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Modo: Corpus Pro

CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA DISPOSICIÓN DE DINERO SIN AUTORIZACIÓN DEL CUENTAHABIENTE A PARTIR DE QUE ÉSTE HACE EL AVISO CORRESPONDIENTE Y LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO REEMBOLSA LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 235/2019. · Registro digital (IUS): 31634
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-08-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo II, Pág. 1344.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 235/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 24 DE MAYO DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 235/2019, suscitada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito y el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito.

La problemática jurídica a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se centra en determinar, en caso de cumplirse los requisitos de procedencia y existencia, ¿con base en el artículo 362 del Código de Comercio, a partir de qué momento deben computarse los intereses moratorios por cargos indebidos realizados a cuentahabientes de una institución bancaria, a los que obliga la jurisprudencia 1a./J. 61/2020 (10a.): "CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."?

I. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN

1. Mediante oficio 457/2019, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el 22 de mayo de 2019, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito denuncian una posible contradicción de tesis entre el emitido por ese órgano jurisdiccional al resolver el amparo directo 748/2018 y el criterio sustentado por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver la contradicción de tesis 8/2017, de la cual derivó la jurisprudencia PC.III.C. J/39 C (10a.): "NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."(1)

II. TRÁMITE DE LA DENUNCIA

2. Por auto de 30 de mayo de 2019, el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis, la cual registró con el número 235/2019 y se enviaron los autos para su estudio al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrante de la Primera Sala de este Alto Tribunal; luego, se solicitó a la presidencia del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito remitiera vía MINTERSCJN, versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 8/2017 de su índice, así como del proveído en el que informara si el criterio sustentado en dicho asunto se encontraba vigente o, por el contrario, superado o abandonado. Por último, se instruyó dar vista del acuerdo al Pleno del Vigésimo Segundo Circuito para su conocimiento.

3. Avocamiento del asunto en la Primera Sala. Por acuerdo de 3 de septiembre de 2019, el entonces presidente de esta Primera Sala acordó el avocamiento en el conocimiento del presente asunto y tuvo al Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito informando que el criterio sustentado en la contradicción de tesis 8/2017, continuaba vigente y remitió versión digitalizada de la ejecutoria emitida en dicha contradicción.

4. En el citado acuerdo, el entonces presidente de esta Primera Sala determinó que toda vez que ya se encontraba debidamente integrado el asunto se enviaran los autos al Ministro ponente.

III. COMPETENCIA

5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre un Tribunal Colegiado y un Pleno de distintos Circuitos y el tema de fondo se relaciona con la materia mercantil, competencia de esta Primera Sala.

IV. LEGITIMACIÓN

6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, órgano colegiado en el que se emitió la resolución en el amparo directo 748/2018, el cual es uno de los criterios contendientes en la presente contradicción de tesis.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

7. En el presente apartado se dará cuenta con los criterios contendientes del Tribunal Colegiado y del Pleno de Circuito que pudieran dar lugar a una contradicción de criterios.

A. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito al emitir sentencia en el amparo directo 748/2018

A. 1. Juicio oral mercantil:

• Una persona física demandó en la vía oral mercantil, del banco del que era cuentahabiente: a) la declaración judicial de nulidad absoluta y cancelación del pagaré por ********** por consumo en un comercio, elaborado y expedido con cargo a su cuenta de débito; b) la declaración judicial de nulidad absoluta y cancelación del cargo realizado a diversa cuenta por un monto de **********; c) el pago de **********; d) el pago de intereses a la tasa del 6 %; y e) el pago de gastos y costas.

• La parte actora señaló básicamente, que era cuentahabiente de la institución bancaria y que, al acudir a realizar un retiro en el cajero automático, no logró realizarlo por lo que acudió a una sucursal donde se percató que le realizaron un cargo por una compra y por disposición en cajero que no reconoció.

• El Juez del conocimiento emitió sentencia en la que determinó declarar la nulidad absoluta de las dos operaciones; ordenó la cancelación del cargo, comisiones e intereses con motivo de los cargos cuestionados; condenó a la demandada a devolver al actor la cantidad que fue cargada a su cuenta; el pago de intereses del tipo legal; y no condenó en costas.

A. 2. Amparo directo: Inconforme con la sentencia, el banco demandado promovió juicio de amparo directo del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado de Circuito contendiente, el cual sostuvo en su sentencia, lo siguiente:

• Es infundado que la parte quejosa aduzca que le perjudica la condena al pago de intereses a razón del 6 % anual al ser una cuestión accesoria, toda vez que la nulidad decretada provoca, como consecuencia directa, el pago de intereses moratorios, ya que, contrario a lo que afirma, el artículo 362 del Código de Comercio sí corresponde a un interés por mora aplicable, ya que la demandada estaba obligada al pago de las cantidades dispuestas sin consentimiento del cuentahabiente y la disposición irregular de la cuenta.

• La condena al banco quejoso al pago de intereses, respecto de la cantidad que indebidamente se dispuso de la cuenta del actor, debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que se hizo tal disposición, ya que, con fundamento en el artículo 362 del Código de Comercio que regula los intereses a pagar en caso de mora en el pago de una deuda de esa naturaleza, la tasa de interés legal (6 %) es aplicable a todos los supuestos en que proceda la condena al pago de intereses para el caso de que no se pacte una tasa de interés determinada.

• Si bien en el supuesto en estudio no puede considerarse que el banco incurrió en mora, pues el objeto de la litis no fue un préstamo mercantil, debe partirse de la base de que si la institución bancaria quejosa indebidamente autorizó los cargos correspondientes a la cuenta del actor, ello le impidió disponer de esas sumas, por lo que, en términos del Código Civil Federal, aplicable supletoriamente a los actos y operaciones mercantiles, en términos del artículo 2o. del Código de Comercio, la supletoriedad del mencionado código sustantivo civil cobra una singular relevancia en el caso concreto, porque en él se regulan las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones en el artículo 2117.

• El artículo citado prevé que cuando una persona incumpla con una obligación a su cargo y ésta consista en la entrega de una suma de dinero, se encuentra obligada a pagar los daños y perjuicios que hubiera ocasionado al acreedor, los cuales pueden ser el equivalente al interés legal o una suma superior, en caso de que las partes así lo hubieran convenido. Esto significa que el legislador ordinario estimó que el pago del interés legal –o el pactado por las partes– puede constituir la indemnización que debe pagar la persona que incumple con una obligación de entregar una suma de dinero a otra, con el fin de resarcir los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación.

• Por lo anterior, resulta indiscutible que la institución bancaria que indebidamente dispuso de una cantidad de dinero a cargo de una tarjeta de débito, sin la autorización de su titular, incumplió con las obligaciones legales y contractuales que tiene frente al titular de la cuenta, de lo que se sigue que la institución bancaria adquiere la obligación de devolver –inmediatamente– al titular de la cuenta bancaria respectiva los fondos de los que hubiera dispuesto indebidamente.

• Bajo ese contexto, si el banco no cumple en forma inmediata con su obligación de reintegrar al cuentahabiente los fondos de los que hubiera dispuesto incorrectamente, es notorio que la falta de entrega de esa suma le ocasiona daños y perjuicios al titular de la cuenta bancaria, pues éste no puede disponer del numerario respectivo durante todo el tiempo que tarde la institución bancaria en reintegrar la suma correspondiente. Por tanto, es ajustado a derecho e incluso a los usos mercantiles, que la parte actora sea indemnizada por el tiempo que no pudo disponer del dinero, pues quien se vea privado de alguna cantidad de dinero por otra persona, ya sea de manera convenida o injustificada, tiene derecho a ser resarcida.

• Conforme a los principios de continencia de la causa y concentración jurisdiccional establecidos en los artículos 70 y 71 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente al Código de Comercio en términos de su numeral 1054, dicha cuestión ya no podría ser analizada nuevamente a través de una acción de daños y perjuicios por ser parte de una litis diversa que ya es materia de cosa juzgada; por tanto, una vez decretada la nulidad de los cargos, deben retrotraerse los efectos hasta el momento en que se realizó el cargo de manera indebida; y en consecuencia, es válido que los intereses se computen a partir del día siguiente hábil a la fecha en que se realizaron los cargos reclamados, cuya cancelación fue ordenada en la sentencia reclamada, por haberse efectuado de manera indebida, pues esto se traduce en la nulidad del acto y, por tanto, el cuentahabiente tiene derecho a obtener del banco demandado, los intereses a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se efectuaron los cargos de manera indebida, y no así a partir de la sentencia de nulidad.

• Estimar que el cálculo de los intereses respecto de los cargos indebidamente realizados sólo deben retrotraerse a la fecha en que se declararon nulos esos cargos, implicaría desconocer la finalidad del pago de los intereses (daños y perjuicios), que consiste en resarcir a la parte perjudicada, el menoscabo sufrido en su patrimonio con la sustracción de su dinero a través de los cargos realizados en su tarjeta de débito, así como de la privación de la ganancia lícita que pudo haber obtenido si esos cargos no se hubieran realizado. De ahí que baste la declaración de nulidad de los cargos reclamados para que los efectos que se hubiesen producido se retrotraigan hasta el momento en que se realizaron los cargos de manera indebida.

• Queda evidenciado entonces que la decisión de condenar al banco quejoso al pago de intereses a razón del 6 % es jurídicamente correcta, al margen de que no se trate en el caso de interés moratorio, pues es claro que la razón de la condena es el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al actor en términos del artículo 2117 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente, con independencia de que haya existido imprecisión de la autoridad responsable en la cita de este último precepto legal, pues tratándose de resoluciones jurisdiccionales se cumple con la fundamentación, sin que se invoquen de manera expresa sus fundamentos.

B. Criterio del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, al emitir sentencia en la contradicción de tesis 8/2017

B. 1. Denuncia de la contradicción: Se denunció la contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito en torno a si resulta procedente el pago de intereses moratorios por disposición indebida de cantidades en cuentas bancarias, con base en el artículo 362 del Código de Comercio, de la cual conoció el Pleno competente y que, seguido el trámite, determinó que:

• Los actos viciados de nulidad surten sus efectos mientras no se emita sentencia firme que declare su nulidad judicialmente, es dable concluir que en los juicios de nulidad de cargos realizados por la institución bancaria a la cuenta del actor, ante su falta de consentimiento para realizar las compras y/o disposiciones hechas con su tarjeta de débito, la sentencia que declara fundada la acción, produce, por una parte, el cese de los efectos legales de los actos viciados y, por otra, la obligación de restituir el monto de los cargos efectuados a la cuenta del tarjetahabiente.

• La obligación de pagar al tarjetahabiente las cantidades indebidamente cargadas a su cuenta surge de la sentencia que declara la nulidad de los pagarés o vouchers carentes de consentimiento del titular de la tarjeta, de modo que previo a la firmeza del fallo que declara esa nulidad, no puede considerarse a la institución bancaria demandada, como deudora ni, paralelamente, resulta válido otorgar el carácter de acreedor al tarjetahabiente, en atención a lo dispuesto en el artículo 2226 del Código Civil Federal, en el que se dispone que la nulidad absoluta por –regla general– no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, que serán destruidos hasta en tanto se pronuncie por un Juez su nulidad.

• Aun cuando no se encuentre estipulado en el contrato de depósito de dinero que en el supuesto de robo, extravío o clonación de la tarjeta con la que se encuentre vinculado o la falsificación de la firma del cuentahabiente, el banco deba restituir a su cliente los cargos efectuados a su cuenta, en estas hipótesis se configura la responsabilidad prevista en los preceptos legales invocados del Código Civil Federal, con base en los cuales la institución de crédito debe responder por los daños y perjuicios sufridos por el tarjetahabiente, a causa de los mencionados actos ilícitos, en el entendido de que la propia ley sustantiva relativa define a los daños como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio, por la falta de cumplimiento de una obligación (artículo 2108), y a los perjuicios, como la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación (2109).

• Con base en los artículos 358, 359, 360, 361 y 362 del Código de Comercio, se autoriza el pacto de intereses como retribución o rendimiento de la cantidad de dinero que uno de los contratantes entrega al otro y, en lo que interesa, prevé que en el supuesto de que los deudores demoren en el pago de sus deudas, deben satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés moratorio pactado para ese caso o en su defecto, el seis por ciento anual; es decir, se contempla como sanción al moroso, el cobro de cierta cantidad de dinero, que puede estipularse por las partes o bien, a falta de acuerdo de voluntades en cuanto al monto, puede ser el que contempla el Código de referencia en el artículo 362.

• La obligación de las instituciones de crédito es restituir a sus tarjetahabientes las cantidades que fueron sustraídas de su cuenta de depósito, por virtud de alguna disposición o compra con su tarjeta bancaria y tal obligación surge a partir de la sentencia que declara la nulidad judicial de los actos relativos y que, como consecuencia condena al banco a restituir la suma de dinero correspondiente, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 2226 del Código Civil Federal, el acto viciado surte plenos efectos mientras no se declare judicialmente su nulidad; lo que corrobora que no será hasta que exista una sentencia firme que condene a la institución bancaria a realizar el pago en cuestión, cuando tal obligación de pago sea exigible.

• En consecuencia, resulta claro que en el supuesto a estudio no se puede considerar que previo al dictado de tal fallo, el banco demandado tuviera el carácter de deudor, ni que hubiere incurrido en mora, si se toma en cuenta que es a partir de que adquiere firmeza el fallo que declara judicialmente la nulidad de los pagos en cuestión, cuando se hace exigible la restitución de los cargos indebidos; esto es, la obligación de pago del banco demandado es exigible a partir de que lo sea la sentencia que anula tales cargos y en consecuencia, ordena la restitución de su monto; dado que previo a la existencia de tal fallo, el acto viciado de nulidad surte plenamente sus efectos –en términos de lo dispuesto en el artículo 2226 del Código Civil Federal–, y en el estricto sentido de la norma jurídica, a la institución bancaria no le es exigible la obligación de pagar las cantidades de dinero que fueron sustraídas de la cuenta del tarjetahabiente, antes de la declaratoria judicial de la nulidad de los actos que originaron tal sustracción.

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS

8. Como cuestión previa, es importante señalar que, conforme a los criterios establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si existe o no la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los tribunales contendientes sostengan sus posturas en tesis jurisprudenciales.

9. Así, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno en los criterios P. L/94: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(2) y P./J. 72/2010: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.",(3) una forma de aproximarse a los problemas que plantean tanto los Tribunales Colegiados como los Plenos de Circuito(4) en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

10. Por lo anterior, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo; es decir, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.

11. Así, si la finalidad es la unificación de criterios, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:(5)

a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

12. Sentado lo anterior, se procede al análisis de las condiciones para la procedencia de la contradicción de tesis.

13. Primer Requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los órganos colegiados contendientes, al resolver el amparo directo y la contradicción de tesis que les fueron presentados, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

14. Ello es así, porque el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito consideró que bastaba la declaración de nulidad de los cargos reclamados para que los efectos que se hubiesen producido se retrotrajeran hasta el momento en que se realizaron los cargos de manera indebida.

15. Así, una vez decretada la nulidad de los cargos, deben retrotraerse los efectos hasta el momento en que se realizó el cargo de manera indebida y, en consecuencia, es válido que los intereses se computen a partir del día siguiente hábil a la fecha en que se realizaron los cargos reclamados, cuya cancelación fue ordenada en la sentencia, por haberse efectuado de manera indebida y al traducirse en la nulidad del acto. Por tanto, concluyó que las personas cuentahabientes tienen derecho a obtener del banco los intereses a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se efectuaron los cargos de manera indebida y no de la sentencia de nulidad.

16. El Tribunal Colegiado sostuvo que considerar que el cálculo de los intereses respecto de los cargos indebidamente realizados sólo deben retrotraerse a la fecha en que se declararon nulos, implicaría desconocer la finalidad del pago de los intereses (daños y perjuicios), que consiste en resarcir a la parte perjudicada el menoscabo sufrido en su patrimonio con la sustracción de su dinero a través de los cargos realizados en su tarjeta de débito, así como de la privación de la ganancia lícita que pudo haber obtenido si esos cargos no se hubieran realizado y que, en consecuencia, quedaba evidenciado que la condena al banco del pago de intereses a razón del 6 % era jurídicamente correcta en lo sustancial, al margen de que no se tratara en el caso de interés moratorio, como resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.

17. Por su parte, el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió que en los casos en los que se ejerce la acción de nulidad de cargos a la cuenta del tarjetahabiente –sin su consentimiento–, la obligación de pago del banco demandado es exigible a partir de que lo sea la sentencia que anula tales cargos y en consecuencia, ordena la restitución de su monto; dado que previo a la existencia de tal fallo, el acto viciado de nulidad surte plenamente sus efectos –en términos de lo dispuesto en el artículo 2226 del Código Civil Federal–, y, en el estricto sentido de la norma jurídica, a la institución bancaria no le es exigible la obligación de pagar las cantidades de dinero que fueron sustraídas de la cuenta del tarjetahabiente, antes de la declaratoria judicial de la nulidad de los actos que originaron tal sustracción.

18. Lo expuesto demuestra que los órganos colegiados contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial para pronunciarse sobre el momento en que deben computarse los intereses por cargos indebidos a cuentahabientes de una institución bancaria.

19. Segundo Requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el segundo requisito para la existencia de un toque de diferendo entre los criterios contendientes queda debidamente cumplido, pues los órganos colegiados contendientes al resolver los asuntos que se sometieron a su arbitrio llegaron a una resolución diferente.

20. Ello, ya que el Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que, al margen de que se tratara o no de interés moratorio, debía condenarse al banco al pago al quejoso de intereses a razón del 6 %, los cuales debían computarse a partir del día siguiente hábil a la fecha en que se realizaron los cargos reclamados, cuya cancelación fue ordenada en la sentencia reclamada y no así a partir de la sentencia de nulidad; mientras que el Pleno de Circuito consideró que en los casos en los que se ejerce la acción de nulidad de cargos a la cuenta del tarjetahabiente –sin su consentimiento–, la obligación de pago del banco demandado es exigible a partir de que lo sea la sentencia que anula tales cargos y en consecuencia, ordena la restitución de su monto.

21. De las ejecutorias en contienda, se acreditan los diferendos interpretativos entre lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito y el Pleno de Circuito, pues mientras el primero considera que la contabilización de intereses debe efectuarse a partir del día siguiente hábil a la fecha en que se realizaron los cargos reclamados, el Pleno de Circuito determina que el cómputo de intereses debe efectuarse a partir de que lo sea la sentencia que anula tales cargos y que ordena la restitución de su monto.

22. Por tanto, esta Primera Sala concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito y el Pleno de Circuito contendientes se contradicen en la problemática materia de la presente contradicción de tesis, lo cual actualiza la necesidad de unificación de criterios a fin de evitar la incertidumbre jurídica respecto a partir de qué momento deben contabilizarse los intereses moratorios con base en el artículo 362 del Código de Comercio, si debe ser a partir de que lo sea la sentencia que declara la nulidad de los actos que originaron un cargo indebido o al día siguiente hábil a la fecha en que se realizaron los cargos reclamados.

23. Tercer requisito: cuestión a resolver. Con base en lo expuesto, es evidente que existen posiciones divergentes sobre el mismo tema y, consecuentemente, ello da lugar a preguntar ¿con base en el artículo 362 del Código de Comercio, a partir de qué momento deben computarse los intereses moratorios por cargos indebidos realizados a cuentahabientes de una institución bancaria, a los que obliga la jurisprudencia 1a./J. 61/2020 (10a.), de rubro: "CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."?

VII. ESTUDIO DE FONDO

24. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta resolución, con base en los razonamientos que a continuación se exponen.

25. Previo a abordar el cuestionamiento materia de la presente contradicción de tesis, se precisa señalar, que, respecto a una parte de la problemática en análisis, esta Primera Sala en la contradicción de tesis 354/2018(6) efectuó pronunciamiento en lo relativo a, si contra cargos indebidos realizados por una institución bancaria a la tarjeta de débito de uno de sus cuentahabientes, procede el pago de intereses legales en términos del artículo 362 del Código de Comercio.

26. En ese momento, para dar respuesta al punto de contradicción fue necesario establecer: i) el marco normativo asociado al uso de tarjetas de débito y; ii) la normatividad aplicable a cargos no reconocidos a través de tarjetas de débito.

27. Sobre el primer aspecto, esta Primera Sala precisó:

a) De conformidad con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la tarjeta de débito se trata de un medio de disposición asociado a depósitos de dinero a la vista (artículo 3o., fracción XII), cuyo uso deriva de la convención mercantil que se entabla entre la institución bancaria y el tarjetahabiente (artículos 1o.; 2o.; 3o., fracción II; 5o.; 75, fracciones XIV, XXIV y XXV; 77; 78; y 79, fracciones I y II, del Código de Comercio) denominada "depósito bancario de dinero" (artículos 332 a 335 y 338 del Código de Comercio y 1o., 267, 271 y 272 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito) y cuya naturaleza es de operación de crédito, porque el acreedor tr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31634-f6212fa7/cargos-no-reconocidos-a-tarjeta-de-debito-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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