RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL. SI SURGE UNA LEY MÁS FAVORABLE AL REO DESPUÉS DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA IMPUGNADA, SOBREVIENE UN MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD REPARABLE EN AMPARO DIRECTO.
AMPARO DIRECTO 100/2010. **********.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer son parcialmente fundados; además, este órgano colegiado suplirá en lo necesario la deficiencia de la queja, conforme a lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.
**********
Por otra parte, en suplencia de la queja deficiente, que autoriza el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este tribunal estima que por lo que respecta al diverso delito de internamiento ilegal de extranjero a territorio mexicano, por el cual también se dictó sentencia condenatoria al aquí quejoso, debe concederse el amparo.
Lo anterior, puesto que aun cuando al momento de dictarse la resolución aquí reclamada (doce de febrero de mil novecientos noventa y ocho), se encontraba vigente el artículo 123 de la Ley General de Población, que disponía:
"Artículo 123. Se impondrá pena hasta de dos años de prisión y multa de trescientos a cinco mil pesos, al extranjero que se interne ilegalmente al país."
Esto implica que, para entonces, el tribunal responsable cumplió con los principios de exacta aplicación de la ley y reserva de la ley en materia penal, previstos por el tercer párrafo del numeral 14 constitucional, que establece como garantía individual la prohibición de imponer sanciones por simple analogía y aun por mayoría de razón, cuando éstas no se encuentren decretadas por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata.
De esta manera, al momento de emitirse la sentencia reclamada, era apegada a los principios enunciados, pues en esa época se preveía como delito el solo internamiento de un extranjero en territorio mexicano, sin que contara con la documentación correspondiente que acreditara su legal entrada en el país.
Sin embargo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de junio de dos mil ocho, mediante el cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Población, se derogó el precepto legal transcrito.
Dicho decreto es del siguiente contenido:
"Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población.
"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.
"Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
"Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
"Decreto
"El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
"Se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población.
"Artículo único. Se reforman los artículos 118, 125 y 127; y se derogan los artículos 119, 120, 121, 122, 123 y 124 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
"Artículo 118. Se impondrá multa de veinte a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al extranjero que:
"a) Habiendo sido expulsado se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión;
"b) No exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación;
"c) Habiendo obtenido legalmente autorización para internarse al país, por incumplimiento o violación de las disposiciones administrativas o legales a que se condicionó su estancia, se encuentre ilegalmente en el mismo;
"d) Realice actividades para las cuales no esté autorizado conforme a esta ley o al permiso de internación que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado;
"e) Dolosamente haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta de la que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado;
"f) Se interne al país sin la documentación requerida;
"g) Contraiga matrimonio con mexicano en los términos previstos en el artículo 127.
"Al extranjero que haga uso de un documento falso o alterado, o que proporcione datos falsos al ser interrogado por la autoridad con relación a su situación migratoria, se le impondrán las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 125.
"El extranjero que haya incurrido en el supuesto comprendido en el inciso c) de este artículo, podrá solicitar la regularización de su situación migratoria.
"Artículo 119. (se deroga).
"Artículo 120. (se deroga).
"Artículo 121. (se deroga).
"Artículo 122. (se deroga).
"Artículo 123. (se deroga).
"Artículo 124. (se deroga).
"Artículo 125. El extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los artículos 115, 116, 117, 118 y 138, será expulsado del país o repatriado a su país de origen si existiese convenio con este último, sin perjuicio de que se le apliquen las penas previstas en dichos preceptos.
"Artículo 127. Se impondrá multa de cien a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objeto de que éste pueda radicar en el país, acogiéndose a los beneficios que la ley establece para estos casos.
"Para la aplicación de las sanciones previstas en este artículo, será necesario que la intencionalidad sea comprobada de manera fehaciente, para lo que se deberá contar con sentencia firme de carácter irrevocable, dictada por autoridad judicial competente.
"Transitorio
"Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"México, D.F., a 29 de abril de 2008. Sen. Santiago Creel Miranda, presidente. Dip. Ruth Zavaleta Salgado, presidenta. Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, secretario. Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, secretaria. Rúbricas."
Luego, con motivo de la derogación del precepto legal 123 de la citada legislación, con posterioridad al dictado de la sentencia de segunda instancia reclamada, la conducta atribuida al peticionario de amparo dejó de contemplarse como ilícito penal.
A propósito de lo aquí expuesto, surgen dos temas íntimamente vinculados: el primero relativo al principio que rige en materia penal consistente en la aplicación retroactiva de una nueva disposición legal que beneficia al reo no sólo porque es más "benigna", sino porque significa la actualización de otros principios generales de derecho punitivo, a saber: nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege, que se refieren a que un hecho que no esté tipificado en la ley como delito no puede conducir a la imposición de una pena, pues ese beneficio se traduce en la total absolución de la conducta que deja de ser delito para el Estado; y el segundo punto se circunscribe a determinar si a través de este juicio de amparo es dable atender tal cuestión cuando el acto reclamado, en estricto rigor, se emitió a luz de la legislación que sí punía la conducta.
Para dilucidar el primero de los extremos destacados, es menester indicar que cuando se modifican las condiciones de la acción pública para perseguir penalmente un hecho, o bien, la duración de la pena que se imponga por él, surge un fenómeno conocido por la doctrina como el principio de la retroactividad benigna o en beneficio del gobernado.
El principio de retroactividad en favor del gobernado se contiene en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ..."
Como puede observarse, esa disposición constitucional prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna que, interpretada a contrario sensu, se traduce en un derecho del gobernado consistente en que se le aplique retroactivamente una ley, cuando ello sea en su beneficio. Principio de derecho que en materia penal cobra especial relevancia por su aplicación estricta.
Por tanto, si un individuo cometió un delito estando vigente una ley sustantiva con base en la cual se ejercitó en su contra la acción penal y, con posterioridad, se promulga una nueva ley que prevé una pena menor para el mismo delito, o según la cual, el acto considerado por la ley antigua como delito deja de tener tal carácter, como en la especie, o bien se modifican las circunstancias para su persecución, el sujeto tiene el derecho, constitucionalmente protegido, a que se le aplique retroactivamente esa nueva ley.
Una nueva ley puede ser más benigna que otra, no sólo porque imponga al mismo hecho delictuoso, sin distinción de los elementos que lo constituyen, una pena menor; sino porque pueden variar las condiciones de su proceso por calificaciones y criterios sobre la gravedad del hecho, las condiciones para el ejercicio de la acción penal, si se reduce el término para la prescripción, etcétera, pero sobre todo cuando la conducta tipificada deja de ser considerada como delito penal.
Ilustra sobre este argumento la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1438, Tomo XCIV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido literal enseguida se transcribe:
"LEYES PENALES, APLICACIÓN DE LAS. El artículo 14 de la Constitución Política de la República contiene los siguientes mandamientos: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; nadie podrá ser privado de su libertad, sino mediante juicio y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al caso. De estos mandamientos se desprende que todo acto criminal debe ser juzgado y sancionado de acuerdo con las prevenciones contenidas en la ley que rija en la fecha en que ese acto criminal se perpetró. Esta regla sólo sufre dos excepciones, autorizadas por el mismo artículo 14 constitucional, al establecer la irretroactividad de las leyes sólo para casos en que la aplicación retroactiva de la ley se haga en perjuicio de alguna persona, y señaladas por los artículos 56 y 57 del Código Penal del Distrito Federal, y esas dos excepciones son las siguientes: cuando con posterioridad a la comisión del delito, se promulga una ley que sanciona ese delito con pena menor, porque entonces, por equidad, se aplica esa última sanción; y cuando con posterioridad se promulgue una ley, según lo cual, el acto considerado por la ley antigua como delito, deja de tener tal carácter, en cuyo caso se manda poner desde luego en libertad al procesado, porque sería ilógico que si el legislador, tiempo después, ha juzgado que no hay motivos para suponer que el orden social se ha podido alterar con el acto que se reputa criminal, el poder público insista en exigir responsabilidad por un hecho que no lo amerita."
Además, la aplicación retroactiva de la ley aplica aunque el gobernado tenga el carácter de indiciado, procesado o sentenciado, como así lo estableció el legislador ordinario en el artículo 56 del Código Penal Federal, que se pasa a transcribir:
"Artículo 56. Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción, aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el reo hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma."
Efectivamente, de acuerdo con este último precepto, el ámbito temporal del principio de retroactividad benigna en materia penal federal es el lapso comprendido "entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad"; por lo que no hay inconveniente alguno en aplicar una ley posterior si es más benigna, aun cuando el hecho que motiva el proceso no haya sido juzgado; ni tampoco puede haber cortapisa alguna en que, si el legislador ha declarado inocente el hecho sancionado por una ley anterior, se exima de toda pena a su autor, aun cuando ya hubiere sido sentenciado y esté sufriendo una condena.
De manera similar lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 42/2010, consultable en la página 149, Tomo XXXI, abril de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"DELITOS CONTRA LA SALUD. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE AGOSTO DE 2009, VIOLA EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL GOBERNADO. El mencionado transitorio, al establecer que a las personas procesadas o sentenciadas que hayan cometido con anterioridad a la entrada en vigor del citado decreto uno de los delitos que contempla, les serán aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido, viola el principio de retroactividad de la ley en beneficio del gobernado, contenido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con ello se impide aplicar a favor del procesado o sentenciado, la ley que le resulte más favorable. No es óbice para lo anterior, que las autoridades locales no hayan adecuado sus legislaciones para su intervención en la aplicación de las normas contenidas en ese decreto, como lo previene su artículo primero transitorio, toda vez que desde su entrada en vigor, que fue el día siguiente de su publicación, las autoridades federales conocerán de los delitos que establece el capítulo VII de la Ley General de Salud, entre otros casos, cuando, independientemente de la cantidad del narcótico, el Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento del asunto, según se ordena en el también adicionado artículo 474 de dicho ordenamiento."
En este contexto, en lo que respecta al segundo tópico a dilucidar, debe decirse que, no obstante que el tribunal ad quem pronunció la sentencia ahora reclamada con anterioridad a la entrada en vigor del decreto precisado, al encontrarse de alguna manera sub júdice dicho fallo por estar sujeto a revisión su legalidad y constitucionalidad con motivo de la promoción del presente juicio de amparo, considerando que la propia naturaleza de la acción de garantías pone de relieve que tiene como finalidad el orden jurídico y el respeto a los derechos de los gobernados, en tanto que este Tribunal Colegiado de Circuito, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Juzgados de Distrito y, excepcionalmente, los Tribunales Unitarios de Circuito, ejerce el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, lo que implica que vela porque éstos se ajusten al marco fundamental; resulta jurídicamente insoslayable para este cuerpo colegiado pasar por alto en esta instancia extraordinaria que si al reo le resultan aplicables, en su favor, las nuevas disposiciones derivadas del mencionado decreto que derogó la vigencia del artículo 123 de la Ley General de Población, por el cual también se le dictó sentencia condenatoria, en exacta aplicación de las reglas y principios derivados del artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Federal, a contrario sensu, y entonces vincular a la responsable para que observe que en la nueva legislación ya no existe el delito que el aludido precepto preveía, lo que se traduce en una especie de inconstitucionalidad sobrevenida del acto reclamado.
Es de invocar, por su contenido jurídico sustancial, la tesis jurisprudencial V.2o. J/95 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se comparte, visible en la página 53, Número 80, agosto de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido:
"RETROACTIVIDAD DE LA LEGISLACIÓN PENAL. EN LO QUE FAVOREZCA AL REO DEBE APLICARSE EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE FEBRERO DE 1994. No obstante que la autoridad responsable emitió la sentencia reclamada con anterioridad a la entrada en vigor del: ‘Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal’, entre otras legislaciones de carácter federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diez de enero del año en curso y con vigencia a partir del primero de febrero del presente año, no pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que, al encontrarse subjúdice la sentencia dictada en el proceso penal materia del juicio de amparo que se analiza, al sentenciado le resultan aplicables en su favor y beneficio las reglas previstas en los artículos 14, primer párrafo, constitucional, a contrario sensu, tercero transitorio del decreto de mérito, 56 del Código Penal Federal y 553 del Código Federal de Procedimientos Penales. La aplicación retroactiva de la ley en beneficio de todo reo resulta ser obligatoria para las autoridades judiciales o administrativas, en su caso, de acuerdo con la legislación penal ordinaria y el incumplimiento de esa obligación resulta violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley, consagrada en el tercer párrafo del artículo 14 de nuestra Carta Magna, cuya violación es reparable mediante el juicio de amparo. Ello es así, dado que es principio general de derecho penal que cuando una ley posterior resulta más benéfica para el inculpado que aquella conforme a la cual se siguió su proceso, debe aplicársele la más benigna en el dictado de la sentencia correspondiente, pues tal principio implícitamente lo acoge el citado numeral 14 constitucional, al prever que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que implica que si es en beneficio del reo, en la referida materia penal, se debe aplicar la nueva legislación."
Y por analogía la tesis 28 del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que también se comparte, consultable en la página 1101, parte III, del Informe 1989, cuyo contenido literal es:
"RETROACTIVIDAD DE LA LEY. DEBE APLICARSE LA QUE FAVORECE AL REO AUN CUANDO HAYA COBRADO VIGENCIA CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO. El Decreto Número 145 publicado en el Diario Oficial del Estado de Baja California, el veinte de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, que reformó el artículo 321 del Código Penal, modificando la sanción del delito de robo estableciendo nuevas reglas que favorecen al reo por cuanto que disminuye el mínimo de la sanción y eleva su máximo, haciendo que el monto de lo robado se ubique en una hipótesis de penalidad menor a la que le correspondía conforme al Código Penal antes de la reforma en comento, debe aplicarse en favor del reo aun cuando hayan cobrado vigencia con posterioridad a la sentencia de primer y segundo grado, a efecto de que no quede consumada de un modo irreparable la violación constitucional, pues viene a actualizar la intención del legislador de hacer acorde el valor de lo robado con la realidad económica, fijando como base para ello el salario mínimo vigente al cometerse el delito."
En suma, no obstante que la sentencia de segundo grado aquí reclamada, en el momento de ser emitida, satisfizo los principios de exacta aplicación y reserva de la ley penal, pues la eficacia material de la ley penal aplicada se determinó con arreglo a la duración de su vigencia formal, esto es, la ley se aplicó a acciones realizadas durante el tiempo de su vigencia, que sólo se rompe en virtud del principio de eficacia retroactiva de la ley más benigna, como en el caso, al sobrevenir un decreto que derogó la vigencia del artículo 123 de la Ley General de Población y, en razón de encontrarse sujeto a examen constitucional dicho fallo de segundo grado, es de concluir que la autoridad ordinaria es la que debe tomar en consideración tal circunstancia y aplicar retroactivamente la nueva legislación en beneficio del sentenciado, puesto que el presente amparo no es una instancia más en el proceso penal y, por ello, a este Tribunal Colegiado no le corresponde calificar ni sancionar, en su caso, la conducta del sentenciado; todo ello aun cuando se trate de una ley diferente a la que estuvo en vigor al emitirse el acto reclamado y, por lo mismo, se esté analizando una conducta de la autoridad responsable que ni siquiera realizó; pues su sentencia es violatoria de garantías, pero por sobrevenir el motivo de su inconstitucionalidad.
Estimar lo contrario sería tanto como convertir a este tribunal en un simple espectador frente a una situación fáctica que, de permitirla, se traduciría en una violación a un principio penal constitucional pese a que, como responsable del juicio de amparo directo, de alto contenido garantista, es y debe ser un operador jurídico activo como órgano de control constitucional que, de no actuar en este momento, permitirá que la aplicación de la nueva legislación favorable quede a las resultas de una eventual petición y, quizás, ya no en manos solamente de la discrecionalidad del Juez, sino de las autoridades administrativas penitenciarias; lo que se evita con la oportuna intervención de este Tribunal Colegiado de Circuito, dada la sobrevenida inconstitucionalidad del acto reclamado.
En breves palabras, es posible sostener que, aun cuando en el juicio de amparo debe apreciarse el acto tal como aparece probado en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, tal estimación constituye una regla general que admite excepciones, como son los hechos o las pruebas supervenientes o los acontecimientos sobrevenidos que generan un cambio en la apreciación del acto, como ocurre con las causales de improcedencia. El caso justiciable es otro ejemplo sui géneris de ello.
Es decir que, no obstante que la sentencia reclamada se dictó conforme a la ley vigente, si durante la sustanciación del juicio de amparo o como en la especie, después de pronunciado el fallo impugnado, pero antes de promover el juicio de garantías se reforma la ley beneficiando al sentenciado no sólo porque reduce las penas, sino porque determina que la conducta por la que se le castigó dejó de ser considerada delito, sobreviene la inconstitucionalidad del acto debido a que infringe lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, particularmente, los principios de derecho penal que en él subyacen relativos a nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege, relativos a que sin ley no puede haber castigo penal legítimo, y el de aplicación retroactiva de la ley que otorga mayores beneficios al reo; de ahí que como se trata de una cuestión que importa derechos fundamentales del gobernado que no pueden pasarse por alto por un órgano de control constitucional, en su calidad de operador jurídico garante de la Constitución y guardián del derecho, este Tribunal Colegiado de Circuito ha estado en aptitud de atender el aspecto destacado y de pronunciarse al respecto en los términos indicados.
Fortalece parte de la argumentación que antecede, la tesis 1772 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 836, Tomo II, Materia Penal, precedentes relevantes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo contenido literal se reproduce a continuación:
"LEY PENAL, VIGENCIA FORMAL DE LA, COMO DETERMINANTE DE SU EFICACIA MATERIAL. Si el Juez a quo primero y en su oportunidad el tribunal de alzada, declararon la culpabilidad del acusado aplicando el ordenamiento jurídico vigente cuando los hechos ocurrieron, fue juzgado con arreglo a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y por las autoridades previamente establecidas como lo disponen los artículos 14 y 16 constitucionales. De aquí se sigue, que es incuestionable la eficacia material de la ley penal, dado que ésta se determina, en principio, con arreglo a la duración de su vigencia formal, esto es, la ley se aplica a las acciones realizadas durante el tiempo de su vigencia, con la sola limitación de que su aplicación no puede tener efecto retroactivo y sólo se rompe en virtud del principio de eficacia retroactiva de la ley más benigna; lo que no ocurría en el caso que ésta no haya sido abrogada o derogada por una ley posterior que contemplara la conducta ilícita del acusado, refiriéndola a una penalidad más atenuada."
Ahora bien, no cabe duda de que la ley posterior es favorable al sentenciado, aquí quejoso, pues implicó que dejó de ser delito una de las conductas por las que se le siguió proceso penal y se le condenó, ya que el tipo penal previsto y sancionado por el artículo 123 de la Ley General de Población fue derogado; en consecuencia, merece que le sea aplicable la nueva legislación, pues implica la absolución total respecto de dicho ilícito en aras de no infringir, además, los diversos principios nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege en que descansa la garantía de exacta aplicación de la ley penal, atinentes a que un hecho que no esté tipificado en la ley como delito no puede conducir a la imposición de una pena, porque a todo hecho relacionado en la ley como delito debe preverse expresamente la pena que le corresponda, en caso de su comisión.
Son orientadoras de lo acabado de establecer, las consideraciones que se estiman aplicables en parte, por analogía, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 935/2006, en el cual se abordó el tema de la inconstitucionalidad del artículo 37 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, a partir de la reforma del artículo 18 constitucional, el cual determina que los menores de dieciocho años no son sujetos de derecho penal.
En la ejecutoria de mérito se estableció, en la parte que aquí interesa:
"... 5. El beneficio constitucional que trae la reforma del artículo 18 antes señalado debe también considerarse aplicable a aquellos adolescentes que, habiendo sido procesados y sentenciados se encuentren compurgando una pena de prisión o gocen -como en el presente caso- de libertad como goce de la suspensión provisional decretada en un juicio de amparo. Lo anterior, porque la nueva norma constitucional no puede ser contradicha por ninguna norma secundaria del sistema jurídico mexicano, sea una norma general, como una ley, o sea una norma individualizada, como una sentencia, además de que también debe ser respetada y observada por todos los operadores jurídicos del sistema mexicano, lo que incluye a los Jueces ordinarios, a los Jueces de control constitucional y a las autoridades penitenciarias.
"Así las cosas, la aplicación de la reforma constitucional del artículo 18 a un adolescente que ha sido condenado a una pena de prisión por haber sido considerado responsable de un delito, pero que goza de libertad merced a la suspensión provisional otorgada en el juicio de amparo, implica considerar que, a partir de la fecha de entrada en vigor de la reforma constitucional, la conducta atribuida al adolescente no puede ser considerada delito en términos de las instituciones penales establecidas para los mayores de dieciocho años ni la consecuencia de dicha conducta puede ser una pena, menos aún de prisión, ejecutada por las autoridades penitenciarias previstas para los mayores de dieciocho años.
"...
"7. Debe también tomarse en cuenta que, si bien en el caso concreto se debe aplicar el texto constitucional vigente en el momento de resolver el juicio de garantías individuales, lo que conlleva la aplicación inmediata de la reforma constitucional, no ocurre lo mismo con las leyes que, en las entidades federativas y el Distrito Federal establezcan el sistema integral de justicia para adolescentes. Lo anterior, porque tales leyes ordinarias estarán sujetas a la limitación de no retroactividad prevista en el artículo 14 constitucional. En consecuencia, las leyes y órganos que formen el sistema integral de justicia para adolescentes no podrá investigar, perseguir, juzgar, sancionar ni ejecutar sanciones respecto de conductas realizadas antes de la entrada en vigor de tales leyes secundarias.
"8. No pasa inadvertido para esta Primera Sala que los efectos del presente fallo podrían generar un efecto social algo cuestionable, ya que muchas personas que fueron condenadas a una pena de prisión bajo la vigencia de Códigos Penales que contemplaban (o contemplan) una edad penal mínima inferior a la que señala la reforma del artículo 18 constitucional vigente -dieciocho años-, podrían eventualmente obtener un beneficio que podría redundar en su excarcelación y las consecuencias nocivas que ello pudiera generar. Sin embargo, no debe perderse de vista que la función por antonomasia de este Tribunal Constitucional es preservar el orden constitucional, lo que implica que cualquier acto del Estado que pudiera contrariar dicho orden, debe ser anulado.
"La preservación del orden constitucional aspira a la salvaguarda de los valores más importantes de la sociedad, tales como el respeto a los derechos fundamentales, la división de poderes, el imperio de la Constitución o la legalidad de la administración. De este modo, consideramos que los efectos sociales que puedan generarse por la continuidad del orden constitucional son costos necesarios que quedan subordinados a esa continuidad ..."
De la parte conducente de la ejecutoria transcrita, destaca que el Máximo Tribunal del País ha venido evolucionando la idea de la aplicación retroactiva en beneficio del reo, cuando por virtud de una nueva norma se establezcan condiciones mayormente benéficas.
Señala que resulta imperativo que la autoridad jurisdiccional tome en cuenta el texto vigente de la Carta Fundamental,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22768-61eb2046/retroactividad-de-la-ley-penal-si-surge-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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