DOCUMENTOS CERTIFICADOS EXHIBIDOS EN JUICIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. PARA QUE SU CERTIFICACIÓN SE CONSIDERE DEBIDAMENTE REALIZADA Y PUEDA SURTIR EFECTOS LA PRESUNCIÓN CONTENIDA EN LA LEY, SE DEBEN ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DE QUIEN LOS CERTIFICA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 300/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 19 DE ABRIL DE 2023. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: GREGORIO DELFINO CASTILLO PORRAS.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver la contradicción de tesis –ahora contradicción de criterios– 17/2017 y el amparo directo 387/2021/3,(2) respectivamente.
El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si, para poder considerar que las reproducciones de documentos ofrecidas por una institución bancaria dentro de un juicio mercantil se encuentran debidamente certificadas, en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, es necesario exhibir los documentos que acrediten la personalidad y facultad del funcionario que certifica o bien, basta con señalar los datos del acto jurídico por medio del cual se facultó a dicho funcionario.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito con residencia en Monterrey, Nuevo León, denunciaron(3) la posible contradicción entre los criterios sustentados por el citado órgano y el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 387/2021/3 y la contradicción de criterios 17/2017, respectivamente.
2. Trámite de la denuncia. La presidencia de este Alto Tribunal admitió(4) a trámite la denuncia de contradicción de criterios, la registró con el número de expediente 300/2022 y ordenó el trámite respectivo para la debida integración de éste. Asimismo, turnó el asunto al señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
3. Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, la presidencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó remitirlo al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. Asimismo, en diverso acuerdo, la presidencia de la Primera Sala tuvo al Pleno en Materia Civil del Primer Circuito informando que el criterio emitido al resolver la contradicción de tesis 17/2017 sigue vigente.(5)
I. COMPETENCIA
4. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente(6) para conocer de la presente contradicción de criterios. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción V del punto segundo y el punto tercero, ambos del Acuerdo General Número 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintiséis de enero de dos mil veintitrés.
5. Lo que antecede es así toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios entre los sustentados por un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito que pertenecen a distintos Circuitos y cuyo tema de fondo se relaciona con la materia civil que es competencia de la Primera Sala.(7)
II. LEGITIMACIÓN
6. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 387/2021/3.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
7. Con la finalidad de establecer si existe la contradicción de criterios denunciada, resulta conveniente conocer el origen y consideraciones de los criterios contendientes.
8. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 387/2021/3 (relacionado con el amparo directo **********).
(i) Antecedentes del caso(8)
1) Juicio de origen. Una persona física promovió juicio oral mercantil sobre objeción de pago de cheques en contra de un banco. El actor reclamó el reembolso de la cantidad pagada, bajo el argumento de que la firma impresa en los cheques cobrados fue falsificada. Ofreció como pruebas, entre otras, las siguientes: (i) el original del contrato de depósito bancario de dinero a la vista celebrado con la institución financiera; (ii) el original de la tarjeta de registro de firma del actor que aparece en el contrato de depósito referido; y, (iii) copia simple de los cheques cuyo pago objetó.
2) Respecto de las pruebas referidas, el actor señaló que éstas se encontraban en poder de la demandada y, por tanto, en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito,(9) solicitó al Juez que ordenara al banco la exhibición del original o microfilmación que constara en los archivos de éste.
3) Audiencia preliminar. El Juez admitió las pruebas ofrecidas por las partes y, respecto a las referidas en los párrafos precedentes, previno al banco demandado a efecto de que –dentro del término de cinco días– las exhibiera en original o en algún microfilm certificado, en términos del artículo 100 de la LIC. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, tendría por ciertas las impugnaciones hechas valer por el actor sobre la falsedad de firmas.
4) Dentro del término otorgado, la demandada manifestó que exhibía el registro de firmas del actor y los cheques objetados, ambos certificados, en términos del artículo 100 en comento. El Juez tuvo por cumplida la prevención. Por otra parte, el actor objetó los documentos exhibidos por el banco bajo los siguientes argumentos: (a) los funcionarios que intentaron certificar dichos documentos no acreditaron estar facultados para ello; y, (b) el contenido de los documentos no correspondía a una tarjeta de registro de firmas, sino únicamente a un "pantallazo" (sic) sobre un programa interno del banco, por lo que carecía de valor probatorio.
5) Audiencia de juicio. El Juez estimó infundado el primer argumento planteado por el actor y fundado el segundo, por lo que hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y tuvo por ciertas las impugnaciones hechas valer por el actor en la demanda.
6) Sentencia. El Juez consideró que, además de los primeros dos elementos de la acción (existencia de la cuenta y pago de cheques), se encontraba acreditado el tercer elemento (firmas notoriamente discrepantes). Lo anterior, dado que en la audiencia de juicio se había hecho efectivo el apercibimiento antes referido y, por tanto, se tenían por ciertas las discrepancias notorias de las firmas. En consecuencia, condenó a la demandada al pago de la cantidad reclamada como suerte principal.
7) Primer juicio de amparo. En contra de dicha sentencia, ambas partes promovieron respectivas demandas de amparo directo.(10) Para efectos de la presente contradicción, cabe señalar que el Tribunal Colegiado de conocimiento concedió el amparo promovido por la parte demandada a efecto de que, la responsable repusiera el procedimiento hasta la audiencia de juicio a fin de que dejara sin efectos el apercibimiento que hizo efectivo y, con libertad de jurisdicción, emitiera un nuevo pronunciamiento.(11)
8) Cumplimiento. Conforme a lo ordenado por el colegiado, se repuso el procedimiento hasta la audiencia de juicio y se dictó sentencia definitiva. El Juez consideró que se encontraban acreditados los elementos de la acción y condenó a la demandada al pago de la cantidad reclamada como suerte principal.
9) Para efectos de la presente contradicción, cabe destacar que, al analizar el tercer elemento de la acción (existencia de firmas discrepantes), el Juez consideró que la parte demandada exhibió dos certificaciones expedidas con fundamento en el artículo 100 de la LIC, mediante las cuales los funcionarios del banco (cuyos nombres, cargos y firmas aparecen en la parte final del documento) hicieron constar que tales documentos eran una fiel y exacta impresión de los que obraban en los archivos y el sistema de microfilmación de la institución demandada.
10) En ese contexto, el Juez desestimó la objeción planteada por la actora en la que argumentó que tales certificaciones carecían de valor probatorio dado que no se había justificado el nombramiento o facultades de los funcionarios que las emitieron.
11) Al respecto, el Juez determinó que el artículo 100 de la LIC otorgaba una presunción de certeza a las impresiones debidamente certificadas por funcionarios autorizados por la institución, sin que para ello fuera necesaria la exhibición de los documentos que justifiquen el nombramiento y facultades de los presuntos funcionarios para certificar. Consideró que, para que surta efectos la presunción legal basta que en la propia certificación se hubiera mencionado el acto jurídico por el cual fueron nombrados, autorizados y facultados, así como los datos de inscripción en el Registro Público del Comercio.
12) De ahí que, en todo caso, la actora debió impugnar dicha información y afirmar que resultaban falsas las facultades y autorización de los funcionarios. Lo anterior, a efecto de imponer al banco la carga de la prueba de exhibir la documentación respectiva.
13) Por otra parte, analizó la objeción de la actora en el sentido de que las constancias exhibidas por la demandada en "pantallazos" (sic) carecían de valor probatorio. Al respecto, el Juez consideró que no era factible tomar para cotejo las firmas digitalizadas contenidas en tales reproducciones de pantallas que exhibió el banco en desahogo al requerimiento formulado en la audiencia preliminar. Lo anterior, dado que no existía certeza de la fuente de la cual se obtuvieron dichos elementos. Por ello, consideró como "más idónea" (sic) para el cotejo la firma que aparece en la parte del contrato exhibido. Al realizar el cotejo de firmas, concluyó que no existía fidelidad visual entre la firma de los cheques atribuida al acto y la registrada en el banco. Por lo tanto, estimó acreditado el tercer elemento de la acción.
14) Segundo juicio de amparo. En contra de dicha sentencia, ambas partes promovieron respectivas demandas de amparo directo.
15) En el juicio de amparo promovido por la parte demandada,(12) la quejosa argumentó –en esencia– que, resultó ilegal lo considerado por el Juez respecto de la prueba idónea para resolver sobre la acción intentada. Dado que no es materia de la presente contradicción de criterios, al respecto únicamente cabe señalar que el Tribunal Colegiado estimó fundados los conceptos de violación de la quejosa y concedió el amparo a efecto de que la responsable dictara una nueva resolución en la que, al pronunciarse sobre el tercer elemento de la acción, considere que la prueba idónea para resolver sobre la acción de objeción de pago de cheques es la reproducción digital de la firma estampada en la tarjeta de firmas autorizadas.
16) En el juicio de amparo promovido por la actora, la quejosa argumentó –en esencia– que la sentencia reclamada era ilegal dado que, contrario a lo considerado por el Juez, las certificaciones exhibidas por el banco carecen de valor probatorio en tanto no se justificó el nombramiento o facultades de los funcionarios que las emitieron.
17) En ese sentido, el quejoso argumentó que la autoridad responsable le impuso la carga de la prueba que correspondía a la institución demandada. Lo anterior dado que, en términos de los artículos 90 y 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, una impresión del sistema de una institución financiera, solamente se puede considerar debidamente certificada y gozará de presunción de validez si el funcionario que certifica exhibe una certificación de su nombramiento.
18) En apoyo de lo anterior, el quejoso citó la jurisprudencia PC.I.C. J/63 C (10a.),(13) de rubro: "DOCUMENTOS CERTIFICADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DEBEN SER EXPEDIDOS POR FUNCIONARIO AUTORIZADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA CON NOMBRAMIENTO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO Y NO POR APODERADO LEGAL, EN VIRTUD DE QUE NO REÚNE LAS EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY CITADA."
(ii) Decisión del Tribunal Colegiado.(14)
1) En el amparo directo promovido por la parte actora, el tribunal consideró que, para que la reproducción de un documento exhibido por una institución de crédito carezca de eficacia probatoria, no basta que se impugne en cuanto a su alcance y valor probatorio; sino que es necesario demostrar que no se adecua a la realidad de los hechos, que no corresponde a los libros contables de los cuales proviene su reproducción o que no fue certificado por el funcionario autorizado del banco.
2) Lo anterior, dado que la objeción debe lograr destruir la presunción de certeza de la información proporcionada por las instituciones de crédito en términos de lo dispuesto por los artículos 99 y 100 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por ello, consideró que la objeción realizada por la actora resultaba insuficiente para invalidar la presunción de los documentos exhibidos por el banco (pues el actor no argumentó que la certificación que calza los documentos no corresponda con el original o que el número de cuenta y denominación del quejoso no correspondiera con la realidad).
3) En ese contexto, el tribunal determinó que, tal como lo estimó el Juez de conocimiento, los documentos aportados por la institución bancaria que se encuentran certificados en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito están dotados de una presunción de certeza; sin que para ello resulte indispensable que se exhiban los documentos que justifiquen el nombramiento y las facultades de los funcionarios que hicieron la certificación.
4) En opinión del tribunal, para que surta efectos la presunción de legalidad derivada del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, es suficiente la mención del acto jurídico a través del cual fueron nombrados, autorizados y facultados, así como los datos de inscripción en el Registro Público del Comercio.
5) En ese sentido, el tribunal precisó que ello no resultaba contrario al criterio invocado por el quejoso(15) ya que coincidía con lo señalado en el sentido de que la certificación realizada conforme al artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito sólo puede llevarla a cabo un funcionario de la institución bancaria previamente autorizado para tal efecto y cuyo nombramiento esté inscrito en el Registro Público del Comercio.
6) Sin embargo, en torno a la carga probatoria a que alude el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Tribunal Colegiado consideró que, en su caso, a quien corresponde probar que quien realizó la certificación no tiene la facultad de certificar o que el nombramiento para ello no está inscrito en el Registro Público del Comercio es al cuentahabiente.
7) Para llegar a dicha conclusión, el Tribunal Colegiado partió de la comparación entre lo dispuesto por los artículos 68(16) y 100(17) de la Ley de Instituciones de Crédito. Al respecto, consideró que en ambas disposiciones se prevé la posibilidad de que personal de las instituciones bancarias puedan certificar ciertas situaciones jurídicas, a saber: la certificación de estados de cuenta a cargo del "contador facultado" por la institución de crédito (artículo 68); y la facultad del "funcionario autorizado" de certificar debidamente los elementos probatorios a que se refiere la norma (artículo 100).
8) Al estimar que el alcance conceptual de ambos preceptos resulta idéntico, el tribunal hizo referencia a diversos criterios emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al artículo 68 de la Ley en comento.
9) En primer lugar, citó la jurisprudencia 1a./J. 10/97,(18) de rubro: "CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).". Asimismo, hizo referencia a las jurisprudencias 1a./J. 100/2001(19) y 1a./J. 3/2002,(20) de rubros siguientes: "CERTIFICACIÓN CONTABLE EXPEDIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA PROBAR QUE LA PERSONA QUE LA EXPIDE NO ES CONTADOR CUANDO, VÍA EXCEPCIÓN, CUESTIONA TAL CALIDAD." y "ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL CONTADOR PÚBLICO FACULTADO POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. DEBE CONTENER EL NOMBRE DE AQUÉL, A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL DEMANDADO."
10) El tribunal señaló que de las jurisprudencias citadas se advertía que corresponde al cuentahabiente la carga de probar que quien certificó no contaba con la facultad de certificar o que el nombramiento correspondiente no estaba inscrito en el Registro Público del Comercio.
11) Asimismo, explicó que para emitir dichos criterios, se analizó el derecho a la igualdad jurídica frente a lo previsto en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito –en cuanto permite a las instituciones de crédito expedir títulos ejecutivos, sin conferir a los particulares la facultad para elaborar documentos a partir de los cuales puedan justificar sus excepciones y defensas–. Por lo que concluyó que, el artículo 68 en comento no vulnera el derecho a la igualdad dado que las instituciones y particulares no se encuentran en una situación análoga que permita a los particulares gozar de las mismas facultades, pues éstas se establecen en virtud de las circunstancias especiales propias de la actividad bancaria y que tiene al crecimiento y desarrollo de la sociedad.
12) Bajo ese contexto, el tribunal estimó que si los artículos 68 y 100 forman parte de la Ley de Instituciones de Crédito y aluden a una idéntica actividad (certificar o autorizar elementos informativos), debía interpretarse el artículo 100 en el mismo sentido.
13) En consecuencia, el tribunal determinó que, para cumplir con la exigencia a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, basta con que en la certificación se asienten los datos relativos al nombre del funcionario previamente autorizado para tal efecto y los datos de inscripción del nombramiento respectivo en el Registro Público del Comercio.
14) Por lo tanto, en caso de impugnar el alcance y valor probatorio de la reproducción del documento expedido por la institución financiera, corresponde al particular demostrar que el documento no se adecua a la realidad de los hechos, que no corresponde a los libros contables, documentos microfilmados o conservados a través de cualquier medio autorizado de donde provenga la reproducción, o que no fue certificado por un funcionario autorizado del banco. Es decir, dicha objeción tiene que lograr destruir la presunción de certeza que deriva de la seguridad jurídica que debe caracterizar a la actividad realizada por las instituciones de crédito.
9. Criterio del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis –ahora contradicción de criterios– 17/2017 suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado y el Séptimo Tribunal Colegiado, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 824/2016 y 122/2017, respectivamente, se centró en resolver:
i) La parte procesal a quien corresponde soportar la carga de la prueba respecto a la debida realización de la certificación referida en el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito por funcionario autorizado; ii) Si dichas certificaciones deben o no ser acompañadas por el documento que acrediten la personalidad y las facultades del funcionario autorizado para realizar tal certificación, y
iii) Si la certificación referida en el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito puede ser expedida por apoderado legal o, si exclusivamente debe ser realizada por funcionario autorizado por la institución de crédito.
Posturas contendientes
a. Postura del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 824/2016.(21)
El Tribunal Colegiado consideró que, cuando se cuestiona la personalidad de los funcionarios del banco que certificaron las tiras auditoras, corresponde a la parte actora acreditarlo, pues dicha certificación goza de la presunción de certeza del acto ahí consignado, salvo prueba en contrario. Esto, bajo las siguientes consideraciones:
1) Calificó de infundados los conceptos de violación relativos a la valoración probatoria de las tiras auditoras ofrecidas como pruebas por la institución bancaria demandada.
2) A tal efecto, recordó que el Juez de Distrito otorgó valor probatorio a las tiras auditoras, esencialmente, porque: i) en ellas se advertían datos necesarios para justificar la realización de las disposiciones de dinero realizadas por la actora, tales como la fecha, hora y lugar en que se efectuó la transacción bancaria; ii) las tiras auditoras reflejan la autorización de la actora respecto de las transacciones, derivado del registro del número de tarjeta y el ingreso del número de identificación personal(22)–el cual constituye un acceso personalizado– y; iii) las tiras auditoras se encuentran debidamente estructuradas y, conforme al artículo 52, párrafo noveno, de la Ley de Instituciones de Crédito, el uso de medios de identificación para realizar operaciones a través de medios electrónicos, en sustitución de la firma autógrafa, produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tienen el mismo valor probatorio.
3) Afirmó que, al tratarse de disposiciones en efectivo de cajeros automatizados con cargo a la cuenta de los tarjetahabientes, corresponde a las instituciones crediticias acreditar que éstas existieron, mientras que al cuentahabiente corresponde demostrar que el retiro no fue realizado por él, no extendió su consentimiento para tal efecto ni se realizó con diverso instrumento.
4) Refirió que, para el tráfico de transacciones bancarias, las instituciones bancarias adoptaron un sistema de tarjetas. Instrumento por medio del cual el tarjetahabiente puede i) extraer dinero de las maquinas habilitadas para ello, mediante el uso de un NIP o PIN, o bien, ii) efectuar operaciones mercantiles con los comercios que cuenten con los medios electrónicos pertinentes.
5) De ahí que los tarjetahabientes tienen la responsabilidad de no extender tal instrumento plástico a terceras personas, ni revelar el número NIP o PIN que le fue asignado. Sin embargo, puede darse el caso de que exista el consentimiento del cliente para que una persona ajena a la relación contractual entre él y el banco, se le permita realizar determinada operación bancaria, la cual por ese solo hecho, no anula la operación.
6) De las tiras auditoras exhibidas, el Tribunal Colegiado no advirtió error en su redacción u operación, de la que se advierta que tales disposiciones en efectivo no fueran efectuadas con la tarjeta bancaria del actor, o con diverso instrumento. De modo que, al no objetarse la operación que dio origen a las operaciones en comento, correspondía a la actora demostrar que no realizó las operaciones.
7) En este sentido, el colegiado recordó el contenido de los artículos 99 y 100 de la LIC. En seguida, advirtió que tales preceptos establecen como obligación para la institución de crédito el registro en su contabilidad, de todo acto o contrato que signifique la variación en el activo o pasivo, así como de conservar la contabilidad, los libros y documentos correspondientes por el plazo señalado en las disposiciones dictadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
8) De igual forma, afirmó que tales preceptos establecen que las instituciones de crédito pueden microfilmar o grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio autorizado, los libros, registros y documentos en general que obren en su poder –relacionados con los actos de la institución–.
9) Bajo tales consideraciones, reconoció que los documentos obtenidos de los negativos originales de cámara, por el sistema de microfilmación y las imágenes extraídas por el sistema de discos ópticos y cualquier otro medio autorizado por la autoridad competente, y las impresiones obtenidas de tales sistemas, cuando cuentan con la certificación del funcionario autorizado de la institución, tienen el mismo valor probatorio que su fuente.
10) Afirmó que, considerando lo previsto en el artículo 1205 del Código de Comercio, las impresiones obtenidas por los bancos, cuando cuentan con la certificación del funcionario autorizado de la institución, aunque en principio no pueden ser equiparados a un documento en sentido estricto, por disposición del legislador, sí pueden ser equiparados en cuanto a su valor probatorio a los libros, registros y documentos microfilmados o grabados en discos ópticos, o conservados a través de cualquier otro medio autorizado.
11) De ahí que, si los documentos provienen de la reproducción de los libros contables tienen la misma fuerza probatoria que los originales, en atención a las reglas establecidas en este sentido por el legislador.(23) Ello, pues las instituciones bancarias participan en forma genérica de la calidad de comerciantes, por lo que los asientos obrantes en sus libros trascienden con eficacia probatoria a terceros, salvo que se demuestre que no son llevados con arreglo a la ley.
12) Sostuvo que, cuando la contabilidad de la institución bancaria se resguarda mediante el sistema de discos ópticos o de cualquier otro medio aceptado, y ésta se reproduce y certifica por funcionario autorizado, surge una presunción de certeza que es suficiente para darle pleno valor probatorio en juicio, salvo prueba en contrario por la parte a quien afecta.
13) De ahí que no basta la impugnación del alcance y valor probatorio de la reproducción de un documento expedido por una institución de crédito para que carezca de eficacia probatoria, sino que es necesario demostrar que tal documento no se adecua a la realidad de los hechos, que no corresponde a los libros contables de los cuales proviene la reproducción o que no fue certificado por el funcionario autorizado del banco, puesto que la objeción tiene que lograr destruir la presunción de certeza de la información proporcionada por la institución de crédito, derivada de la seguridad jurídica que debe caracterizar a la actividad que realizan dichas instituciones de crédito.
14) En ese sentido, si la quejosa al objetar las tiras auditoras, señaló que éstas no fueron exhibidas en original o copia debidamente certificada –en virtud de que los funcionarios que aparecen en la certificación no exhibieron el instrumento que así los facultara–, es claro que tal objeción no es suficiente para invalidar la fuerza probatoria de los documentos. Esto, máxime que del contenido de las tiras auditoras (i) no se demuestra que el número de cuenta obrante en la copia certificada sea distinto al asignado a la quejosa para la utilización de la tarjeta de débito que le fue proporcionada; y, (ii) no se exhibieron pruebas idóneas que demostraran que, de existir tales cargos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar fueran diferentes a las previstas en las copias certificadas.
15) Así entonces, la actora debió ofrecer prueba en contrario para restar eficacia a la excepción y defensa expuesta por la institución financiera en el sentido de que la tarjeta de débito fue entregada a la quejosa para su uso exclusivo.
16) Aunado a lo anterior, el Colegiado sostuvo que correspondía a la quejosa acreditar la falta de personalidad de los funcionarios de la institución bancaria, que certificaron las tiras auditoras. Ello, en tanto la referida certificación goza de la presunción de certeza del acto, salvo prueba en contrario.
17) Al respecto, estimó aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 100/2001, de rubro: "CERTIFICACIÓN CONTABLE EXPEDIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA PROBAR QUE LA PERSONA QUE LA EXPIDE NO ES CONTADOR CUANDO, VÍA EXCEPCIÓN, CUESTIONA TAL CALIDAD.",(24) así como la tesis I.3o.C.689 C, de rubro: "INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO PROVENIENTE DE LA CONTABILIDAD, LIBROS, DOCUMENTOS, CONTENIDOS EN MICROFILMES, DISCOS ÓPTICOS O CONSERVADOS A TRAVÉS DE CUALQUIER OTRO MEDIO AUTORIZADO CONSTITUYE UNA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PRUEBA PLENAMENTE SALVO PRUEBA IDÓNEA EN CONTRARIO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 46 FRACCIÓN I, 77, 99 Y 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO)."(25)
b. Postura del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 122/2017.(26)
El colegiado determinó que la copia certificada de las tiras auditoras exhibidas por la institución bancaria ante el Juez son ineficaces para acreditar que se realizaron o autorizaron determinados retiros en cajeros automáticos, si no se acompañaba el documento público que acredite que los autores de la certificación son apoderados de la institución de crédito y que se encuentran autorizados por ésta para certificar o ejercer la facultad prevista en el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito. Ello –por lo que aquí interesa– bajo las siguientes consideraciones:
1) El colegiado calificó de infundado el concepto de violación relativo a que las copias certificadas de las tiras auditoras de retiro de cajero automático acreditan las disposiciones en efectivo realizad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31586-d8b7585b/documentos-certificados-exhibidos-en-juicio-en-terminos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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