CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 354/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 4 DE NOVIEMBRE DE 2020. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.
II. Competencia
7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos y distinta especialidad, que hicieron un pronunciamiento en materia civil (mercantil), en la cual se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. Legitimación
8. Tal como fue acordado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en los términos dispuestos por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la hacen valer los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.
IV. Cuestiones necesarias para resolver el asunto
9. Antes de determinar la existencia de la contradicción denunciada, se hace necesario hacer una breve comparación de los hechos que motivaron los criterios cuya contradicción se denunció.
IV.1. Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 845/2016
10. Antecedentes:
a). Por escrito de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, ********** promovió juicio oral mercantil contra **********, de quien demandó, principalmente, la declaración judicial de nulidad absoluta de cuatro cargos efectuados el 3 de enero de 2015 a su tarjeta de débito vinculada a la cuenta que tenía abierta en dicha institución, el reembolso de los cargos no autorizados y el pago de los intereses legales que generaría la citada cantidad desde que fue indebidamente dispuesta de los fondos de su cuenta, disminuyendo la bonificación realizada por la demandada; así como el pago de gastos y costas.
b). Seguido el juicio, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz dictó sentencia el 9 de septiembre de 2016 en el sentido de declarar procedente la vía oral mercantil en el juicio 62/2016 y probada la acción de la actora contra la institución bancaria; por lo que condenó a esta última a la cancelación de los cargos y el reintegro de la cantidad solicitada, pero se le absolvió del pago de los intereses legales y de la condena en costas.
c). En contra de esta determinación, la actora promovió juicio de amparo directo.
11. Criterio. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo a la quejosa, bajo los razonamientos que se abrevian a continuación:
a). Son inoperantes los conceptos de violación dirigidos a controvertir la negativa de procedencia del pago de intereses legales porque no controvierten frontalmente la determinación del Juez, en el sentido de que el pago de un interés no tiene fundamento jurídico en la normatividad que dispone el artículo 362 del Código de Comercio como lo solicitó la quejosa, ya que el pago de la obligación impuesta a la demandada no derivó del incumplimiento tardío de una obligación, sino como consecuencia de la nulidad decretada. Por tanto, si la quejosa buscaba el pago de dicho interés, debió exigir el pago de daños y perjuicios al no haber podido disponer libremente de su dinero.
b). Por otra parte, son infundados los argumentos de la quejosa en los que adujo que el Código de Comercio contempla que ante el incumplimiento de una obligación, debe pagarse un interés y, si ello no hubiere sido pactado, se tendría derecho al pago del 6% anual, ya que si bien el legislador reguló el interés en el préstamo mercantil, ello no implica que no pueda ser aplicado en otro tipo de incumplimiento; porque –contrario a lo alegado– no se está ante la presencia del incumplimiento de una obligación para poder deducir que tiene derecho al pago de un interés ante el incumplimiento de lo pactado, ya que el reembolso de la cantidad a que se condenó a la institución bancaria en la sentencia no se impuso por la mora, sino como consecuencia de una nulidad; por lo que no resulta aplicable el artículo 362 del Código de Comercio.
c). En el caso no existió un pacto mediante el cual el actor hubiese prestado al demandado una cierta cantidad de dinero y éste hubiere incumplido con la obligación contraída; por lo que si la quejosa pretendía un resarcimiento con motivo de la falta de libre disposición de dinero, debió ejercitar la acción de daños y perjuicios, más no el pago de un interés legal. Esto es así, porque de la lectura a los artículos 361 y 362 del Código de Comercio, el interés para el deudor debe entenderse como el precio que debe pagar por préstamos de dinero, de títulos o valores y préstamos en especie, por su disposición en el tiempo que lo use fuera del plazo convenido y, para el acreedor, la ganancia que se obtiene de lo prestado; mientras que los daños y perjuicios, respectivamente, atienden a la pérdida del poder adquisitivo del dinero no dispuesto y en la no obtención de ganancias lícitas que se obtendrían con el uso del mismo.
d). Conforme a lo expuesto, el pago de intereses y de daños y perjuicios no pueden demandarse simultáneamente, al tener la misma naturaleza jurídica como lo indica la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.) "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA."; por lo que, para efecto de la cuantificación por daños y perjuicios, deben tomarse en cuenta factores diversos al interés legal, como son: el porcentaje inflacionario y la tasa de interés interbancaria de equilibrio calculada por el Banco de México.
e). Finalmente, se concluye que la nulidad de los cargos a la cuenta vinculada con la tarjeta de débito de la quejosa, no acarrea por sí sola, la existencia del incumplimiento de una obligación del demandado de pagar un interés por la demora en el pago de una deuda, pues como ya se precisó, la deuda nunca existió, y, en todo caso, lo que debía demandarse y demostrarse en juicio, tal como lo sostuvo el a quo, era que el actor resintió daños y perjuicios por los cargos realizados indebidamente en su tarjeta de débito; y de ahí, lo infundado de sus conceptos de violación aducidos.
12. De esta ejecutoria, derivó la tesis aislada VII.2o.C.121 C:
"TARJETA DE DÉBITO. CONTRA CARGOS INDEBIDOS REALIZADOS POR UNA INSTITUCIÓN BANCARIA, NO PROCEDE EL PAGO DE INTERESES LEGALES, SINO EJERCITAR LA ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS EN EL PATRIMONIO (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Cuando por motivo de un cargo indebido realizado por una institución bancaria a una tarjeta de débito, se le condena en juicio a la nulidad y al reembolso al afectado de los cargos efectuados, dicha nulidad no acarrea, por sí sola, la existencia del incumplimiento de una obligación, de modo que no se está ante la presencia de un deudor que deba pagar al demandado un interés legal por la demora en el pago de una obligación. De ahí que no puede tener aplicación el artículo 362 del Código de Comercio, toda vez que el rembolso de la cantidad a que se condenó a la institución bancaria en la sentencia, no se impuso con base en el incumplimiento tardío de una obligación, sino como consecuencia de la nulidad decretada. Por ello, al no tener la institución bancaria el carácter de deudor, si lo que se pretende es obtener un resarcimiento con motivo de la falta de la libre disposición de dinero, debe entonces ejercitarse la acción de daños y perjuicios sufridos en el patrimonio, y no intentarse el pago de un interés legal; pues los intereses son para el deudor, el precio que debe pagar por el préstamo de dinero, préstamos de títulos o valores y, préstamos en especie, por su disposición en el tiempo que lo use fuera del plazo convenido y, para el acreedor, la ganancia que se obtiene de lo prestado; y, los daños y perjuicios, respectivamente, atienden a la pérdida del poder adquisitivo del dinero no dispuesto y en la no obtención de ganancias lícitas que se obtendrían con su uso, por lo que deben cuantificarse tomando en consideración factores diversos al interés legal."
IV.2. Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 255/2018
13. Antecedentes:
a). Por escrito presentado el 18 de mayo de 2017, **********, promovió juicio oral mercantil, en contra de **********, de quien reclamó, en esencia, el pago de la suerte principal para cubrir el quebranto patrimonial causado en la cuenta de la que es titular, abierta en esa institución; así como el pago de los intereses al tipo legal por el tiempo que dure la tramitación de la controversia y de gastos y costas en el juicio
b). Mediante proveído dictado el 22 de mayo de 2017, el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, radicó la demanda bajo el expediente 223/2017 y la admitió a trámite; se emplazó a la demandada, quien formuló la contestación respectiva.
c). El 12 de julio de este año se celebró la audiencia preliminar, en la cual se celebró la etapa de conciliación sin que las partes llegaran a algún arreglo; y el 11 de agosto de 2015 se celebró la audiencia de juicio, donde se determinó que la parte actora probó la acción, condenando a la parte reo al pago de la cantidad reclamada, de los intereses al tipo legal y de costas.
d). Inconforme con esa determinación, la parte demandada promovió el juicio de amparo directo 470/2017, resuelto por el Tribunal Colegiado el 8 de marzo de 2018 en el sentido de conceder el amparo para el efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada y emitir otra en la que se reiterara procedente la acción de pago de los cargos indebidos a la tarjeta de débito del actor, partiendo de la presunción legal en favor del banco demandado sobre que el retiro del cajero electrónico fue realizado por el actor y, resolviera lo que conforme a derecho procediera.
e). En cumplimiento, la juzgadora responsable dictó una nueva resolución el 6 de abril de 2018, en la cual se determinó probada la acción respecto de los cargos de la tarjeta realizados el 15 de enero de 2017, condenándose a su devolución; se absolvió a la parte demandada del pago de la cantidad correspondiente al retiro realizado con la tarjeta de débito; se condenó a la demandada al pago de los intereses al tipo legal y se absolvió del pago de las costas procesales.
f). Sobre el pago de intereses, el Juez de primera instancia estimó que, cuando un banco hace un cargo indebido a uno de sus cuentahabientes, procede la condena al pago de los intereses al tipo legal, en términos del artículo 362 del Código de Comercio, toda vez que ante la ausencia de estipulación sobre los mismos en el pacto que dio origen a la relación contractual entre las partes, es correcto que se aplique el contenido del párrafo primero del artículo 362 del Código de Comercio, en el sentido de que los deudores que demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el 6% anual. Todo ello, con base en la tesis: "INTERESES. SOBRE CARGOS INDEBIDOS HECHOS POR UNA INSTITUCIÓN BANCARIA, ANTE LA AUSENCIA DE ESTIPULACIÓN PARA EL PAGO DE, DEBE ESTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.", del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
14. Criterio. La institución bancaria quejosa promovió juicio de amparo, el cual le fue negado por el órgano colegiado. En lo relevante, con base en los siguientes argumentos:
a). Los intereses constituyen el provecho, rendimiento o utilidad que se obtiene del dinero; es decir, se trata del beneficio económico que se logra a través de cualquier clase de inversión monetaria. Por ende, los intereses legales son una prestación que procede cuando una de las partes se encuentra obligada pecuniariamente con otra y no cumplió dentro del plazo en el que legalmente debió hacerlo, con independencia de que la misma derive de una operación que surge de un negocio o se genere por una disposición legal.
b). Los intereses moratorios son los que se pagan como sanción a título de reparación o indemnización por los daños y perjuicios causados por el retraso en el cumplimiento de alguna obligación; en consecuencia, en el caso y contrario a lo manifestado por el banco quejoso, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Comercio, ya que la condena se realizó como una sanción a título de reparación, con independencia de si ello estuvo o no consignado en el contrato que celebró la parte actora.
c). De la sentencia reclamada se evidencia que la parte actora demostró que la institución bancaria quejosa en forma indebida realizó cuatro cargos a su tarjeta de débito, derivados de compras que se hicieron en diversos centros comerciales, impidiéndose con esto al titular de la cuenta tener acceso a tales recursos monetarios.
d). Luego, esa aplicación indebida a la tarjeta de débito del cuentahabiente, cuya nulidad quedó acreditada, porque desconoció cuatro cargos hechos a la misma el día anterior al en que dio el aviso de extravío de la citada tarjeta, obligaba al banco a abonar el monto total de esos cargos a más tardar el cuarto día hábil bancario siguiente, a la recepción de la reclamación, atendiendo a lo que refiere la circular 34/2010, emitida por el Banco de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2010, dirigida a las instituciones de banca múltiple, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, relativas a las reglas de tarjetas de crédito, específicamente los puntos 3.3. y 3.4.
e). Sin embargo, si la institución bancaria no actuó conforme a lo señalado, ello generó el incumplimiento de la institución bancaria a las obligaciones que tiene, aun cuando en el contrato celebrado por las partes para el uso de las tarjetas de débito no se contemple que el banco pueda legalmente aplicar en forma indebida retenciones a las tarjetas de débito; razón por la cual se justifica plenamente que el banco adeuda la suma reclamada por el titular de la tarjeta de débito, por la aplicación indebida de compras que cargó a la misma y, por ello, ante la condena al reembolso de esas cantidades al afectado, también deriva como consecuencia el pago del interés legal por el retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual fue necesaria la intervención de la autoridad responsable.
f). Motivo por el cual, la reparación correspondiente sí está consignada por el legislador en el artículo 362 del Código de Comercio, en cuyo primer párrafo se establece, en forma genérica que los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el 6% anual. Por ende, el precepto legal en cita prevé que los obligados que no liquiden sus compromisos económicos en el término respectivo, deben pagar el interés que hayan convenido o, en su defecto, el 6% anual, sin que únicamente se consignara en ese apartado que los intereses legales sólo serían viables tratándose de obligaciones contractuales, pues la regulación va dirigida a quienes tengan el carácter de deudores y esto lo tienen tanto los contratantes como quienes resultan obligados por una disposición jurídica.
g). De esta forma, si el cargo reclamado es indebido, la institución bancaria se sitúa como un deudor que demoró en el pago, debido a que cargó una cantidad de dinero sin que el cuentahabiente pudiera disponer de la misma y, por tanto, es a través de los intereses que la institución bancaria debe resarcir al actor por no disponer del dinero que fue cargado, al centrarse precisamente la litis en determinar si el cargo fue o no indebido, siendo una consecuencia de su actuar.
h). Cuestión que ya no podría ser analizada nuevamente a través de una acción de daños y perjuicios, por ser parte de una litis diversa que ya es materia de cosa juzgada.
V. Existencia de la contradicción de tesis
15. Esta Primera Sala considera que, con base en el estudio de los precedentes recién detallados, en el caso se actualiza una contradicción de criterios.
16. Para justificar lo anterior, como cuestión previa, es importante señalar que de existir la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que deberá prevalecer, no es necesario que los criterios de los tribunales contendientes se sostengan en tesis jurisprudenciales, pues esta Primera Sala estima que por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.
17. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(6)
18. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.
19. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.
20. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.
21. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y, dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a). Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b). Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c). Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
22. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(7)
23. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que se cumplieron los dos primeros requisitos para la existencia de la contradicción.
24. Primero, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial para determinar si con motivo de la declaración de nulidad de cargos efectuados a tarjetas de débito procede el pago de intereses legales, con base en el artículo 362 del Código de Comercio.
25. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió procedente el pago de intereses moratorios, con base en el artículo 362 del Código de Comercio, pues consideró que la institución bancaria se sitúa como un deudor que incurrió en mora, ya que conforme a la circular 34/2010 del Banco de México, estaba obligado a abonar la totalidad de los cargos indebidos a más tardar el cuarto día hábil bancario siguiente al que se presentó la aclaración y, a partir de ello, consideró que el artículo 362 no sólo es aplicable en tratándose de obligaciones contractuales, sino que la regulación va dirigida a los deudores.
26. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito consideró improcedente el pago de intereses legales conforme al artículo 362 del Código de Comercio, toda vez que la condena a la institución bancaria no derivó del incumplimiento tardío de una obligación, sino como consecuencia de la nulidad de los cargos indebidos; de modo que si la parte quejosa pretende el resarcimiento por la falta de libre disposición del dinero, debió ejercer la acción de daños y perjuicios, pero no intentar el pago de interés legal.
27. De conformidad con las premisas señaladas, se advierten diferendos interpretativos y, por ende, esta Primera Sala concluye que ambos órganos jurisdiccionales se contradicen en cuanto a la procedencia del pago de intereses con motivo de un cargo indebido a tarjetas de débito al cuentahabiente de una institución bancaria, con base en la interpretación del artículo 362 del Código de Comercio.
28. Finalmente y con base en lo anterior, se colma el tercer requisito para el estudio de contradicción de criterios, toda vez que es evidente que existen posiciones divergentes sobre el mismo tema y, consecuentemente, ello da lugar a establecer un cuestionamiento; a saber, determinar ¿procede el pago de intereses por cargos indebidos a tarjetas de débito en términos del artículo 362 del Código de Comercio?
VI. Estudio de fondo
29. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta resolución, con base en los razonamientos que a continuación se exponen.
A. Marco normativo asociado al uso de tarjeta de débito
30. La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, integrante del amplio sistema normativo que existe en materia de comercio, específicamente en la regulación de aspectos relacionados con servicios bancarios, define la "tarjeta de débito" como un medio de disposición asociado a depósitos de dinero a la vista.(8)
31. En este sentido, la tarjeta de débito no es más que un vehículo creado para beneficio de los clientes de servicios bancarios, con la finalidad de aportar un acceso más rápido y eficiente al dinero que depositan en las instituciones constituidas con dicho objeto.
32. Por tanto, la relación contractual entre la institución que otorga la tarjeta de débito y el cuentahabiente nace de una convención mercantil;(9) razón por la que todo lo relativo a su interpretación y eventual solución de conflictos deberá hacerse con arreglo a las leyes mercantiles especiales y, ante la falta de regulación expresa, en las reglas generales que dispone el Código de Comercio y, por último, en la legislación común federal(10) o local.(11)
33. Como se aprecia de los antecedentes que dieron origen a los juicios que derivaron en esta contradicción de tesis, los cuentahabientes personas físicas de una institución bancaria solicitaron la nulidad de cargos indebidos efectuados a sus tarjetas de débito y, como consecuencia de ello, su reembolso y el pago de intereses legales, a través de juicios mercantiles.
34. Por principio de cuentas, debe señalarse que el contrato vinculado al uso de tarjeta de débito encuentra regulación en el Código de Comercio, en cuanto a sus reglas generales y, al tratarse de una convención mercantil que deriva de la operación de crédito denominada "de depósito bancario de dinero" que se celebra con una institución de crédito, su regulación especial tiene sustento en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las cuales, en lo relevante, disponen:
Código de Comercio
"...
"Título cuarto
"Del depósito mercantil
"Capítulo I
"Del depósito mercantil en general
"Artículo 332. Se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio, o si se hace a consecuencia de una operación mercantil."
"Artículo 333. Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato, y en su defecto, a los usos de la plaza en que se constituyó el depósito."
"Artículo 334. El depósito queda constituido mediante la entrega al depositario de la cosa que constituye su objeto."
"Artículo 335. El depositario está obligado a conservar la cosa, objeto del depósito, según la reciba, y a devolverla con los documentos, si los tuviere, cuando el depositario se la pida.
"En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia."
"...
"Artículo 338. Siempre que con asentimiento del depositante dispusiese el depositario de las cosas que fuesen objeto del depósito, ya para sí o sus negocios, ya para operaciones que aquél le encomendare, cesarán los derechos y obligaciones propias del depositante y depositario, surgiendo los del contrato que se celebrare."
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
"Artículo 1o. ...
"Las operaciones de crédito que esta ley reglamenta son actos de comercio.
"...
"Título II
"De las operaciones de crédito
"...
"Capítulo I
"Del depósito
"Sección 1a.
"Del depósito bancario de dinero
"Artíulo 267. El depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o monedas extranjeras, transfiere la propiedad al depositario, y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente."
"...
"Artículo 271. Los depósitos bancarios podrán ser retirables a la vista, a plazo o previo aviso. Cuando al constituirse el depósito previo aviso no se señale plazo, se entenderá que el depósito es retirable al día hábil siguiente a aquél en que se dé el aviso. Si el depósito se constituye sin mención especial de plazo, se entenderá retirable a la vista."
"Artículo 272. Salvo estipulación en contrario, los depósitos serán pagaderos en la misma oficina en que hayan sido constituidos. ..."
35. El depósito mercantil previsto en el Código de Comercio es un contrato en el que las cosas que se depositan son objeto de comercio o se hace como consecuencia de una operación mercantil y, salvo pacto en contrario, el depositario tendrá derecho a exigir retribución por el depósito en los términos convenidos y, en su defecto, conforme a los usos en que se constituyó el depósito.
36. La convención se constituye mediante la entrega de la cosa que el depositario está obligado a conservar y devolver cuando el depositario lo pida; quedando aquél como responsable de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas sufrieren por su malicia o negligencia.
37. Además, si media acuerdo entre las partes para que el depositario disponga de las cosas en depósito, para sí o para sus negocios, cesarán los derechos y obligaciones propios del depositante y depositario y surgirán las del contrato que se celebre.
38. Por ende, las notas principales del depósito mercantil, en general, son:
a). Es un contrato, pues requiere acuerdo de voluntades entre quienes se pacta;
b). Las partes son depositante y depositario;
c). Se constituye con la entrega de la cosa de comercio;
d). Por regla general, el depositante entrega un bien y tiene obligación de retribuir al depositario: 1. en los términos del contrato, o 2. conforme a los usos de la plaza en que se constituyó el depósito (salvo que se convenga gratuitamente), y;
e). El depositario tiene dos obligaciones: 1. conservar la cosa según la reciba o deberá responder por el menoscabo, daño y perjuicio que deriven de su malicia o negligencia, y 2. devolverlo al depositante cuando lo solicite.
39. Cabe señalar que el depósito mercantil en general ha sido clasificado por la doctrina como una figura que reúne rasgo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29726-7103a356/cargos-no-reconocidos-a-tarjeta-de-debito-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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