ARBITRAJE COMERCIAL. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL ACUERDO DE ARBITRAJE PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1424 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CORRESPONDE AL JUEZ Y NO AL TRIBUNAL ARBITRAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 51/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos sexto y octavo, fracción VI, del Acuerdo Plenario 5/2001, y puntos segundo y tercero del Acuerdo Plenario 4/2002, toda vez que el tema jurídico planteado es de naturaleza civil, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano colegiado que resolvió por unanimidad de votos el recurso de revisión 31/2005, en que se sustenta el criterio que se dice en contradicción con el del Sexto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito.
En efecto, de acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo puede plantearse por:
a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) El procurador general de la República.
c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.
En el caso que nos ocupa, la propuesta de denuncia de contradicción de tesis provino, como se dijo antes, de los Magistrados de uno de los tribunales que participan en la contradicción de criterios, por tanto, queda patente que quien realiza la propuesta tiene legitimación para motivar la denuncia.
TERCERO. Por otra parte, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las situaciones jurídicas, consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
CUARTO. Los antecedentes y consideraciones que sustentan la resolución dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos, el once de noviembre de dos mil cuatro, en el recurso de revisión 3836/2004, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son los que a continuación se reseñan:
I. LDC, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la vía ordinaria mercantil demandó a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y ADT Security Services, Sociedad Anónima de Capital Variable, entre otras prestaciones, las siguientes:
1. De la primera, la declaración judicial para que se abstenga de conocer por sí o a través de la Comisión de Mediación y Arbitraje de cualquier procedimiento o juicio de arbitraje que pudiera intentar o haya intentado la codemandada citada en segundo término, en contra de la actora.
2. De ADT Security Services, Sociedad Anónima de Capital Variable, entre otras:
a) La declaración judicial de que es nula de pleno derecho la notificación de terminación del contrato de distribuidor autorizado que celebraron el seis de enero de dos mil.
b) La declaración judicial de que es nulo por ineficaz el compromiso arbitral pactado por ambas partes a que se refiere el artículo 18.8 del mencionado contrato de distribuidor autorizado, del tenor literal siguiente: "18.8. Ley aplicable y resolución de disputas. Este contrato se rige por las leyes de la Ciudad de México, Distrito Federal. Cualquier controversia, todo litigio o reclamación resultante de este contrato o relativo a este contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá definitivamente mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. El lugar del arbitraje será la Ciudad de México, Distrito Federal."
c) La declaración judicial de que la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y/o la Comisión de Arbitraje integrada en dicha cámara es incompetente para conocer de cualquier conflicto o interpretación derivado del mencionado contrato de distribuidor autorizado.
d) El cumplimiento del contrato de mérito.
e) El pago de pesos por distintas prestaciones, gastos y costas del juicio.
II. Al contestar la demanda, las codemandadas plantearon la incompetencia legal del Juez Quincuagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a quien tocó conocer del asunto, quien con fundamento en el artículo 1116 (sic) del Código de Comercio, formó testimonio de incompetencia y la remitió a la Tercera Sala Civil para la sustanciación y resolución de la misma.
III. Mediante sentencia de primero de junio de dos mil cuatro, la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer por las codemandadas en el sentido de que es fundada; que el Juez de origen es incompetente para seguir conociendo del asunto, ya que la competencia corresponde al tribunal arbitral de la Ciudad de México, ordenando al Juez remitir los autos a la Comisión de Mediación y Arbitraje Comercial de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, para que designe al Tribunal de Arbitraje que corresponda.
IV. LDC, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del fallo destacado en el punto anterior, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien dictó sentencia el once de agosto de dos mil cuatro, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Las razones principales son en el sentido de que si bien el artículo 1424 del Código de Comercio establece como regla general que el Juez al que se haya sometido un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas, sin embargo, debe exceptuarse el caso en que se demanda la nulidad del acuerdo arbitral, porque de lo contrario implícitamente se decidiría sobre la validez del acuerdo arbitral antes del dictado de la sentencia correspondiente y se sometería a una de las partes a la competencia de un Juez particular, creado a través de un acuerdo que la propia parte considera inválido.
De ahí que si se demandó la nulidad del acuerdo arbitral contenido en la cláusula 18.8 del contrato de distribuidor autorizado, la Sala responsable no podía fincar la competencia para conocer del asunto a favor del tribunal arbitral que designara la Comisión de Mediación y Arbitraje Comercial de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, y estimar incompetente al Juez Quincuagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque una de las prestaciones principales consiste en la declaración de nulidad del acuerdo de arbitraje la que sólo será materia de decisión en la sentencia que se dicte en el juicio.
V. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos, al resolver el once de noviembre de dos mil cuatro el recurso de revisión 3836/2004, interpuesto por la parte tercera perjudicada ADT Security Services, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto destacada en el punto anterior, revocó la misma, para en su lugar negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal.
Las consideraciones medulares que sustentan ese fallo son las siguientes:
1. Que no asiste razón al Juez de Distrito al estimar que cuando se demanda la nulidad del acuerdo arbitral no puede remitirse a las partes al arbitraje.
2. Que de los artículos 1424 y 1432 del Código de Comercio y 26 del reglamento de arbitraje, aunado a lo dispuesto en la cláusula 18.8 del contrato de distribuidor autorizado, celebrado entre LDC, Sociedad Anónima de Capital Variable, quejosa, y ADT Security Services, Sociedad Anónima de Capital Variable, se desprende que el Juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas.
3. Que dicha remisión se hará a menos que se compruebe que el acuerdo de arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.
4. Que la cláusula de arbitraje es independiente de las demás estipulaciones del contrato del que forma parte.
5. Que el tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de las objeciones respecto de la existencia o la validez del acuerdo de arbitraje.
6. Que las partes contendientes acordaron que todo litigio o reclamación resultante del contrato de distribuidor autorizado o relativo al mismo, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolvería definitivamente mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.
7. Que independientemente de que se hubiere demandado, entre otras prestaciones, la nulidad del compromiso arbitral pactado en la cláusula transcrita, así como el cumplimiento del contrato de distribuidor autorizado base de la acción, resulta ajustado a derecho que la Sala responsable declinara la competencia del asunto a favor del tribunal arbitral de la Ciudad de México, ya que es incuestionable que tales cuestiones deben resolverse mediante arbitraje, conforme a los dispositivos legales transcritos y a lo pactado por las partes en la aludida cláusula, en virtud de que ésta implica una renuncia al conocimiento de la controversia por la autoridad judicial y una sumisión expresa de las partes al tribunal arbitral, en términos de lo dispuesto por el artículo 1092 del Código de Comercio, independientemente de la nulidad del compromiso arbitral que se reclama.
8. Que el solo hecho de que dicho tribunal conozca de la nulidad planteada por la parte actora, no implica en modo alguno que implícitamente se esté decidiendo sobre la validez del acuerdo arbitral, porque en todo caso, la resolución que al respecto dicte el referido tribunal arbitral, no es por sí misma definitiva al requerirse para tal efecto la mediación de un acto realizado por un órgano jurisdiccional.
QUINTO. Por otra parte, los antecedentes y consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos, el primero de marzo de dos mil cinco, en el recurso de revisión 31/2005, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son los siguientes:
I. Servicio Electrónico Digital, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la vía ordinaria mercantil demandó a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y ADT Security Services, Sociedad Anónima de Capital Variable, entre otras prestaciones, las siguientes:
1. De la primera, la declaración judicial para que se abstenga de conocer por sí o a través de la Comisión de Mediación y Arbitraje de cualquier procedimiento o juicio de arbitraje que pudiera intentar o haya intentado la codemandada citada en segundo término, en contra de la actora.
2. De ADT Security Services, Sociedad Anónima de Capital Variable, entre otras:
a) La declaración judicial de que es nulo por ineficaz el compromiso arbitral pactado por ambas partes a que se refiere el artículo 18.8 del contrato de distribuidor autorizado celebrado entre ambas partes el quince de mayo de dos mil, del tenor literal siguiente: "18.8. Ley aplicable y resolución de disputas. Este contrato se rige por las leyes de la Ciudad de México, Distrito Federal. Cualquier controversia, todo litigio o reclamación resultante de este contrato o relativo a este contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá definitivamente mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. El lugar del arbitraje será la Ciudad de México, Distrito Federal."
b) La declaración judicial de que la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y/o la Comisión de Arbitraje integrada en dicha Cámara, es incompetente para conocer de cualquier conflicto o interpretación derivado del mencionado contrato de distribuidor autorizado.
c) El cumplimiento del contrato de mérito.
d) El pago de pesos por distintas prestaciones, gastos y costas del juicio.
II. Al contestar la demanda, las codemandadas opusieron la excepción de sometimiento de la parte actora al arbitraje, y el Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, a quien correspondió conocer del asunto, mediante auto de veintinueve de junio de dos mil cuatro, ordenó remitir los autos del juicio al arbitraje para la solución de la controversia.
III. Mediante sentencia de treinta de septiembre de dos mil cuatro, la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, resolvió el recurso de apelación que hizo valer la persona moral Servicio Electrónico Digital, Sociedad Anónima de Capital Variable, y revocó el auto destacado en el punto anterior.
IV. ADT Security Services, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del fallo destacado en el punto anterior, ante el Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien dictó sentencia el veintidós de diciembre de dos mil cuatro, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Las razones medulares son, en síntesis, las siguientes:
1. Que resulta contraria a derecho la resolución de la Sala responsable al estimar que cuando se demanda la nulidad del acuerdo arbitral no puede remitirse a las partes al arbitraje.
2. Que de los artículos 1424 y 1432 del Código de Comercio y 26 del Reglamento de Arbitraje, aunado a lo dispuesto en la cláusula 18.8 del contrato de distribuidor autorizado, celebrado entre Servicios Administrativos de Emergencia (sic), Sociedad Anónima de Capital Variable y ADT Security Services, Sociedad Anónima de Capital Variable, se desprende que el Juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas.
3. Que dicha remisión se hará a menos que se compruebe que el acuerdo de arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.
4. Que la cláusula de arbitraje es independiente de las demás estipulaciones del contrato del que forma parte.
5. Que el tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de las objeciones respecto de la existencia o la validez del acuerdo de arbitraje.
6. Que las partes contendientes acordaron que todo litigio o reclamación resultante del contrato de distribuidor autorizado o relativo al mismo, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolvería definitivamente mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.
7. Que independientemente de que se hubiere demandado, entre otras prestaciones, la nulidad del compromiso arbitral pactado en la cláusula transcrita, así como el cumplimiento del contrato de distribuidor autorizado base de la acción, contrario a lo argumentado por la Sala responsable, resulta procedente la competencia del asunto a favor del tribunal arbitral de la Ciudad de México, ya que es incuestionable que tales cuestiones deben resolverse mediante arbitraje, conforme a los dispositivos legales transcritos y a lo pactado por las partes en la aludida cláusula, en virtud de que ésta implica una renuncia al conocimiento de la controversia por la autoridad judicial, y una sumisión expresa de las partes al tribunal arbitral, en términos de lo dispuesto por el artículo 1092 del Código de Comercio, independientemente de la nulidad del compromiso arbitral que se reclama.
Apoyó sus consideraciones en la tesis aislada de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUICIO ARBITRAL. SE CONSIENTEN EXPRESAMENTE LOS PRECEPTOS DE LA LEY QUE CONSIGNAN EL JUICIO ARBITRAL, SI EN UN CONTRATO LAS PARTES ACUERDAN, PARA EL CASO DE CONFLICTO, SOMETERSE AL MISMO."
V. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos, al resolver el primero de marzo de dos mil cinco, el recurso de revisión 31/2005, interpuesto por la parte tercera perjudicada Servicio Electrónico Digital, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto, destacada en el punto anterior, revocó la misma para en su lugar negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal.
Las consideraciones medulares que sustentan ese fallo son las siguientes:
1. Que resultan fundados los argumentos de la recurrente en los que aduce que al haber entablado la acción prevista en el artículo 1424 del Código de Comercio, el Juez de primera instancia en el juicio natural conocerá y resolverá sobre la nulidad del compromiso arbitral.
2. Analizó y definió los conceptos "cláusula compromisoria" y "compromiso arbitral" conforme a la doctrina jurídica.
3. Que el artículo 1424 del Código de Comercio establece en forma expresa que el Juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Que la hipótesis del precepto legal conduce a establecer que respecto de la acción de nulidad de un acuerdo de arbitraje, un Juez será el competente para decidir sobre esa nulidad, si se ejerce la acción ante él, empero tal acción no impide que se inicien o continúen las actuaciones arbitrales e incluso se puede dictar el laudo en tanto esté pendiente ante el Juez la decisión de la nulidad, como lo dispone el mismo precepto legal.
Que si la parte demandada en el juicio de origen solicitó la nulidad del acuerdo de arbitraje o cláusula compromisoria ante el Juez, entonces éste será el competente para resolver tal controversia, en virtud de disposición expresa del artículo 1424 del Código de Comercio.
4. Que no obsta a la anterior conclusión, que el artículo 1432 del Código de Comercio prevea la facultad del tribunal arbitral para conocer sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje, porque la parte actora en el juicio natural optó para decidir sobre la nulidad planteada el acudir al órgano jurisdiccional de primera instancia, como lo autoriza el artículo 1424 del Código de Comercio.
5. Que es conveniente puntualizar que el hecho de que se someta la nulidad a la decisión del Juez del origen, como lo autoriza el artículo 1424 del Código de Comercio, ello no afecta la voluntad de las partes, ya que debe establecerse que una cuestión jurídica es el acuerdo de arbitraje y otras diversas las que surjan con motivo de ese acuerdo de voluntades que son precisamente las que se someterán al arbitraje, e incluso el artículo 1432 establece que la cláusula compromisoria se considerará un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato.
6. Que es incorrecta la determinación del Juez Federal al establecer que con independencia de que se hubiere demandado la nulidad del compromiso arbitral pactado, así como el cumplimiento del contrato base de la acción, resulta competente un tribunal arbitral, ya que la cláusula implica una renuncia al conocimiento de la controversia por la autoridad judicial, y una sumisión expresa de las partes al tribunal arbitral, en términos de lo previsto en el artículo 1092 del Código de Comercio, con independencia de la nulidad del compromiso reclamado; ya que el Juez Federal no tomó en consideración la hipótesis prevista en el artículo 1424 del Código de Comercio, que establece en forma expresa que de la acción de nulidad del acuerdo de arbitraje será competente el Juez, cuando así se ejerza la acción, y que en el caso la ahora recurrente ya había entablado la acción de nulidad.
7. Que en suma de lo expuesto, si bien el arbitraje es un procedimiento al que se someten las partes para dirimir un conflicto, y en él establecen las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo la ejecución de la cláusula compromisoria, éste es un contrato autónomo con vida jurídica propia. En tal razón, al existir diferencia entre ambos conceptos, cuando alguna de las partes que intervinieron en el acuerdo de arbitraje ejerce la acción prevista en el artículo 1424, primera parte, del Código de Comercio, corresponde al Juez y no al árbitro resolver la acción, ya que dicho precepto le confiere esa competencia, sin que ello pugne con la voluntad de las partes, porque la cláusula compromisoria es independiente de las demás estipulaciones del contrato.
Al advertir la incompatibilidad de criterio con el del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la ejecutoria de once de noviembre de dos mil cuatro, en el recurso de revisión 3836/2004, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, hizo la denuncia correspondiente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De la resolución que se destaca en este apartado surgió la tesis aislada que se identifica y lee como sigue:
"Novena Época
"Instancia: Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, mayo de 2005
"Tesis: I.10o.C.50 C
"Página: 1416
"ARBITRAJE. CUANDO ALGUNA DE LAS PARTES QUE INTERVIENE EN ESE ACUERDO EJERCE LA ACCIÓN PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1424 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CORRESPONDE RESOLVERLA AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y NO AL ÁRBITRO. Si bien el arbitraje es un procedimiento al que se someten las partes para dirimir un conflicto, y en él se establecen las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo la ejecución de la cláusula compromisoria, éste es un contrato autónomo con vida jurídica propia. En tal virtud, al existir diferencia entre ambos conceptos, cuando alguna de las partes que intervinieron en el acuerdo de arbitraje, ejerce la acción prevista en el artículo 1424, primera parte, del Código de Comercio, corresponde al Juez y no al árbitro resolver la acción, ya que dicho precepto le confiere esa competencia, sin que ello pugne con la voluntad de las partes, porque la cláusula compromisoria es independiente de las demás estipulaciones del contrato.
"Amparo en revisión 31/2005. Servicio Electrónico Digital, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Martha Patricia Solano Hernández."
SEXTO. De lo hasta ahora expuesto, se advierte que sí se produce la discrepancia de criterios, habida cuenta de que ante el planteamiento de problemas esencialmente iguales, cada uno de los tribunales pronunció una solución diametralmente opuesta.
De la reseña de los dos asuntos se advierte que la problemática planteada consiste en determinar lo que jurídicamente debe ocurrir en casos en que una de las partes ataca de nula la cláusula compromisoria, y a su vez el cumplimiento del contrato donde aquélla se encuentra ¿Quién tiene competencia para decidir sobre la acción de nulidad de la cláusula compromisoria y del cumplimiento del contrato, el Juez estatal o el árbitro?
En efecto, en los dos juicios de amparo destacan las siguientes similitudes:
1. Tienen su origen en el ejercicio de la acción judicial ante un Juez de Primera Instancia de lo Civil en el Distrito Federal, en que se reclama, entre otros, la nulidad de un acuerdo de arbitraje o cláusula compromisoria y el cumplimiento del contrato de distribuidor autorizado que las partes decidieron someter al arbitraje, además del pago de distintas prestaciones derivadas del mismo contrato.
2. En ambos casos, la correspondiente Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió en definitiva sobre la competencia para conocer del asunto; la Tercera Sala en el sentido de que el Juez es incompetente ya que la competencia corresponde al Tribunal de Arbitraje de la Ciudad de México; mientras que la Décima Sala consideró que la competencia corresponde al Juez de lo Civil.
3. Ambas determinaciones originaron sendos juicios de amparo indirecto, y luego, los recursos de revisión 3836/2004 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y 31/2005 del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el primero que resolvió básicamente en el sentido de que la competencia para conocer del asunto radica en el Tribunal de Arbitraje de la Ciudad de México, en virtud de que el acuerdo de arbitraje implica una renuncia al conocimiento de la controversia por la autoridad judicial, y la sumisión expresa de las partes al tribunal arbitral, independientemente de la nulidad que se demande del compromiso arbitral; mientras que el segundo sostuvo que si la parte demandada en el juicio de origen solicitó la nulidad del acuerdo de arbitraje o cláusula compromisoria ante el Juez, éste será el competente para resolver la controversia.
4. Los dos Tribunales Colegiados apoyan sus fallos en forma principal en los artículos 1092, 1424 y 1432 del Código de Comercio.
En consecuencia, los Tribunales Colegiados de Circuito participantes en la contradicción de tesis, emitieron sus consideraciones teniendo como denominador común el examen de la misma ley, pero arribaron a conclusiones jurídicamente discrepantes, basados sustancialmente en el cuestionamiento de si corresponde a un Juez o a un Tribunal de Arbitraje el conocimiento del asunto en que se demanda además de la nulidad del acuerdo de arbitraje o cláusula compromisoria, el cumplimiento del contrato que las partes decidieron someter al arbitraje.
En esas circunstancias, debe concluirse que los fallos emitidos por los referidos Tribunales Colegiados de Circuito sí reúnen los requisitos para generar una contradicción de tesis, pues al resolver los respectivos recursos de revisión, examinaron situaciones de hecho y cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones medulares que sustentan sus respectivas sentencias con base en el examen de los mismos elementos.
Ante esas referencias, resulta que el punto materia de la contradicción se limita a determinar si la competencia radica en el órgano jurisdiccional o en el Tribunal de Arbitraje cuando se demanda ante el primero la nulidad del acuerdo de arbitraje comercial o cláusula compromisoria y el cumplimiento del contrato que las partes decidieron someter al juicio arbitral, entre otros.
Es pertinente establecer desde ahora, que no resulta obstáculo para la existencia de la contradicción de tesis el hecho de que los criterios de ambos tribunales no se hayan formalizado en jurisprudencia o en tesis el de uno de ellos, en razón de que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, basta con que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, al dictar resoluciones en asuntos de su competencia sustenten criterios diferentes sobre un mismo punto de derecho, para que proceda decidir cuál es el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19675-21ed75e0/arbitraje-comercial-competencia-para-conocer-de-la-accion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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