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Modo: Corpus Pro

NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. · Registro digital (IUS): 27803
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-05-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Pág. 1940.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 20 DE MARZO DE 2018. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, GERARDO DOMÍNGUEZ, GUSTAVO ALCARAZ NÚÑEZ Y ENRIQUE DUEÑAS SARABIA. DISIDENTE: FRANCISCO JAVIER VILLEGAS HERNÁNDEZ. PONENTE: ENRIQUE DUEÑAS SARABIA. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de posible contradicción de tesis. Mediante oficio sin número, presentado en la Oficialía de Partes de este Pleno de Circuito el dos de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Tercero de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con sede en Zapopan, Jalisco, denunció la posible contradicción de tesis respecto del criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito –al resolver el amparo directo 277/2017, en sesión de uno de junio de dos mil diecisiete, en lo relativo a la consideración de ser ilegal la condena al pago de intereses moratorios fundada en los artículos 83, 85, fracción II y 362 del Código de Comercio, hecha por el Juez responsable, al declarar fundada la acción de nulidad de cargos por disposición de la cuenta bancaria de depósito del actor, por estimar que sólo puede imponerse condena por ese rubro, respecto de aquellas obligaciones derivadas de una relación contractual o adquirida mediante declaración unilateral de voluntad, mas no como consecuencia del incumplimiento de obligaciones extra-contractuales o provenientes de la ley; y el diverso criterio emitido por el Quinto Tribunal Colegiado de idéntica materia y Circuito, en el amparo directo 250/2017-III, relacionado con el 261/2017-III, en sesión de quince de junio del año en cita, en el sentido de ser legal la condena al pago de intereses al tipo legal reclamados en la acción de nulidad de referencia, por ser una sanción a título de reparación o indemnización por daños y perjuicios causados por el retraso en el cumplimiento de obligaciones.

SEGUNDO.—Trámite de la denuncia de posible contradicción de tesis. El presidente del Pleno de Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis por auto de tres de octubre de dos mil diecisiete, –la cual se registró con el número 8/2017–; asimismo, solicitó a las presidencias de los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, el envío de los archivos de las ejecutorias involucradas; la información relativa a si continuaban vigentes los criterios sostenidos en ellas; ordenó informar a la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la referida admisión –para los efectos a que se refieren los artículos 22 y 27, punto F, del Acuerdo General 20/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito–; y ordenó hacer saber a los integrantes del Pleno de Circuito que el asunto sería turnado, en su oportunidad, al representante del –Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito–.

TERCERO.—Adición de ejecutoria contendiente. A través del oficio número 073/2017-ST, el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, hizo saber a este Pleno de Circuito, que continúa vigente el criterio sostenido al resolver el amparo directo 250/2017-III, en el cual habían sido reiteradas las consideraciones sustentadas en el amparo directo 88/2017-IV, en sesión de veinte de abril del año dos mil diecisiete. Ejecutoria que envió en copia certificada y en formato Word.

CUARTO.—Turno de los autos. Recabada la información solicitada, entre la cual destaca la proporcionada por la coordinadora de Compilación de Tesis en cita, en el sentido de no existir alguna denuncia de contradicción de tesis en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculada con el tema de la presente, y la manifestación de la presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el sentido de continuar vigente el criterio emitido, al resolver el amparo 277/2017, en auto de diecinueve de octubre del indicado año dos mil diecisiete, se ordenó turnar el asunto a la Magistrada Alicia Guadalupe Cabral Parra, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, quien solicitó una prórroga de quince días, para elaborar el proyecto de mérito, por las razones expuestas en el oficio presentado ante la Oficialía del Pleno el catorce de noviembre último, cuya petición fue concedida en auto de quince del mes y año en cita.

QUINTO.—Returno de los autos. En virtud del cambio de integración del Pleno, por la culminación del año dos mil diecisiete, mediante auto de dieciséis de enero de la anualidad en curso, el asunto fue returnado al Magistrado Enrique Dueñas Sarabia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, este último, en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito en materia civil del mismo Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por un Juez de Distrito, concretamente el Juez Tercero de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con sede en Zapopan, Jalisco.

TERCERO.—Posturas contendientes. Se trata de los siguientes criterios:

Primera postura

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 277/2017, en sesión de uno de junio de dos mil diecisiete, determinó:

"VII. Relación de antecedentes. Del examen de los autos(1) remitidos para la sustanciación de esta contienda constitucional, se advierten los siguientes antecedentes:

"• ********** demandó en la vía oral mercantil a **********, Sociedad Anónima, por la declaración de nulidad de siete cargos realizados en la cuenta **********, que tiene aperturada con la citada institución bancaria, bajo el argumento de que no fue ella quien realizó la operaciones de las que derivan dichos cargos; asimismo, demandó el pago de $********** (********** pesos 60/100 moneda nacional), intereses moratorios al tipo legal y costas.(2)

"• El veintidós de diciembre de dos mil dieciséis,(3) el Juez natural admitió a trámite la demanda en la vía propuesta y ordenó emplazar a la institución de crédito señalada, lo cual se cumplió mediante diligencia practicada el veintiséis de diciembre siguiente.(4)

"• Al producir contestación a la demanda, la enjuiciada adujo, entre otras cuestiones, que los cargos objetados eran procedentes, ya que el importe de éstos fue descontado de la cuenta de la accionante con motivo de los bienes y servicios que adquirió mediante el uso de la tarjeta de débito expedida a su favor.(5)

"• El nueve de febrero de dos mil diecisiete,(6) se celebró la audiencia preliminar en que se admitió al accionante la prueba pericial en grafoscopia respecto de las firmas que obran en los pagarés controvertidos, los que manifestó, bajo protesta de decir verdad, estaban en poder de la institución financiera, a quien se requirió que los exhibiera en el término de ocho días, apercibiéndola que de no hacerlo, sin causa justificada, se tendría por ciertas las manifestaciones realizadas por el actor en relación con esos documentos; apercibimiento que se hizo efectivo el veintiocho de febrero siguiente.(7)

"• Previa sustanciación del juicio, mediante sentencia definitiva de siete de marzo de dos mil diecisiete,(8) el a quo declaró probada la acción de nulidad, toda vez que, la institución de crédito demandada incumplió con la carga de acreditar que fue la accionante –o un tercero por él autorizado– quien realizó las operaciones de las que derivan los cargos controvertidos. Por tanto, declaró la nulidad de dichos cargos y condenó a la parte reo a reintegrar las cantidades a las que éstos ascendían; asimismo, la condenó al pago de intereses moratorios al tipo legal, cuantificables a partir del día siguiente al en que se realizaron los cargos, y no desde el momento señalado por el actor; finalmente, la absolvió del pago de costas. Dicha determinación constituye la materia de estudio en la presente contienda constitucional.

"VIII. Síntesis de los conceptos de violación. Del análisis de la demanda de amparo se deduce que, para evidenciar la ilegalidad de la resolución reclamada, la parte quejosa hizo valer los siguientes argumentos:

"Primero. La sentencia reclamada transgrede el principio de congruencia que debe imperar en toda determinación judicial, ya que resolvió la litis de manera distinta a la que fue planteada.

"El Juez responsable declaró la nulidad de los cinco vouchers –pagarés– relativos a compras realizadas en establecimientos comerciales, bajo el argumento de que no se destruyó la presunción legal que surgió en favor del accionante, sobre que las firmas que calzan dichos documentos no provienen de su puño y letra; determinación que es incorrecta, toda vez que, de las copias de los vouchers exhibidas por aquél se advierte que cuatro de ellos fueron autorizados mediante firma electrónica, por lo que no podían ser objeto de la prueba pericial, cuya falta de desahogo por causas atribuibles a la quejosa, produjo la citada presunción.

"Por el contrario, las copias de los vouchers autorizados mediante firma electrónica constituyen un medio de prueba que tiene el alcance de destruir la presunción legal señalada, arrojando al tercero interesado la carga de acreditar que no autorizó tales vouchers, así como que la firma electrónica con que se aprobaron las operaciones relativas era inválida.

"Al haber exhibido copia de éstos para demostrar los cargos que le fueron hechos, el tercero interesado reconoció la veracidad de los datos ahí contenidos, lo que hace prueba en su contra respecto a que la autorización de los documentos fue realizada por él.

"Segundo. Es contrario a derecho que el a quo admitiera las pruebas documentales consistentes en ‘los vouchers’ y ‘la tira auditora expedida por cajero automático’, dado que, el tercero interesado incumplió con los requisitos que para su ofrecimiento prevé el artículo 1390 Bis 13, en relación con el artículo 1061, ambos del Código de Comercio, pues omitió exponer las razones por las que consideraba que tales medios de convicción eran eficaces para demostrar sus afirmaciones.

"Tercero. Es improcedente que se le condenara a pagar intereses moratorios al tipo legal, ya que éste se sustentó en los artículos 83, 85, fracción II, y 362 del Código de Comercio, los que son inaplicables porque se refieren a la sanción que deriva del incumplimiento de una obligación de carácter ‘contractual’, hipótesis que es distinta a la que se configura en el caso, pues la acción de nulidad ejercida se fundó en el incumplimiento de una ‘responsabilidad extracontractual’ o ‘derivada de la ley’, a cargo de la quejosa y no en lo pactado en un acuerdo de voluntades.

"El Juez responsable omitió exponer las razones con base en las que estimó procedente aplicar dichos preceptos normativos, no obstante que se demandó el cumplimiento de una obligación extracontractual, prevista en la propia ley.

"Asimismo, se incumplió con la obligación de analizar la procedencia de dicha prestación en los términos que se planteó, toda vez que, si el tercero interesado demandó el pago de intereses moratorios de conformidad con el artículo 362 del Código de Comercio, era necesario determinar, en primer lugar, si tal exigencia encuadra en alguna de las hipótesis previstas en ese numeral, las que al no verificarse hacen improcedente que la condena relativa se fundara en aquel dispositivo legal.

"Debió absolvérsele del pago de la citada prestación, habida cuenta que, el incumplimiento de una responsabilidad extracontractual o derivada de la ley, da lugar al pago de daños y perjuicios, y no al de intereses moratorios al tipo legal.

"Además, en el supuesto de que fuera procedente la condena señalada, es desacertado que la cuantificación de los intereses moratorios deba realizarse a partir del día siguiente a aquel que se efectuaron los cargos en la cuenta bancaria del tercero interesado, ya que tal prestación tendría que calcularse a partir del momento en que adquiera el carácter de deudor respecto de aquél, es decir, a partir de que causara estado la sentencia dictada en el juicio natural.

"IX. Consideraciones y fundamentos. Uno de los conceptos de violación es esencialmente fundado, los restantes jurídicamente ineficaces.

"En principio, se alega que es contrario a derecho que se admitieran las pruebas documentales ofrecidas por el accionante, consistentes en las copias de los vouchers y la tira auditora en que constan los cargos controvertidos, ya que al anunciarlas omitió exponer las razones por las que consideró que tales medios de prueba son útiles para demostrar sus afirmaciones, incumpliendo así el requisito que al efecto prevé el artículo 1390 Bis 13 del Código de Comercio.(9)

"Motivo de inconformidad que es ineficaz porque, aun en el supuesto de que fuera cierta la violación a las reglas esenciales del procedimiento a que se alude, tal circunstancia sería inocua, ya que los medios de convicción cuya admisión se controvierte -que en realidad forman parte de la prueba documental relativa a las copias certificadas del expediente de reclamación **********, tramitado ante la Condusef-, no dieron sustento al sentido de la resolución combatida, sino que, el a quo declaró fundada la acción bajo la consideración toral de que, al no haberse controvertido la existencia de la relación contractual que ni la de los cargos impugnados, el único punto a dirimir se redujo a si fue el accionante quien realizó las operaciones de las que derivan dichos cargos, lo que, al ser negado por éste, arrojó la carga de la prueba a la institución de crédito demandada, quien no ofertó algún medio de prueba eficaz para acreditar lo contrario.

"Es decir, el Juez responsable declaró fundada la acción de nulidad, toda vez que la disconforme no acreditó que haya sido la parte actora quien dio lugar a los cargos que tildó de nulos; determinación que es ajustada a derecho con base en las reglas de la ‘carga de la prueba’, figura procesal que es definida por el doctrinista Hernando Devis Echandía en los siguientes términos:

"‘Carga de la prueba es una noción procesal, que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al Juez cómo debe fallar, cuando no encuentra en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitar las consecuencias desfavorables a ella o favorables a la otra parte.’(10)

"De lo antes transcrito se deduce que la carga de la prueba constituye una regla procesal que cumple una doble función: primera, indicar al juzgador cómo fallar en los casos en que no se encuentra la prueba de los hechos a que se contrajo la litis; y, segunda, señalar a las partes cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar, para que sean considerados como ciertos por el Juez y sirvan de fundamento de sus pretensiones o excepciones.

"Luego, dicha regla procedimental está regulada en los artículos 1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio, que establecen:

"‘Artículo 1194. El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones.’

"‘Artículo 1195. El que niega no está obligado a probar, sino en el caso en que su negación envuelva afirmación expresa de un hecho.’

"‘Artículo 1196. También está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante.’

"Preceptos normativos de cuya intelección se obtiene que, en los juicios en materia mercantil, los hechos deben ser probados por la parte que los afirma, en tanto que, la que los niega no está obligada a probarlos, excepto cuando tal negación envuelva la afirmación de un hecho distinto, o que se desconozca la presunción legal que tuviera a su favor el colitigante.

"Ahora, como se precisó en los antecedentes del caso, ********** demandó a **********, Sociedad Anónima, por la nulidad de siete cargos realizados a la cuenta **********, bajo el argumento de no ser él quien llevó a cabo las operaciones que les dieron origen; por su parte, al producir contestación a la demanda, la institución de crédito quejosa sostuvo, entre otras cuestiones, que los cargos objetados eran procedentes, toda vez que su importe fue descontado de la cuenta del accionante con motivo de los bienes y servicios que adquirió mediante el uso de la tarjeta de débito expedida a su favor.

"En ese sentido, la litis en el juicio natural se centró en determinar si los cargos controvertidos provenían de actos en los que intervino la voluntad de la parte actora, por lo que, de conformidad con los dispositivos legales antes invocados, correspondía a la institución de crédito quejosa la carga de acreditar el hecho en cuestión, ya que fue ésta quien lo afirmó; además, tal carga probatoria adquiere sustentó ante la circunstancia de que las instituciones bancarias se encuentran en una situación ventajosa frente a sus cuentahabientes, ya que, a diferencia de ellos, tienen mayor facilidad para aportar los medios de prueba que justifiquen que los cargos se efectuaron con base en los procedimientos y políticas de seguridad que están obligadas a adoptar en términos del artículo 77 de la Ley de Instituciones de Crédito,(11) el cual prevé que los servicios prestados por dichas instituciones deben brindarse de manera que proporcionen seguridad en las operaciones que al efecto realicen, con el fin de procurar una adecuada atención a los usuarios de esos servicios.(12)

"De modo que, a fin de que se declarara infundada la acción de nulidad, era indispensable que la institución de crédito quejosa demostrara que los cargos materia de la litis provienen de operaciones en que se cumplió con los mecanismos de seguridad necesarios para concluir, de manera indefectible, que fueron autorizados por el titular de la cuenta afectada; lo cual no sucedió, ya que la disconforme sólo logró aportar al juicio las pruebas presuncional –legal y humana– e instrumental de actuaciones, las que resultaron ineficaces para tal fin, pues se integran con los elementos obtenidos de la totalidad del material probatorio y las constancias de autos, de donde no se deduce dato alguno que sirva para probar aquel hecho.

"De ahí que, por más que al dar contestación a la demanda, la quejosa adujera que los cargos eran procedentes, ya que fueron descontados de la cuenta del accionante, con motivo de bines y servicios que adquirió mediante el uso de la tarjeta de debido que expidió en su favor, lo objetivamente cierto es que, precisamente, en el contradictorio de origen se puso en duda esa cuestión, es decir, si la disposición de fondos proviene del usurario cliente del banco, lo cual éste negó lisa y llanamente; entonces, es evidente que es a la institución bancaria quien debe probar en sentido contrario, sabido de la finalidad con la que pueden utilizarse los dispositivos electrónicos en fraude por otros (hackers), contra los que la institución financiera sí puede y debe proteger. Todo ello incide en la postura adoptada por la disconforme dentro del juicio, porque es manifiesto que es a ella a quien interesa demostrar la veracidad de aquel hecho, a fin de que se declarara fundada la excepción que sobre el tema opuso.

"Además, contrario lo que se alega, no es verdad que el accionante omitiera ofertar pruebas para demostrar sus pretensiones, pues como se aprecia del acta de la audiencia preliminar,(13) le fue admitida, entre otras pruebas, la pericial en grafoscopia que ofreció para acreditar que no provenían de su puño y letra las firmas de los vouchers en que constan los cargos impugnados, documentos que, bajo protesta de decir verdad, manifestó estaban en poder de la institución de crédito quejosa, quien fue requerida por su exhibición bajo el apercibimiento que de no hacerlo, sin justa causa, se tendrían por ciertas las manifestaciones realizadas por su contraria, apercibimiento que se hizo efectivo en auto de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete.(14)

"Luego, si bien es cierto que, al analizar las copias de los vouchers que obran agregadas en las constancias de la reclamación **********, tramitada ante la Condusef, se advierte que cuatro de ellos fueron autorizados mediante firma electrónica –aclarando que uno, además, cuenta con firma autógrafa–, lo que significa que les era inoponible la presunción legal antes señalada; no obstante, tal circunstancia es insuficiente para declarar la validez de esos documentos, ya que, se insiste, el actor negó lisa y llanamente haber realizado las autorizaciones relativas, por lo que correspondía a la quejosa la carga de acreditar la falsedad de aquella negación, de conformidad con los artículos 1194 y 1195 del Código de Comercio.

"Asimismo, no verdad que dichas autorizaciones fueran reconocidas por el tercero interesado al haber exhibido copia de los vouchers de que se trata, dado que, si bien los documentos presentados por las partes hacen prueba en su contra, en el caso concreto, aquellas copias sólo tienen el alcance de acreditar la manera en que se realizaron las autorizaciones, no así la identidad de quien lo hizo; de ahí que, contra lo aseverado por la disconforme, es desacertado que se le hubiera relevado de la carga probatoria antes mencionada.

"En cambio, asiste razón a la quejosa respecto a que es contrario a derecho que se le condenara al pago de intereses moratorios al tipo legal, ya que dicha prestación es consecuencia del incumplimiento de obligaciones de naturaleza distinta a la que se le demandó, como principal, en el juicio de origen, lo que la hace improcedente.

"Según se advierte del análisis de la demanda inicial, las prestaciones que le fueron exigidas a la disconforme, son las siguientes:

"‘a) Por la declaración judicial de inexistencia o nulidad que deberá realizar este juzgado de los cargos que describiré en los puntos de hechos de la presente demanda, los cuales fueron aplicados en la cuenta de depósito número ********** aperturada a mi nombre ante la demandada y que fueron llevados a cabo con la tarjeta de débito **********, la cual me fuera expedida por la propia institución financiera demandada.

"‘b) El pago de la cantidad de $********** (********** pesos 60/100 moneda nacional), la cual fue sustraída por la demandada de mi cuenta de depósito número **********, con motivo de los diversos cargos no reconocidos de mi parte como son: un retiro de dinero en cajero automático y cinco compras en establecimientos comerciales. Todas estas operaciones realizadas con la tarjeta de débito **********, sin el consentimiento del suscrito.

"‘c) Por el pago de intereses moratorios al tipo legal del 6% anual, sobre la cantidad de $********** (********** pesos 60/100 moneda nacional), mismos que deberán cuantificarse desde el momento en que se hicieron las disposiciones de dinero con la tarjeta ya referida y hasta que se haga la devolución de las cantidades reclamadas. Lo anterior con base legal en lo dispuesto por el artículo 362 del Código de Comercio.

"‘d) El pago de gastos y costas que se generen con la tramitación del presente juicio.’(15) (Énfasis añadido)

"Esto es, se le demandó la nulidad de ciertos cargos realizados en una cuenta bancaria a nombre del accionante y como consecuencia, la devolución del numerario al que ascendieron esos cargos, así como el pago de intereses moratorios al tipo legal; prestación esta última que se reclamó con fundamento en el artículo 362 del Código de Comercio, que establece:

"‘Artículo 362. Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento anual.

"‘Si el préstamo consistiere en especies, para computar el rédito se graduará su valor por los precios que las mercaderías prestadas tengan en la plaza en que deba hacerse la devolución, el día siguiente al del vencimiento, o por el que determinen peritos si la mercadería estuviere extinguida al tiempo de hacerse su valuación.

"‘Y si consistiere el préstamo en títulos o valores, el rédito por mora será el que los mismos títulos o valores devenguen, o en su defecto el seis por ciento anual, determinándose el precio de los valores por el que tengan en la bolsa, si fueren cotizables, o en caso contrario por el que tuvieren en la plaza el día siguiente al del vencimiento.’

"Del examen del precepto legal transcrito se deduce que, en tratándose de préstamos mercantiles –mutuo–, el deudor que omita cumplir oportunamente con la obligación de pago a su cargo, debe cubrir, desde el día siguiente al en que incurrió en mora,(16) los intereses que para el caso se hubieran pactado o, en su defecto, el seis por ciento anual de la suma adeudada, también conocido como interés al tipo legal.

"Ahora, aun cuando dicha sanción no está restringida a ese acto jurídico en específico, lo cierto es que sólo puede imponerse respecto de aquellos en que se incumpla, en tiempo y forma, la obligación derivada de una relación contractual o adquirida mediante declaración unilateral de voluntad, en que el deudor se beneficia de una prestación obtenida de su acreedor.

"Condición que no se satisface en el caso a estudio, habida cuenta que la condena pecuniaria que fue impuesta a la quejosa no deriva del incumplimiento de una obligación de aquella clase, sino como consecuencia de la nulidad de los cargos realizados en la cuenta bancaria a nombre del accionante; de manera que, si éste pretendía obtener un resarcimiento por la falta de libre disposición del dinero que se retiró de su cuenta con motivo de esos cargos, entonces, debió reclamar el pago de daños y perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2104, 2107, 2108, 2109 y 2110 del Código Civil Federal,(17) de aplicación al Código de Comercio en términos de su numeral 2o.(18)

"No pasa inadvertido para este tribunal el hecho de que, al producir contestación a la demanda, la ahora disconforme no controvirtió la exigibilidad de la prestación a que se alude en los términos aquí analizados; no obstante, al tratarse de un aspecto que guarda relación con la procedencia de la acción y las prestaciones que con motivo de ésta se demandan, debió ser analizado por el a quo, incluso de oficio.(19)

"Por tanto, al haber desatendido el Juez responsable el marco normativo antes expuesto, transgrediendo en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental de seguridad jurídica, tutelado en el último párrafo del artículo 14 constitucional, procede conceder el amparo para efecto de que dicha autoridad:

"i) Deje insubsistente la sentencia reclamada; y,

"ii) Dicte otra en la que reitere de las consideraciones que no fueron declaradas ilegales y, atento al marco normativo aquí expuesto, declare improcedente la prestación reclamada a la institución de crédito quejosa, consistente en el pago de intereses moratorios al tipo legal.

"Concesión de amparo que se hace extensiva respecto del acto reclamado al actuario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicio de Cuantía Menor, con sede en Zapopan, Jalisco, ya que no fue impugnado por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia combatida.(20)

"Por lo expuesto y fundado, se

"RESUELVE:

"PRIMERO.—Para los efectos precisados en esta resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, Sociedad Anónima, contra los actos que reclama del Juez y del actuario adscritos al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con sede en Zapopan, Jalisco, consistentes en la sentencia definitiva de siete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio oral mercantil ********** y su ejecución.

"SEGUNDO.—Requiérase a la autoridad responsable para que, en términos de lo dispuesto en el numeral 192 de la Ley de Amparo,(21) cumpla la presente ejecutoria dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento en que queden legalmente notificadas de su recepción, apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización –en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será a la fecha de que incurra en la omisión–,(22) de acuerdo con lo previsto en los artículos 192, 238(23) y 258(24) de la ley en cita; así como remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el procedimiento de inejecución, que puede cul

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27803-e77fa2d4/nulidad-de-cargos-realizados-a-la-cuenta-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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