AMPARO CONTRA LEYES. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SE IMPUGNA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 693 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2004, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, OCTAVO Y DÉCIMO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:
A) El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RC. 524/2004, sostuvo en síntesis, lo siguiente:
Que el juicio de amparo indirecto promovido por Luis Arturo Cornejo Alatorre y Emma Prudencio López, en contra del acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil cuatro, dictado dentro del juicio especial hipotecario número 110/2004, por el Juez Trigésimo Sexto de lo Civil en el Distrito Federal, en donde por primera vez se aplicó el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y también se desechó el recurso de apelación promovido por los hoy quejosos, resulta improcedente porque en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Arribó a tal conclusión, considerando que el amparo contra leyes puede promoverse, sea que tengan el carácter de autoaplicativas o heteroaplicativas, pero si bien el amparo indirecto promovido en contra de las primeras, está previsto por el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, sea que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso, lo cierto es que el artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de dicha ley, dispone un caso de excepción al principio de definitividad para reclamar la inconstitucionalidad de una ley, consistente en que cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal en virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley a través del amparo.
En el caso señalado, precisó, que debe entenderse que se trata específicamente de leyes autoaplicativas, sea que se impugnen dentro de los treinta días siguientes al inicio de su vigencia, o bien, dentro de los quince días subsecuentes al acto concreto de aplicación.
Por tanto, tratándose de impugnación de leyes autoaplicativas, no es imprescindible la existencia de un juicio en donde se fije un acto concreto de aplicación, sino que por su sola vigencia ocasionan un perjuicio; en cambio, en el caso de leyes heteroaplicativas, comienzan a regir sin que por esa sola circunstancia provoquen un perjuicio, ya que éste se producirá hasta que la disposición sea aplicada en un acto concreto.
Por otra parte, señaló que en el caso del juicio de amparo directo, éste procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales ya no proceda ningún recurso ordinario por el cual puedan ser modificados o revocados. En el caso, el artículo 158 de la Ley de Amparo señala que cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio; por tanto, destaca que la procedencia del amparo directo se satisface cuando previamente ha sido sustanciado un procedimiento judicial, administrativo o del trabajo.
Como se ve, la diferente reglamentación procesal, según sea el tipo de juicio, prevé diversos medios de impugnación ordinarios, pero al final todos concluyen con una sentencia definitiva, laudo o resolución definitiva que ya no pueden atacarse ordinariamente, en cuyo caso, procede el amparo directo.
Con base en la distinción sobre las reglas de procedencia del juicio de amparo contra leyes, sea en la vía indirecta o en la directa, precisó que la primera de ellas es apta para combatir la inconstitucionalidad de una norma a partir del momento en que comienza a regir o a partir del primer acto de aplicación, pero indudablemente se refiere a supuestos fuera de un proceso jurisdiccional particularmente del orden civil, dado que la mayoría de los casos se infunde sobre actos administrativos no jurisdiccionales; en cambio, cuando la inconstitucionalidad de la ley pretende combatirse dentro de un procedimiento jurisdiccional, precisamente bajo el acto concreto de aplicación, debe observarse que se trata de un supuesto diverso.
Por el diseño de la institución del amparo, específicamente el que debe promoverse en la vía directa, es decir, el que se promueve en contra de resoluciones que ponen fin al juicio, como sentencias definitivas o laudos, no puede ser combatida la inconstitucionalidad de la ley de manera inmediata, sino que en este caso, al existir una serie de recursos contemplados por la propia legislación, deben agotarse de manera previa al combate de la constitucionalidad, pues a este respecto, la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, refiere específicamente la improcedencia cuando se reclamen actos o resoluciones dentro de un procedimiento judicial respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos, lo que implica que las partes, dentro de ese procedimiento, en forma previa al análisis de constitucionalidad, tienen el deber de agotar los recursos ordinarios que pueden hacer cesar con un estudio de legalidad la violación materializada con el acto de aplicación.
Por tanto, concluyó que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve dentro de un procedimiento judicial contra la inconstitucionalidad de una ley, sin antes agotarse el principio de definitividad que se traduce en la interposición del recurso ordinario, no siendo obstáculo el hecho de que la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo establezca la posibilidad de impugnar las leyes sin necesidad de agotar los recursos dispuestos en el procedimiento respectivo, pues tal regla, además de que se refiere exclusivamente a las normas autoaplicativas, no resulta aplicable cuando la inconstitucionalidad de una ley sea reclamada con motivo de su primer acto de aplicación en juicio, dado que esta hipótesis debe entenderse sin perjuicio de lo que al efecto establece la fracción XIII, que regula el principio de definitividad para actos específicos dictados dentro de un procedimiento judicial, caso en el cual las únicas excepciones para no agotar recurso alguno son la que se refiere a los terceros extraños a juicio, o cuando se reclama alguno de los actos típicamente prohibidos por el artículo 22 constitucional.
Con sustento en la distinción realizada sobre las reglas para la procedencia del juicio de amparo contra leyes, cuando su inconstitucionalidad pretende combatirse dentro de un procedimiento jurisdiccional, entonces, por regla general debe combatirse en el juicio de amparo directo (salvo la excepción prevista en el artículo 158, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, cuando el acto de aplicación sea de imposible reparación) siguiendo las bases dispuestas por la Constitución y la legislación de amparo.
Es decir, la excepción dispuesta en el tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que dispone la optatividad del interesado en promover el recurso ordinario o acudir inmediatamente al amparo, es operable tratándose exclusivamente de leyes de carácter autoaplicativo, toda vez que dicho párrafo tercero debe ser analizado en estrecha armonía con lo que dispone el párrafo segundo, en el que se alude a que no se entenderá por consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia en los términos de la fracción VI, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se impugnara en amparo contra el primer acto de aplicación.
Señaló que el hecho de que el recurso quedara a opción del agraviado cuando decidiera reclamar la inconstitucionalidad de la ley por el primer acto de aplicación, dentro de un procedimiento judicial civil, generaría un diverso problema consistente en la procedencia de la vía para su reclamo, puesto que surgiría la interrogante de si ante ese acto de aplicación sería procedente el amparo directo o el indirecto, en virtud de que se estaría ante la disyuntiva de conocer si la sentencia de primer grado o la resolución con que culmina la primera instancia deberá conceptuarse como sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio en términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, que dispone, entre otras cosas, que serán sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio aquellas en contra de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; lo que a criterio del tribunal en cita tendría que resolverse, de acuerdo con los precedentes argumentados, en el sentido de que no podrán adquirir tal carácter mientras no se agote dicho recurso en su contra, porque de otro modo quedaría a elección del quejoso la vía para el reclamo de una resolución de primer grado, y pugnaría con lo señalado en el mencionado precepto, que no hace mayor distinción que la atinente a que en materia civil las partes hubieren renunciado a la interposición de los recursos ordinarios, pero nada señala acerca de que no deba agotarse dicho recurso ni siquiera para el caso en que se reclame la inconstitucionalidad de una ley. Lo que vuelve más claro el hecho de que la excepción a que se refiere el tercer párrafo del artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se refiere solamente al reclamo de normas autoaplicativas.
Consideró que el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "AMPARO CONTRA LEYES, CUANDO OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, TRATÁNDOSE DE.", no es aplicable a los actos dictados en un proceso judicial del orden civil, pues la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo se refiere a las normas autoaplicativas, y al ser el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, una norma heteroaplicativa inmersa en un juicio, es necesario que el perjuicio se satisfaga a través del acto concreto de aplicación en un acuerdo, resolución interlocutoria, definitiva o que ponga fin al juicio, en cuyo caso cobra aplicación la regla prevista por el tercer párrafo del artículo 158 de la Ley de Amparo, que dispone que cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio.
En otro aspecto, indicó que no soslayaba el hecho de que en contra de un acto de aplicación de una norma que se estima inconstitucional, dentro de un procedimiento judicial, puede promoverse el juicio de amparo, siempre y cuando se trate de un acto de imposible reparación; sin embargo, sostuvo que aun así el quejoso debe agotar el respectivo recurso, ya que el artículo 107 constitucional, fracción III, inciso b), establece que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.
Por lo anterior, concluyó que el hecho de que la legislación ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento que pueda variar el resultado del acto, y que la parte agraviada no lo hubiese hecho valer dentro del lapso procedente -a excepción de los terceros extraños-, ello provoca la improcedencia del juicio de amparo, dado que la causal de mérito se identifica cuando se reclaman actos o resoluciones dentro de un procedimiento judicial respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos, lo que implica que las partes, dentro de ese procedimiento, en forma previa al análisis de constitucionalidad, tienen el deber de agotar los recursos ordinarios que pueden hacer cesar la violación materializada con el acto de aplicación.
Bajo estas consideraciones, señaló que si bien en el juicio de amparo de origen se reclamó el primer acto de aplicación del artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el auto de veinticinco de junio de dos mil cuatro, en el cual el Juez responsable, con sustento en dicha disposición legal, se negó a dar trámite al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Luis Arturo Cornejo Alatorre y Emma Prudencio López, mismo que pretendieron promover contra la sentencia definitiva de ocho de junio de dos mil cuatro; y como consecuencia de dicha determinación, también se impugnaron los proveídos de cinco y ocho de julio del mismo año derivados del primero de los señalados, determinaciones contra las cuales se acudió al juicio de amparo indirecto, bajo el argumento toral de que comparecieron a combatir el primer acto de aplicación del artículo señalado; acorde con lo expuesto, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, pues no puede desconocerse que frente al primero de los proveídos combatidos, procedía el recurso de queja por denegada apelación previsto en el artículo 723, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es decir, la determinación atacada era impugnable por medio de un medio de defensa ordinario.
Consecuentemente, al surtirse en el caso la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en el juicio con fundamento en la diversa fracción III del artículo 74 de la propia ley, en lo que hace al acto reclamado consistente en el acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil cuatro.
De la sentencia anterior derivó el criterio que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, mayo de 2005
"Tesis: I.10o.C.49 C
"Página: 1408
"AMPARO CONTRA LEYES EN MATERIA CIVIL. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 693 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SI ES QUE PREVIAMENTE NO SE AGOTÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PUES ÉSTE NO SE EXCLUYE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, QUE SÓLO SE REFIERE A NORMAS AUTOAPLICATIVAS, Y TAL CARÁCTER NO LO TIENE AQUEL ARTÍCULO. La excepción prevista por el tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo contra leyes, consistente en que cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, es optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en el juicio de amparo, se refiere a supuestos diferentes al de los procedimientos jurisdiccionales del orden civil, pues esta excepción al principio de definitividad debe ser necesariamente entendida en unión con el párrafo segundo de la misma fracción, que solamente es operable en supuestos donde se reclama una norma autoaplicativa, y dado que los procedimientos judiciales de naturaleza civil o mercantil se rigen por normas heteroaplicativas, con ello se excluye necesariamente su aplicabilidad, y cobra vigencia la diversa fracción XIII del mismo numeral, que dispone la improcedencia del juicio contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Por tanto, si en el caso se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por el primer acto de aplicación materializado en el auto que desechó el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, ante la inexhibición del recibo por el pago de las copias certificadas necesarias para integrar el toca de apelación, sin haber agotado previamente el recurso ordinario, el juicio constitucional resulta improcedente, aun cuando dicho acto sea de aquellos catalogados como de imposible reparación, pues, por satisfacerse el acto de aplicación en un proceso judicial, debió agotarse en su contra el recurso de queja dispuesto por el precepto 723, fracción III, del propio ordenamiento procesal, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad."
B) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RC. 24/2004, consideró esencialmente lo siguiente:
Que el juicio constitucional constituye un medio extraordinario de defensa, cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad.
Dicho principio, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deben agotar los recursos que prevé la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto de que se trate.
En este sentido implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, lo que implica que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación.
El fundamento constitucional del principio en comento, está contenido en el artículo 107, fracciones III, incisos a) y b), IV y V, inciso b). Por su parte, la Ley de Amparo regula en su artículo 114, fracciones II, III y V, la forma en que opera el principio de definitividad, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, y los artículos 158 y 161 in fine, cuando se trate del amparo directo. Además, la citada ley establece como sanción por el incumplimiento del principio de definitividad en estudio, la improcedencia del juicio (artículo 73, fracciones XII, XIII, XIV y XV).
Lo anterior confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad según la cual, para que proceda el juicio de garantías debe tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada.
En efecto, la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo establece como causa de improcedencia, la derivada de actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.
Pero esa misma fracción también establece que cuando contra el primer acto de aplicación de una ley proceda algún recurso o medio de defensa legal en virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo.
Por su parte, la fracción XIII del citado artículo 73 de la Ley de Amparo establece como causa de improcedencia, la derivada del hecho de que existan recursos que pudieren interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de garantías; salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.
La fracción XIV a la que resulta de la circunstancia de que, en el momento de la instauración del juicio, se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal contra el acto reclamado que pudiera revocar o nulificar dicho acto.
La fracción XV a los casos en que tratándose de actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deban ser revisados de oficio o sean impugnables mediante algún recurso o medio por el que pudieran ser revocados o modificados.
En todos estos supuestos (con sus excepciones) el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, recurrible en amparo.
En este sentido, el principio de definitividad en su doble connotación (como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo), es una regla de aplicación general y que la propia ley reglamentaria del juicio de garantías establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la persona y situación del quejoso y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que en esos casos, señalados expresamente en la ley, no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo, tales son los casos de las siguientes excepciones:
- Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo).
- En los casos en los que el quejoso no haya sido emplazado a juicio.
- Cuando el quejoso es extraño al procedimiento o juicio (artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo).
- Si el acto reclamado carece de fundamentación (artículo 73, fracción XV, último párrafo, de la Ley de Amparo).
- En materia administrativa siempre que el recurso procedente no contemple la suspensión del acto reclamado o si previéndola exige mayores requisitos que los previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo).
- En materia civil, cuando se impugnen en amparo directo violaciones procesales que afecten a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, tratándose de sentencias en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores e incapaces (artículo 161, último párrafo, de la Ley de Amparo).
- En el caso en que se demande la inconstitucionalidad de una ley (artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo).
En esas condiciones, se estima que tratándose de actos provenientes de autoridades judiciales en la materia civil, es cierto que rige el principio de definitividad antes detallado (fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo), pero también lo es que tratándose de la impugnación de una ley con motivo de su primer acto de aplicación dentro del procedimiento judicial, opera la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, de cuya literalidad no se advierte que limite la posibilidad entre optar por la interposición del recurso y promover el juicio de garantías, en función de la autoridad que realice el acto de aplicación de la ley, sino que en todo caso la posibilidad de impugnación en amparo indirecto, puede darse en atención a si el acto de aplicación de la ley, tratado internacional o reglamento, dentro del proceso judicial es de ejecución de imposible reparación, y si no reúne esta característica tendrá que reclamarse en el amparo directo a través de los conceptos de violación, siempre que la norma se haya aplicado dentro del juicio constituyendo una violación procesal que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo.
Luego, salvo el elemento de ejecución de imposible reparación que debe atenderse para determinar si un acto de aplicación de la ley permite la impugnación a través del amparo indirecto, no se advierte alguna otra limitación, tratándose de actos dentro del procedimiento judicial y, por ende, la recurrente tenía la opción de agotar o no el recurso de queja que procedía en contra del auto que no admitió a trámite la apelación intermedia interpuesta.
Sin que obste a las anteriores consideraciones la tesis aislada cuyo rubro establece: "AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SIN HABERSE AGOTADO EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN.", porque el anterior criterio aislado emitido por un Tribunal Colegiado no obliga a este tribunal y porque las razones expuestas no se comparten ya que, como quedó detallado con anterioridad, ante la impugnación de una ley con motivo de su primer acto de aplicación dentro del procedimiento civil, opera la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, excepción que no contiene ninguna limitación tratándose del procedimiento judicial.
C) El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión (improcedencia) 514/2004, sostuvo en síntesis, lo siguiente:
De lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Federal se infiere que el examen de la constitucionalidad de una ley es competencia de los Tribunales Federales, lo que significa que aunque en la especie el peticionario inconforme hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto en donde se aplicó el precepto cuya inconstitucional reclama, la autoridad del orden común que hubiese conocido de tal medio de impugnación estaría imposibilitada para analizar la cuestión.
Además, señaló que no existe precepto en la Constitución Federal ni en la Ley de Amparo que condicione la procedencia de la demanda de garantías en que se reclame la inconstitucionalidad de una ley contra el primer acto de aplicación, como acontece en el caso, a que el quejoso previamente agote el recurso o medio ordinario de defensa que proceda; por el contrario, el párrafo tercero del artículo 73, fracción XII, de la citada ley, otorga al peticionario, cuando impugna una ley, la opción de hacerlo desde luego y con motivo del primer acto de aplicación, o bien, una vez que se haya agotado el recurso o medio de defensa legal procedente, coligiéndose de lo anterior, a su vez, que no es obligación del quejoso agotar previamente los recursos o medios ordinarios de defensa al reclamar la inconstitucionalidad de una ley, por lo que si en el caso, en la demanda de amparo lo que se plantea esencialmente es la inconstitucionalidad del artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a partir de su primer acto de aplicación, contrariamente a lo que determinó el Juez de Distrito, no estaba dicho promovente constreñido a agotar los recursos ordinarios que tuviese a su alcance, porque es optativo agotar o no tales medios de defensa, razón por la que no cobra aplicación la causa de improcedencia en que se fundó el Juez de Distrito para desechar la demanda de garantías.
Apoyó lo anterior en las tesis que dicen: "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. ES OPTATIVO AGOTARLOS O ACUDIR AL AMPARO.", "LEYES, AMPARO CONTRA. RECURSOS ORDINARIOS." y "LEYES, AMPARO CONTRA. RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA OPCIONALES Y EXTEMPORANEIDAD."
Consideró que no es óbice que el último párrafo de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo establezca que en tratándose de resoluciones judiciales la obligación de agotar el principio de definitividad se exceptúa cuando se reclaman actos que importen privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; toda vez que dicho precepto no rige la procedencia del amparo contra leyes, y los supuestos a que se refiere no deben entenderse como los únicos en que no es necesario agotar el indicado principio, debiendo en todo caso interpretarse dicha disposición de manera armonizada con las demás fracciones del mismo artículo 73, en el caso, con lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción XII, de la que claramente se colige que tampoco es necesario agotar el mencionado principio de definitividad cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley con motivo del primer acto de aplicación.
Sostuvo que tal disposición, introducida en la Ley de Amparo a raíz de la reforma de treinta de abril de mil novecientos sesenta y ocho, se inspiró en la jurisprudencia que había establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basada en que el examen de la constitucionalidad de las leyes era de la incumbencia de los tribunales de amparo, y en que sería contrario a derecho obligar al quejoso a que se sometiese a las disposiciones de una ley cuya obligatoriedad impugnara por considerarla violatoria de la Constitución, y es evidente que estos principios, consagrados por la jurisprudencia son válidos con independencia de la materia: civil, penal, administrativa, etcétera, de la ley o del acto reclamado, y de que se trate o no de una resolución judicial.
Por tanto, la opción que concede la fracción XII no tiene por qué entenderse inaplicable respecto de actos de los tribunales judiciales, al no haber razón lógica que permita esa distinción; en la inteligencia de que no es óbice que en la propia fracción XIII no se haya textualmente incluido, como excepción al principio de definitividad, la hipótesis en que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, porque además de que las normas de un ordenamiento legal no deben interpretarse aisladamente, sino de manera congruente con las restantes del mismo ordenamiento, debe tenerse en cuenta que en la época en que se promulgó la Ley de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19227-e247db44/amparo-contra-leyes-procede-en-la-via-indirecta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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