TARJETAS DE DÉBITO. CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TARJETAHABIENTE DEMANDE LA CANCELACIÓN DE LOS CARGOS EFECTUADOS POR DISPOSICIONES EN EFECTIVO EN CAJEROS AUTOMÁTICOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO. 18 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUANA MARÍA MEZA LÓPEZ, GUILLERMO CRUZ GARCÍA, ENRIQUE ALBERTO DURÁN MARTÍNEZ Y JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ HUÍZAR. DISIDENTES: EVA ELENA MARTÍNEZ DE LA VEGA Y PEDRO ELÍAS SOTO LARA. PONENTE: GUILLERMO CRUZ GARCÍA. SECRETARIOS: ALEJANDRO LEMUS PÉREZ Y JORGE OMAR AGUILAR AGUIRRE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno Especializado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente contradicción de tesis, de conformidad con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, reformado por su similar 52/205, así como lo establecido por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la denuncia de contradicción de tesis versa sobre criterios jurídicos sostenidos entre Tribunales Colegiados de este Noveno Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. El Magistrado José Luis Sierra López fungió como integrante del anteriormente denominado Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que es uno de los órganos contendientes en la presente contradicción de tesis, de manera que al tener aquel funcionario dicha calidad, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo, se encuentra legitimado para denunciar la presente contradicción de tesis.
TERCERO.-Criterios contendientes. Los criterios sobre los que versa la denuncia de contradicción de tesis son dos, los cuales enseguida se precisan:
1) El sustentado por el entonces denominado Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al fallar el amparo directo civil **********; en el que se expuso, en lo que interesa, lo siguiente:
"Amparo directo 11/2015. Materia civil. Quejoso: **********. promueve su apoderado lic. **********. Magistrado ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear.
"San Luis Potosí, San Luis Potosí. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, correspondiente al día veintiséis de febrero del año dos mil quince.
"Considerando:
"Quinto. Son infundados por una parte y, por otra, esencialmente fundados los conceptos de violación.
"En efecto, alega la institución quejosa, que el Juez responsable viola en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la sentencia reclamada no se encuentra debidamente fundada ni motivada, pues incorrectamente condena al quejoso al pago o devolución de la suerte principal, sin considerar que en el estado de cuenta que exhibió la parte actora, ahora tercero interesada, se aprecia, la utilización de la tarjeta expedida por la institución bancaria en favor de la actora, ya que constan los cargos reclamados y los últimos dígitos de la tarjeta de débito.
"En la sentencia reclamada, el Juez responsable consideró que la parte actora acreditó los elementos de la acción y, como consecuencia, declaró la nulidad de los siete cargos que suman la cantidad de $17,504.02 pesos y, demás, prestaciones reclamadas, conforme a lo siguiente:
"• En el caso, la acción pretendida por la parte actora, es la de pago, al afirmar que los cargos que refirió en su escrito de demanda no los realizó ni muchos menos los autorizó, por lo que el Juez responsable distribuyó la carga probatoria de la siguiente manera: En cuanto a la existencia de los cargos realizados a la cuenta bancaria que se estiman indebidos, le corresponde a la actora y, por lo que toca a que dichos cargos, fueron realizados por la cuentahabiente, le corresponde a la institución bancaria.
"• Al abordar el análisis de la acción, el Juez natural le otorgó valor probatorio pleno, a la prueba documental ofrecida por la actora, consistente en original de estado de cuenta con fecha de corte al veinticuatro de mayo de dos mil catorce, al no haber sido objetada; además, señaló que la institución bancaria, al contestar la demanda, reconoció la existencia de los cargos reclamados, lo que origina que confesó el adeudo reclamado.
"• En tanto, que la institución demandada no acreditó que, efectivamente **********, realizó las once operaciones, al considerar, que derivado del contrato de depósito bancario de dinero a la vista, la demandada debió exhibir los comprobantes o vouchers que ampararan dichos cargos, pues correspondía a la demandada acreditar la legalidad de los retiros.
"• Por último, aclaró, que en la especie, deben descontarse cuatro cargos, debido a que el veintiuno de mayo de dos mil catorce, le fueron abonados a la actora, según consta en el estado de cuenta que ofreció.
"De lo sintetizado, queda de manifiesto que contrario a lo alegado por el banco quejoso, el Juez responsable sí fundó y motivó debidamente sus consideraciones, toda vez que expuso las razones que sirvieron de base para determinar que el actor acreditó su acción, de ahí lo infundado del concepto de violación.
"Lo demás que se alega en ese concepto de violación, en el sentido de que el Juez responsable pasó por alto que en el estado de cuenta que exhibió la parte actora, ahora tercero interesada, se aprecia, la utilización de la tarjeta expedida por la institución bancaria en favor de la actora, ya que constan los cargos reclamados y los últimos dígitos de la tarjeta de débito, igualmente, es infundado por las siguientes razones:
"Los numerales 6o., fracciones I y II, 46, fracciones I, inciso a) y VI, y 77 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 170, fracción VI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establecen:
"‘Artículo 6o. En lo no previsto por la presente ley y por la Ley Orgánica del Banco de México, a las instituciones de banca múltiple se les aplicarán en el orden siguiente: I. La legislación mercantil; II. Los usos y prácticas bancarios y mercantiles, y (sic) ...’
"‘Artículo 46. Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes: I. Recibir depósitos bancarios de dinero: a) A la vista; ... VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; ...’
"‘Artículo 77. Las instituciones de crédito prestarán los servicios previstos en el artículo 46 de esta ley, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, y con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de esas operaciones y procuren la adecuada atención a los usuarios de tales servicios.’
"‘Artículo 170. El pagaré debe contener: I. La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento; II. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; III. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; IV. La época y el lugar del pago; V. La fecha y el lugar en que se suscriba el documento; y VI. La firma del suscriptor, o de la persona que firme a su ruego o en su nombre.’
"De los aludidos preceptos legales, se advierte, que una de las actividades autorizadas a los bancos es la recepción de depósitos de dinero a la vista, autorizando su disposición mediante tarjetas de débito y que los bancos deben prestar sus servicios con apego a la ley y normas administrativas, así como a las sanas prácticas que propicien seguridad de las operaciones a sus clientes. Por ello el pago a terceros que se obligan a realizar las instituciones bancarias a cuenta de su afiliado, por operaciones realizadas a través de tarjetas de débito (adquisición de bienes o servicios), mediante la firma de vouchers o pagarés, está limitado a la observancia de diversos requisitos: a) Que se haya tenido a la vista la tarjeta de débito en el momento de la operación; b) Que el proveedor del bien o servicio haya cotejado que la firma impuesta en el voucher respectivo, corresponda a la del tarjetahabiente por su similitud a simple vista; c) Que el banco realice el pago a la filial de los servicios y bienes adquiridos, teniendo a la vista los pagarés o vouchers respectivos que documentan la operación; d) Que en caso de objeción o aclaración de un cargo por parte del usuario el banco tenga a la vista el pagaré-voucher para dictaminar lo procedente y anexar al dictamen una copia legible de tal documento que ampara la operación.
"Así, se evidencia que para realizar el cargo de las operaciones documentadas en los citados vouchers o pagarés, es obligación de las instituciones bancarias emisoras de las tarjetas, tener aquéllos a la vista para verificar que la firma impuesta en tales documentos que amparan la operación, corresponde a la del tarjetahabiente o usuario, en atención al principio de seguridad que deben observar dichas instituciones en beneficio de sus clientes. Máxime que al compartir los vouchers la naturaleza de los títulos de crédito, denominados pagarés, es un requisito esencial para realizar los cargos respectivos, que tales documentos hayan sido suscritos precisamente por el usuario o cuentahabiente de la tarjeta crediticia; lo que trae consigo la obligación de que los bancos tengan necesariamente en su poder los denominados vouchers que documentan las citadas operaciones y que hayan pagado a un tercero, a cuenta del tarjetahabiente, puesto que todo el marco normativo que regula las transacciones hechas a través de las tarjetas, obligan al banco emisor de las mismas, a cubrir el pago de bienes y servicios, así como a cargar su monto a la cuenta del usuario, sólo si los vouchers fueran firmados precisamente por el titular de la tarjeta respectiva.
"De tal suerte, que asiste razón al Juez responsable, ya que la institución quejosa **********, debió acreditar que efectivamente, el trece de mayo de dos mil catorce, la actora realizó entre otros cargos, cinco operaciones que sustentan lo siguiente:
Ver operaciones
"Dichos cargos que amparan un monto total de $12,504.02 (doce mil quinientos cuatro 02/100 Moneda Nacional); y como no lo hizo así, toda vez que la prueba documental que ofreció la parte actora (estado de cuenta), la cual como destacó el Juez responsable, no justifica dicho extremo, siendo que no acompañó, entre otras probanzas, los vouchers que ampararan las operaciones realizadas, no obstante que, como se señaló es su obligación resguardarlos, incumpliendo con la carga probatoria correspondiente, debe estimarse que existe una presunción de que los cargos fueron realizados sin el consentimiento de la tarjetahabiente.
"Máxime, que existe una presunción en favor de la parte actora, al advertirse en el estado de cuenta que ofreció, que cuatro de las once operaciones fueron reintegradas a la actora, por motivo de diversas aclaraciones, registradas con los números **********, ********** y **********, por los siguientes conceptos:
Ver conceptos
"En otro orden de ideas, asiste razón al apoderado de la quejosa, al aseverar que el Juez natural no consideró, que dentro de las siete operaciones a que fue condenado a devolver, dos fueron operaciones bancarias en cajeros automáticos, las cuales no pueden efectuarse sino mediante la utilización de una tarjeta plástica y una clave o número que sólo conoce el titular de la cuenta, lo que implica que únicamente esta persona puede acceder a los servicios bancarios a través de aquellos aparatos.
"Al respecto, este Primer Tribunal Colegiado considera verídico que las operaciones bancarias a través de un cajero automático, no pueden ser efectuadas, o autorizadas, sino por el titular de la cuenta, toda vez que la utilización de tales artefactos, ya sea para consultar saldos, pagar servicios y disponer de dinero en efectivo, conlleva el empleo de una tarjeta plástica que cuenta con elementos físicos y electrónicos de seguridad, y que se identifica con la cuenta, así como el empleo de una clave secreta, equivalente a una firma de autorización, cuyos datos deben coincidir y que, de no conjuntarse estos elementos, que sólo el titular posee, no es posible acceder a los servicios que las instituciones de crédito, prestan a sus cuentahabientes, mediante los citados cajeros automáticos. Por tales motivos se trata, de una presunción a favor de la institución bancaria, que corresponde a la parte reclamante desvirtuar.
"En efecto, el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito,(1) entre otras cuestiones, dispone que las instituciones de crédito, podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público, mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, a través de datos de identificación del usuario, estableciéndose las responsabilidades correspondientes a su utilización, así como el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa, que produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, con el mismo valor probatorio.
"Luego, si el acceso a un cajero automático, necesariamente debe efectuarse unificando dos elementos: a) La tarjeta plástica identificada con un número, misma que cuenta con una cinta magnética y/o un pequeño circuito electrónico, conocido comúnmente como chip; y, b) La clave o número secreto que teóricamente sólo es conocido por la titular de la cuenta bancaria; esto es suficiente para acreditar el consentimiento personal e inequívoco de aquella para efectuar la operación de que se trata, desde una consulta de saldo, hasta la disposición de dinero en efectivo, pues no podría atribuirse la autoría a persona distinta, salvo prueba en contrario.
"En la especie, empero, la parte actora se limitó a decir que no hizo las disposiciones en efectivo por un total de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), , sin ofrecer, ni desvirtuar con algún medio de convicción la presunción a favor del banco quejoso; además, tampoco señaló que la tarjeta de débito estuviera extraviada o que le fuera robada.
"Así las cosas, procede conceder a la institución bancaria quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que impetró por conducto de su apoderado, para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar emita otra, en la que, tomando en cuenta las consideraciones y fundamentos que rigen el sentido de esta ejecutoria, resuelva nuevamente las cuestiones debatidas en el juicio de origen.
"Atento a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, particularmente, del citado artículo transitorio tercero,(2) con relación al diverso numeral 192, segundo párrafo, de esa legislación,(3) la sentencia que se dicte en cumplimiento a la presente ejecutoria, deberá emitirse en el término de diez días, y se apercibe a la autoridad responsable para que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, esto es, $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100 M.N.), conforme al artículo 238 del mismo ordenamiento,(4) además de remitirse el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución. ..."
2) Criterio sustentado por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al fallar el amparo directo civil **********; en el que se expuso, en lo que interesa, lo siguiente:
"Amparo directo civil 89/2015. Quejosa: **********. Magistrada ponente: Lic. Juana María Meza López. Secretaria: Lic. Norma Angélica Ávila Veyna.
"San Luis Potosí, San Luis Potosí, acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, correspondiente al diecinueve de marzo de dos mil quince.
"...
"Considerando:
"...
"Sexto. Los conceptos de violación que aduce la institución quejosa son infundados por las razones que enseguida se precisarán.
"En un primer motivo de disentimiento, el apoderado legal de la persona moral quejosa, aduce que, la resolución reclamada, vulnera las garantías individuales consignadas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque el Juez responsable estableció que la carga de la prueba le correspondía a su representada, refiriendo que debía acreditar que efectivamente ********** realizó las operaciones por la cantidad de $12,209.42 (doce mil doscientos nueve pesos 42/100 M.N.), lo que a su juicio resulta violatorio en su perjuicio.
"El relatado concepto de disenso es infundado, porque la distribución de la carga probatoria que hizo el Juez responsable, respecto a que correspondía a la demandada exhibir los vouchers, es correcta.
"En efecto, como bien lo estableció el Juez de Distrito, la carga de la prueba para demostrar que el actor realizó las operaciones no reconocidas, correspondía a la institución bancaria, en tanto que ésta tiene mayor facilidad para aportar los medios de prueba que, de ser el caso, acrediten que los cargos fueron realizados de forma legal, pues en términos de los artículos 47 y 49 del Código de Comercio, tiene la obligación de conservar los documentos que den nacimiento a derechos y obligaciones por un plazo de diez años como mínimo; asimismo, porque los bancos están obligados a brindar seguridad a los tarjetahabientes en el uso de sus cuentas bancarias, mediante la aplicación de la tecnología adecuada que impida la aplicación de cargos indebidos y que ayude a la supresión de riesgos en la realización de las operaciones bancarias; finalmente, porque se trata de la parte fuerte y ventajosa en el contrato que celebran con el usuario de los servicios financieros.
"Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia I.11o.C J/21 del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente:
"‘TARJETAS DE CRÉDITO. LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EMISORAS DE LAS MISMAS, TIENEN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE RESGUARDAR EN SUS ARCHIVOS, LOS VOUCHERS O PAGARÉS QUE FIRMA EL TARJETAHABIENTE EN EL MOMENTO DE LAS OPERACIONES DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS.-De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 6o., fracciones I y II, 46, fracción VI y 77 de la Ley de Instituciones de Crédito, 170, fracción VI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como de las reglas primera, tercera, cuarta, novena, décimo quinta y vigésima octava a las que habrán de sujetarse las instituciones de banca múltiple en la emisión y operación de tarjetas bancarias, en relación con la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 11/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 143, cuyo rubro es: «NULIDAD ABSOLUTA. PROCEDE CUANDO SE ALEGA LA FALSEDAD DE LA FIRMA IMPRESA EN UN PAGARÉ (VOUCHER) SUSCRITO EN VIRTUD DE UNA COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE UNA TARJETA DE CRÉDITO.»; se desprende que una de las actividades autorizadas a los bancos es la expedición de tarjetas de crédito y que los bancos deben prestar sus servicios con apego a la ley y normas administrativas, así como a las sanas prácticas que propicien seguridad de las operaciones a sus clientes. De lo que se concluye que el pago a terceros que se obligan a realizar las instituciones bancarias a cuenta del acreditado, por operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito (adquisición de bienes o servicios), mediante la firma de vouchers o pagarés, está limitado a la observancia de diversos requisitos, a saber: a) Que se haya tenido a la vista la tarjeta de crédito en el momento de la operación; b) Que el proveedor del bien o servicio haya cotejado que la firma impuesta en el voucher respectivo, corresponda a la del tarjetahabiente por su similitud a simple vista; c) Que el banco realice el pago a la filial de los servicios y bienes adquiridos, teniendo a la vista los pagarés o vouchers respectivos que documentan la operación; d) Que en caso de objeción o aclaración de un cargo por parte del usuario el banco tenga a la vista el pagaré-voucher para dictaminar lo procedente y anexar al dictamen una copia legible de tal documento que ampara la operación. Así, se evidencia que para realizar el cargo de las operaciones documentadas en los citados vouchers o pagarés, es obligación de las instituciones bancarias emisoras de las tarjetas, tener aquéllos a la vista para verificar que la firma impuesta en tales documentos que amparan la operación, corresponde a la del tarjetahabiente o usuario, en atención al principio de seguridad que deben observar dichas instituciones en beneficio de sus clientes. Máxime que al compartir los vouchers la naturaleza de los títulos de crédito denominados pagarés, es un requisito esencial para realizar los cargos respectivos, que tales documentos hayan sido suscritos precisamente por el usuario o cuentahabiente de la tarjeta crediticia; lo que trae consigo la obligación de que los bancos tengan necesariamente en su poder los denominados vouchers que documentan las citadas operaciones y que hayan pagado a un tercero, a cuenta del tarjetahabiente, puesto que todo el marco normativo que regula las transacciones hechas a través de las tarjetas de crédito, obligan al banco emisor de las mismas, a cubrir el pago de bienes y servicios, así como a cargar su monto a la cuenta del acreditado, sólo si los vouchers fueran firmados precisamente por el titular de la tarjeta respectiva. De tal suerte, que es obligación del banco emisor tener a su alcance esos documentos, ya que incluso de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal del País, en la ejecutoria que da origen a la jurisprudencia citada con antelación, los citados vouchers son remitidos por las empresas filiales a través de los denominados volantes de control de depósito, por lo que jurídicamente, cuando ya se ha realizado el pago y el cargo correspondiente a la cuenta del tarjetahabiente, el banco debe tener a su disposición los documentos que amparan la operación, sobre todo si ésta es materia de reclamación del cuentahabiente.’
"De igual forma, es orientadora la tesis aislada XV.5o.7 C (9a.) del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, cuyo contenido es el siguiente:
"‘CARGA DE LA PRUEBA EN LOS JUICIOS MERCANTILES DERIVADOS DE LAS RELACIONES ENTRE LOS BANCOS Y SUS CLIENTES. CORRESPONDE A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS DEMOSTRAR LA LEGALIDAD DE LAS DISPOSICIONES REFLEJADAS EN LOS ESTADOS DE CUENTA DEL USUARIO, SIEMPRE QUE ÉSTE LAS NIEGUE.-De conformidad con los artículos 1194 y 1195 del Código de Comercio, la carga de la prueba en los juicios mercantiles derivados de las relaciones que surgen entre los bancos y sus clientes recae en la institución prestadora del servicio, siempre que el usuario niegue haber efectuado o autorizado las disposiciones que aparecen reflejadas en los estados de cuenta que recibe, pues corresponde al banco demostrar la legalidad de los retiros que afirma existieron y que su cliente niega, al ubicarse en una situación ventajosa frente al usuario que es la parte débil de la contratación, generando que recaiga en las instituciones bancarias la demostración de los hechos controvertidos, toda vez que tienen mayor facilidad para aportar los medios de convicción que justifiquen su actuación, como son, los comprobantes que muestran la forma y los términos en que se efectuaron los retiros. Lo que no sucede con el usuario del servicio, quien encuentra serias limitaciones para justificar que no llevó a cabo los retiros objeto de la controversia o que estos últimos fueron realizados sin su consentimiento.’
"En otro orden de ideas, se duele el quejoso que aun cuando se le hizo efectivo el apercibimiento, formulado en el auto de dieciséis de octubre de dos mil catorce y se tuvieron por ciertas las afirmaciones de la acción en relación a que el accionante no autorizó, ni realizó los cargos y disposición en cajero automático, combatidos, tales afirmaciones las considera equivocadas e ilegales, pues afirma que con el estado de cuenta exhibido por la parte actora, se acredita la legalidad de los cargos, pues en el mismo constan los asientos que figuran en la contabilidad de su representada y, por tanto, hacen fe en contra del actor.
"Dicho concepto de violación es infundado.
"En efecto, es cierto como lo señala el apoderado de la demandada, que el estado de cuenta refleja los cargos realizados en la cuenta bancaria ya sea a través de compras o de disposiciones en efectivo, sin embargo también es cierto que con el estado de cuenta no se demuestra fehacientemente la identidad de la persona que haya realizado los movimientos en la referida cuenta, es por ello que se solicitó a la institución bancaria que exhibiera los vouchers con los que se respaldan las operaciones de compra de bienes o servicios, para que una vez en manos del juzgador se demostrara que la firma estampada en los comprobantes correspondía al actor, lo que se dijo con antelación, no hizo la demandada.
"Por lo anterior es que al no presentar la institución demandada los documentos por los cuales se le requirió, resulta apegada a derecho la determinación del Juez responsable al tener como ciertas las afirmaciones de ********** quien negó la titularidad de los cargos efectuados en su cuenta bancaria.
"En otra línea de argumentación, la quejosa alega que uno de los cargos se refiere a disposición en cajero automático, por lo que no es posible que tercera persona pueda realizar la operación sin el consentimiento del tarjetahabiente, pues además de requerirse el plástico, se necesita conocer el nip, clave o contraseña que escoge el cliente en forma personal y confidencial, situación que afirma, no estudió la responsable en forma especial, sino que se analizó en términos generales como cualquier otro cargo.
"El anterior disentimiento es infundado, como ya se dijo en párrafos anteriores, la carga de la prueba tal como lo señalan los artículos 1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio, le corresponde a quien afirma, por tanto si el accionante niega haber realizado el retiro en el cajero automático, es a la institución bancaria a quien corresponde acreditar la disposición que afirma y que su cliente niega, en primer lugar porque la cuestión queda comprendida dentro de las reglas generales de, el que afirma está obligado a probar; además de que son las instituciones bancarias las que tienen la facilidad para preconstituir y aportar medios probatorios, dado que son los administradores de los cajeros automáticos, responsables de su manejo y de la implementación de las medidas necesarias para acreditar la disposición por el usuario autorizado; siendo la demandada como proveedora de un servicio, la obligada a garantizar la seguridad en todas las operaciones que se efectúen con motivo de los contratos celebrados con los clientes, además de que por encontrarse en una situación ventajosa ante el cliente cuenta con la información y las aptitudes para aportar los elementos de prueba para dirimir las controversias que se llegaren a suscitar.
"Sirve de criterio orientador la tesis aislada I.4o.C.290 C de Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente:
"‘CAJEROS AUTOMÁTICOS. CARGA DE LA INSTITUCIÓN OPERADORA DE ACREDITAR DISPOSICIONES DE DINERO, QUE EL CLIENTE NIEGA.-La aplicación de las reglas establecidas en los artículos 1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio, sobre la carga de la prueba en los juicios mercantiles, incardinadas a la naturaleza de las relaciones jurídicas que se establecen entre las instituciones bancarias y la generalidad de sus usuarios, cuyos principios están acogidos por la legislación rectora de la banca nacional, y que han sido objeto de exploración por la doctrina extranjera, conducen a la clara determinación de que cuando el usuario niegue la disposición del importe de dinero hecho en un cajero automático que la institución bancaria le atribuye y carga a su estado de cuenta, corresponde al proveedor del servicio acreditar la disposición que afirma y que su cliente niega. En primer lugar, porque la cuestión queda comprendida dentro de la regla primaria sobre la carga probatoria, relativa a que debe probar el que afirma y no el que niega, a menos que el primero tenga a su favor una presunción legal. En segundo lugar, porque las instituciones son las que tienen la mayor facilidad para preconstituir y aportar medios probatorios, dado que son las administradoras de los cajeros automáticos, y las responsables de su manejo y de la implementación de las medidas necesarias para acreditar la disposición por el usuario autorizado. En tercer lugar, porque dentro de los principios rectores del derecho del consumidor, la indiscutible profesionalización y alta especialidad de los bancos les impone la obligación de brindar la más amplia seguridad a los usuarios, mediante el empleo y actualización de los mecanismos tecnológicos y científicos más avanzados y menos vulnerables a los riesgos de interferencia por personas ajenas, como es el caso de personas u organizaciones dedicadas a la delincuencia, de modo que las facilidades existentes para interferir en sus sistemas, genera una presunción de culpa indirecta del propietario. En cuarto lugar, porque en la actualidad existe una tendencia uniforme a considerar a los mecanismos empleados por los bancos para las modernas operaciones bancarias, especialmente, en el ámbito de los actos electrónicos, como factor generador de riesgo para las masas de usuarios, que lleva a la tutela de los consumidores a través de una modalidad de responsabilidad, de la que sólo se libran los proveedores con la prueba de que tomaron todas las medidas para el funcionamiento óptimo de los servicios que prestan, fortalecidas con el empleo de los mecanismos más seguros y eficaces creados por la ciencia y la tecnología
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26313-2872eeaa/tarjetas-de-debito-corresponde-a-la-institucion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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