AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA, NO ADMITE O TIENE POR NO INTERPUESTO EL RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE RESUELVE EL FONDO DEL ASUNTO, PUES CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE AQUÉLLA SE HUBIERE ESTIMADO IRRECURRIBLE DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA. AMPARO DIRECTO. SI SE PROMUEVE CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE RESUELVE EL JUICIO EN LO PRINCIPAL Y PREVIAMENTE SE INTERPUSO EN SU CONTRA UN RECURSO QUE TUVO POR OBJETO MODIFICARLA O REVOCARLA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE AL NO SER UNA SENTENCIA DEFINITIVA O UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE AQUÉLLA SEA IRRECURRIBLE.
AMPARO DIRECTO 87/2010. **********.
CONSIDERANDO:
ÚNICO. Este Tribunal Colegiado de Circuito es incompetente para conocer del presente asunto, toda vez que en contra de la resolución que constituye el acto reclamado no procede el juicio de amparo directo.
Previo a exponer las razones que sustentan el sentido del fallo, para mayor claridad se reseñan sus antecedentes:
1) Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil nueve, los representantes legales de ********** promovieron juicio ejecutivo mercantil en contra de **********, por la cantidad de $93,120.00 (noventa y tres mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional) del que correspondió conocer a la Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelos, en el Estado de Chihuahua (fojas uno a seis del juicio de origen).
2) Seguido el juicio en todas sus etapas procesales, el Juez ordinario, mediante sentencia de uno de diciembre de dos mil nueve, resolvió el referido juicio ejecutivo en el que en lo principal tuvo a la parte actora probando su acción y condenando a ********** a pagar a la parte actora la cantidad de $93,120.00 (noventa y tres mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional). Dicha resolución fue notificada por lista al demandado el día dos de diciembre de dos mil nueve (fojas cuarenta y siete a cincuenta del procedimiento de origen).
3) Contra esta resolución, mediante escrito de dieciséis de diciembre de dos mil nueve, el sentenciado promovió recurso de apelación (fojas cincuenta y uno a sesenta y tres del juicio de origen).
4) La Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelos, por acuerdo de seis de enero de dos mil diez, resolvió: "... Dígasele que la sentencia dictada en autos no es apelable dado el monto de la cuantía del asunto. Con fundamento en el artículo 1340 del Código de Comercio.", (foja sesenta y cuatro del juicio natural).
5) Por escrito presentado el ocho de enero de dos mil diez, el sentenciado presentó demanda de garantías en la vía directa en contra de la sentencia de uno de diciembre de dos mil nueve. Siendo esta demanda la que originó el actual juicio de amparo (fojas ocho a veintiuno del juicio de garantías).
Precisado lo anterior, es necesario destacar algunas cuestiones generales relativas a la procedencia del amparo directo, al órgano jurisdiccional competente para conocerlo, así como lo que debe entenderse por sentencia definitiva para los efectos del amparo, el momento y las razones por las que adquiere ese carácter.
El artículo 107, fracción V, incisos b) y c), de la Constitución Federal establece:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: ... b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicio del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicio del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales."
A ese respecto, los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo señalan lo siguiente:
"Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley."
"Artículo 46. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.
"También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia.
"Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas."
"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.
"Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.
"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio."
Por su parte, conviene reproducir lo que establece el artículo 37 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que estatuye:
"Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento ..."
Del análisis correlacionado de los numerales parcialmente reproducidos se advierte que una sentencia se considera definitiva para efectos del juicio de amparo directo en los siguientes dos casos:
a) Cuando decide el juicio en lo principal y las leyes no concedan ningún recurso ordinario en virtud del cual pueda ser modificada o revocada.
b) Cuando dictada en primera instancia, en asuntos judiciales del orden civil, los interesados (las dos partes) hubieren renunciado expresamente a los recursos ordinarios que procedan, siempre que la ley así lo autorice.
Ordinariamente los juicios concluyen con el dictado de la sentencia definitiva en los términos precisados, que resuelve el juicio en lo principal; sin embargo, también pueden finalizar sin que se resuelva la materia del fondo de la contienda, por lo que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Amparo, también resulta procedente al juicio de amparo directo contra resoluciones que, sin decidirlo en lo principal, pongan fin al juicio.
A ese respecto, el referido artículo 46 precisa que se entenderá por resolución que pone fin al juicio aquella que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario.
Lo anterior, en virtud de que en las distintas etapas de los procedimientos seguidos ante los tribunales judiciales, administrativos y de trabajo, puede suceder que dicho procedimiento no concluya con la sentencia que dirime el asunto en lo principal, pues previo a su dictado se emita una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dé por concluido, impidiendo su prosecución y el dictado de la sentencia, por lo que al finalizar la instancia judicial de esa manera, se actualizará el segundo supuesto de procedencia previsto por la Ley de Amparo respecto de aquellas resoluciones que pongan fin al juicio.
Asimismo, en caso de que posteriormente a la sentencia que dirime el juicio en lo principal se emita una resolución contra la cual no proceda recurso alguno, que surja con motivo de la presentación de un instrumento que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar dicha sentencia, esta última resolución judicial, no obstante no decidir el juicio en el fondo, también actualizará el supuesto de ser una resolución que pone fin al juicio para la procedencia del juicio de amparo uniinstancial.
Respecto de lo anterior, es importante establecer que una sentencia carece de firmeza si se encuentran pendientes de resolver impugnaciones en su contra, esto es, no se puede considerar a una sentencia firme, mientras esté sujeta a alguna impugnación, como acto jurídico bajo condición suspensiva, y menos bajo condición resolutoria, sino más bien un elemento, que con el concurso de otro, podrá llegar a ser la declaración del derecho.
Cabe hacer mención que las diferentes legislaciones prevén los medios para que las sentencias puedan ser recurridas y sometidas a revisión, como es la creación de los tribunales de alzada, así como toda la gama de instituciones jurídicas para esos efectos, entre otros afines, el recurso de apelación. Lo anterior, con el fin de que la última decisión en cada uno de esos procedimientos cuente con la seguridad jurídica necesaria.
Establecido lo anterior, en el caso aconteció que el demandado en el juicio natural, aquí quejoso, interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de uno de diciembre de dos mil nueve, que resuelve el fondo del asunto, el que posteriormente, mediante acuerdo de seis de enero de dos mil diez, el Juez de origen declaró inadmisible por estimar que no es apelable la sentencia, con fundamento en el artículo 1340 del Código de Comercio,(1) que establece, entre otras cuestiones, que la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal.
Posteriormente, el quejoso promovió la presente demanda de garantías señalando como acto reclamado la sentencia de uno de diciembre de dos mil nueve. La demanda de garantías fue interpuesta a los catorce días hábiles siguientes al en que surtió efectos la notificación de la sentencia, es decir, dentro del término establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo.(2)
Ahora, en consideración a que el juicio de amparo directo únicamente es procedente contra sentencias que resuelvan el juicio en lo principal, así como resoluciones que sin hacerlo ponen fin al juicio, respecto de las cuales la ley no prevea algún medio de impugnación; en el presente asunto, la sentencia de uno de diciembre de dos mil nueve, dictada por el Juez de origen, no es definitiva para los efectos del juicio de amparo directo.
En efecto, si bien la sentencia reclamada, de conformidad con el artículo 1339 del Código de Comercio,(3) no reúne el requisito para la procedencia del recurso de apelación consistente en que el negoció exceda de doscientos mil pesos, por concepto de suerte principal.
Sin embargo, lo anterior no es válido para considerar a la citada sentencia como definitiva para efectos del juicio de amparo directo, pues aquélla perdió la característica que en el caso le daba la categoría de definitiva, esto es, que daba por concluido el juicio en lo principal, al haberse interpuesto en su contra, por el ahora quejoso, el recurso de apelación, medio ordinario de defensa que, de conformidad con el artículo 1336 del Código de Comercio,(4) constituye un instrumento establecido dentro del procedimiento mercantil, que tiene por objeto revocar o modificar la sentencia de primera instancia.
Lo anterior es así, pues la relación procesal en el juicio ejecutivo mercantil de mérito no se encuentra finalizada con la referida sentencia de primera instancia, pues ésta no tiene la firmeza que requiere una sentencia definitiva, ya que no concluyó la relación procesal, al encontrarse aquélla sub júdice al medio de impugnación intentado, por lo que no cumple con los requisitos de procedencia de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo.
Es decir, si bien es cierto que una sentencia que resuelva el juicio en lo principal se puede considerar como definitiva, ello se encuentra supeditado no sólo a que se considere que la ley que rige la materia no contemple un recurso en su contra, sino, además, que de hecho no se haya promovido un medio defensivo capaz, en sí mismo, de modificarla o revocarla, pues en este último caso, también perderá su definitividad, toda vez que, de hecho, la relación procesal continúa pendiente y sujeta al resultado de dicho medio de impugnación. Lo anterior, pues una impugnación no es más que la continuación del propio procedimiento, por lo que mientras se encuentre pendiente de solución la impugnación, también se encuentra pendiente la solución de la relación procesal.
Respecto al tópico relativo a la continuación del proceso con posterioridad a la sentencia recurrida, y a la naturaleza de ésta, parte de la doctrina se ha pronunciado de la siguiente manera.
El autor Giussepe Chiovenda(5) ha establecido lo siguiente:
"Fases de la relación procesal del conocimiento.
"El hecho de que las leyes procesales, admitan normalmente la impugnación de la sentencia pronunciada por el primer Juez, hace que en la relación procesal surjan diversas fases: la relación de primer grado, la relación de segundo grado, la relación de la casación, etc., cada una de las cuales tiene su particular contenido, su constitución, sus vicisitudes y su fin. Supone, además, que en el intervalo entre la publicación de la sentencia que cierra una fase y la proposición de la impugnación que abre otra existan fases intermedias.
"Esta multiplicidad de fases está denominada por el principio de la unidad de la relación procesal. De esto deriva que:
"En el transcurso de las fases intermedias la relación procesal pendiente. La parte que espera un resultado favorable ha sido frustrada, sin embargo, tiene en servicio de la espera, el derecho de pretender un pronunciamiento del Juez, por el cual la relación procesal continúa y dura la litispendencia, aun durante el tiempo que sigue, por ejemplo, a la sentencia de primer grado; periodo que puede durar indefinidamente o puede, por el contrario, acortarse en cualquier momento, por la notificación de la sentencia, durante el breve periodo asignado como término de la impugnación. La relación procesal y su litispendencia no presuponen, pues, necesariamente un Juez actualmente obligado a proceder, sino la continua posibilidad de invocar el pronunciamiento judicial al servicio de las aspiraciones que surgen por la demanda judicial. Después de la sentencia de primer grado, persiste la posibilidad de que el actor que ha sucumbido pida la estimación de la demanda, o que el demandado vencido inste porque perdure la litispendencia. Es un error afirmar que con la sentencia de primer grado se cierra el proceso. Con ella, si es de admisión, alcanzará (provisionalmente) la finalidad de la demanda del actor, pero no la de la demanda del demandado, que hasta la sentencia definitiva tiene derecho de apoyar su propia aspiración de que se rechace la demanda contraria; aun menos se alcanza la finalidad del proceso, que tiene que decir, actuando la ley, la palabra definitiva sobre las expectativas de ambas partes. Si la sentencia es contraria al actor, la situación se invierte: ha sido alcanzada (provisionalmente) la finalidad del demandado, pero no la del actor, cuya aspiración a la admisión de la demanda persiste. Es verdad que para entrar en la fase de impugnación es necesaria la instancia del vencido, pero con esta instancia el juicio no se vuelve a abrir, sino que se continúa, como se deduce de las mismas palabras de la ley."
Por su parte, Hugo Alsina,(6) quien estudió la postura de Chiovenda y de Rocco, al analizar el tema de los recursos se pronunció de la siguiente manera:
"Capítulo XXX. Recursos.
"...
"Pero no existe uniformidad en la doctrina respecto de la naturaleza jurídica de la sentencia recurrida. Para unos es un acto sujeto a condición suspensiva, porque su actuación queda supeditada al pronunciamiento definitivo, para otros está sometida a condición resolutoria porque tiene existencia presente y efectiva, cuyos efectos sólo se extinguen por un pronunciamiento contrario; para Chiovenda es un simple elemento, que con ayuda de otros (preclusión, confirmación, etc.) adquiere carácter de sentencia. Respecto de la primera teoría cabe observar que para el Juez es un acto definitivo, porque no puede modificarla ni sustituirla por otra sentencia, y con arreglo a ella no sería posible la ejecución provisoria cuando la apelación fuese concedida con efecto devolutivo. En cuanto a la segunda, no explicaría la prohibición de una ejecución provisional, como efecto normal de una sentencia. La doctrina de Chiovenda importa a su vez la negación de la sentencia como acto autónomo, pues vincula su existencia a un hecho extraño, como lo es la impugnación. Ello induce Rocco a decir que la sentencia de primer grado está dotada desde su nacimiento de autoridad propia, pero que no vincula a las partes ni al tribunal superior cuando se ha interpuesto en término un recurso y se halla en consecuencia en situación de expectativa ..."
Por consiguiente, se tiene que, en el caso, la resolución que define en definitiva la relación procesal del demandado en el juicio mercantil no se encuentra en la sentencia de primera instancia aquí reclamada, pues si bien es cierto que de no haber intentado el quejoso el recurso de apelación en su contra constituiría una sentencia definitiva para efectos del juicio de garantías, pues en tal caso el juicio mercantil hubiera concluido con dicha decisión; sin embargo, para el aquí quejoso, al haber promovido el citado recurso, es evidente que ello dio lugar a que el juicio se prolongara mediante el recurso de apelación y, consecuentemente, al auto que lo desechó.
Lo anterior es así, pues de conformidad a lo establecido por los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, ya analizados, la naturaleza del amparo directo no permite que puedan coexistir en el mismo juicio una sentencia definitiva y una resolución que ponga fin al juicio respecto a las cuales, en ambos casos, proceda el juicio de amparo directo, pues, por su naturaleza y que éste deriva del recurso de casación, únicamente analiza los procedimientos llevados por los tribunales judiciales, administrativos y laborales, una vez que se encuentran concluidos de manera definitiva.
Luego, no puede considerarse que si los artículos relativos a la procedencia del juicio de amparo directo la restrinjan a la decisión final que concluye el procedimiento, contemple, asimismo, la posibilidad de su procedencia contra más de una clase de resolución en un mismo juicio.
Respecto al tópico que nos ocupa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia que los autos que desechan el recurso de apelación o lo declaran "inadmisible", así como los recursos de denegada apelación, constituyen resoluciones que ponen fin al juicio, toda vez que estas determinaciones se asemejan a la sentencia dictada en el recurso de apelación, por lo que dejan firme la sentencia de primer grado, lo que constituye un signo inequívoco de conclusión del juicio.
Los criterios de jurisprudencia referidos son los emitidos por la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número 51/2004 y 97/2008, que al respecto dicen:
"APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural."(7)
"DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales que pongan fin al juicio y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan modificarse o revocarse; asimismo, los artículos 44 y 46 de la ley citada señalan que puede promoverse amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, precisando que éstas son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario. En congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que desecha o declara infundado el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, además de que tanto los artículos 307 y 308 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, como los diversos 435 a 442 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que aluden al indicado recurso, no prevén algún medio de defensa en su contra."(8)
Cabe señalar que los anteriores criterios jurisprudenciales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo,(9) son de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales, como lo es este tribunal; asimismo, no se advierte que en las anteriores jurisprudencias o en las ejecutorias de las que derivan se haya contemplado a manera de excepción que en los casos que se estime que el recurso intentado no resulte procedente conforme a la ley del acto, deje de considerarse a las resoluciones que no admiten o desechen el recurso de apelación como la resolución que da por concluido el juicio para efectos del juicio de amparo directo.
Asimismo, debe precisarse que la citada Primera Sala, en jurisprudencia registrada con el número 1a./J. 3/2010, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y aprobada en sesión de dos de diciembre de dos mil nueve, estableció que en los juicios de carácter mercantil únicamente con la presentación del recurso de apelación es suficiente para acreditar la causa de improcedencia contemplado en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, relativa a declarar improcedente el juicio de garantías, cuando exista un recurso pendiente de resolver, respecto del acto reclamado; situación que si bien es distinta a la acontecida en el caso en particular, resulta útil para demostrar que el simple pronunciamiento del Juez respecto de la presentación del recurso de apelación (como en el caso aconteció), es suficiente para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa, independientemente de que el tribunal de alzada deba pronunciarse en definitiva sobre su procedencia. El rubro y texto de la referida jurisprudencia son los siguientes:
"RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. BASTA CON QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE SU ADMISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO. Para que se actualice el supuesto a que se refiere el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta necesario que se esté tramitando un medio ordinario de defensa interpuesto por el quejoso y que pueda tener por objeto revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora bien, la legislación mercantil prevé la interposición del recurso de apelación, que será resuelto por el tribunal superior, quien confirmará, reformará o revocará las resoluciones dictadas por el Juez de primera instancia. Por tanto, basta con que éste se haya pronunciado sobre la admisión de dicho recurso para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa y, por ende, que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el indicado precepto, independientemente de que el tribunal de alzada deba pronunciarse en definitiva sobre su procedencia y, en su caso, respecto de las cuestiones de fondo planteadas, pues de lo contrario, los juicios de garantías quedarían paralizados mientras no existiera pronunciamiento del tribunal de alzada y su resolución estaría condicionada a lo que se determinara en éste."
Tienen aplicación al presente asunto las tesis aisladas emitidas por este Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, pendientes de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y aprobadas en sesión de dieciocho de marzo de dos mil diez, de rubros y textos siguientes:
"AMPARO DIRECTO, ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE RESUELVE EL FONDO DEL ASUNTO, SI EL QUEJOSO PROMOVIÓ ALGÚN RECURSO QUE PUEDA MODIFICARLA, REVOCARLA O NULIFICARLA, NO OBSTANTE SER IRRECURRIBLE DE CONFORMIDAD CON LA LEY APLICABLE. Los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo estatuyen que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas que resuelvan el juicio en lo principal, así como de resoluciones que sin hacerlo ponen fin al juicio, respecto a las cuales la ley no prevea ningún medio de impugnación, de lo que se sigue, que para efectos del juicio de amparo directo, no puede considerarse como definitiva una sentencia de primera instancia que resuelva el juicio en lo principal, para aquella parte en el juicio que interpuso un recurso que tenga por objeto modificarla, revocarla o nulificarla, aun cuando éste se considere improcedente por la autoridad jurisdiccional debido a que la legislación de la materia señale que no es recurrible, en virtud de que con la interposición del recurso la sentencia que resuelve el juicio en lo principal perdió la característica que en el caso le daba la categoría de definitiva, esto es, que daba por concluido el juicio; pues, si bien una sentencia que resuelva el juicio en lo principal, se puede considerar como definitiva, ello se encuentra supeditado no sólo a que la ley que rige la materia no contemple un recurso en su contra, sino además, que no se hubiera promovido un medio defensivo capaz de modificarla o revocarla, pues en este último caso, perderá su definitividad, toda vez que la relación procesal continúa pendiente y sujeta a dicho medio de impugnación, lo que trae como consecuencia que aquélla carezca de la firmeza que requiere una sentencia definitiva, al no finalizar dicha relación, debido a encontrarse sub júdice y afecta al medio de impugnación intentado y a la firmeza de la resolución que lo tuvo por no admitido por improcedente, por lo que la sentencia de fondo no cumple con los requisitos de procedencia para el amparo directo establecidos en la Ley de Amparo. Cabe resaltar, que la naturaleza del amparo directo no permite que puedan coexistir en el mismo juicio una sentencia definitiva y una resolución que ponga fin al juicio respecto a las cuales, en ambos casos, proceda el juicio de garantías uniinstancial, pues, por su naturaleza y que éste deriva del recurso de casación, en el juicio de amparo directo, únicamente se analizan los procedimientos una vez que se encuentran concluidos de manera definitiva. En consecuencia, toda vez que el recurso intentado y la posterior determinación de tenerlo por no admitido por improcedente, tuvieron como efecto la continuación de la relación procesal, se colige que la sentencia que resuelve el juicio en lo principal, no es la definitiva para los efectos del juicio de amparo. Por lo que, en caso de que se promueva el juicio de amparo directo en contra de la resolución de primera instancia que resuelve el juicio en lo principal, cuando con posterioridad se promovió un recurso que de conformidad con su naturaleza sea apto para modificar o revocar una sentencia de tal grado, el Tribunal Colegiado deberá declararse incompetente, al no ser una sentencia definitiva o aquella resolución que pone fin al juicio, con independencia que dicho recurso hubiera sido declarado improcedente."
"APELACIÓN, AUTO EN EL QUE SE TIENE POR NO ADMITIDA. PR
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22228-c8d8ba72/amparo-directo-procede-contra-la-determinacion-que-desecha · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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