Corpus
Modo: Corpus Pro

SALARIO DE LOS TRABAJADORES DE INSTITUCIONES BANCARIAS. VALOR PROBATORIO DE LAS IMPRESIONES DE LA DOCUMENTACIÓN MICROFILMADA O GRABADA EN DISCOS ÓPTICOS CARENTES DE FIRMA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19060
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, DÉCIMO SEGUNDO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, , Pág. 496.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, DÉCIMO SEGUNDO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. La parte considerativa de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el veintiocho de octubre de dos mil dos, en el juicio de amparo directo DT. 18483/2002, promovido por Antonio Ruiz Chávez, en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente:

"QUINTO. ... En el cuarto concepto de violación, el quejoso alega, en esencia, que la Junta responsable para absolver al banco demandado del pago de diferencias de salarios que reclamó, otorgó valor probatorio a las veinticuatro constancias de percepciones que el demandado exhibió, lo cual, dice, es incorrecto, porque dicha probanza no fue perfeccionada por su oferente, por lo cual, afirma, carecen de eficacia probatoria. El anterior concepto de violación es fundado, porque la Junta responsable para absolver al demandado del pago de las diferencias de salarios que reclamó el hoy quejoso, determinó otorgar valor probatorio a las veinticuatro constancias de percepciones y deducciones a nombre del actor (fojas 110), que ofreció el banco demandado, porque, según dijo, las mismas no habían sido objetadas, lo cual es incorrecto, porque dichas constancias sí fueron objetadas por el actor en autenticidad de contenido, y al no estar firmados por éste y no perfeccionados, porque el ahora quejoso no reconoció su contenido al desahogarse la prueba confesional a su cargo (foja 134), carecían de valor probatorio, por lo cual la Junta responsable no tenía por qué tomarlas en consideración para tener por acreditado el salario de $3,769.00 (tres mil setecientas sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), que adujo el banco demandado pagaba al actor en forma quincenal, lo cual afirmó en su escrito de contestación a la demanda (foja 45). También es ilegal la determinación de la Junta responsable en la que concluyó que con la inspección ocular que ofreció el banco demandado, acreditó que depositaba al hoy quejoso en forma quincenal la referida cantidad, y tomó en cuenta documentales que el banco demandado exhibió en la referida inspección, referentes a las copias certificadas de los estados de cuenta de cheques a nombre del actor. En efecto, dicha determinación es contraria a derecho, porque el ahora tercero perjudicado solicitó se llevara a cabo dicha prueba de inspección en los microfilmes de los estados de cuenta relativos a la cuenta de cheques número 00125979824, cuyo titular era el actor y recibos de pago, por el periodo comprendido de la segunda quincena de enero del año dos mil a la primera quincena de enero del año dos mil uno; y la actuaria de la Junta responsable, al desahogar esa prueba de inspección, en la cual le fueron puestos a la vista los microfilmes de los estados de cuenta citados, en copia certificada, certificó lo siguiente (foja 140); ‘... En los documentos que exhibe a fojas 110 con 24 anexos aparece en el párrafo de sueldo y en lo que corresponde a la fila de percepciones una cantidad de $3,769.00 documentos sin firma alguna.’. De lo anterior se concluye que si la actuaria de la Junta responsable al desahogar la prueba de inspección ofrecida por el banco demandado, hizo constar que el actor percibía en forma quincenal la referida cantidad de $3,769.00 (tres mil setecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), pero agregó que esos documentos no tenían firma, entonces tampoco se les puede dar valor probatorio y, por lo mismo, con esa prueba de inspección el demandado no probó el salario. En consecuencia, al no haber acreditado el demandado el monto del salario, no obstante que le correspondía la carga de la prueba, en términos de lo dispuesto en la fracción XII del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, es inconcuso que la Junta responsable debió considerar como el salario que devengaba el actor el que éste refirió en su demanda. ... En consecuencia, al resultar violatorio de garantías el laudo reclamado, procede conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente dicho laudo y, en su lugar emita otro, en el que reitere lo que no fue materia de concesión de amparo, considere que el demandado no acreditó el salario del actor que controvirtió, lo condene al pago de las horas extras y a la devolución de las cantidades que por concepto de intereses ABCD y capital ABCD reclamó el actor; así como al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por los años dos mil y dos mil uno, además de los salarios devengados del uno al cuatro de enero de este último año."

CUARTO. La parte considerativa de la sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el veintisiete de enero de dos mil cinco, en el amparo directo DT. 11647/2004, promovido por Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en lo conducente, es del tenor siguiente:

"CUARTO. Los conceptos de violación que se esgrimen en la demanda de garantías, los que se analizan, en orden diverso al propuesto, resultan en un aspecto inoperantes por deficientes, en otro infundados y finalmente fundados, por lo siguiente. ... Se duele la quejosa de la determinación de la responsable, en el sentido de negar valor probatorio a las 31 impresiones del Sistema Nacional de Cómputo de Nóminas y a los 26 estados de la cuenta de cheques de la actora, por considerar la Junta que carecían de la firma de la trabajadora, perdiendo de vista la autoridad, que en la actualidad, por seguridad, los salarios y demás prestaciones de los trabajadores son depositados mediante abono a cuenta de cheques aperturados al efecto, por lo cual, la responsable, debió adminicular dichos documentos y tener por demostrado el monto del salario percibido por la trabajadora, máxime que fueron perfeccionados a través de la compulsa y cotejo con sus originales, como puede apreciarse en la diligencia del ocho de agosto de dos mil tres, en que se pusieron a disposición del actuario las pantallas, teclados y computadoras del banco demandado; ingresando al Sistema Nacional de Cómputo de Nómina y a las microfichas de estados de cuenta correspondientes a la trabajadora; y, el referido funcionario, dio fe e hizo constar que los documentos que obran en el juicio, coinciden con los que aparecen en pantalla; por lo que insiste, la Junta debió otorgar valor a los documentos y obtener de los mismos el monto del salario de la accionante; en consecuencia, debió concluir que no se le adeudan diferencias salariales; que sí percibió el sueldo por el periodo del primero al catorce de agosto de dos mil uno; que no obtenía el concepto de ‘bono apoyo directo a promoción’; que le fue cubierto el aguinaldo de dos mil; que por concepto de fondo de ahorro, la trabajadora aportaba sólo un 13% de su salario base, y el banco, otro porcentaje igual; además, que no se le adeuda el fondo de ahorro reclamado, ya que la actora obtuvo un préstamo por ese concepto; y por ende, debió absolver a la demandada del otorgamiento y pago de las prestaciones referidas. Es fundado el anterior concepto de violación, como se verá a continuación. El demandado, a fin de demostrar que el último sueldo que percibió la actora es de $421.66 diarios, que no le adeuda las diferencias salariales reclamadas, que sí le pagó el sueldo de la última quincena laborada, que le cubrió el aguinaldo de dos mil y que no le adeuda el fondo de ahorro reclamado, en virtud de que le otorgó un préstamo administrativo por ese concepto, ofreció bajo el apartado 6 de su escrito relativo (f. 250), las pruebas documentales consistentes en treinta y una impresiones originales del Sistema Nacional de Cómputo de Nómina, que corresponde a la actora y comprenden el periodo de la primera quincena de agosto de dos mil al quince de agosto de dos mil uno, y de fechas veintiséis de enero, seis de junio de dos mil uno, catorce de junio de dos mil dos, once de agosto y treinta de diciembre de dos mil, así como veintiséis impresiones de las microfichas de los estados de cuenta de cheques de la actora, que comprenden el periodo del veintisiete de julio de dos mil al veinticuatro de agosto de dos mil uno (f. 260 a 317). Asimismo, ofreció como medio de perfeccionamiento, el cotejo y compulsa con sus originales, que aparecen en el Sistema Nacional de Cómputo de Nómina del Banco demandado, como en las microfichas de los estados de cuenta de cheques de la actora y precisó que para tal efecto, se debían poner a la vista del actuario que efectuara la diligencia, las pantallas, computadoras y microfichas del sistema del banco. En la diligencia del ocho de agosto de dos mil tres (f. 390 a 392), se puso a disposición del actuario, la pantalla, teclado y computadora, que corresponde al Sistema Nacional de Cómputo de Nómina del Banco demandado y el referido funcionario, dio fe e hizo constar que los documentos que obran a fojas 260 a 317 de autos, esto es, las treinta y una impresiones originales del Sistema Nacional de Cómputo de Nómina que corresponden a la actora y las veintiséis impresiones de las microfichas de los estados de cuenta de cheques de la actora, coinciden con los que aparecen en la pantalla. La Junta responsable, estimó en el laudo que las pruebas documentales ofrecidas por la demandada, consistentes en treinta y una impresiones del Sistema Nacional de Cómputo de Nómina y las veintiséis impresiones de las microfichas de los estados de cuenta de cheques, no beneficiaban a su oferente, en virtud de que de su contenido podía advertirse que carecían de la firma de la parte actora que diera su consentimiento para los conceptos que se encuentran dentro de esos documentos. Es menester mencionar que el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, específicamente en sus fracciones II y VIII, establece que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, en especial, la documental, las fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Cabe destacar lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, que textualmente dice: ‘Artículo 100. Las instituciones de crédito podrán microfilmar o grabar en discos ópticos, o en cualquier otro medio que les autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos aquellos libros, registros y documentos en general, que obren en su poder, relacionados con los actos de la propia institución, que mediante disposiciones de carácter general señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación o la grabación en discos ópticos, su manejo y conservación establezca la misma. Los negativos originales de cámara obtenidos por el sistema de microfilmación y las imágenes grabadas por el sistema de discos ópticos o cualquier otro medio autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que se refiere el párrafo anterior, así como las impresiones obtenidas de dichos sistemas o medios, debidamente certificadas por el funcionario autorizado de la institución de crédito, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos microfilmados o grabados en discos ópticos, o conservados a través de cualquier otro medio autorizado.’. Lo anteriormente reseñado nos conduce a establecer que, ciertamente es ilegal la determinación de la responsable, al considerar que no beneficiaban a la demandada las pruebas documentales que ofreció, consistentes en las treinta y una impresiones del Sistema Nacional de Cómputo de Nómina y las veintiséis impresiones de las microfichas de los estados de cuenta de cheques, en virtud de que no se encuentran firmadas por la actora; toda vez que para arribar a tal determinación, pasó inadvertido que si bien dichos documentos carecen de la firma de la demandante, también lo es que fueron obtenidos del sistema de cómputo de la institución bancaria demandada, sistema que constituye un medio de almacenamiento de datos propios del banco, acorde a lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, además, que en el caso, la demandada ofreció respecto de dichos documentos, como medio de perfeccionamiento, el cotejo y compulsa con sus originales, precisando que aparecen en el Sistema Nacional de Cómputo de Nómina del propio banco, como en las microfichas de los estados de cuenta de cheques de la actora; que la diligencia de cotejo, que fue desahogada el ocho de agosto de dos mil tres (f. 390 a 392), donde se puso a disposición del actuario que levantó la diligencia, la pantalla, teclado y computadora, que corresponde al Sistema Nacional de Cómputo de Nómina del Banco demandado y el referido funcionario, dio fe e hizo constar que las treinta y una impresiones originales del Sistema Nacional de Cómputo de Nómina y las veintiséis impresiones de las microfichas de los estados de cuenta que obran en autos, coinciden con los que aparecen en la pantalla; por tanto si en la referida diligencia, se puso a la vista del actuario los datos almacenados en los sistemas de registro de cómputo del banco demandado y el funcionario dio fe de que coinciden con los que obran en autos (f. 260 a 317), por tanto, dichos documentos, vinculados entre sí, adquieren valor para demostrar los hechos que contienen y al no considerarlo así la Junta responsable, evidentemente que infringe con su actuar garantías individuales en perjuicio de la quejosa. ... Consecuentemente, sin necesidad de analizar los conceptos de violación en que se combate la determinación de la autoridad de negar valor a las pruebas documentales ofrecidas por la demandada, bajo los apartados 11, 12 y 13 de su escrito relativo, consistentes en el escrito del trece de agosto de dos mil uno, signado por la actora; el escrito del tres de agosto de dos mil uno, suscrito por Jaime Díaz Rivero y Eduardo Carrasco Téllez; y los documentos de fechas dos y tres de agosto de dos mil uno, firmados por Salvador Vázquez Blanco, Martha Nelly Díaz Gutiérrez y Jaime Díaz Rivero; toda vez que los citados documentos fueron ofrecidos con el propósito de demostrar las causales de rescisión que se imputan a la trabajadora y en el laudo impugnado, se tuvo probada la justificación del despido; al haberse demostrado que el laudo impugnado es violatorio de garantías, procede conceder a Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo combatido y en su lugar emita uno nuevo, en el que atendiendo a las consideraciones que orientan esta ejecutoria, valore de nueva cuenta las documentales ofrecidas por la demandada, consistentes en las treinta y una impresiones originales del Sistema Nacional de Cómputo de Nómina y las veintiséis impresiones de las microfichas de los estados de cuenta y con libertad de jurisdicción, determine cuál fue el último salario que percibió la trabajadora, resuelva lo procedente en relación a los conceptos reclamados consistentes en diferencias salariales, salarios devengados, descuentos indebidos por concepto de comedor, bono apoyo directo a promoción, fondo de ahorro, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional de dos mil y proporcionales al dos mil uno, debiendo reiterar sus demás determinaciones que no son materia de la concesión de amparo."

QUINTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia número P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, pues en ambos casos, por demanda presentada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la parte actora demandó de una institución bancaria del Sistema Bancario Mexicano, entre otras prestaciones, el pago de diferencias de salarios; la parte demandada negó la procedencia de dicha pretensión y ofreció como pruebas de su parte para acreditar el salario percibido por la parte actora, diversas documentales consistentes en constancias de percepciones y deducciones, impresiones del Sistema Nacional de Cómputo de Nómina o recibos de pago, así como estados de cuenta de cheques de la que es titular el trabajador, en la que eran depositadas las percepciones respectivas, estos últimos en microfilmes o en microfichas, con la particularidad de que ninguno de ellos se encuentra firmado por el trabajador.

Igualmente, fue ofrecida por parte de la demandada, el cotejo y compulsa de los referidos documentos con los originales, esto es, con las que aparecen en el Sistema Nacional de Cómputo de Nómina y en las microfichas respectivas, habiendo puesto a disposición del actuario las pantallas, teclados y computadoras, para que, ingresando al sistema, verificara su coincidencia con los exhibidos; o, en su caso, la inspección que se llevara a cabo en los microfilmes de los estados de cuenta de la que es titular la parte actora y en los recibos de pago y en la que el actuario dio fe de que de los documentos exhibidos por el demandado se advierte que no aparece firma alguna.

Contra los laudos emitidos por la respectiva Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quienes resultaron perjudicados con dicha resolución, interpusieron juicios de amparo directo, de los que por razón de turno correspondió conocer a los tribunales cuyos criterios contienden en el presente asunto y los que resolvieron con base en los razonamientos señalados en los resultandos cuarto y quinto que anteceden.

Sobre tales antecedentes, aparece de las resoluciones pronunciadas por los mencionados Tribunales Colegiados, que en los casos sometidos a su consideración, el Tercero en Materia de Trabajo del Primer Circuito, básicamente sostiene que ante la falta de firma del trabajador en cada uno de esos documentos, éstos carecen de valor probatorio; en cambio, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, estimó que aun ante la falta de firma del trabajador en cada uno de esos documentos, éstos, vinculados entre sí, adquieren valor probatorio. Es decir, mientras un Tribunal Colegiado estimó que la falta de firma en las pruebas exhibidas, era motivo suficiente para negar valor probatorio a tales elementos, el diverso tribunal estimó que la adminiculación de ellos, arroja valor probatorio.

En consecuencia, el punto jurídico materia de la presente contradicción de tesis consiste en determinar si los documentos consistentes en las nóminas, constancias de percepciones y deducciones o recibos o comprobantes de salarios, vinculados con los estados de cuenta correspondientes a la cuenta de cheques del trabajador, carentes de firma cada uno de ellos, tienen o no valor probatorio.

SEXTO. Este órgano colegiado considera que respecto del problema jurídico planteado, debe prevalecer con carácter jurisprudencial, el criterio que a continuación se desarrolla.

La Ley Federal del Trabajo, en su capítulo XII del título catorce, de las pruebas, dispone, en lo conducente, lo siguiente:

"Artículo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes:

"I. Confesional;

"II. Documental;

"III. Testimonial;

"IV. Pericial;

"V. Inspección;

"VI. Presuncional;

"VII. Instrumental de actuaciones; y

"VIII. Fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia."

En el caso, si bien se aprecia de los antecedentes de las ejecutorias objeto de análisis, que la parte demandada ofreció como prueba diversas documentales, a saber, constancias de percepciones y deducciones, impresiones del Sistema Nacional de Cómputo de Nómina o recibos de pago, así como estados de cuenta de cheques de la que es titular el trabajador, en la que eran depositadas las percepciones respectivas, estos últimos en microfilmes o en microfichas; en realidad tales elementos de prueba no tienen el carácter de documentos en un sentido estricto, sino que se ubican en el último apartado del artículo 776 referido, ya que se trata de impresiones de diversos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, es decir, de medios informáticos, cuyo contenido o información se representa en papel.

Como marco de referencia para resolver el presente conflicto de criterios, habrá de atenderse a lo que esta Segunda Sala ha resuelto respecto del valor probatorio de los estados de cuenta bancarios para demostrar los ingresos por salarios, pronunciamiento establecido en la contradicción de tesis 140/2002, en la que se realizaron las siguientes consideraciones:

"... Ahora bien, por tratarse del punto medular de la presente contradicción de tesis, especial mención merece la prueba documental y su valoración por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje dentro del procedimiento laboral.

"Para ese efecto, los artículos 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 810 y 811 de la Ley Federal del Trabajo disponen:

"‘Artículo 795. Son documentos públicos aquellos cuya formulación está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública, así como los que expida en ejercicio de sus funciones.

"‘Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, harán fe en el juicio sin necesidad de legalización.’

"‘Artículo 796. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo anterior.’

"‘Artículo 797. Los originales de los documentos privados se presentarán por la parte oferente que los tenga en su poder; si éstos se objetan en cuanto a contenido y firma se dejarán en autos hasta su perfeccionamiento; en caso de no ser objetados, la oferente podrá solicitar la devolución del original, previa copia certificada en autos.’

"‘Artículo 798. Si el documento privado consiste en copia simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original; para este efecto, la parte oferente deberá precisar el lugar donde el documento original se encuentre.’

"‘Artículo 799. Si el documento original sobre el que deba practicarse el cotejo o compulsa se encuentra en poder de un tercero, éste estará obligado a exhibirlo.’

"‘Artículo 800. Cuando un documento que provenga de tercero ajeno al juicio, resulta impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor, para lo cual deberá ser citado en los términos de la fracción VII del artículo 742 de esta ley.

"‘La contraparte podrá formular las preguntas en relación con los hechos contenidos en el documento.’

"‘Artículo 801. Los interesados presentarán los originales de los documentos privados y, cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, exhibirán copia para que se compulse la parte que señalen, indicando el lugar en donde éstos se encuentren.’

"‘Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan:

"‘I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable;

"‘II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios;

"‘III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;

"‘IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley; y

"‘V. Los demás que señalen las leyes.

"‘Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III y IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.’

"‘Artículo 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo la prueba en contrario.’

"‘Artículo 810. Las copias hacen presumir la existencia de los originales, conforme a las reglas procedentes; pero si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron, siempre y cuando así se haya ofrecido.’

"‘Artículo 811. Si se objeta la autenticidad de algún documento en cuanto a contenido, firma o huella digital; las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones, las que se recibirán, si fueren procedentes, en la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere el artículo 884 de esta ley.’

"Del contenido de los artículos transcritos, se desprende que dentro del procedimiento laboral existen dos clases de documentos: públicos y privados. El primero de ellos es el que se encuentra expedido por un funcionario en ejercicio de sus funciones o que tiene fe pública conferida por la ley; el segundo, por exclusión, es expedido por personas que no tiene el carácter de funcionarios públicos ni están dotadas de fe pública.

"Asimismo, los documentos privados pueden ser exhibidos en original o en copia y pueden provenir de una de las partes en el juicio o de un tercero ajeno al mismo.

"En tal virtud, los estados de cuenta bancarios, materia de análisis de la presente contradicción de tesis, se encuentran dentro de aquellos documentos que tienen la naturaleza de privados, porque no son expedidos por una autoridad investida de fe pública, sino por una institución bancaria y, por lo mismo, provienen de un tercero ajeno al juicio.

"En este punto debe considerarse especialmente el propósito de la presentación de la prueba en comento.

"... debe concluirse que la documental consistente en los estados de cuenta bancarios fueron exhibidos con el propósito de demostrar la existencia de un pago realizado por el patrón en un monto distinto al afirmado por éste, pero por el mismo concepto, ... sino simplemente la existencia de pagos realizados y distintos de los considerados en la integración de la pensión.

"Así pues, en el caso de que se tratara de copias fotostáticas, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio sobre su valoración en la jurisprudencia 4a./J. 32/93, misma que sostiene:

"‘Octava Época

"‘Instancia: Cuarta Sala

"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"‘Tomo: 68, agosto de 1993

"‘Tesis: 4a./J. 32/93

"‘Página: 18

"‘COPIA FOTOSTÁTICA REGULADA POR EL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VALORACIÓN DE LA. Para determinar la eficacia probatoria de la prueba documental privada consistente en copia fotostática sin certificar, debe atenderse, ante todo, a que la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 797 y 801, establece la regla general de que tratándose de pruebas documentales, éstas deben ofrecerse originales. Esta carga que pesa sobre el oferente de pruebas documentales, de exhibir en original las que tenga en su poder, se justifica con mayor razón, cuando el oferente es el patrón y se trata de documentos que, de acuerdo con el artículo 804, tiene obligación de conservar y exhibir en juicio. Por su parte, el artículo 798 cataloga como documentos privados tanto a las copias simples como a las copias fotostáticas, pese a que estas últimas, en realidad, son representaciones fotográficas del documento considerado como cosa u objeto. Esta observación es importante en virtud de que la naturaleza real de este tipo de probanza no puede desconocerse al efectuar su valoración. En efecto, como la copia fotostática se obtiene mediante métodos técnicos y científicos a través de los cuales es posible lograr la composición, arreglo o alteración de los objetos reproducidos, no puede descartarse la posibilidad de que aquélla no corresponde de una manera real o auténtica al contenido exacto o fiel del documento o documentos de los que se toma. De ahí que cuando el oferente exhibe copias fotostáticas sin certificar y éstas son objetadas, debe señalar el lugar donde se encuentra el original para que se lleve a cabo la compulsa o cotejo correspondiente, y si no lo señala, aquel documento carecerá de valor probatorio, en virtud de que no habrá modo de comprobar su fidelidad o exactitud. Si la copia fotostática que se ofrezca no es objetada, ello no trae como consecuencia el que el documento privado tenga valor probatorio pleno, aunque sí constituirá un indicio cuyo valor será determinado por la Junta al apreciarlo, en conciencia, con las demás pruebas; en efecto, aun cuando el artículo 810 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las copias hacen presumir la existencia de los originales, de ello no puede inferirse que la falta de objeción da lugar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19060-39992008/salario-de-los-trabajadores-de-instituciones-bancarias-valor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.