, el tribunal responsable también indicó que gozaba de valor probatorio acorde a las pretensiones de la parte actora, la documental presentada por ésta, consistente en la copia certificada del contrato de cesión de derechos otorgada en Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, con fecha diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y uno, por el señor **********, a favor de **********, **********, **********, **********, ********** y **********, ante el comisariado ejidal de Santa Ana Tepetitlán, mediante el cual fueron transmitidos los derechos posesorios, agrarios y de dominio del predio ubicado en la zona urbana del ejido de Santa Ana Tepetitlán del Municipio de Zapopan, en la calle de Ingeniero Gómez número dos mil ciento sesenta y nueve, esquina con la calle Miguel Alemán, colonia Palmira, con extensión superficial aproximada de cinco mil metros cuadrados, que adquirieron en común.

El tribunal agrario también indicó que se otorgaba valor probatorio al contrato presentado por la parte actora, porque dicho documento, corroborado con el reconocimiento de firmas por parte de los integrantes del comisariado ejidal que en él intervinieron, acreditaba la adquisición de derechos del predio en litis.

Ahora bien, el impetrante de garantías en el concepto de violación que se analiza, señala que correspondía al tribunal agrario recabar el original del contrato de cesión de derechos presentado por el propio demandado, a fin de corroborar la fecha del documento, toda vez que la copia certificada exhibida se encuentra ilegible, por lo que se debe reponer el procedimiento.

Al respecto, como se vio, el tribunal agrario indicó en su sentencia que el contrato exhibido por el actor sí contenía la firma de los integrantes del comisariado ejidal, lo que se corroboraba con el reconocimiento de firmas respectivo, con lo que quedaba acreditada plenamente la existencia de un mejor título o documento a favor de los actores al reconocer las firmas de dicho documento y los sellos que se usaban en esa época, por parte de **********, ********** y **********, en su carácter de presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal del poblado de Santa Ana Tepetitlán, que inclusive una de las firmas pertenece a uno de los actuales miembros del comisariado ejidal, mientras que el documento de la demandada carecía de este elemento.

Asimismo, indicó que el contrato de la demandada no contenía la fecha completa de la cesión de derechos que ampara, al no contener el año de su emisión.

Lo anterior muestra que la valoración que realiza el tribunal agrario a efecto de dilucidar la causa generadora de la posesión, denota una mayor convicción del medio de prueba presentado por la parte actora frente al de la demandada, respecto de elementos que no podrían ser subsanados, aun cuando se presentara el original del contrato de la quejosa, pues aun así, la primera cesión carecería del año de su celebración y de la firma de los integrantes del comisariado ejidal.

Esto es, aún precisada la fecha, los elementos del propio documento presentado por la demandada no tienen un valor preponderante sobre el contrato presentado por los actores, pues en cuanto a la intervención del comisariado ejidal, si bien la ley no establece como necesaria su presencia en ese tipo de acuerdo de voluntades, sin embargo, este dato viene a dar un elemento de veracidad de que existió la celebración del mismo, a más de que en el juicio agrario se ofreció la ratificación de firmas de los miembros del comisariado ejidal que en el mismo intervinieron.

En efecto, como dijo el tribunal responsable, se certificó vía PROCEDE el área parcelada, dejando fuera la zona urbana donde se encuentra la superficie aquí controvertida, de donde se puede afirmar que dicho inmueble no ha salido del dominio del ejido, es decir, sigue siendo propiedad social, por lo cual es facultad de dicho órgano el reconocimiento de la posesión por parte del comisariado ejidal, situación que se dio con el reconocimiento de firmas y sellos.

Además, el bien quedó debidamente identificado de acuerdo a los linderos y medidas contemplados en el contrato exhibido por la parte actora, pues al respecto se ofreció la pericial, de la que se desprende que el bien corresponde al que se encuentra en disputa, pues de su resultado se advierte lo siguiente:

El especialista de la parte actora, ingeniero **********, rindió su dictamen el diecisiete de abril de dos mil siete, en cuyo punto conclusivo manifestó: (folio 420 del expediente agrario)

"... finalmente, y de manera conclusiva señalo que: el inmueble levantado topográficamente por el suscrito, identificado con el número 2169 de la calle Ing. Gómez, en su cruce con la calle Miguel Alemán en la colonia Palmira del Municipio de Zapopan, Jalisco, es el mismo predio que el descrito en el documento denominado cesión de derechos, otorgado en Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco, con fecha 17 de mayo de 1991, así como también es el mismo inmueble descrito en la demanda inicial y en el escrito de ampliación de demanda; y también es el mismo inmueble al que se refiere el ahora demandado ********** en su demanda reconvencional."

Por su parte, el perito en rebeldía del demandado **********, ingeniero **********, al rendir su dictamen de nueve de junio de dos mil ocho, (folio 555 del expediente agrario) expresó:

"... después de dar respuesta a los cuestionamientos que anteceden al presente y después de haber realizado el levantamiento geodésico-topográfico de la zona de estudio he de manifestar que el inmueble materia del presente conflicto, el cual se detalla en el escrito inicial de demanda por la actora, es el mismo que se menciona en las preguntas uno y dos y también es el mismo que la demandada (sic) ampara con el documento de cesión de derechos de fecha 17 de mayo de 1991 ...".

Del anterior medio convictivo se concluye la plena identificación del inmueble materia del conflicto agrario, en tanto que los especialistas manifiestan que dicho terreno es el que se encuentra referido en la demanda y en la ampliación, así como por el actor reconvencionista, amparado por el contrato de cesión de derechos presentado por la actora, de diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y uno y del cual es posesionaria la parte demandada.

Asimismo, la anterior prueba que se encuentra corroborada con la inspección ocular, verificada el veinticuatro de mayo de dos mil siete, de cuyo contenido se advierte: (folios 216 y 217)

"Expediente: 110/06. Inspección Judicial en Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, siendo las diez horas del día veinticuatro de mayo del dos mil siete, la suscrita actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15, actuando dentro de los autos del juicio al rubro indicado y en cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de fecha diecinueve de abril del año en curso, por el cual se señala este día y hora para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de inspección judicial ofertado por la parte actora y el codemandado **********. Quienes comparecen al predio en conflicto así como el presidente y tesorero ejidal del poblado de que se trata, asistidos por la Lic. Marta Angélica Zárate Mireles. Acto seguido, constituidos en la calle de Ingeniero Gómez número 2169 de la colonia Palmiras o también conocida como Agua Blanca, se da fe que el predio a inspeccionar tiene portón metálico de ingreso en dos hojas sobre esta calle, advirtiéndose que el predio se encuentra bardeado en sus cuatro vientos, localizándose en su interior seis cajas de trailer, dos contenedores, una cabina chatarra de trailer, una alberca, un cuarto de baño y regadera para el velador, existiendo una casita con láminas de madera y techo de láminas de negra (sic) donde habita el velador. El predio en su totalidad tiene una superficie aproximada de 5,000 metros cuadrados y colinda al norte con calle Miguel Alemán, al sur Modesto Ibarra, al oriente con empresa ‘Empaques y Corrugados’ y al poniente con calle Ing. Gómez. Así también existe en su interior una estructura metálica aerea (sic) que mide seis metros de fondo por doce de largo, colocada en su parte alta del techo una lona. El resto del terreno existe con hierva (sic) y seis palmeras. Se localiza además un portacontenedor, las llaves del calentador para la alberca y en el lindero sur se advierte un espacio de aproximadamente cuatro metros sin barda, el cual está cubierto con malla transparente y parte de lámina colocada provisionalmente por el vecino colindante, así también existen pilas de grava, arena y tejas. No existiendo más que agregar se cierra la presente acta firmando para constancia los que intervinieron y quisieron hacerlo, (seis firmas ilegibles)."

Asimismo, de la confesional a cargo del demandado **********, se advierte el reconocimiento de éste en el sentido de estar en posesión del lote urbano ubicado en la calle Ingeniero Gómez número 2169, esquina con la calle de Miguel Alemán, colonia Palmira, perteneciente a los terrenos del ejido Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Medios de prueba que, como determinó el tribunal agrario, acreditan la identidad del inmueble materia del conflicto, mismo que se detalla en el contrato de cesión de derechos de diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y uno presentado por la actora como documento fundatorio de su acción y el reconocimiento de la demandada en el sentido de que se trata del mismo bien al que tiene en posesión.

En efecto, el tribunal agrario estuvo en lo correcto al otorgar valor probatorio a la pericial, conforme a los artículos 187 de la Ley Agraria y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera legislación, en términos de su artículo 2o., puesto que además, como se advierte de los dictámenes respectivos, los peritos fueron coincidentes en que el predio urbano en disputa se ubica en la calle Ingeniero Gómez número 2169, esquina con la calle de Miguel Alemán, colonia Palmira, perteneciente a los terrenos del ejido Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco, con las medidas y linderos siguientes:

Al norte, en ciento trece metros con la calle Miguel Alemán; al sur, en ciento nueve metros con el lote de Elia Gálvez García; al oriente, en cuarenta y cinco metros con el predio de Roberto de la Chica y; al poniente, en cuarenta y cuatro punto veinticinco metros con la calle Ingeniero Gómez.

La opinión a que arribaron los diestros se corrobora con la inspección ocular, conforme a los artículos 187 de la Ley Agraria y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera legislación, en términos de su artículo 2o., ya que la actuaria adscrita al tribunal agrario, en compañía de la parte actora y demandado **********, se constituyó en el inmueble ubicado en la calle Ingeniero Gómez número 2169, Colonia Palmira, lo que identifica el inmueble, al estar presentes en la diligencia, tanto el actor como el demandado (aquí quejoso).

La confesional a cargo del demandado **********, también fue valorada correctamente conforme a los artículos 187 de la Ley Agraria y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera legislación, en términos de su artículo 2o., en tanto que el absolvente confesó que sí conoce el lote de terreno urbano ubicado en la calle Ingeniero Gómez número 2169 (dos mil ciento sesenta y nueve), esquina con la calle Miguel Alemán, colonia Palmira, perteneciente a los terrenos del ejido Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco, del cual tiene la posesión; medios de prueba que demuestran la identidad del bien que es el detallado en el contrato de cesión de derechos de la parte actora y que es ocupado por el demandado.

Además, del análisis del contrato de cesión ofrecido por la parte demandada, transcrito anteriormente, se advierte que el mismo no cuenta con la fecha completa de su celebración, al no tener consignado el año; de esa manera, aun cuando, como dice el quejoso, del original del documento que en su caso se recabara se advirtiera la fecha de la segunda cesión que obra al reverso (ya que la misma aparece ilegible en cuanto al año), ello no tendría el efecto de convalidar el defecto de que obra el contrato mismo, en cuanto a la fecha de su celebración, pues dicho dato constituye un elemento esencial de todo acuerdo de voluntades cuando se trata de hacer valer frente a terceros.

De esa manera, si con la ponderación de pruebas que realiza el tribunal agrario, atendiendo a la causa generadora de la posesión, similar a la que se actualiza en la materia civil, se arriba a la conclusión de que los elementos con los que cuenta el contrato presentado por la actora otorgan mayor convicción, entonces a ningún fin práctico conduciría reponer el procedimiento a efecto de que el tribunal agrario recabara el original del documento exhibido por la demandada, pues con ello no se subsanarían las diferencias de elementos destacadas por el tribunal responsable, consistentes en el aval del comisariado ejidal y el año de la fecha de la celebración del contrato.

No escapa a este tribunal que el documento aportado por la parte actora no contenga fecha cierta, sin embargo, el hecho de que dicho acuerdo de voluntades haya sido avalado por los integrantes del comisariado ejidal, al contener dicho documento las firmas de tales personas, con la correspondiente ratificación ante el tribunal agrario, ello constituye un elemento que permite concluir que el convenio se confeccionó en la fecha asentada en el mismo, circunstancia que, desde luego, genera convicción en cuanto a la veracidad de su elaboración, sin que el contrato de la parte demandada proporcione tal elemento de certidumbre, pues aun cuando con la reposición que se solicita se recabara el original y que, en su caso, de este se advirtiera la fecha de la segunda cesión, no debe perderse de vista que en dicho acuerdo solo participaron el cedente y el cesionario, sin la intervención de testigos o de los integrantes del comisariado ejidal, de modo que, aun cuando la prueba del quejoso tuviera fecha, tal elemento no puede gozar de mayor certeza que el de la prueba del accionante.

Aún más, conforme al artículo 22 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, vigente al momento de la celebración del contrato de los accionantes, el comisariado ejidal es una autoridad interna de los ejidos, como sigue:

"Artículo 22. Son autoridades internas de los ejidos y de las comunidades que posean tierras: ... II. Los comisariados ejidales y de bienes comunales ..."

De esa manera, el hecho de que el contrato de la parte actora se encuentre firmado por los integrantes del comisariado ejidal, significa que se encuentra avalado por una autoridad interna del ejido, lo que convierte a los integrantes del comisariado ejidal en testigos de calidad y que, desde luego, constituye un elemento de certidumbre en cuanto a la fecha de la realización del acuerdo de voluntades, característica con la que no cuenta el convenio de la quejosa, pues aun cuando con la reposición se dilucidara la fecha del mismo, ésta no gozaría de la certidumbre de la consignada en el documento de su contraparte, en tanto que no se encuentra signado por la autoridad interna del ejido, a más de que, como se vio en líneas precedentes, al no haber salido el inmueble en conflicto de la propiedad del ejido, relevante es que el convenio haya sido avalado por una autoridad interna del mi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22275-5686e961/juicio-agrario-cuando-en-el-se-controvierte-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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