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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA DECRETOS EXPEDIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON BASE EN LAS FACULTADES QUE EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR LE DELEGÓ EL CONGRESO DE LA UNIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 88/2011. · Registro digital (IUS): 22816
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, , Pág. 1129.

AMPARO DIRECTO 88/2011. **********.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. Los argumentos vertidos por la parte quejosa son inoperantes, puesto que, aun cuando se estimaran fundados, no podría concederse el amparo para el efecto pretendido, esto es, para que se admita a trámite la demanda de nulidad de origen.

Lo anterior es así porque, como la propia quejosa lo admite, su intención es impugnar el "Decreto por el que se modifica el artículo 1 del diverso por el que se establece la tasa aplicable durante el dos mil tres, del impuesto general de importación, para las mercancías originarias de América del Norte, por lo que respecta a las mercancías originarias de los Estados Unidos de América, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de marzo de dos mil nueve", el cual reclama, con motivo de actos concretos de aplicación de dicha norma general, consistentes en el pago del impuesto general de importación que realizó por la internación al país de varias mercancías.

Sin embargo, el juicio de nulidad es improcedente contra dicho decreto, pues media la circunstancia de que su naturaleza jurídica es legislativa, esto es, que no se trata de una norma de carácter general meramente administrativa, sino de una verdadera ley en sentido material.

En efecto, del texto del propio decreto impugnado se advierte lo siguiente:

"Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 131, de la propia Constitución; 2019 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2o., 4o., fracción I y 14 de la Ley de Comercio Exterior..." [Lo destacado no es de origen].

Como se observa, el decreto de referencia fue emitido por el titular del Ejecutivo Federal en uso de sus facultades legislativas delegadas por el Congreso de la Unión, en términos del artículo 131 constitucional, con relación al 4o., fracción I, de la Ley de Comercio Exterior, que respectivamente son del tenor siguiente:

"Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.

"El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida."

"Artículo 4o. El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades:

"I. Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."

Como se observa, los preceptos constitucional y legal reproducidos indican que en materia de comercio exterior, el Congreso de la Unión puede facultar al presidente de la República para legislar; de donde resulta que, a su vez, los actos emitidos por éste en uso de las atribuciones delegadas son formalmente legislativos, dado que es de dicha índole la facultad que ejerce.

La forma en que opera la delegación de facultades para legislar en materia de comercio exterior ha sido analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVI, agosto de 2007

"Tesis: 2a./J. 121/2007

"Página: 415

"COMERCIO EXTERIOR. LA LEY FEDERAL RELATIVA ES LA NORMA A TRAVÉS DE LA CUAL EL CONGRESO DE LA UNIÓN DELEGÓ SU POTESTAD TRIBUTARIA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA REGULAR LAS MATERIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 131, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-Conforme al precepto constitucional citado, con el objeto de dotar al Estado de mecanismos jurídicos eficientes y expeditos que le permitan encauzar las operaciones de comercio internacional en beneficio de la economía nacional y responder con la diligencia necesaria a las fluctuaciones generadas en el intercambio de bienes con el sector externo, el Congreso de la Unión puede facultarle al Ejecutivo Federal aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación. Ahora bien, si se atiende a que el artículo 4o., fracción I, de la Ley de Comercio Exterior establece que el Ejecutivo Federal tiene facultades para ‘crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’, resulta evidente que a través de dicha Ley el Congreso de la Unión expresamente delegó su potestad tributaria al Presidente de la República para emitir disposiciones de observancia general en materia arancelaria o no arancelaria, siguiendo los lineamientos contenidos en el precepto constitucional referido."

Ahora bien, si el decreto cuya legalidad pretende ser cuestionada, es un acto emitido por el titular del Poder Ejecutivo, pero en uso de sus facultades legislativas delegadas por el Congreso de la Unión, evidente es que su naturaleza jurídica es la misma de una ley en sentido material y, por ello, no puede ser impugnado mediante el juicio de nulidad, de acuerdo con el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Lo anterior, porque aun cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuenta con atribuciones para conocer de la impugnación de normas administrativas de carácter general, no la tiene para leyes propiamente dichas, como resulta ser el decreto cuestionado.

Las consideraciones que anteceden, están sintetizadas en la tesis aprobada por este Tribunal Colegiado en sesión correspondiente al diecinueve de noviembre de dos mil diez, pendiente de publicación, del rubro y texto que enseguida se reproducen:

"JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA DECRETOS DE NATURALEZA LEGISLATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).-Si bien de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio de nulidad es procedente contra decretos generales, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación, cabe señalar que ello no acontece contra los decretos expedidos por el Presidente de la República, con base en las facultades que en materia de comercio exterior le han sido delegadas por el Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Federal, porque existe marcada diferencia entre la facultad reglamentaria donde se aloja la de emitir decretos de carácter administrativo para la exacta observancia de la ley, previsto en la fracción I del artículo 89 de la Carta Magna y el uso de la facultad de carácter legislativo a que se refiere el primero de los ordenamientos en cita. Máxime que en la exposición de motivos que dio lugar a dicha ley federal, que establece la oportunidad de reclamar vía acción contenciosa administrativa los decretos de carácter general, se advierte que tuvo como fin el de dar oportunidad a los particulares para que pudieran impugnar no sólo actos administrativos de carácter individual dentro de la esfera administrativa sino también, las diversas resoluciones administrativas de carácter general que expidieran las autoridades en el ejercicio de sus facultades, sin que, desde luego, incluyera en ellas las facultades legislativas, entendiéndose como éstas aquellos decretos legislativos que no se emiten en la forma de un acto conocido como decreto administrativo, que si bien tiene efectos generales y similares a la ley su creación es diversa. Por tanto, no es el juicio de nulidad la instancia para combatirlos y se actualiza el supuesto de improcedencia que prevé la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al ser incompetente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de éste."

Además, la plena aplicación de la causal referida de improcedencia, se ve corroborada por el hecho de que la representante de la empresa aquí quejosa, exclusivamente formula en su demanda de nulidad, conceptos de impugnación en torno a la ilegalidad del decreto reclamado y no por vicios propios de los distintos actos que estimó de aplicación.

Luego, con independencia de que asista razón o no a la parte quejosa, al sostener que no se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; lo cierto es que, conforme a lo expuesto con antelación, es indudable que dicho juicio sí es improcedente en términos de la diversa fracción II, del numeral invocado; razón por la cual, en aras de la economía procesal, debe negarse el amparo solicitado.

Similares consideraciones ha sostenido este Tribunal Colegiado, al resolver los juicios de amparo 456/2010, 679/2010, 4/2011 y 42/2011, en sesiones de veintinueve de octubre de dos mil diez, once de enero, dieciocho y veinticinco de febrero de dos mil once, respectivamente.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 190 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la persona moral denominada **********, **********, contra el acto que reclamó de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistente en la resolución que emitió el dos de septiembre de dos mil diez, en el expediente **********.

Notifíquese; anótese en el libro de registro correspondiente, y con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen; en su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como depurable en cumplimiento a lo previsto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 2/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, por unanimidad de votos y sin discusión, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Víctor Manuel Estrada Jungo, Ariel Alberto Rojas Caballero y Jesús de Ávila Huerta, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Lo anterior conforme a lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso 47 del reglamento de la misma, 2, fracciones XXI y XXIII, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis de rubro: "JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA DECRETOS DE NATURALEZA LEGISLATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)." citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 2341, con la clave XVI.1o.A.T.60 A.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22816-89459d31/juicio-contencioso-administrativo-federal-es-improcedente-contra-decretos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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