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Modo: Corpus Pro

TÍTULO DE CRÉDITO. SI EN ÉSTE APARECE LA DENOMINACIÓN DE LA MORAL BENEFICIARIA, SEGUIDA DE LAS SIGLAS O LEYENDA RESPECTO AL RÉGIMEN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EN EL ENDOSO EN PROPIEDAD DE AQUÉL SE EMPLEAN EN SU DENOMINACIÓN SIGLAS, DENOTA QUE SE TRATA DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL DIFERENTE A LA QUE CONFIRIÓ EL ENDOSO EN PROPIEDAD, ATENTO AL PRINCIPIO DE LITERALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY GENERAL RELATIVA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 9/2018. · Registro digital (IUS): 27983
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-08-10
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Pág. 3104.

AMPARO DIRECTO 9/2018. 16 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA. PONENTE: ROGELIO ALBERTO MONTOYA RODRÍGUEZ. SECRETARIO: HUMBERTO SALCEDO SALCEDO.

CONSIDERANDO:

NOVENO.—Estudio del asunto.

En el primer motivo de disenso, la quejosa expresa de manera reiterada, que la autoridad judicial responsable no analizó adecuadamente las excepciones que opuso en su ocurso de contestación de demanda, consistentes en la falta de legitimación activa, de personalidad en la actora y de la endosante del documento fundatorio de la acción, las que sustentó de la circunstancia de que nunca tuvo relación jurídica o comercial con la negociación mercantil **********, mientras que la responsable determinó que la prueba que ofreció para acreditar tales extremos, a saber, la confesional a cargo del endosatario en propiedad de **********, no le aportaba beneficio alguno, soslayando que el actor, al desahogar ese medio de convicción, falsamente indicó que su endosante operaba indistintamente bajo dos nombres, tales como: ********** y **********, no obstante que se trata de dos negociaciones distintas; por tanto, estima que los actores carecían de legitimación y personalidad para ejercitar la acción cambiaria directa como endosatarios en propiedad de la mencionada en primer lugar, dado que con quien suscribió el pagaré correspondiente, fue con la citada en segundo orden.

Alega, que la tesis en que se apoyó el Juez responsable para tener por no demostradas sus excepciones son inaplicables al caso, pues ahí se precisa la legitimación y el derecho subjetivo del titular del título de crédito, lo que no sucede en la especie, por no acreditar el último tenedor del documento basal que su endosante fuera el beneficiario, es decir, que quien endosó el pagaré fundante de la acción, no era su legítimo tenedor, sino una persona distinta, lo que produjo una falta de continuidad en los endosos.

Expresa, que la responsable basada en la tesis que invocó, confunde lo que es el endoso de un título de crédito por su legítimo tenedor, con la falta de mención de la calidad de quien firma en nombre de una persona moral, al aducir que no es necesario que se mencione la calidad que tiene quien firma dentro de la empresa beneficiaria, cuando que esto no formó parte del sustento de las excepciones opuestas.

Lo así expuesto es sustancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo que se insta, aunque para ello sea necesario aludir a la causa de pedir.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 109, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."(20)

Previo a justificar tal aserto, es conveniente tener en cuenta, que el Juez responsable al pronunciarse sobre las excepciones opuestas por la demandada, aquí quejosa, dejó establecido lo siguiente:

a) Que la prueba confesional a cargo de **********, no obstante que alcanzó valor probatorio pleno, en términos del artículo 1287 del Código de Comercio, no le beneficiaba por no acreditar con su desahogo los argumentos vertidos en su contestación de demanda.

b) Que lo aducido en el sentido de la –inexistencia de algún documento que legitimara a los actores a instar la vía ejecutiva mercantil, pues el que anexaron lo suscribió una persona moral distinta a la endosante en propiedad–, era inoperante, en la medida que dicho endoso sí colmaba los requisitos previstos por los artículos 29 y 34 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; además, añadió que el artículo 39 del citado ordenamiento legal, precisa que el que paga no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos, ni tiene facultad de exigir que ésta se compruebe. En apoyo a este último razonamiento citó la tesis 1a./J. 74/2014 (10a.), que identificó con el título y subtítulo: "TÍTULOS DE CRÉDITO. PARA SU ENDOSO, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE LA PERSONA FÍSICA QUE LO EMITE EN NOMBRE DE UNA PERSONA MORAL, ASIENTE EL CARÁCTER CON QUE LA REPRESENTA (INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 36/93, DE LA ANTERIOR TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN)."

c) Por otra parte, expuso la resolutora que la demandada no allegó al sumario mercantil el contrato de apertura en cuenta corriente, origen del documento basal, por lo que sus argumentos sólo constituían meras afirmaciones sin sustento legal; pero aun así –añadió el Juez natural–, de haber acreditado que la operación mercantil se realizó entre la demandada y **********, no era razón suficiente para considerar que el instrumento mercantil relativo careciera de autonomía, dado que de su texto advirtió, la no sujeción a condición alguna y la relación causal no le restaba esa calidad, tampoco se requería expresar en la demanda la naturaleza del negocio, ni para ejercer la acción cambiaria directa se requería exhibir el contrato de apertura de crédito. Citó al caso, la tesis I.8o.C. J/12, que identificó con el rubro: "PAGARÉ. PARA SU COBRO EN LA VÍA JUDICIAL NO ES NECESARIO QUE SE EXHIBA EL CONTRATO DEL CUAL SURGIÓ."

Ahora bien, en mérito de la decisión adoptada por el Juez responsable, en correlación con lo que al caso alega la disidente, lo sustancial a dilucidar en este asunto, es si un endosatario en propiedad cuenta con legitimación en la causa para ejercitar la acción cambiaria directa, cuando en el documento basal, que le ha sido endosado por una persona moral, difiere la denominación de quien aparece como beneficiaria.

En mérito de ello, es importante tener en cuenta lo que establecen los artículos 1o., 87, 88 y 215 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los cuales son del tenor literal siguiente:

"Artículo 1o. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: I. Sociedad en nombre colectivo; II. Sociedad en comandita simple; III. Sociedad de responsabilidad limitada; IV. Sociedad anónima; V. Sociedad en comandita por acciones, y VI. Sociedad cooperativa.—Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V de este artículo podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del capítulo VIII de esta ley."

"Artículo 87. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones."

"Artículo 88. La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquiera otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras ‘sociedad anónima’ o de su abreviatura ‘S.A.’."

"Artículo 215. A la razón social o denominación propia del tipo de sociedad, se añadirán siempre las palabras ‘de capital variable’."

De los transcritos dispositivos legales, se obtiene que la identificación de la sociedad anónima como un tipo de sociedad mercantil, va primero precedida por la denominación, la cual al emplearse irá seguida de la leyenda "sociedad anónima" o bien de las siglas "S.A.", lo cual se traduce en que las siglas o leyendas a que hace referencia establecen el régimen legal de la sociedad.

Lo anterior resulta trascendente, si se toma en cuenta que en los actos llevados por las sociedades anónimas debe quedar perfectamente precisada su denominación, ello para que no exista duda de que una sociedad mercantil sea diferente a todas las demás.

Lo expuesto, traducido a los títulos de crédito cobra importancia, si se parte del hecho de que el contenido y alcances obligacionales derivan del texto del documento como elemento objetivo, de tal forma que la denominación de las personas morales debe estar escrupulosamente apegada a la ley para que surta efectos plenos y eficaces tratándose de títulos de crédito.

Además, de lo anteriormente acotado, es necesario analizar los elementos del título de crédito (pagaré) que es el documento que nos atañe en este asunto.

a) Incorporación: podemos definir a este elemento como la calificación de derecho que la ley le da a un documento (elemento físico), otorgándole un rango jurídico superior a lo que sería un simple pedazo de papel, convirtiéndolo, por ficción jurídica, en un derecho patrimonial de cobro.

b) Literalidad: es el elemento que establece los límites de exigencia a los que puede aspirar el titular o beneficiario del documento, es decir, el límite más importante del derecho incorporado en el título es la cantidad que podrá ser exigida en virtud del mismo.

c) Autonomía: este elemento conlleva que resulte irrelevante para la existencia de la obligación consignada en el título de crédito la causa de expedición del mismo, es decir, el objeto y causa de su origen.

d) Circulación: es el elemento más importante del título de crédito, dado su carácter ambulatorio, desde el punto de vista de su consecuencia comercial, al ser transmisible el derecho incorporado en el título. Es decir, los títulos, por regla general, no tienen límites de circulación.

e) Legitimación: en principio la persona que puede ejercitar el derecho de cobro cambiario, es el propietario del título; sin embargo, tal derecho puede ser transmitido legítimamente por el tenedor del título a otro, por simple tradición, endoso o por cesión. Es decir, en el caso de los títulos al portador, la legitimación la tiene el que tenga en su poder el título de crédito. En los títulos nominativos, son tres las posibilidades de legitimación: cuando el beneficiario original del título es quien ejerce el derecho de cobro (no hubo transmisión); cuando se transmitió por vía de endoso y cuando se transmitió por medio legal distinto. En el cobro hecho por el primer y último tenedor, la legitimación se agota con la simple prueba frente al deudor cambiario de la identidad del acreedor. Cuando el título de crédito ya ha sido transmitido mediante el endoso, el tenedor del título al momento de la exigibilidad de la deuda cambiaria, sólo podrá legitimarse reuniendo dos requisitos: la identificación personal ante el deudor cambiario y mediante la comprobación de una serie no interrumpida de endosos.

Acotado lo anterior, en el caso particular **********, ********** y **********, en su carácter de endosatarios en propiedad de la moral **********, demandaron a **********, por la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, el pago de **********, como suerte principal y prestaciones inherentes a la misma.

Como documento base de la acción, exhibieron un título de crédito denominado pagaré, por la cantidad antes señalada, suscrito por **********, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a favor de **********, con vencimiento anticipado, en caso de incumplir con dos o más mensualidades.(21)

En él aparece un endoso en propiedad, suscrito por **********, en su calidad de apoderado legal de **********, a favor de **********, ********** y **********.

Para mayor ilustración se inserta imagen del mencionado documento.

Ver imagen

Como puede apreciarse, la beneficiaria del documento difiere con la persona moral que otorga el endoso en propiedad, ya que en el título de crédito aparece **********, mientras que en el endoso en propiedad se indica la persona moral **********.

Por tanto, esa variación trae como consecuencia considerar que quien endosó el documento fundatorio de la acción, sea distinto a quien tenía su propiedad.

Para justificar la anterior afirmación, conviene recordar que una de las peculiaridades de los títulos de crédito es la literalidad, prevista en el artículo 5o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual textualmente indica:

"Artículo 5o. Son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna."

Del reproducido numeral puede extraerse como conclusión, que el que suscribe un título de crédito, así como su beneficiario, han de atenerse al texto literal del título valor, en tales condiciones que el derecho derivado del documento conforma sus modalidades y alcance, con carácter decisivo, a un elemento objetivo, como es el texto del documento.

Así, bajo esa premisa, esto es, si el texto del documento marca los alcances y el contenido obligacional en los pagarés como una especie de títulos de crédito, es que debe analizarse si la parte actora en el juicio natural cuenta con legitimación activa, lo cual debe relacionarse con el marco legal de las sociedades mercantiles, en los términos a que se ha dado noticia con antelación, pero siempre bajo el principio de que el texto del documento o título de crédito, es el principal elemento objetivo para determinar la legitimación de las partes en el juicio.

En ese sentido, si en la especie, en el título de crédito que se exhibió en el juicio como documento base de la acción, aparece como beneficiario **********, mientras que el endoso en propiedad de tal título de crédito aparece que lo efectuó **********, esto es, difiere la primer palabra; entonces, denota que se trata de una sociedad mercantil diferente a la que confirió el endoso en propiedad, atento al principio de literalidad que debe imperar en esa clase de documentos.

En consecuencia, no resulta afortunado el argumento del Juez responsable en cuanto a que el endoso de que se trata, colma los requisitos previstos por los artículos 29(22) y 34(23) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; pues como se vio, al haberlo efectuado el apoderado legal de una moral distinta a la beneficiaria que aparece en el documento basal, no es factible considerar que se transfirió la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes y, en esa virtud, quienes ejercitaron la acción cambiaria directa sobre el mismo, carecen de legitimación activa.

A fin de ilustrar la decisión que se adopta, conviene citar la jurisprudencia VI.2o.C. J/315, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que se comparte, bajo el rubro y texto siguientes:

"ENDOSO. SUS REQUISITOS CUANDO LO HACE UNA PERSONA MORAL.—El endoso, cuando lo hace una persona moral, debe contener la denominación o razón social de la misma y la expresión del carácter que en su representación ostenta la persona física que lo firma; de tal manera que aunque la firma en sí sea ilegible, pueda ser identificable. Es claro que la finalidad esencial de los títulos de crédito es la de dar agilidad y fluidez a la circulación de la riqueza en beneficio de las transacciones mercantiles y del crédito entre los individuos particulares y personas dedicadas al comercio, y que el que está obligado a pagar un título de crédito a adquirirlo o negociarlo, no necesita detenerse a averiguar la autenticidad de los endosos o de las firmas de los obligados en él y que esto indudablemente da seguridad y firmeza a la transmisión de los títulos de crédito y facilitan su circulación, pero ello no implica que cuando como último endosante aparece una persona moral, no deba cubrir los requisitos antes señalados, lo que no puede crear desconfianza ni restar agilidad y fluidez a la circulación de estos documentos, pues al contrario, dan seguridad, a quien deba pagarlos, que quien se los está cobrando tiene la debida representación de la persona moral titular de dichos documentos."(24)

No sobra decir que asiste razón al justiciable al señalar que el Juez responsable equivoca la aplicación de la tesis en que sostuvo que no demostró las excepciones opuestas, pues ciertamente la tesis 1a./J. 74/2014 (10a.), en que apoyó esa decisión, de título y subtítulo: "TÍTULOS DE CRÉDITO. PARA SU ENDOSO, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE LA PERSONA FÍSICA QUE LO EMITE EN NOMBRE DE UNA PERSONA MORAL, ASIENTE EL CARÁCTER CON QUE LA REPRESENTA (INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 36/93, DE LA ANTERIOR TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN).", sugiere una hipótesis distinta a la que fue materia de estudio en el asunto que nos ocupa, dado que ahí se analizó un caso en que en el endoso respectivo no se precisó la calidad de quien firmó en nombre de una persona moral, no así que difiriera la denominación o razón social entre el endosante en propiedad y el beneficiario del título de crédito.

En las relatadas consideraciones, este órgano colegiado estima procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, en mérito de los efectos que en el siguiente considerando se precisan.

DÉCIMO.—Efectos de la concesión del amparo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo.

En reparación de los derechos fundamentales violados, lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Juez responsable:

1. Deje insubsistente la sentencia reclamada, dictada el seis de noviembre de dos mil diecisiete.

2. Emita otra en la que, siguiendo los lineamientos dados en la presente ejecutoria, se abstenga de considerar que el endoso en propiedad efectuado en el título de crédito fundatorio de la acción, colma los requisitos establecidos por los artículos 29, 34 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y conforme a las consideraciones precisadas, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda.

En virtud de lo anterior, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación en los que la quejosa, después de transcribir la consideración del Juez responsable, en que estableció que –la demandada omitió desahogar durante la secuela procesal los medios probatorios que le permitieran acreditar sus defensas y excepciones, aunado a que no desvirtuó lo manifestado por los actores, sin que bastara su solo dicho–, expresa que ese razonamiento carece de lógica jurídica, dado que, además del inexacto análisis efectuado a las excepciones opuestas, esa última consideración de la responsable infiere su falta de pronunciamiento, pues los aquí analizados resultaron suficientes para el fin pretendido.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial 107, sostenido por el Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 917641, cuyos rubro y texto son como sigue:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.—Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."(25)

DÉCIMO PRIMERO.—Requerimiento para cumplir con la sentencia concesoria del amparo.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez responsable para que dentro del término de veintidós días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de su notificación, dé cumplimiento al fallo protector, apercibido que, en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización conforme a lo dispuesto en los artículos segundo y quinto transitorios, del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con inicio de vigencia al día siguiente de la citada publicación, en la fecha en que se determine el incumplimiento, de acuerdo a lo estatuido en el precepto 258 del cuerpo de leyes invocado; asimismo, hágasele saber que, en caso de incumplimiento, con independencia de la imposición de la multa de mérito, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, mismo que puede concluir con la separación de su puesto y su consignación en términos de lo previsto por el artículo 192 citado con anterioridad.

DÉCIMO SEGUNDO.—Contradicción de tesis.

Con fundamento en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(26) este Tribunal Colegiado denuncia la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, que dio origen a la jurisprudencia V.2o.C.T. J/3, con número de registro digital: 162264, de rubro: "TÍTULOS DE CRÉDITO. LA UTILIZACIÓN DE ABREVIATURAS AL ASENTAR LOS DATOS RESPECTIVOS, CUMPLE CON EL REQUISITO DE LITERALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.",(27) y el criterio sustentado en esta ejecutoria.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 77 y 189 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.—Para los efectos que se precisan en el considerando décimo de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto que reclamó del Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua, precisado en el proemio de esta resolución.

SEGUNDO.—Requiérase al Juez responsable en los términos a que se refiere el considerando décimo primero de esta resolución.

TERCERO.—Previa formulación de tesis correspondiente, hágase la denuncia de contradicción de tesis, en los términos a que se refiere el considerando décimo segundo de esta ejecutoria.

Notifíquese; engrósese el fallo en el término legal; anótese en el libro de registro correspondiente; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Francisco Saldaña Arrambide y Rogelio Alberto Montoya Rodríguez, con voto particular del Magistrado José Octavio Rodarte Ibarra, el cual será emitido en su oportunidad en el término para ello establecido en la Ley de Amparo, siendo presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 109 y 107 citadas en esta ejecutoria, también aparecen publicadas con la clave de publicación 2a./J. 63/98 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323 y en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 175-180, Cuarta Parte, julio a diciembre de 1983, página 72, respectivamente.

Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 74/2014 (10a.) y I.8o.C. J/12 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, página 203 y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 701, respectivamente.

________________

20. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 86, registro digital: 917643.

21. Foja 5 del expediente natural.

22. "Artículo 29. El endoso debe constar en el título relativo o en hoja adherida al mismo, y llenar los siguientes requisitos: I. El nombre del endosatario; II. La firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre; III. La clase del endoso; IV. El lugar y la fecha."

23. "Artículo 34. El endoso en propiedad, transfiere la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad.—Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, éstos pueden librarse de ella mediante la cláusula ‘sin mi responsabilidad’ o alguna equivalente."

24. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1296, registro digital: 165802.

25. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 85, número de registro digital: 917641.

26. "Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:

"...

"II. Las contradicciones a las que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron."

27. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 1155.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27983-13514fd4/titulo-de-credito-si-en-este-aparece-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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